Sentencia Administrativo Nº 450/2013, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 126/2010 de 24 de Abril de 2013

Documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
  • Facturación (IVA)

    Órden: Fiscal Fecha última revisión: 12/01/2017

    Los empresarios o profesionales están obligados a: Expedir factura y copia de éstas, por las entregas de bienes y prestaciones de  servicios que realicen en el desarrollo de su actividad incluidas las operaciones no sujetas y las sujetas pero e...

  • Impuesto sobre el Valor Añadido GIPUZKOA (IVA)

    Órden: Fiscal Fecha última revisión: 11/07/2016

    El Impuesto sobre el Valor Añadido en Gipuzkoa (IVA Gipuzkoa) se encuentra regulado en el DECRETO FORAL 102/1992, de 29 de diciembre. Se trata de un impuesto de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava las entregas de bienes y prestac...

  • Obligaciones de facturación

    Órden: Fiscal Fecha última revisión: 14/12/2016

    Los empresarios o profesionales están obligados a expedir y entregar factura u otros justificantes por las operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, así como a conservar copia o matriz de aquellos. Tam...

  • Impuesto sobre el Valor Añadido BIZKAIA (IVA)

    Órden: Fiscal Fecha última revisión: 06/10/2017

    El Impuesto sobre el Valor Añadido en Bizkaia (IVA Bizkaia) se regula en la NORMA FORAL 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.El régimen simplificado del IVA para el año 2017 en Bizkaia, se regula a través del OF. 2112/2...

  • Factura Simplificada (IVA)

    Órden: Fiscal Fecha última revisión: 29/04/2016

    La obligación de expedir factura podrá ser cumplida mediante la expedición de factura simplificada y copia de esta en cualquiera de los siguientes supuestos contenidos en el Art. 4 ,Reglamento de facturación: Cuando su importe no exceda de 400 e...

Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Libros Relacionados
  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 24 de Abril de 2013
  • Tribunal: TSJ Cataluña
  • Ponente: Fernandez De Benito, Maria Jesus Emilia
  • Núm. Sentencia: 450/2013
  • Núm. Recurso: 126/2010
  • Núm. Cendoj: 08019330012013100463

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

RECURSO ORDINARIO (LEY 1998) 126/2010

Partes: AGROGEST GANADERA, S.L. C/ T.E.A.R.C.

S E N T E N C I A Nº 450

Ilmos. Sres.:

PRESIDENTE

D. EMILIO ARAGONÉS BELTRÁN

MAGISTRADOS

D.ª M. JESÚS E. FERNÁNDEZ DE BENITO

D.ª PILAR GALINDO MORELL

En la ciudad de Barcelona, a veinticuatro de abril de dos mil trece.

VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA),constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo nº 126/2010, interpuesto por AGROGEST GANADERA, S.L., representado por el/la Procurador/a D. IVO RANERA CAHIS, contra T.E.A.R.C. , representado por el ABOGADO DEL ESTADO.

Ha sido Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a D.ª M. JESÚS E. FERNÁNDEZ DE BENITO, quien expresa el parecer de la SALA.

Antecedentes

PRIMERO:Por el/la Procurador/a D. IVO RANERA CAHIS, actuando en nombre y representación de la parte actora, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución que se cita en el Fundamento de Derecho Primero.

SEGUNDO:Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.

TERCERO:Continuando el proceso su curso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

CUARTO:En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.


Fundamentos

PRIMERO.-Se impugna en el presente procedimiento la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña de 24 de julio de 2009, recaída en las reclamaciones acumuladas nº 25/00288/2008 y 25/00402/2008, formuladas en nombre y representación de AGROGEST GANADERA, S.L. contra los acuerdos dictados por la Dependencia de Gestión Tributaria de Lleida de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por los conceptos de liquidación del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2003, y sanción por infracción tributaria derivada de la anterior, en cuantía de 50.623,43 euros.

El TEARC confirma la liquidación practicada al tiempo que anula la sanción impuesta por falta de motivación suficiente de la resolución administrativa.

SEGUNDO.-Los hechos que se refieren en la resolución del TEARC son, sucintamente, los siguientes:

- El 31 de marzo de 2008 fue notificada la propuesta de liquidación provisional a la sociedad referente al Impuesto y ejercicio citados, poniéndose de manifiesto el expediente en trámite de audiencia.

Tras las alegaciones pertinentes realizadas por el obligado tributario, el 14 de abril siguiente fue notificado el acuerdo de liquidación practicada.

