Sentencia Administrativo Nº 418/2016, Tribunal Superior de Justicia de Pais Vasco, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 571/2014 de 04 de Octubre de 2016

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 04 de Octubre de 2016
  • Tribunal: TSJ Pais Vasco
  • Ponente: Díaz Pérez, Margarita
  • Núm. Sentencia: 418/2016
  • Núm. Recurso: 571/2014
  • Núm. Cendoj: 48020330012016100443

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAIS VASCO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 571/2014

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SENTENCIA NUMERO 418/2016

ILMOS. SRES.

PRESIDENTE:

D. LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFANÍA

MAGISTRADOS:

D. JUAN ALBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

DÑA. MARGARITA DÍAZ PÉREZ

En Bilbao, a cuatro de octubre de dos mil dieciséis.

La Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados/as antes expresados, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso registrado con el número 571/2014 y seguido por el procedimiento ordinario, en el que se impugna la desestimación presunta de la reclamación económico-administrativa interpuesta ante el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa, frente a la Resolución del Jefe del Servicio de Tributos Locales del Departamento de Hacienda y Finanzas, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de 13 de diciembre de 2012, que desestima el requerimiento formulado por la recurrente de anulación o revocación de la valoración efectuada a la referencia catastral 8797143 -edificio de la Capitanía Marítima del Puerto de Pasaia- por importe de 415.726,91 euros; ampliada a la Resolución nº 31918, de 18 de febrero de 2015, del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa, que desestima expresamente dicha reclamación.

Son partes en dicho recurso:

- DEMANDANTE: La AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA, representada y dirigida por el ABOGADO DEL ESTADO.

- DEMANDADA: La DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA, representada por la Procuradora Doña BEGOÑA URIZAR ARANCIBIA y dirigida por el Letrado Don IGNACIO CHACÓN PACHECO.

Ha sido Magistrada Ponente la Iltma. Sra. Dª. MARGARITA DÍAZ PÉREZ.

Antecedentes

PRIMERO.-El día 19 de septiembre de 2014 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que el ABOGADO DEL ESTADO actuando en nombre y representación de la AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta de la reclamación económico- administrativa interpuesta ante el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa, frente a la Resolución del Jefe del Servicio de Tributos Locales del Departamento de Hacienda y Finanzas, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de 13 de diciembre de 2012, que desestima el requerimiento formulado por la recurrente de anulación o revocación de la valoración efectuada a la referencia catastral 8797143 -edificio de la Capitanía Marítima del Puerto de Pasaia- por importe de 415.726,91 euros; ampliada a la Resolución nº 31918, de 18 de febrero de 2015, del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa, que desestima expresamente dicha reclamación; quedando registrado dicho recurso con el número 571/2014.

En escrito presentado el día 11 de marzo de 2015 se solicitó la ampliación del recurso, la que se acordó por resolución de fecha 20 de abril de 2015.

SEGUNDO.-En los escritos de demanda se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia en base a los hechos y fundamentos de derecho en el expresados y que damos por reproducidos.

TERCERO.- En los escritos de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestimaran los pedimentos de la actora.

CUARTO.-Por Decreto de 14 de julio de 2015 se fijó como cuantía del presente recurso la de 1.766,22 euros.

QUINTO.- En los escritos de conclusiones las partes reprodujeron las pretensiones que tenían solicitadas.

SEXTO.-Por resolución de fecha 18 de diciembre de 2015 se señaló el pasado día 23 de diciembre de 2015 para la votación y fallo del presente recurso.

SÉPTIMO.-En fecha 21 de diciembre de 2015 la Procuradora Doña Begoña Urizar Arancibia presentó escrito alegando la desaparición del objeto litigioso solicitando a la Sala se dispusiera lo que ha derecho conviniera. Por providencia de fecha 11 de enero de 2016 se dio traslado del escrito presentado a la otra parte para alegaciones y el Abogado del Estado presentó escrito en fecha 18 de enero de 2016 evacuando el traslado conferido.

OCTAVO.-Por providencia de fecha 1 de febrero de 2016 se requirió a la Administración demandada para aportar copia o certificación bastante del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2015, siendo aportado por la Procuradora Doña Begoña Urizar Arancibia en fecha 15 de febrero de 2016.

