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10/01/2022
Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 453/2021, Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 240/2021 de 01 de Octubre de 2021
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Orden: Administrativo
Fecha: 01 de Octubre de 2021
Tribunal: TSJ Murcia
Ponente: URIS LLORET, MARÍA CONSUELO
Nº de sentencia: 453/2021
Núm. Cendoj: 30030330012021100464
Núm. Ecli: ES:TSJMU:2021:1759
Núm. Roj: STSJ MU 1759:2021
Encabezamiento
N56820
PALACIO DE JUSTICIA, RONDA DE GARAY, 5 -DIR3:J00008050
UP3
N.I.G: 30030 45 3 2019 0002379
Procedimiento: AP RECURSO DE APELACION 0000240 /2021
Sobre: FUNCION PUBLICA
De D./ña. Adelaida
Representación D./Dª. JOSE DIEGO CASTILLO GOMEZ
Contra D./Dª. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Representación D./Dª.
Compuesta por los Ilmos/as. Sr/as.:
Dña. María Consuelo Uris Lloret
Presidente
Dña. María Esperanza Sánchez de la Vega
Dña. Gema Quintanilla Navarro
Magistradas
Ha pronunciado
La siguiente
En Murcia, a uno de octubre de dos mil veintiuno
En el rollo de apelación nº 240/2021 seguido por interposición de recurso de apelación contra la sentencia nº 93/2021, de 23 de abril, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Murcia, dictada en el recurso contencioso administrativo nº 337/2019, tramitado por las normas del procedimiento abreviado, en cuantía indeterminada, en el que figuran como
Antecedentes
Fundamentos
'1º) Que por aplicación de la Directiva 1999/70/CE, se proceda al Nombramiento de Funcionarios de carrera de ... Doña Adelaida..., actualmente funcionarios interinos de este Ayuntamiento.
(...)
2º) Que con carácter subsidiario, y para el caso de que no sean nombrados con el mismo nombre de funcionarios de carrera, por aplicación de la Directiva 1999/70/CE, Doña Adelaida... sean nombrados con otro nombre pero siempre equiparables a los funcionarios de carrera, con la misma fijeza y las mismas e idénticas condiciones que aquellos.
(...)
3º) Finalmente, y solamente para el supuesto de ser rechazadas las dos anteriores peticiones referidas a los nombramientos reclamados, se les considere a todos (tanto los funcionarios interinos como el personal laboral), como propietarios de la plaza que actualmente ocupan en el Ayuntamiento.
En cualquier caso, se solicita una indemnización por daños morales por el abuso en la relación temporal sucesiva y, que, a la fecha de hoy todavía continúan produciéndose'.
Mediante otrosí solicitaban, como medida cautelar, la suspensión de la ejecución de la oferta de empleo público de 2015 hasta tanto se solventara la reclamación, y, subsidiariamente, que se excluyeran de dicho procedimiento las plazas convocadas y vinculadas a los puestos de trabajo del personal reclamante.
La demandante interpuso recurso contencioso administrativo contra la citada resolución, junto con otras dos personas, si bien por auto de 11 de noviembre de 2019 se requirió a los demandantes para que formularan los recursos por separado.
En el que nos ocupa, la actora aportó, entre otros documentos, resolución de la Concejal Delegada de Seguridad y Recursos Humanos de 16 de diciembre de 2014, por la que se acordó nombrarla como funcionaria interina para el puesto de trabajo de Auxiliar de Biblioteca, adscrita al Servicio Cultura (Bibliotecas). En el mismo acto se acordaba que el nombramiento de la recurrente y de otras personas surtiría efectos desde el día 1 de enero de 2015, y que el cese se produciría 'además de por las causas previstas en el art. 10.3 en conexión con el art. 63 del citado Estatuto Básico, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento'.
Consta que la recurrente continúa desempeñando dicho puesto en el mismo régimen, al menos así era en la fecha de interposición del presente recurso de apelación.
"Primero. -La demanda tiene su fundamento en los hechos y argumentos que resumidamente pasan a enumerarse:
1º) Que la demandante es funcionaria interina del Ayto. de Murcia prestando servicios como Auxiliar de Bibliotecas desde el 1 de enero de 2015, en virtud del nombramiento efectuado el 16 de diciembre de 2014. El acceso a dicho puesto fue a través de un proceso selectivo, concurso-oposición para la creación de una lista de espera (BORM 10 mayo de 2014). Viene desempeñando sus funciones en el mismo puesto de trabajo, de forma constante y continuada. Actualmente, según aparece en su nómina, su puesto se denomina ''Auxiliar (515) (28) Biblioteca', adscrito al servicio de Bibliotecas. El puesto que viene ocupando tiene carácter estructural.
2º) El tiempo que viene desempeñando su trabajo supone un abuso en la temporalidad. Fue nombrada en su día con una causa temporal que no es real. Se prolonga la relación jurídica con la Administración más allá del plazo previsto en el artículo 70.1EBEP. Se trata de un abuso en la temporalidad para cubrir un puesto fijo y, por ende, precario, con la calificación de nombramiento en fraude de ley pues se ha utilizado la figura Jurídica de la temporalidad para la realización de funciones y actividades que no tienen la condición de temporales. El Excmo. Ayto. de Murcia, respecto a los supuestos de vacantes ocupadas por funcionarios interinos, incumple lo previsto legalmente, ya que las plazas deben incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en el que se produce el nombramiento, y si no fuera posible en la siguiente, salvo que se decida su amortización.
