Sentencia Administrativo Nº 38/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 4655/2007 de 24 de Enero de 2008

Encabezamiento

T.S.J.GALICIA CON/AD SEC.2

A CORUÑA

SENTENCIA: 00038/2008

APELACION nº 4655/2007

NO NOME DE EL-REI

A Sección Segunda da Sala do Contencioso administrativo do Tribunal Superior de

Xustiza de Galicia pronunciou a seguinte

SENTENZA

ILMOS. SRS.

D. JOSE ANTONIO MENDEZ BARRERA- PTE

D. JOSE MARIA ARROJO MARTINEZ

D. FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA.

A Coruña, vinte e catro de xaneiro de 2008.

O recurso de apelación núm. 4655/2007 pendente de resolución nesta Sala, presentado por ASTILLEROS Y

CONSTRUCCIONES LA LAGOA SA , representado polo procurador Dª Fernández Rodríguez e asistido do letrado Dª Herrero

García , contra a sentencia de 17.07.2007 do xulgado do contencioso núm.1 de Vigo . É parte apelada o CONCELLO DE VIGO

, representada polo procurador Sr. Puga Gómez e asistida polo letrado Sr. López-Gil .

A contía do recurso é indeterminada .

Antecedentes

PRIMEIRO.- O 17.07.2007 o xulgado do contencioso núm.1 de Vigo ditou unha sentencia inadmitindo o recurso contencioso por extemporaneidade.

Presentouse un recurso de apelaciónsolicitando a revogación da sentencia e a estimación do recurso.

As partes demandadas opuxéronse ó recurso.

SEGUNDO.- Os trámites e mailas formalidades legais cumpríronse.

É ponente o maxistrado D. FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA.

Fundamentos

PRIMEIRO.- Non se aceptan os da sentencia recorrida.

Segundo resulta dos autos xudiciais e expediente, Astilleros y Construcciones La Lagoa SA presentou - o 04.11.2005- un recurso contencioso contra a VÍA DE FEITO do Concello de Vigo: realización de actos obstativos ó uso do acceso dende a rúa Doctor Corbal, atravesando o monte da Guía, ata as instalación da sociedade.

A sentencia de 17.07.2007 inadmite o recurso - por extemporáneo- por presentalo o 04.11.2005 cando a vía de feito - corte do camino- iniciárase moito antes, e o 25.08.2004 formulárase requirimento ó Concello, sen que sexa admisible que se poidan rehabilita-los prazos do artigo 46.3 Lei 29/1998 cun novo requirimento.

O apelante non discute estos feitos base da resolución do Xulgado, máis entende que é de aplicación a doutrina xurisprudencial verbo do prazo de interposición de recursos no suposto de silencio administrativo.

Os apelados manteñen que o xulgado fai unha aplicación correcta do artigo 46.3 LXCA .

Compre facer unha sucinta referencia á xurisprudencia menor nesta materia.

Como indica a STSX Galicia de 23.01.2004 : como tiene establecido la Jurisprudencia del TS la ocupación por el poder público de un bien inmueble, que permanece en posesión de su dueño, sin seguir los trámites que exige la normativa sobré expropiación forzosa comporta una vulneración de la garantía indemnizatoria que la Constitución (RCL 19782836 ) reconoce en favor de la propiedad como derecho fundamental ( artículo 33 de la Constitución ) y coloca a la administración en el terreno de las llamadas vías de hecho, que se producen, entre otros supuestos, cuando la administración actúa totalmente al margen del procedimiento establecido, como es el caso, sin que el hecho de que no se produzca una reacción inmediata de los propietarios por la, vía de los interdictos o de los remedios jurídicos establecidos contra la vía de hecho; y de que no se impugne después la ocupación realizada por la administración, permita entender que la posesión, inicialmente no pacífica, ha pasado a serlo, pues el ejercicio de las prerrogativas de autotutela decisoria y ejecutiva, de la potestad de revisión de oficio y de la de indemnizar los daños y perjuicios causados que la administración tiene en sus manos, en estrecha vinculación con la sujeción al principió de legalidad que debe presidir su actuación, permiten confiar al particular afectado en que la propia administración, de haber procedido de manera no adecuada el ordenamiento jurídico, ajustará a él las consecuencias de su conducta remediando la agresión sufrida (en este sentido se pronuncia la S. del TS de 6 de marzo de 1997 [RJ 19972290 ]).