- En dicho acuerdo se rechaza la aportación de los albaranes presentados por la sociedad que ampararían las facturas presentadas en relación a los servicios que dice haber recibido de Gracia , al considerar que no pueden aceptarse sin más como un medio de prueba a favor del contribuyente, porque en 38 albaranes de Agrogest Ganadera no puede el receptor de los servicios darse fe a sí mismo de los servicios recibidos frente a un tercero como es la Administración; en la misma factura hay seis albaranes emitidos por otra empresa participada por Agrogest e indirectamente se está dando servicios a sí mismo, y en otro grupo de albaranes, emitidos bajo el anagrama Sevigranja por Pablo y Gracia (matrimonio y socios de Agrogest Ganadera, S.L.) no puede corroborarse quién presta los servicios. Manifiesta la Dependencia tributaria que no queda claro dónde acaba el patrimonio empresarial de Gracia y dónde comienza el de Agrogest Ganadera, a la vista de la difusa información facilitada sobre las operaciones recibidas y refacturadas de Gracia .

La no aceptación de esta factura se extiende al rechazo de otras facturas emitidas por Gracia , de las que ni siquiera se ha aportado albaranes de los trabajos o servicios realizados.

- No habiéndose acreditado la correlación entre ingresos y gastos y la misma efectividad de los mismos, se corrige el resultado contable en 133.128,23 euros en el expediente correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido en relación con estos servicios facturados por Gracia durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2003, regularizándose también la situación tributaria en relación con el Impuesto sobre Sociedades.

TERCERO.-La parte actora discrepa con la motivación contenida en el acuerdo administrativo. Sostiene que la sociedad Agrogest Ganadera contrató la prestación de servicios de Dª Gracia , dedicada a la actividad de transporte, quien realizó y facturó los trabajos realizados para la empresa, a cuyo fin acreditativo se aportaron los albaranes, tacógrafos y facturas correspondientes; los trabajos, aunque en las facturas solamente consta como 'serveis prestats (purins), también correspondían a servicios de transportes de agua, lodos y sal entre otros, siendo el precio/hora facturado diferente según el servicio prestado. Alega que los medios de transporte eran titularidad de la Sra. Gracia , con independencia del anagrama consignado en el albarán de entrega, tal como se acredita con los tacógrafos correspondientes a los camiones empleados titularidad de la misma.

Considera que han sido vulnerados los derechos constitucionales de defensa y de aportación de medios de prueba que no han sido admitidos por la Administración y acompaña nuevamente a la demanda todos los documentos que habían sido presentados ante la Administración, solicitando que sea anulada la liquidación llevada a cabo.

CUARTO.-El artículo 105 de la Ley General Tributaria dispone que en los procedimientos de aplicación de los tributos, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo.

En cuanto a las facturas y albaranes que la empresa recurrente pretende correlacionar, el artículo 92 de la Ley 37/1992 , establece que 'los sujetos pasivos podrán deducir de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido devengadas por las operaciones gravadas que realicen en el interior del país las que, devengadas en el mismo territorio, hayan soportado por repercusión directa o satisfecho por las operaciones de entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por otro sujeto pasivo del Impuesto'. Para poder llevar a cabo la deducción, la LIVA establece una serie de requisitos formales en el art. 97 , entre los cuales se encuentran estar en posesión del documento justificativo del derecho, básicamente la factura original expedida por quien realice la entrega o preste el servicio, siempre que la factura reúna los requisitos que se establecen reglamentariamente. A estos efectos, los requisitos de la factura quedan recogidos en el RD 1496/2003, de 28 de noviembre.

El artículo 6.1 del citado Reglamento regula el contenido de la factura de la siguiente manera: ' Toda factura y sus copias contendrán los datos o requisitos que se citan a continuación, sin perjuicio de los que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones:

a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será correlativa.

Se podrán expedir facturas mediante series separadas cuando existan razones que lo justifiquen y, entre otros supuestos, cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que efectúe sus operaciones y cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza.

No obstante, será obligatoria, en todo caso, la expedición en series específicas de las facturas siguientes:

1.º Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere el artículo 5, para cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta.

2.º Las rectificativas.

3.º Las que se expidan conforme a la disposición adicional quinta del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido , aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre .

b) La fecha de su expedición.

c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.

d) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Comunidad, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la factura.

Asimismo, será obligatoria la consignación del Número de Identificación Fiscal del destinatario en los siguientes casos:

1.º Que se trate de una entrega de bienes destinados a otro Estado miembro que se encuentre exenta conforme al artículo 25 de la Ley del Impuesto .

2.º Que se trate de una operación cuyo destinatario sea el sujeto pasivo del Impuesto correspondiente a aquélla.

3.º Que se trate de operaciones que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto y el empresario o profesional obligado a la expedición de la factura haya de considerarse establecido en dicho territorio.

e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.

Cuando el obligado a expedir factura o el destinatario de las operaciones dispongan de varios lugares fijos de negocio, deberá indicarse la ubicación de la sede de actividad o establecimiento al que se refieran aquéllas en los casos en que dicha referencia sea relevante para la determinación del régimen de tributación correspondiente a las citadas operaciones.