3º) Existe un alto índice de temporalidad en el Ayuntamiento de Murcia, de un 33%.
4º) La oferta de empleo público del año 2015 no ha sido desarrollada dentro de los tres años previstos por la Ley. El incumplimiento del plazo de tres años determina la caducidad automática o la invalidez sobrevenida de esa oferta de empleo público de estabilización. Añade que el hecho de haberse convocado el proceso selectivo derivado de la oferta de empleo del 2015, no puede ser concebido como una medida sancionadora que cumpla con los requisitos de la cláusula 5 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE, ni privan a los empleados públicos de su derecho a obtener fijeza o estabilidad en el empleo como sanción al abuso producido.
5º) Que la consecuencia jurídica del abuso en la temporalidad por parte del Ayuntamiento demandado debe ser la transformación de su relación jurídica temporal en una relación fija, equiparable a los funcionarios de carrera, como única medida sancionadora efectiva, disuasoria y proporcionada que reprime el abuso en la contratación, en aplicación de la Directiva Comunitaria 1999/70/CE y su Acuerdo Marco sobre trabajo temporal, conforme a la doctrina existente al respecto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
6º) Existencia de dos cuestiones prejudiciales relevantes para resolver el asunto y pendientes cuando se presentó demanda; el asunto 'Sánchez Ruiz o asunto C-103/18' y el 'asunto C-429/18 asunto 'Fernández-Álvarez y otros'.
7º) Se solicita una indemnización de daños morales por el abuso en la relación temporal producida por el Excmo. Ayuntamiento, con total desprecio a la dignidad de sus condiciones laborales y a su derecho a contar con una seguridad en su puesto de trabajo, con el consiguiente desasosiego, ansiedad e incertidumbre que produce a la demandante.
La Administración demandada se opone a la demanda alegando, expuesto resumidamente: 1º) Que la demandante fue nombrada por Decreto de 16 de diciembre de 2014 como funcionario interino y sigue desempeñando el mismo puesto de trabajo. Se trataba del supuesto del art. 10.1 a) del EBEP. No impugna su nombramiento. 2º) En la Oferta de Empleo Público aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 11 de diciembre de 2015 y publicada en el BORM Numero 296, de 24 de diciembre de 2015, aparece incluida la plaza de la recurrente en el apartado consolidación de plazas ocupadas por funcionarios interinos, dentro de las 20 plazas de auxiliar de biblioteca C2 Administración Especial Servicios Especiales Cometidos Especiales. En el BORM nº 271, de 23 de noviembre de 2018, aparecen publicados los códigos de las plazas convocadas, entre las que se encuentra la de la demandante 'BIBLIOTECA FU(..) 934010021'. La recurrente ha presentado instancia para participar en dicha convocatoria donde la experiencia laboral en el mismo puesto de trabajo puede valorarse hasta con un 40% de la nota. 2º) No es aplicable el Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE cuando existe un solo nombramiento y así lo consideran distintas sentencias de los Juzgados de Murcia y del TSJ de Murcia en Sentencias nº 100/2021, 101/2021 y 105/2021, de 3 de marzo. La sentencia nº 100/2021 resuelve un caso idéntico. 3º) Lo pretendido por la recurrente resulta contrario a nuestro ordenamiento jurídico por atentar contra los artículos 14, 23.2 y 103 CE y 55 a 62 del EBEP. Vulnera el derecho de otros ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad al empleo público".
"Segundo. -A la vista de la prueba practicada, examinado el documento nº Siete acompañado con la demanda, consta acreditado que Dª Adelaida fue nombrada funcionaria interina del Excmo. Ayuntamiento de Murcia para ocupar una plaza de las veintiuna vacantes de auxiliar de biblioteca de la Administración General del Ayuntamiento, por Decreto de 16 de diciembre de 2014. Obtiene su nombramiento tras un proceso selectivo mediante concurso - oposición para la formación de una lista de espera para la categoría de auxiliar de biblioteca, cuyas bases se aprobaron en Junta de Gobierno de 30 de abril de 2014. El nombramiento como interina responde a lo dispuesto en el artículo 10 a) del EBEP, esto es, 1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera'. A su vez, la documentación presentada por la Administración demandada al acto de la vista, emitida por el Director de la Oficina de Gobierno Municipal, acredita que el puesto ocupado por la ahora demandante se creó en la plantilla presupuestaria del Ayuntamiento de Murcia del año 2015, junto a otras plazas de la misma categoría profesional, tras asumir el Ayuntamiento de Murcia la gestión directa de la red municipal de bibliotecas. Es un puesto nuevo, no ocupado anteriormente, que de forma inmediata se incluye en la convocatoria de plazas conforme a la oferta de empleo público de 2015, siendo una de las plazas correspondientes a la consolidación de empleo temporal de plazas ocupadas por funcionarios interinos y por personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, de la oferta de empleo público de 2015.