No obstante lo anterior, al tratarse el presente de un recurso iniciado con la vigencia de la Ley 29/98 de 13 de julio (RCL 19981741) reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa el éxito de las pretensiones del restablecimiento de la situación jurídica anterior a la ocupación, admisible con arreglo al art. 32 en relación con el artículo anterior de la LJCA , viene condicionada al cumplimiento de las exigencias establecidas en los arts. 30 y 46.3 de la misma Ley ; que permiten que con carácter previo el interesado opte por la intimación de la cesación de la actuación, pero en cualquier caso exigen que la demanda se presente bien transcurridos diez días de la formulación de la intimación o, en su defecto, dentro del plazo de veinte días desde el inicio de la actuación administrativa constitutiva de vía de hecho, por lo que el incumplimiento de estos requisitos determina la desestimación de los dos primeros pedimentos de la demanda, que pretendían la retirada o la modificación de la actual conducción de la canalización.

Tamén a STSX Andalucía de 22.01.2003 recolle: La demandante ejercita en el proceso la acción que regula el artículo 30 de la Ley 29 de 1998, de 13 de julio (RCL 19981741 ). Dice sobre el particular la Exposición de Motivos de la Ley que: «Otra novedad destacable es el recurso contra las actuaciones materiales en vía de hecho. Mediante este recurso se pueden combatir aquellas actuaciones materiales de la Administración que carecen de la necesaria cobertura jurídica y lesionan derechos e intereses legítimos de cualquier clase. La acción tiene una naturaleza declarativa y de condena y a la vez, en cierto modo, interdictal, a cuyo efecto no puede dejar de relacionarse con la regulación de las medidas cautelares».

La demandante cree que la actividad de la Administración en este supuesto incurre en vía de hecho....

Arrancando de ese planteamiento se dedujo el recurso que hoy resolvemos que no es un proceso a un acto administrativo sino a una actividad o actuación material de la Administración. Precisamente a esto se refiere la Exposición de Motivos cuando afirma que «Se trata nada menos que de superar la tradicional y restringida concepción del recurso contencioso-administrativo como una revisión judicial de actos administrativos previos, es decir, como un recurso al acto, y de abrir definitivamente las puertas para obtener justicia frente a cualquier comportamiento ilícito de la Administración».

El artículo 30 de la Ley dispone que: «En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo».

De xeito máis preciso, dado que da resposta á pretensión do recorrente - verbo do silencio administrativo e o prazo para a interposición do recurso por vía de feito- a STSX Castela_león de 02.0.2007 establece: " En el caso del recurso contra la inactividad de la Administración, la Ley establece una reclamación previa en sede administrativa; en el del recurso contra la vía de hecho, un requerimiento previo de carácter potestativo, asimismo en sede administrativa. Pero eso no convierte a estos recursos en procesos contra la desestimación, en su caso por silencio, de tales reclamaciones o requerimientos. Ni, como se ha dicho, estas nuevas acciones se atienen al tradicional carácter revisor del recurso contencioso-administrativo, ni puede considerarse que la falta de estimación, total o parcial, de la reclamación o el requerimiento constituyan auténticos actos administrativos, expresos o presuntos. Lo que se persigue es sencillamente dar a la Administración la oportunidad de resolver el conflicto y de evitar la intervención judicial. En caso contrario, lo que se impugna sin más trámites es, directamente, la inactividad o actuación material correspondiente, cuyas circunstancias delimitan el objeto material del proceso."