Cuando el destinatario de las operaciones sea una persona física que no actúe como empresario o profesional, no será obligatoria la consignación de su domicilio.

f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del Impuesto, tal y como ésta se define por los artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto , correspondiente a aquéllas y su importe, incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.

g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.

h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.

i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.'

Además, el apartado 9 del mismo artículo dispone que ' a efectos de lo dispuesto en el artículo 97.Uno de la Ley del Impuesto , únicamente tendrá la consideración de factura aquella que contenga todos los datos y reúna los requisitos a que se refieren los apartados 1 a 7 de este artículo'.

QUINTO.-En cuanto a la doctrina emanada del Tribunal Supremo, es de destacar la STS de 29 de marzo de 2010 , en la que se establece la acreditación de la 'necesariedad' del gasto con efecto fiscalmente deducible. La calendada sentencia confirma la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional de 8 de julio de 2004 , con la que comparte sus razonamientos, en el sentido que a continuación recogemos:

«Por último, por lo que respecta a la pretendida deducibilidad de los gastos contabilizados, procede señalar, con carácter general, que, la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en su artículo 13 , menciona, como 'partidas deducibles' para determinar los rendimientos netos, y con carácter general, a los 'gastos necesarios', haciendo una enumeración de los específicamente integrados en ese concepto general, exigiendo el propio precepto, que esos 'gastos generales' deben cumplir una finalidad: la de que hayan servido 'para la obtención de aquéllos', es decir, de los rendimientos que el art. 3º.2 expresa.

Sin embargo, para que pueda hablarse de 'gasto deducible', a los efectos fiscales, además de la 'necesariedad', se requiere la concurrencia de otros requisitos: 1º, la justificación documental de la anotación contables, de conformidad al art. 37.4, del Reglamento del Impuesto . 2º , la contabilización del gasto (según se desprende del citado art. 37 , en su conjunto). Y 3º, su imputación a la base imponible en el ejercicio de su procedencia, conforme al art. 88.1, del Reglamento del Impuesto , como se ha declarado.

El concepto de 'gastos necesarios' no es cuestión pacífica. Del precepto citado, se desprende que la 'necesidad' del gasto es tendencial, en el sentido de que han de estar orientados o dirigidos a la 'obtención' de ingresos. Esta característica del 'gasto necesario' puede ser contemplada desde una doble perspectiva: primera, positiva, como concepción económica de obtención del beneficio; criterio que sigue el citado art. 13, de la Ley 61/1978 , en el que gasto e ingreso están directamente relacionados, al entender el gasto como un costo de los rendimientos obtenidos. Y, segunda, negativa, como contraria a 'donativo' o 'liberalidad'; criterio mantenido en el art. 14.1.e), de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades , y doctrina jurisprudencial ( TS. SS. 17 de febrero de 1987 , 20 de septiembre de 1988 , 20 de enero de 1989 , 27 de febrero de 1989 , 14 de diciembre de 1989 , 25 de enero de 1995 , entre otras).

Ambos criterios no son incompatibles, sino complementarios, al contemplar la 'necesariedad del gasto' desde esa doble perspectiva.

En este sentido, y siguiendo este criterio interpretativo, se puede concluir que en el concepto de 'gasto necesario' subyace una fundamentación finalística del mismo, ligada al concepto de partida deducible, y, por tanto, al de coste en la obtención de ingresos.

Estos requisitos han de estar acreditados por el sujeto pasivo en relación, precisamente, con el ejercicio en el que pretende disfrutar de tal beneficio fiscal, de forma que si dichos gastos se han originado en ejercicios anteriores, no cabe su imputación a un ejercicio diferente. Por ello, para que pueda hablarse de 'gasto deducible', además de la 'necesariedad', se requiere la concurrencia de otros requisitos: 1º, la justificación documental de la anotación contables, de conformidad al art. 37.4, del Reglamento del Impuesto . 2º , la contabilización del gasto (según se desprende del citado art. 37 , en su conjunto). Y 3º, su imputación a la base imponible en el ejercicio de su procedencia, conforme al art. 88.1, del Reglamento del Impuesto ; todo ello en el sustrato de la 'efectividad' de la prestación realizada, originadora del gasto.

Estos preceptos son complementados por el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre , en cuyo art. 8.1 dispone que cuando se trate de operaciones realizadas por empresarios o profesionales, los 'gastos necesarios' para la obtención de los ingresos deberán justificarse mediante 'factura completa'.

El concepto de 'factura completa' la recoge el art. 3, del Real Decreto , que menciona los datos o requisitos que deben reunir estos documentos mercantiles. Entre ellos, la 'numeración de las facturas', el 'nombre y apellidos o denominación social' del expedidor del documento y del destinatario, 'descripción de la operación y su contraprestación total' y 'lugar y fecha de su emisión'.