Sentado lo anterior, no existe fraude en la contratación. Toda plaza vacante es una plaza estructural, máxime si acaba de crearse por asumir el Ayuntamiento la gestión directa de un servicio que antes no gestionaba, en este caso la red municipal de bibliotecas. No estamos ante una sucesión de contratos temporales, sino ante un solo nombramiento para ocupar una vacante. La plaza se convoca dentro de plazo, dando cumplimiento al artículo 10.4 del EBEP, (4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización'.). Esa OEP de 2015 no caducó. El plazo de caducidad de tres años del art. 70.1 del EBEP debe computarse desde la fecha de publicación de la OEP hasta que se inician actos de aplicación y ejecución de la misma, en este caso, con la publicación de la convocatoria de plazas, que no con su adjudicación definitiva, como parece argumentar el Actor".
Y, en relación con la aplicación a la actora la cláusula 5 del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/CE y la jurisprudencia del TJUE relativa a ella, llega a una conclusión negativa, en atención a los siguientes razonamientos:
"Tercero. -Por otro lado, la cláusula 5 del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/CE dice:
De su dicción literal se desprende que contempla renovaciones contractuales temporales o sucesión de contratos temporales. No es aplicable a los trabajadores que han celebrado un solo contrato temporal. Así lo establece la STJUE de 22-1-2020, C-177/2018, cuando afirma:
Existiendo un solo nombramiento, es de aplicación la doctrina contenida en la reciente STS de 24 de septiembre de 2020, Sección 4, recurso 2302/2018, resolución nº 1202/2020, en cuyo fundamento de derecho quinto y ss. dice: QUINTO.-
No existiendo fraude en la contratación, procede desestimar la demanda sin necesidad de entrar a resolver sobre el resto de cuestiones planteadas al no concurrir la premisa esencial de la que parte el argumento jurídico del recurrente".
'Apartado 61: 'considerar que no existen sucesivas relaciones laborales de duración determinada (...), por la única razón de que el empleado afectado, aun cuando haya sido objeto de varios nombramientos, ha ocupado de manera ininterrumpida el mismo puesto de trabajo durante varios años y ha ejercido, de manera constante y continuada, las mismas funciones, mientras que el mantenimiento de modo permanente de dicho trabajador en una plaza vacante sobre la base de una relación de servicio de duración determinada se debe al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar en el plazo previsto un proceso selectivo al objeto de cubrir definitivamente esa plaza vacante y, por ello, su relación de servicio ha sido renovada implícitamente de año en año, puede comprometer el objeto, la finalidad y el efecto útil del mencionado Acuerdo.'
Apartado 63: 'una definición tan restrictiva del concepto de «sucesivas relaciones laborales de duración determinada» permitiría emplear a trabajadores de forma precaria durante años (.3», y también tendría como efecto «excluir, en la práctica, un gran número de relaciones laborales de duración determinada de la protección de los trabajadores perseguida por la Directiva 1999170 (...) y también permitir la utilización abusiva de tales relaciones por parte de los empresarios para satisfacer necesidades permanentes y estables en materia de personal'
Apartado 64: 'Habida cuenta de las consideraciones anteriores) procede responder a la primera cuestión prejudicial planteada en el asunto C-103118 que la cláusula 5 del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros o los interlocutores sociales no pueden excluir del concepto de «sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada», a efectos de dicha disposición, una situación en la que un empleado público nombrado sobre la base de una relación de servicio de duración determinada, a saber, hasta que la plaza vacante para la que ha sido nombrado sea provista de forma definitiva, ha ocupado, en el marco de varios nombramientos, el mismo puesto de trabajo de modo ininterrumpido durante varios años y ha desempeñado de forma constante y continuada las mismas funciones, cuando el mantenimiento de modo permanente de dicho empleado público en esa plaza vacante se debe al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar en el plazo previsto un proceso selectivo al objeto de proveer definitivamente la mencionada plaza vacante y su relación de servicio haya sido prorrogada implícitamente de año en año por este motivo.'
Añade la apelante que, en contra de lo argumentado en la sentencia apelada, un empleado público temporal de un único contrato o nombramiento único estará en situación de abuso de la temporalidad, pues su relación se ha renovado implícitamente 'de año en año' cuando se incumple por el empleador la obligación legal de organizar en plazo el proceso selectivo.
Respecto de la segunda cuestión, es decir, si ha existido fraude o abuso en la relación funcionarial de la apelante con el Ayuntamiento, alega aquélla que igualmente lleva a cabo el juez de instancia una interpretación errónea, pues no incluir en las ofertas de empleo público que cada año deben aprobarse las plazas vacantes desempeñadas por interinos cuya amortización no corresponda o se decida, y que no estén ya en fase de provisión, es una infracción legal patente e injustificable, del artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público.
