Sentencia Administrativo Nº 382/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 429/2006 de 01 de Marzo de 2007

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.5

MADRID

SENTENCIA: 00382/2007

Procuradora Dª María del Carmen de la Fuente Baonza

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

S E N T E N C I A 382

Ilmos. Sres.:

Presidente:

D. José Alberto Gallego Laguna

Magistrados:

D. José Ignacio Parada Vázquez

D. José Ignacio Zarzalejos Burguillo

Dª María Antonia de la Peña Elías

D. Santos Gandarillas Martos

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En la villa de Madrid, a uno de marzo de dos mil siete.

VISTO por la Sala el recurso de apelación núm. 429/2006, interpuesto por la Procuradora Dª María del Carmen de la Fuente Baonza, en representación de D. Vicente , contra el auto dictado en fecha 19 de octubre de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 8 de Madrid en el Procedimiento Abreviado núm. 758/2006; habiendo sido parte apelada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía.

Antecedentes

PRIMERO.- El Juzgado antes citado dictó el aludido auto inadmitiendo el recurso interpuesto contra la inactividad de la Administración en expediente de expulsión incoado a D. Vicente .

SEGUNDO.- Contra el anterior auto interpuso recurso de apelación la parte actora solicitando su anulación, recurso que fue admitido por el Juzgado y del que se dio traslado al Abogado del Estado, que presentó escrito de oposición al mismo, remitiéndose seguidamente los autos a la Sala.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Sección, para votación y fallo del recurso de apelación se señaló la audiencia del día 27 de febrero de 2007 , en cuya fecha ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. José Ignacio Zarzalejos Burguillo, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- Se impugna en esta apelación el auto que acordó no haber lugar a la admisión del recurso contencioso administrativo interpuesto contra la inactividad de la Administración en expediente de expulsión.

El indicado auto se basa en la falta de aportación por el recurrente de la solicitud de caducidad presentada en vía administrativa antes de la interposición del recurso jurisdiccional, mostrando la parte apelante su disconformidad con tal decisión alegando, en esencia, que de acuerdo con el art. 25 de la Ley de esta Jurisdicción es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración cuando ésta no ha notificado la resolución que pone término al expediente de expulsión una vez transcurridos seis meses desde la notificación del acuerdo de iniciación, en cuyo caso se produce la caducidad del expediente y el archivo de las actuaciones, que es consecuencia del transcurso del plazo y no de la solicitud del expedientado, citando diversas sentencias en apoyo de su pretensión.

SEGUNDO.- Es objeto del presente recurso de apelación valorar si fue ajustado a derecho el auto que acordó la inadmisión del recurso contencioso administrativo y, por tanto, si se formuló o no contra una actividad no susceptible de impugnación, cuando el recurrente no formuló ante la Administración solicitud de declaración de caducidad y archivo del procedimiento de expulsión antes de presentar el escrito de interposición del recurso contencioso administrativo.

Pues bien, sobre la cuestión debatida en este recurso ya se ha pronunciado esta Sección en anteriores ocasiones siguiendo el criterio mantenido por el Tribunal Supremo en las sentencias de 31 de mayo de 2005 (rec. 7440/2001), 3 de marzo de 2005 (rec. 575/2002), 4 de enero de 2005 y 30 de diciembre de 2004 , entre otras que se podrían citar, expresándose en la segunda de las citadas que "Sin embargo, es lo cierto que a la vista de la documentación que aquí obra, no cabe sino concluir que la actuación administrativa contra la que se interpuso el recurso contencioso no es, jurídicamente hablando, otra que la de incoación de un expediente de expulsión de un extranjero del territorio nacional; lo cual es un acto de trámite no susceptible de impugnación jurisdiccional, al no acreditarse que dicho acto fuera acompañado de cualquier otra determinación que pudiera afectar inmediatamente al interesado.

Recuérdese, para comprender la razón que asiste a la Sala de instancia cuando se expresó en los términos en que lo hizo, y para comprender, también, la razón por la que jurídicamente hemos de entender que la actuación administrativa impugnada no es más que la de incoación, lo siguiente: en un procedimiento administrativo como el que nos ocupa, que se inicia de oficio y en el que se ejercitan potestades de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen para el ciudadano, el vencimiento del plazo máximo establecido para resolver, sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, no produce como efecto el surgimiento por silencio de una resolución presunta; lo que produce es, en su caso, la caducidad del procedimiento. Basta estudiar el artículo 44 de la Ley 30/1992, y en concreto su número 2 , para comprender que ello es así.

Al hilo de esto último, precisemos, por fin, que no es la denegación por silencio de la solicitud de caducidad del expediente de expulsión lo que aquí podemos tener por impugnado en el recurso contencioso-administrativo ahora en grado de casación. Sencillamente, porque con la interposición de dicho recurso, y precisamente a los efectos de identificación de lo que se recurría, lo que se acompañó fue un escrito de alegaciones presentadas en aquel expediente el día 19 de enero de 2001..."

En el presente caso, al igual que en el analizado en la sentencia transcrita, con el escrito de interposición del recurso contencioso administrativo sólo se aportó el acuerdo de incoación del expediente de expulsión y el escrito de alegaciones, no siendo el objeto del recurso contencioso administrativo la denegación, por silencio administrativo, de una petición de declaración de caducidad formulada ante la Administración, de manera que estamos ante una inactividad no susceptible de impugnación.

Por otro lado, la doctrina del Tribunal Supremo debe prevalecer frente al criterio de otros Tribunales, cuyas sentencias carecen de eficacia vinculante, debiendo destacarse, en todo caso, que al menos una de las sentencias de esta Sala invocadas por el apelante no constituye un supuesto análogo al presente, pues en ella se analizó el caso de un recurrente que había presentado ante la Administración solicitud para que se declarase la caducidad del expediente.

En consecuencia, procede desestimar el recurso de apelación, declarando conforme a Derecho el auto impugnado.

TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 139.2 de la Ley de esta Jurisdicción, procede imponer las costas de esta instancia a la parte apelante.

VISTOS los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Vicente contra el auto dictado en fecha 19 de octubre de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 8 de Madrid en el Procedimiento Abreviado núm. 758/2006 , debemos confirmar y confirmamos dicho auto por ser ajustado a Derecho, con imposición de costas a la parte apelante.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos principales para su devolución al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública, de lo que como Secretario certifico.