Por ello no resulta aplicable la jurisprudencia que se cita por la parte apelante del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, por cuanto no cabe extrapolar la doctrina indicada para la desestimación presunta, para el supuesto específico ahora contemplado por la Ley 29/1998 , tramite específico que por la brevedad de los plazos previstos para la interposición, ha llevado a considerar a la doctrina más autorizada en la materia la posibilidad de compatibilizar los recursos ordinario o la vía civil interdictal ante la jurisdicción civil, pero si se acoge a la vía del artículo 30 necesariamente han de respetarse los plazos previstos en el artículo 46.3 de la Ley de la Jurisdicción , en este mismo sentido cabe citar la sentencia del TSJ de Murcia de 20 de mayo de dos mil dos , o la sentencia de diecinueve de septiembre dos mil cinco del TSJ de Cantabria dictada en el recurso 210/2004 , o la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil seis del TSJ del Principado de Asturias, dictada en el recurso contencioso administrativo número 250-03 . Y finalmente la sentencia también de ese mismo TSJ de diecisiete de junio de dos mil tres dictada en el recurso 736-1999 , procediendo por todo ello la desestimación del recurso de apelación y confirmación integra de la resolución impugnada.

Partirmos destas bases e consideramos que a sentencia de 17.07.2007 realiza unha interpretación excesivamente literal e formalista do artigo 46.3 en relación co artigo 30 LXCA .

Non se nega polo Concello que a situación - peche do acceso a traverso do Monte da Guía -, que se iniciou o 25.08.2004, se mantivera o tempo do requirimento de 14.10.2005, polo que temos unha situación creada por unha vía de feito que se mantivo no tempo.

A existencia de actuacións da parte, previas ó requirimento de 14.10, e que evidencian o coñecemento da actuación municipal non autorizan a aplica-lo artigo 46.2 nos seus termos literiais, dado que este parte da base ( interpretamos ) dun suposto distinto: actuacións materiais que se consuman en escasos prazos e fronte ás que non resulta admisible accionar - por esta vía - unha vez cesaron.

Non é este o suposto, polo que entendemos que o requirimento de 14.10 non supón unha forma fraudulenta de rehabilitar un prazo fenecido, senón unha reacción oportuna contra unha vía de feito subsistente ó tempo do requirimento.

Dado que o recurso presentouse dentro o prazo establecido no artigo 46.3 , debemos anula-la sentencia.

SEGUNDO.- De acordo co artigo 85.6 Lei 29/1998 : cando a Sala revogue en apelación a sentencia impugnada que declarara a non admisión do recurso contencioso resolverá o mesmo tempo sobre o fondo da controversia, polo que é preciso entrar a resolver se estamos ou non ante unha VÍA DE FEITO.

Consonte sinala a STSX Andalucia de 27.03.2003: que «la vía de hecho se ha considerado que podía presentar dos modalidades. El denominado en Derecho francés mangue de droit, cuando la Administración hace uso de un poder del que legalmente carece, o el mangue de procedure, cuando lo haya hecho sin observar los procedimientos establecidos por la norma que haya atribuido ese poder. En definitiva debe tratarse de supuestos en los que la Administración Pública pasa a la acción sin haber adoptado previamente el acto o título que le sirva de fundamento jurídico, como por lo demás establece el art. 93 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 19922512, 2775 y RCL 1993, 246 )».

Tamén a STSX Castela-A Mancha de 27.01.2001 precisa que a lei se está referindo a actuacións materiais da Administración carentes de cobertura xurídica, pero non aquelas que incorran en calquera vicio procedimental inclusive os mais graves de vulneración de dereitos fundamentais ou os de omisión do procedemento legalmente establecido que determinarian a súa nulidade de pleno dereito, senón de actuacións materiais nas que non concorre a decisión administrativa previa que lles serve de fundamento ou, noutras palabras, que non se exercitou a postestade administrativa en virtude de decisiíon ou suporte que lle preste a necesaria cobertura xurídica, desenvolvéndose ó marxe absoluto do exercicio da potestade, procedemento e decisión do órgano competente..