Y así, resulta evidente que el Ayuntamiento de Murcia ni cumplió con la obligación de ejecutar la oferta de empleo público en el plazo máximo de 3 años previsto en la norma, - para proceder a la cobertura definitiva de la plaza vacante mediante el correspondiente proceso selectivo-, ni amortizó la misma, optando por cubrir dicha vacante con personal temporal, pese a que el artículo 10.1 del EBEP sólo prevé esta figura para supuestos puntuales y coyunturales de «necesidad y urgencia' justificada.
Considera que el fraude se cometió por el Ayuntamiento desde el inicio, al cubrir puestos estructurales mediante contratación interina.
Entiende la apelante que tampoco puede escudarse la Administración en razones internas para vulnerar los derechos que las normas comunitarias reconocen a los empleados públicos, siendo ésta una doctrina pacífica y reiterada del TJUE. Así, como declara en su Sentencia de 22 de abril de 2010, caso ZENTRALBETRIEBSRAT, recaída en el Asunto C-406/08, Apartados 45 y 46; y en su Sentencia de 26 de noviembre de 2014, Caso MASCOLO, Asunto C- 22/13 y otros, Apartado 110, '
Alude la parte apelante, por analogía, y referido a los trabajadores públicos en régimen laboral, a la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que a partir de sus sentencias del Pleno de 20 de enero y 21 de enero de 1998 declara que la Administración empleadora está obligada a adoptar las medidas necesarias para la provisión regular del puesto de trabajo y extinguir el contrato con el trabajador indefinido no fijo, de tal forma que la convocatoria de la vacante no queda a la voluntad arbitraria de la Administración, pues esa convocatoria, al igual que la actuación administrativa general, está sometida al principio de legalidad. Y, al igual que ocurre con todo ciudadano, cuando se produce una infracción legal tan clara lo que procede es sancionar esta infracción y exigir las correspondientes responsabilidades a la Administración.
Alega, por último, que no es constitucionalmente posible prolongar artificialmente las situaciones de interinidad, pues la defensa a ultranza de la situación de permanencia de los interinos en plazas vacantes que no desempeñen por sustitución no constituye un interés legítimo, ya que supondría un privilegio para los beneficiarios y la quiebra de la igualdad de oportunidades amparada por la Constitución, pues, no hay mayor negación del derecho consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución que la no convocatoria de los procesos públicos de selección legalmente establecidos. Invoca la apelante la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 29 de octubre de 2010, recurso 2448/2008.
Concluye la apelante que, en contra del pronunciamiento del juez de instancia, el abuso se ha producido y continúa produciéndose en la relación jurídica temporal que mantiene con el Ayuntamiento de Murcia, si tenemos en cuenta el tiempo que lleva realizando funciones temporales, que no son coyunturales ni excepcionales. Se trata pues, de un abuso en la temporalidad para cubrir un puesto fijo y, por ende, precario, con la calificación de nombramiento en fraude de ley, pues se ha utilizado la figura jurídica de la temporalidad para la realización de funciones y actividades que no tienen la condición de temporales; por lo que, la Entidad Local demandada actúa de manera consciente y con conocimiento de que se está cometiendo una irregularidad en la contratación, por lo que debe tener su actuación las consecuencias previstas en el artículo 6.4 y 7.2 del Código Civil. Según la apelante, es evidente que estamos ante un supuesto en el que no existe una contratación temporal válida, y existen elementos suficientes para afirmar que se ha desnaturalizado la causa de temporalidad del nombramiento de la interesada, y por lo tanto, para apreciar la existencia de fraude o abuso en la relación funcionarial que mantiene con el Ayuntamiento de Murcia, y para el caso de que así sea considerado por la Sala, la consecuencia debe ser la de la transformación de una relación temporal abusiva en una relación fija, por ser la medida más acorde y equilibrada para dar cumplimiento a los fines de la Directiva comunitaria y así dar la debida protección a los empleados públicos víctimas del abuso.
Por último, y para el caso de ser estimadas las anteriores argumentaciones, reitera que procede que su relación temporal se transforme en una relación fija. Invoca la normativa y jurisprudencia que considera de aplicación y alega que la convocatoria de la Oferta de empleo público extraordinaria de estabilización del año 2015 en la que está incluida la plaza de la apelante no es una medida adecuada para sancionar el abuso producido, pues, así se establece en la doctrina sentada por la propia sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020, en cuyos apartados 97 a 101 expresamente indica que esta medida no se ajusta a la Directiva 1999/70, ni para prevenir la utilización abusiva de las sucesivas relaciones de servicio de duración determinada,- pues su convocatoria dependería de la arbitrariedad del empleador causante del abuso-, ni para sancionar estos abusos y eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión, ya que su aplicación ni tiene efecto negativo para el empleador (apartado 97), ni supone una compensación para las víctimas del abuso, en la medida en que el resultado de los mismos es incierto, al estar tales procesos selectivos abiertos a otros candidatos que no han sido víctimas del abuso, que pudieran participar en el mismo. Luego la circunstancia de que la plaza que ocupa la recurrente haya sido incluida en la Oferta de Empleo Público del 2015 para su futura provisión, no reuniría las notas de proporcionada, efectiva y disuasoria, que exige la jurisprudencia, por lo que no puede ser considerada como una medida sancionadora que cumpla con los requisitos de la cláusula 5 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70, según ha sido interpretada por el TJUE.