La Sala entiende que, uno de los criterios regulados por los preceptos del Real Decreto 2402/85 , modificados por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre y Real Decreto 267/1995, de 24 de febrero , no concurre, es decir, el de la realidad de la contraprestación.

En este sentido, es procedente la calificación como fiscalmente 'no deducible' del mismo, pues lo exigido por el Real Decreto 2402/85 , es que la 'factura' contenga los datos e importes por los que se identifique, entre otras circunstancias, la operación realizada, que, como se desprende de lo actuado, no ha sido acreditada, y sin que por la recurrente se enerven los datos constatados por la Inspección.

Este criterio es mantenido también en la Sentencia de esta Sala de fecha 5 de diciembre de 2002 , dictada en el Rec. nº 501/00 , en el que la recurrente es la misma sociedad. En dicha sentencia, en relación con esta última cuestión se expresa: 'Partiendo de que los artículos 13 de la Ley y 111 del Reglamento no contienen una relación exhaustiva de gastos deducibles, es evidente que no debe excluirse que aparte de las que allí se enumeran existan otras partidas igualmente deducibles en tanto que gastos necesarios para la obtención de los rendimientos, pero en virtud del régimen de carga de la prueba establecido en el artículo 114.1 de la Ley General Tributaria , corresponde a quien pretende la deducción acreditar no sólo la existencia del gasto sino también su naturaleza y finalidad, o, lo que es lo mismo, la conexión existente entre el gasto realizado y la generación de rendimientos. En tal sentido debe recordarse que, en virtud de lo que se dispone en el citado artículo 114 de la Ley General Tributaria , 'tanto en el procedimiento de gestión como en el de resolución de reclamaciones, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos de los mismos', lo cual está relacionado con el artículo 1214 del Código Civil , que establece la regla a efectos de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba en la acreditación o afirmación de hechos o derechos, y sin olvidar que en función de lo que se determina en el artículo 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , los actos administrativos tienen la presunción de validez, correspondiendo siempre al interesado la carga de la prueba a efectos de poder desvirtuar dicha presunción legal [...].

Por ello, la carga de la prueba, conforme al art. 114 de la Ley General Tributaria , corresponde al sujeto pasivo, quien debe acreditar la afectación de los gastos en la forma legalmente exigida.

En consecuencia, al no desvirtuarse la constatación realizada por la Inspección en orden a la no acreditación documental de los referidos gastos, no procede su deducibilidad fiscal.».

SEXTO.-Es evidente que la realidad del gasto debe ser concretamente acreditada por el obligado tributario que pretende la deducibilidad de aquellos en que haya incurrido. Y no es que la Administración haya rechazado las pruebas presentadas; no es que se haya vulnerado el derecho a la defensa ni a la aportación de pruebas; lo que ocurre es que la valoración de dichas pruebas no puede lógicamente llevar a tener por veraz los servicios que la contribuyente dice haber recibido.

Así pues, en el caso actual tenemos que llegar a la misma conclusión desestimatoria ya recogida por el TEARC, porque a la vista de los documentos aportados por la demandante no se ha acreditado de manera fehaciente, tal como ha advertido la Dependencia de Gestión Tributaria, la correlación de los servicios que pudieran haberse prestado con los albaranes emitidos en forma ambigua, inconcreta y difusa no se sabe si por una empresa, por un grupo de personas o por una persona concreta, ni identifican con claridad el tipo de prestación realizada, lo que conduce a la desestimación del recurso.

SÉPTIMO.-En aplicación de lo dispuesto en el art. 139 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa , no procede hacer especial pronunciamiento sobre costas procesales, al no apreciarse los requisitos legales necesarios para ello.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de Su Majestad el Rey,

Fallo

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de AGROGEST GANADERA, S.L. contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña mencionada más arriba, declarando dicha resolución ajustada a Derecho, sin hacer especial pronunciamiento sobre costas procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes, y luego que gane firmeza líbrese certificación de la misma y remítase juntamente con el respectivo expediente administrativo al órgano demandado, quien deberá llevar aquella a puro y debido efecto, sirviéndose acusar el oportuno recibo.

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos principales, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.


Liquidación provisional del impuesto
Medios de prueba
Tacógrafo
Prestación de servicios
Impuesto sobre sociedades
Impuesto sobre el Valor Añadido
Entrega de bienes
Número de identificación fiscal
Gestión tributaria
Obligado tributario
Liquidación Impuesto sobre Sociedades
Infracciones tributarias
Tipos impositivos
Medios de transporte
Gastos deducibles
Cuota del IVA
Carga de la prueba
Determinación de la base imponible
Cuota tributaria
Pago anticipado
Contraprestación
Rendimientos netos
Beneficios fiscales
Presunción legal
Derecho de defensa
Aportación de pruebas
Documentos aportados
Jurisdicción contencioso-administrativa