NOVENO.-El 17 de febrero de 2016, por diligencia de ordenación, se dio traslado de la documentación presentada al Abogado del Estado que en fecha 1 de marzo de 2016 evacuó el traslado conferido y solicitando se tuviera por allanada a la demandante en el este procedimiento.

DÉCIMO.-El 29 de marzo de 2016 se dictó providencia dando traslado del anterior escrito del Abogado del Estado a la parte demandada que en fecha 23 de mayo contestó solicitando se diera por concluido el pleito a lo que por escrito de 6 de junio de 2016 contestó el Abogado del Estado, previo traslado dictado por providencia de 27 de mayo de 2016, en el sentido de solicitar la continuación del procedimiento hasta el dictado de la correspondiente sentencia.

UNDÉCIMO.-En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones legales.


Fundamentos

PRIMERO.-El abogado del Estado, en la representación y defensa que por su cargo ostenta de la Autoridad Portuaria de Pasaia, deduce impugnación jurisdiccional en relación con la desestimación presunta de la reclamación económico-administrativa interpuesta ante el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa, frente a la Resolución del Jefe del Servicio de Tributos Locales del Departamento de Hacienda y Finanzas, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de 13 de diciembre de 2012, que desestima el requerimiento formulado por la recurrente de anulación o revocación de la valoración efectuada a la referencia catastral 8797143 -edificio de la Capitanía Marítima del Puerto de Pasaia- por importe de 415.726,91 euros; ampliada a la Resolución nº 31918, de 18 de febrero de 2015, del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa, que desestima expresamente dicha reclamación.

Ejercita pretensión anulatoria y de condena en costas, fundada en las siguientes alegaciones:

La valoración impugnada infringelos artículos 1 y 5 de la Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del Impuesto de Bienes Inmuebles, en tanto que la referencia catastral nº 8797143 corresponde al edificio del que es propietaria la Capitanía Marítima de Pasaia, por tanto, la Autoridad Portuaria de Pasaia carece de la condición de sujeto pasivo del Impuesto en relación con dicha construcción, ostentando únicamente la titularidad del suelo cedido sobre el que se levanta - Acuerdo suscrito entre la Autoridad Portuaria de Pasajes y la Dirección General de la Marina Mercante el 26 de diciembre de 2001-; por lo tanto, el valor catastral debe incluir el valor correspondiente al suelo, en ningún caso, el valor de la edificación.

En la ampliación a la demanda vierte consideraciones añadidas en torno a los principios civilistas en materia de accesión ( artículos 358 y siguientes del Código Civil ), para concluir que no habiendo ejercitado el dueño (la Autoridad Portuaria de Pasaia) el derecho potestativo o de configuración jurídica en que consiste la opción que le atribuye el artículo 361, tiene lugar un supuesto transitorio o provisional de concurrencia del derecho de propiedad del dominus soli sobre el terreno y del derecho de propiedad del que edificó, sobre la obra por él realizada.

SEGUNDO.-La Diputación Foral de Gizpuzkoa ha contestado a la demanda, postulando su desestimación, con expresa imposición de costas a la parte recurrente, en base a que el precitado Acuerdo de 26 de diciembre de 2001, en su estipulación segunda, toma por objeto la cesión de uso de los terrenos, sin que se identifique esa cesión con un derecho de superficie. Se está ante una simple cesión gratuita y la N.F del IBI, artículo 1.2, se refiere al gravamen por tres derechos, -de propiedad, superficie y usufructo-, ninguno de los cuales se pactan en dicho convenio. El sujeto pasivo de la finca es por tanto la APP, sin que tenga relevancia tributaria la cesión de uso pactada ante lo que establece el artículo 36.2 de la NFGT de Gipuzkoa.

En la ampliación reitera el mismo argumento, descartando la aplicación de la doctrina civilista al caso de autos, atendidos los términos del Acuerdo suscrito entre las litigantes.

TERCERO.-Cuestión sustancialmente idéntica ha sido abordada por esta Sala y Sección en la sentencia nº 388/2016, de 20 de septiembre (rec. nº 734/2014 ), con ocasión del enjuiciamiento de la liquidación-recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles emitida por el Ayuntamiento de Pasaia sobre la parcela litigiosa por el periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2012; no encontrando motivos para apartarnos del criterio establecido, razones de coherencia y unidad de doctrina, inherentes a los postulados de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley ( artículos 9.3 y 14 de la Constitución ), imponen, como se hará seguidamente, reiterar lo que se argumentó y decidió en ese anterior procedimiento:

Dice esa sentencia en sus fundamentos de derecho segundo y tercero:

'SEGUNDO.- Según la apreciación de esta Sala, sin embargo, la solución a la controversia se encuentra en el propio ámbito del Derecho administrativo y del régimen de bienes de dominio público, de su utilización y de los derechos reales administrativos que sobre él pueden recaer, sin implicar nociones ajenas propias del Derecho privado, (como las de la accesióny el principio 'superfacies solo cedit'), de exclusiva aplicación supletoria en base al artículo 5.4 de la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas .

Partiendo de la base de que, en efecto, el IBI grava los derechos de propiedad, superficie, usufructo y la concesión administrativa, solo esta última puede constituir titulo legitimo para que el beneficiario de la misma pueda ejercer facultades de dominio sobre la obra o edificación que venga autorizado a realizar sobre el terreno de dominio público, y ello no de manera indefinida en el tiempo, sino siempre con sujeción a la reversión de la obra cuando la concesión se extinga. Las demás modalidades de gravamen a que se contrae el IBI, (superficie, usufructo), son plenamente ajenas al régimen de cesión y utilización del dominio público, y ni se dan ni podrían darse en este caso. Todo lo que se acaba de enunciar se deduce del articulado de la LPAP de 2.003, que en particular en su artículo 97 destaca que:

'1. El titular de una concesión dispone de un derecho real sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas que haya construido para el ejercicio de la actividad autorizada por el título de la concesión.

2. Este título otorga a su titular, durante el plazo de validezde la concesión y dentro de los límites establecidos en la presente sección de esta ley, los derechos y obligaciones del propietario'.

De ahí que el concesionario de dominio público resulte sujeto pasivo a efectos del artículo 1.2 de la N.F 12/1.989, tanto respecto del suelo como de las hipotéticas construcciones.

A sensu contrario, si el beneficiario solo cuenta con una autorización de cesión de uso del suelo, faltará necesariamente el titulo preciso (jurídico-administrativo o civil), para apropiarse de la obra (generalmente solo podrán ser instalaciones desmontables al concluir la utilización especial o privativa), y lo que en ningún caso cabe asumir es la idea de que mediante una cesión gratuita y en precario de bienes de dominio público, pueda nadie apropiarse de una obra o edificación no desmontable alzada sobre ellos.

A la pregunta subsiguiente de quien es, en consecuencia, titular a efectos tributarios del edificio de la Capitanía Marítima enclavada en el Puerto de Pasaia, la respuesta solo puede ser que lo es la Autoridad Portuaria por cuanto, por disposición expresa y coherente con lo que se viene argumentando, destaca el artículo 67 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante , aprobado por R.D-Leg 2/2.011, de 5 de setiembre, que;

'Pertenecen al dominio público portuario estatal:

a) Los terrenos, obras e instalaciones portuarias fijas de titularidad estatal afectados al servicio de los puertos.

b) Los terrenos e instalaciones fijas que las Autoridades Portuarias adquieran mediante expropiación, así como los que adquieran por compraventa o por cualquier otro título cuando sean debidamente afectados por el Ministro de Fomento.

c) Las obras que el Estado o las Autoridades Portuarias realicen sobre dicho dominio.

d) Las obras construidas por los titulares de una concesión de dominio público portuario, cuando reviertan a la Autoridad Portuaria.

Con ello la obra estatal realizada sobre dominio público portuario se funde e integra en el mismo, como lo hará la construida por el concesionario cuando se produzca la reversión, con la particularidad que esa incorporación del edificio que aloja un servicio o dependencia estatal se produce en origen y no tras extinguirse la tal concesión.

Con ello estamos reafirmando que el inmueble construido para sede de la Capitanía Marítima, -que es de dominio público en cuanto tal, según articulo 5.3 LPAP-, no se puede diferenciar a los efectos tributarios de los demás bienes de dominio público de que la APP responde, ni puede atribuirse a un tercer propietario público mediante la vinculación del mismo con un órgano directivo de la Administración General del Estado que haya convenido con aquella el uso del demanio portuario para los fines de interés público que lo justifiquen, como si los términos de la intervención en el Convenio determinasen dos asignaciones diferentes en orden al dominio público portuario o general del Estado.