Por todo ello, solicita que se revoque la sentencia apelada y se dicte una por la que, estimando el recurso contencioso-administrativo, se declare nula y no conforme a derecho la resolución recurrida, y se condene a la Administración demandada a:
'- Nombrar Funcionaria de carrera a mi representada, en la plaza que actualmente figura como funcionaria interina;
- Con carácter subsidiario, y para el caso de que no sea nombrada con el mismo nombre de funcionaria de carrera, sea nombrada con otro nombre, pero siempre equiparable a los funcionarios de carrera, con la misma fijeza y las mismas e idénticas condiciones que aquellos;
- Y solamente para el supuesto de ser rechazadas las dos anteriores pretensiones, el reconocimiento del derecho a su puesto de trabajo y, por ende, se le considere propietaria del puesto que vienen ocupando en el Ayuntamiento.
En cualquiera de los tres casos, además, el derecho a una indemnización por daños morales, en los términos expuestos y solicitados en el Hecho Octavo del escrito de demanda'.
La representación procesal del Ayuntamiento de Murcia se opone al recurso de apelación, solicitando la confirmación de la sentencia apelada por sus propios fundamentos. Añade que esta Sala ya se ha pronunciado sobre las cuestiones debatidas, en tres sentencias de su Pleno, descartando la aplicación de la cláusula 5 del Acuerdo Marco cuando hay una sola relación de trabajo, como sucede en este caso.
Ciertamente, esta Sala se ha pronunciado ya en varias sentencias sobre la cuestión que nos ocupa. Así, en sentencia, entre otras, de su Pleno, nº 193/2021, de 7 de mayo, se razona lo siguiente:
La sentencia apelada razona que no es de aplicación esta Cláusula 5 en el caso enjuiciado, pues la demandante tuvo solo un nombramiento para un puesto de trabajo en régimen de interinidad, no varios sucesivos, y cita la jurisprudencia de aplicación.
La parte apelante discrepa de esta consideración, e invoca la sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020, dictada en los asuntos acumulados C-103/18 y C-429/18, en los que se daba respuesta a dos cuestiones prejudiciales planteadas por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo nº 8 y el nº 14 de Madrid, respectivamente.
En la primera de ellas se interesaba que por el TJUE se precisara el concepto de 'sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada'. La sentencia argumenta lo siguiente:
Como se razona en esta sentencia,
Así, en sentencia de su Sala Tercera, Sección Cuarta, de 28 de mayo de 2020, Rec. 5801/2017, examina el supuesto de un funcionario interino que había sido nombrado por la Administración de la Junta de Galicia, con la categoría de auxiliar administrativo, especificando el acto de nombramiento que desempeñaría una plaza vacante hasta que fuera cubierta por funcionario de carrera. Y, efectivamente, el funcionario interino cesó cuando se produjo esa circunstancia, solicitando una indemnización por cese equivalente a veinte días de salario por año de servicio, referida al período en que desempeñó interinamente el puesto de trabajo.
El recurso de casación formulado por la Administración gallega fue admitido por la Sección Primera de la Sala Tercera, fijando en el auto de 5 de marzo de 2018 la cuestión que presentaba interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia:
Añade el Alto Tribunal:
Igual criterio se mantiene en la sentencia de la Sala Tercera, Sección Cuarta, de 24 de septiembre de 2020, en la que la cuestión que presentaba interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia era
En este caso la situación fáctica era la misma: la interesada fue nombrada personal interino ocupando el puesto de trabajo durante más de seis años continuados hasta que la plaza fue cubierta por personal titular. Y se fija nuevamente como doctrina que
Igual doctrina se establece en la sentencia de la misma Sala y Sección del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2020, Rec. 1868/2018. El interés casacional objetivo consistía, según el auto de admisión de 10 de diciembre de 2018, en la siguiente cuestión:
"(...) si a tenor de las recientes sentencias de esta Sala de fechas 26 de septiembre de 2018 (recursos de casación 785/2017 y 1305/2017), puede considerarse que se ha producido una utilización abusiva de los nombramientos del personal estatutario interino de los servicios de salud y, en el caso de constatarse tal utilización abusiva, cuales son las consecuencias que se derivan de la misma".
En este caso el supuesto de hecho era igualmente un único nombramiento como personal estatutario interino en un puesto -médico o de enfermería- en el que se cesaba por los interesados tras la resolución de una convocatoria. Se reitera por el Alto Tribunal que
Cabe citar por último, con idéntica doctrina, la de la misma Sala y Sección de 23 de noviembre de 2020, Rec. 5347/2018.
Claramente se refiere la sentencia invocada por la apelante a 'varios nombramientos', lo que no concurre en el caso enjuiciado, en el que hubo un solo nombramiento en el que se hacía constar expresamente que estaría limitado 'a la fecha de toma de posesión de quien resulte nombrado en propiedad la plaza vacante o reingreso al puesto del titular del mismo'.