Polo dito, o debate cínguese a este extremo; limitación da controversia que non respectan as partes no seu escrito, dado que inmiscen cuestión relativas á cualificación da actividade portuaria, expedientes de reposición da legalidade urbsnística, imposición de servidumes ...

Como antecedente de interese temos que o 20.03.2000 o Concello deVigo, a Asociación de Veciños de Teis, Sestelo y cia ( actualmente Astilleros y Construcciones SA ) e Reganasa asinaran un convenio - con vixencia de seis meses prorrogables- para regula-lo acceso temporal á zona da lagoa-Teis no que recoñecían que o corta lume non é un vial de acceso e, nembargantes autorizaban o seu uso durante determinadas horas e condicións, e con advertencia de peche no caso de incumprimento. O acordo aprobouno a comisión de gobernó o 13.03.2000.

O concello xustifica a súa actuación: interrupción do paso polo corta-lumes, no exercicio das súas competencias en materia de ordenación do tráfico; así resulta do folio 14 do expediente: o Concelleiro delegado de Seguridade e Mobilidade ordena - o 04.11.2004- que se prohíba a circulación de vehículos de motor na prolongación da rúa Dr. Corbal, dende o acceso ó faro ata a praia da Lagoa, mediante o sinal regulamentario de dirección prohibida R101.

Resulta evidente que o artigo 25.b Lei 07/1985 e 80.2.b da Lei 05/1997 atribúen o Concello de Vigo a ordenación da circulación de vehículos e persoas en vías urbanas, e esta ordenación carreta o establecemento da correspondente sinalización.

Consta en autos denuncias da policía local polo uso deste víal; informe do Concelleiro de medio ambiente dirixido ó Concelleiro de Tráfico, e acordo deste - de 04.11.2004- ordenando o tráfico.

Non podemos falar, polo tanto, de ausencia total de procedemento ou de ausencia de competencia para adopta-lo acordo, polo que non estamos ante un suposto dos contemplados no artigo 30 da Lei 29/1998, o que obriga a rexeita-lo recurso.

Esto non exclúe o exercicio doutras acción do recorrente de considerar que existe unha desviación de poder, ou calquera outro defecto na actuación municipal.

Verbo da pretensión subsidiaria: constitución de servidume; esta non só supera o que é o restablecemento da situación xurídica individualizada - art. 32.2 en relación co artigo 31.2 LXCA - , polo que estamos ante unha pretensión non anoada co obxecto ( acto ) do debate, senón que a petición é competencia da xurisdicción civil: o que é estrictamente a constitución ou declaración da servidume de paso.

O que non é competencia da xurisdicción civil e a pretensión - real - da parte: creación dun vial para acceso de camións e maquinaria de gran tonelaxe; o que acontece é que esta pretensión non se formula - nestos termos- no recurso, polo que non podemos atendela.

TERCEIRO.- Non facemos declaración das custas( art. 139 .2 LXCA ).

Polo dito

Fallo

ACOLLEMOS PARCIALMENTE o recurso de apelación de de ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES LA LAGOA SA contra a sentencia de 17.07.2007 do Xulgado do Contencioso núm.1 de Vigo , revogando a declaración de non admisión do recurso e

REXEITÁMO-LO recurso contencioso administrativo contra a actuación do Concello de Vigo por no existir VÍA DE FEITO. Non facemos declaración das custas.

Notifíquesllela ás partes coa advertencia de que non teñen recurso ordinario ningún.

Unha vez firme, remítase o expediente administrativo ó Centro de procedencia, xunto coa certificación e comunicación.

Así o pronunciamos, mandamos e asinamos.

PUBLICACIÓN.-

Lida e publicada a anterior sentencia polo maxistrado ponente D. FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA, en audiencia pública o día da súa data, do que, eu, Secretaria, certifico.