Esta conclusión es acorde también con el régimen patrimonial de los organismos integrantes de Puertos del Estado en el T.R 2/2011, y así extractamos de él como indicativos de la autonomía y especialidad del dominio portuario:

'Artículo 42. Patrimonio propio de los organismos portuarios.

Para el cumplimiento de los fines que les son propios, las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado tendrán un patrimonio propio, formado por el conjunto de los bienes y derechos que el Estado les atribuya como propios, los que adquieran en el futuro por cualquier título o les sean cedidos o donados por cualquier persona o entidad.

'Artículo 43.2. El cambio de afectación de bienes de dominio público estatal a favor de los organismos públicos portuarios, así como la adscripción de nuevos bienes patrimoniales, se efectuará singularmente por el Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta del Ministerio de Fomento, salvo cuando estos nuevos bienes procedan de la ejecución por dichos organismos de nuevas obras e instalaciones o sean adquiridos en el desarrollo de sus actividades,o mediante la aprobación de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios de conformidad con lo previsto en el artículo 69 de esta ley.

Artículo 44. Desafectación de bienes de dominio público adscritos a las Autoridades Portuarias.

1. Los bienes de dominio público portuario que resulten innecesarios para el cumplimiento de fines de este carácter podrán ser desafectados por el Ministro de Fomento, a propuesta de Puertos del Estado, previa declaración de innecesariedad por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria e informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre las características físicas de dichos bienes, a efectos de la protección y defensa del dominio público marítimo-terrestre. Los bienes desafectados se incorporarán al patrimonio de la Autoridad Portuaria, quien podrá proceder a su enajenación, permuta o, en su caso, cesión gratuita previa comunicación a la Dirección General de Patrimonio del Estado. Cuando el valor venal del bien, determinado mediante tasación independiente, sea superior a 3.000.000 de euros y no exceda de 18.000.000 de euros, su enajenación y las condiciones de la misma deberán ser autorizadas, además, por Puertos del Estado, y por el Gobierno cuando sobrepase esta última cantidad.

Sólo se admitirá la cesión gratuita de los bienes desafectados a favor de las Administraciones públicas y para fines de utilidad pública o interés social. Si los bienes cedidos no fueran destinados al uso previsto, o dejaren de serlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán aquéllos a la Autoridad Portuaria, teniendo derecho a percibir el valor de los detrimentos o deterioros experimentados. La cesión deberá ser autorizada por Puertos del Estado, previo informe de la Dirección General de Patrimonio del Estado que tendrá carácter vinculante y se entenderá en sentido favorable si transcurre el plazo de un mes sin que sea emitido de forma expresa. Se exceptúa el caso de que el valor del bien exceda de 18.000.000 de euros, en cuyo caso deberá ser autorizada por el Gobierno.

Artículo 45. Desafectación de bienes de dominio público adscritos a Puertos del Estado.

1. Los bienes de dominio público de Puertos del Estado que no sean precisos para el cumplimiento de sus fines serán desafectados por el Ministro de Fomento, previa declaración de innecesariedad por el Consejo Rector de Puertos del Estado, y se incorporarán al patrimonio del mismo, quien podrá proceder a su enajenación, permuta o, en su caso, cesión gratuita. Cuando el valor venal del bien, determinado mediante tasación independiente, sea superior a 18.000.000 de euros su enajenación y las condiciones de la misma deberán ser autorizadas, además, por el Gobierno a propuesta del Ministro de Fomento.

2. La cesión gratuita se regirá por los mismos presupuestos previstos en el artículo anterior y deberá ser autorizada por el Ministro de Fomento, previo informe de la Dirección General de Patrimonio del Estado que tendrá carácter vinculante y se entenderá en sentido favorable si transcurre el plazo de un mes sin que se haya emitido de forma expresa. Se exceptúa el caso de que el valor del bien exceda de 18.000.000 de euros, en cuyo caso deberá ser autorizada por el Gobierno

Artículo 73.3 Régimen de utilización del dominio público portuario.

Cuando algún órgano de la Administración General del Estado o cualquier organismo o entidad vinculada o dependiente de la misma requiera la utilización del dominio público portuario, solicitará de la Autoridad Portuaria correspondiente los bienes de dominio público necesarios, quien autorizará dicha utilización siempre que sea compatible con la normal explotación del puerto y durante el tiempo que sea preciso, debiendo suscribir el correspondiente convenio en el que se establecerán las condiciones de la misma, incluyendo las tasas que, en su caso, procedan y los costes que debe asumir aquél.