Tampoco se ha producido el supuesto contemplado en la sentencia del TJUE de 11 de febrero de 2021 C-760/2018. Este asunto tiene por objeto una decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Monomeles Protodikeio Lasithiou (Juzgado de Primera Instancia de Lasithi, Grecia), sobre la interpretación de la cláusula 5, apartado 2, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, en el contexto de un litigio entre M. V. y otros trabajadores, por una parte, y su empresario, el Organismo Topikis Aftodioikisis (OTA) «Dimos Agiou Nikolaou» (Entidad Territorial Municipal de Agios Nikolaos), Grecia, por otra, en relación con la calificación de sus relaciones laborales por tiempo indefinido como empleados del servicio de limpieza de dicho municipio. Se trataba de personas contratadas por el Ayuntamiento de Agios Nikolaos, en sus servicios de limpieza, mediante contratos de trabajo de duración determinada, regidos por el Derecho privado, para ocupar puestos a tiempo completo, a cambio de una retribución mensual fijada con arreglo a los criterios establecidos legalmente. Inicialmente fueron celebrados por una duración de ocho meses, estos contratos fueron renovados hasta el 31 de diciembre de 2017, con efecto retroactivo y sin interrupción, mediante diferentes intervenciones legislativas, que el órgano jurisdiccional remitente enumeró en los apartados 15 a 22 de su petición de decisión prejudicial. La duración total respectiva de tales contratos oscilaba entre 24 y 29 meses. Finalmente, el Ayuntamiento de Agios Nikolaos resolvió dichos contratos en la fecha antes mencionada
La prórroga o renovación de los contratos derivaba de actos legislativos emanados del Parlamento griego, que de forma detallada se exponen en la sentencia. En cualquier caso, había una prórroga o renovación de contratos, no uno solo.
De lo anterior se desprende que el criterio fijado por el TJUE en esta sentencia tampoco es de aplicación al caso enjuiciado. Así, la misma se refiere a trabajadores, no a funcionarios interinos, y su contratación tenía una duración determinada, prorrogándose sucesivamente, lo que puede considerarse como varios nombramientos, tantos como prórrogas producidas por disposiciones nacionales. En el nombramiento de la apelante la duración venía determinada, aun cuando no se fijara plazo o período de duración, pues comprendía como fecha inicial la del nombramiento y como final la de la cobertura de la vacante por funcionario titular o nombrado en propiedad. Nunca se renovó ni prorrogó el contrato, y la apelante continúa desempeñándolo. No consta ningún cese ni nuevo nombramiento con dicho carácter, y no puede entenderse, como pretende la parte, que hay nombramientos implícitos cada año, ni que se renueve sucesiva o automáticamente el nombramiento. No sólo nada consta que permita llegar a tal conclusión, sino que la propia duración determinada del contrato, según hemos expuesto, excluye cualquier supuesto de prórroga automática o renovación. La duración podía ser de meses o de años, en este caso ha sido de años y continúa siéndolo.
Por tanto, y centrándonos en la exigencia de varios nombramientos, siguiendo la doctrina del TJUE y del Tribunal Supremo, hemos de concluir que no es de aplicación a la recurrente la Cláusula 5 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70 CE, en el que se basaba su reclamación.
Ahora bien, como hemos señalado, no procede resolver si esa situación en el caso concreto sería constitutiva de abuso, pues como examina la sentencia apelada y hemos razonado, la interesada consideró que le era de aplicación la cláusula 5, apartado 2, del Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999 que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999. Requisito necesario para ello, según la reiterada doctrina del Tribunal Supremo, es la existencia de varios o sucesivos nombramientos, y la actora solo ha sido nombrada en una ocasión como funcionaria interina, y ha estado desempeñando el puesto -y continúa haciéndolo- sin interrupciones ni suspensiones, y su relación jurídico-laboral se ha mantenido inalterada en régimen de interinidad durante más de 15 años. Dicho de otro modo, no hay temporalidad en la contratación a través de distintos nombramientos, por ello no puede accederse a la pretensión de la recurrente de que se la indemnice en alguna de las formas en que el Tribunal Supremo ha determinado para aquellos casos en que sí hay nombramientos sucesivos y fraude de ley, por tratar de cubrir con nombramientos temporales la falta de funcionarios titulares por no haber convocado la Administración los procesos selectivos correspondientes.
En cuanto a las alegaciones de la recurrente de haber sido objeto de abuso en la contratación al haber estado desempeñando su puesto con carácter interino del que, según entiende, la Administración hace frecuente uso, cabe recordar lo ya expuesto, y es que ha tenido un único nombramiento por lo que reiteramos que en su caso no puede entenderse que haya una situación de abuso. Y, respecto a la vulneración de los principios de mérito y capacidad, podrían plantearlo también aquellas personas que, estando en condiciones de acceder a esos procesos selectivos, se han visto impedidos de hacerlo por no ser convocados. No consta tampoco que la recurrente interesara de la Administración demandada que procediera a cubrir la vacante a través de los procedimientos legalmente previstos para el acceso a la función pública. El fundamento de su reclamación se centró en la aplicación de la citada Cláusula 5 del Acuerdo Marco, y la respuesta a esta cuestión es la que ya hemos dado en los anteriores razonamientos.
Por último, cabe destacar que la Sección Segunda de esta Sala ya se ha pronunciado en sentido desestimatorio en supuestos coincidentes con el aquí enjuiciado en sus sentencias nº 100/2021, de 3 de febrero ( AP 265/2020) y 101/2021 de la misma fecha (AP 266/2020) y en sentencia nº 105/2021, de 3 de marzo ( AP 242/20)".
En atención a todo lo expuesto,
Fallo
La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo previsto en el artículo 86.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, siempre y cuando el asunto presente interés casacional según lo dispuesto en el artículo 88 de la citada ley. El mencionado recurso de casación se preparará ante esta Sala en el plazo de los 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia y en la forma señalada en el artículo 89.2 de la LJCA.
En el caso previsto en el artículo 86.3 podrá interponerse recurso de casación ante la Sección correspondiente de esta Sala.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Voto
LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, LA MAGISTRADA ILMA. SRA. DOÑA MARIA ESPERANZA SANCHEZ DE LA VEGA, A LA SENTENCIA DICTADA ">EN EL ROLLO DE APELACION Nº 240/2021, POR DISENTIR DEL VOTO DE LA MAYORIA
Desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª Adelaida, contra el Decreto de fecha 25 de junio de 2019 del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, que desestimo la solicitud de la recurrente de reconocimiento de fijeza que, en lo aquí discutido, se considera ajustada a Derecho.
No se hace expresa imposición de costas procesales.
El juzgador de instancia parte de que la cláusula 5 del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/CE le es aplicable a la recurrente. Pero dice que no se aplica a los trabajadores que han celebrado un primer o único contrato de trabajo de duración determinada, ni siquiera cuando se utiliza para cubrir necesidades permanentes. Dice que así lo dice de forma expresa la STJUE de 22 de enero de 2020, C-177/2018, que transcribe parcialmente, y la STS de 28 de mayo de 2020, recurso 5801/2017, que también recoge en parte. Por ello, concluye que la cláusula 5 no le sería de aplicación a la recurrente, ya que solo consta un nombramiento de interinidad por vacante.
En cuanto a si hay abuso o fraude en ese único nombramiento, dice que no, ya que toda plaza vacante es una plaza estructural; que no estamos ante una sucesión de contratos temporales, sino ante un único nombramiento para ocupar una vacante. Que la plaza se convoca dentro de plazo y que la OEP de 2015 no caducó.
Termina diciendo que no siendo de aplicación la cláusula 5 analizada y la jurisprudencia del TJUE relativa a ella, ni habiéndose apreciado el fraude en la contratación, procede desestimar la demanda sin necesidad de entrar a resolver sobre el resto de cuestiones planteadas al no concurrir la premisa esencial de la que parte el argumento jurídico de la recurrente.
En el recurso de apelación se alega:
-Dice que hay error en la interpretación de la Directiva Comunitaria cuando en el Fundamento de Derecho Cuarto se dice que no le es aplicable a la actora la cláusula 5 y la jurisprudencia que la desarrolla, porque solo consta un nombramiento de interinidad por vacante; dice que esto es incorrecto, conforme al apartado 61 de la sentencia de 19 de marzo de 2020 del TJUE, que transcribe, citando también el 63 y 64; concluye en este punto que un empleado público temporal de un único contrato o nombramiento también estará en abuso de la temporalidad ya que su relación se ha renovado implícitamente 'de año en año' cuando se incumple por parte del empleador, la obligación legal de organizar en plazo el proceso selectivo.
-Dice que el abuso se ha producido desde el primer momento, al no existir una contratación temporal valida, ya que no consta las razones de necesidad y urgencia del mismo. Dice que la recurrente, como funcionaria interina de Auxiliar de Bibliotecas, está en el Servicio de Bibliotecas, en el mismo puesto de trabajo, desde enero de 2015, en virtud de nombramiento producido el 16 de diciembre de 2014. Que se justificaba el nombramiento por la urgente necesidad de cubrir 21 puestos vacantes con la categoría de Auxiliar de Bibliotecas. Dice también que el objeto de la convocatoria de concurso-oposición es la creación de una lista de espera para proveer, mediante interinidad, plazas de Auxiliar de Bibliotecas; y añade que, una vez desarrollado el proceso selectivo, de repente aparecen 21 puestos vacantes con la categoría de Auxiliar de Bibliotecas. Que no consta que el Ayto. asumió la gestión directa de la red municipal de bibliotecas, por lo que no se sabe porque lo pone el Magistrado en su sentencia. Que la plaza vacante realmente no existía. Dice que se ha desnaturalizado la causa de temporalidad del nombramiento.
-Que hay una utilización abusiva de la contratación temporal, en tanto que se prolonga el vínculo funcionarial más allá del tiempo legalmente previsto.
-Considera también que la consecuencia de la situación expuesta ha de ser la de la transformación de una relación temporal abusiva en una relación fija, por ser la más acorde para dar cumplimiento a los fines de la Directiva comunitaria, y dar la debida protección a los empleados públicos víctimas del abuso
Dice que, la relación administrativa de la recurrente con el Ayto, de Murcia continua en vigor, y lo único que ha pretendido la actora con la reclamación al Ayto., es hacer valer el derecho a la estabilidad en el empleo.