(....) Cuando sea precisa la utilización del dominio público portuario por las Administraciones de las Comunidades Autónomas, por las entidades que integran la Administración Local o por cualquier organismo o entidad dependiente de cualquiera de ellas, se procederá de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, respecto de aquellas Comunidades Autónomas que prevean en su legislación un régimen similar de utilización de bienes demaniales de su titularidad por la Administración General del Estado o sus organismos públicos para su dedicación a un uso o servicio de su competencia. A falta de dicha previsión, deberán solicitar el otorgamiento de la correspondiente concesión o autorización, de acuerdo con lo establecido en esta ley.

TERCERO.- En conclusión, cualquiera que sea el alcance e interpretación que corresponda dar al acuerdo de 26 de diciembre de 2.001, -f. 36 y 37 de los autos-, y en especial a su Cláusula Cuarta, cuando atribuye a la DGMM, 'de forma expresa y no excluyente, todos los tributos, impuestos y consumos que proporcionalmente y legalmente se le imputen',la sujeción al IBI no queda alterada por dicha convención, que se enclavaría, -acaso más que en los términos del artículo 36 que invoca la DFG-, en el artículo 17.6 de la Norma Foral General Tributaria , cuando indica que; 'Los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares, que no producirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas.'

Proyectado el criterio expuesto al caso en estudio, procede la completa desestimación del presente recurso.

CUARTO.-Con arreglo a lo acordado en la sentencia que seguimos en esta exposición, dada la peculiaridad del conflicto del que se trata y sus escasas referencias jurisprudenciales, no ha lugar a hacer imposición preceptiva de costas del artículo 139.1 LJCA .

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, la Sala emite el siguiente,

Fallo

DESESTIMAMOS EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 571/14 INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAJES FRENTE A LA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE LA RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA INTERPUESTA ANTE EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO FORAL DE GIPUZKOA, FRENTE A LA RESOLUCIÓN DEL JEFE DEL SERVICIO DE TRIBUTOS LOCALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS, DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA, DE 13 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE DESESTIMA EL REQUERIMIENTO FORMULADO POR LA RECURRENTE DE ANULACIÓN O REVOCACIÓN DE LA VALORACIÓN EFECTUADA A LA REFERENCIA CATASTRAL 8797143 -EDIFICIO DE LA CAPITANÍA MARÍTIMA DEL PUERTO DE PASAIA- POR IMPORTE DE 415.726,91 EUROS, AMPLIADA A LA RESOLUCIÓN Nº 31918, DE 18 DE FEBRERO DE 2015, DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO FORAL DE GIPUZKOA. SIN HACER IMPOSICIÓN DE COSTAS.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer RECURSO DE CASACIÓNante la Sala de lo Contencioso - administrativo del Tribunal Supremo y/o ante la Sala de lo Contencioso - administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el cual, en su caso, se preparará ante esta Sala en el plazo de TREINTA DÍAS( artículo 89.1 LJCA ), contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito en el que se dé cumplimiento a los requisitos del artículo 89.2, con remisión a los criterios orientativos recogidos en el apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, publicado en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016, asumidos por el Acuerdo de 3 de junio de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Quien pretenda preparar el recurso de casación deberá previamente consignar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano jurisdiccional en el Banco Santander, con nº 4697 0000 93 0571 14, un depósito de 50 euros, debiendo indicar en el campo concepto del documento resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso'.

Quien disfrute del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos están exentos de constituir el depósito ( DA 15ª LOPJ ).

Así por esta nuestra Sentencia de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el día de su fecha, de lo que yo el Letrado de la Administración de Justicia doy fe en Bilbao, a 4 de octubre de 2016.


Bienes de dominio público
Puertos
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Dominio público portuario
Referencia catastral
Desestimación presunta
Reversión
Concesionaria
Bienes inmuebles
Valor catastral
Derecho de superficie
Seguridad jurídica
Concesiones administrativas
Patrimonio de las Administraciones Públicas
Patrimonio del Estado
Uso del suelo
Desafectación elementos patrimoniales
Permuta
Valor venal
Organismos públicos
Concesiones demaniales
Valor de los bienes
Interés publico
Bienes patrimoniales
Afectación de bienes
Dominio público marítimo terrestre
Utilidad pública
Interés social
Administración local
Obligaciones tributarias