Dice que el juzgador se equivoca al aludir a una sentencia del TS que se refiere a situaciones distintas de esta, pues en la citada sentencia se trataba de casos en que el empleado público había cesado y frente al cese reclamaba la nulidad o anulabilidad del cese y la readmisión o el mantenimiento en el mismo puesto que venía ocupando.
Añade que está acreditado que al puesto accedió en un proceso selectivo, del que paso a formar parte de una lista y posteriormente, según el orden de esta, fue elegida para su nombramiento como funcionaria interina. Por tanto, supero un proceso selectivo, con pleno respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y libre concurrencia para ser nombrada como funcionaria interina.
Concluye solicitando que se revoque la sentencia de instancia, y en su lugar se dicte otra por la que, estimando el recurso contencioso administrativo, declare nula y no conforme a derecho la resolución impugnada y se reconozca a la recurrente el derecho a la condición de empleada publica fija del Excmo. Ayto. de Murcia y, en consecuencia, se condene a la Administración demandada a:
-Nombrar Funcionaria de carrera a la recurrente, en la plaza que actualmente figura como funcionaria interina;
-Con carácter subsidiario, y para el caso de que no sea nombrada con el mismo nombre de funcionaria de carrera, sea nombrada con otro nombre, pero siempre equiparable a los funcionarios de carrera, con la misma fijeza y las mismas e idénticas condiciones que aquellos;
-Y solamente para el supuesto de ser rechazadas las dos anteriores pretensiones, el reconocimiento del derecho a su puesto de trabajo y, por ende, se le considere propietaria del puesto que viene ocupando en el Ayuntamiento.
-En cualquiera de los tres casos, además, el derecho a una indemnización por daños morales, en los términos expuestos y solicitados en el Hecho Octavo del escrito de demanda
La parte apelada en su escrito de oposición al recurso de apelación solicita la confirmación de la sentencia recurrida por sus propios argumentos. Insiste en que no cabe la aplicación de la Directiva. E igualmente en la inexistencia de fraude o abuso. Y dice que, en modo alguno procede declarar la fijeza para la recurrente, pues está pidiendo que se le declare funcionario de carrera sin haber superado los procesos selectivos requeridos al efecto. Además, dice que su pretensión menoscaba el derecho de otros ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad al empleo público.
Se alegaba la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999, y concretamente, el Acuerdo Marco de la CES, UNICE y CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada, que obliga a los estados miembros a establecer medidas para prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de relaciones laborales de duración determinada.
Pues bien, la cuestión relativa a la forma en la que debe ser aplicada dicha normativa comunitaria y cómo deben ser resueltos los posibles conflictos que pudieran derivarse de la confrontación de la misma con el derecho interno de cada uno de los estados miembros, encuentra cumplida respuesta en los
Así, es en la Sentencia TJUE de 5 de febrero de 1963, dictada en el Asunto 26/62 Van Gend & Loos en la que por primera vez se hizo referencia al
A su vez, la Sentencia TJUE de 15 de junio de 1964, dictada en el Asunto 6/64 Costa-ENEL, vino a consagrar el
En cumplimiento y ejecución de esta doctrina, nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia 145/2012 de 2 de julio, expresamente indica que: '
De lo anteriormente expuesto, y de la jurisprudencia de TJUE dictada al respecto, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
-En primer lugar, que el efecto directo y la primacía del Derecho Comunitario implican, tanto la obligación del legislador de adoptar todas las disposiciones necesarias para que surta pleno efecto el Derecho Comunitario, como la del juez nacional de inaplicar aquellas normas internas que resulten incompatibles con el mismo, como señala la Sentencia TJUE de 22 de junio de 1989, Asunto C-11/91;
-En segundo lugar, que el principio de primacía del Derecho Comunitario sobre el Derecho Interno se impone incluso cuando la contradicción se verifica con normas constitucionales internas, prevaleciendo la disposición comunitaria sobre la disposición constitucional -así se indica en la Sentencia TJUE de 23 de febrero de 2013 Asunto C- 399/211-;
-En tercer lugar, que las Sentencias dictadas por el TJUE en respuesta a un reenvío prejudicial, tienen carácter vinculante al tener autoridad de
-Finalmente que es competencia de las autoridades administrativas o judiciales nacionales la de aplicar directamente el Derecho de la Unión, no estando vinculadas por los pronunciamientos de órganos jurisdiccionales superiores - ni siquiera del Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional-, cuando se trata de aplicar el mismo, ya que únicamente están vinculados por las Sentencias del TJUE de acuerdo con lo prevenido en el artículo 4 bis de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, como se indica en la Sentencia TJUE de 15 de enero de 2013 Asunto C-415/10.
Por lo tanto, se debe concluir que es procedente resolver la cuestión controvertida aplicando de manera inmediata el contenido de la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo temporal, dejando incluso, si procediere, inaplicada cualesquiera disposición nacional que se opusiera a la misma, siendo función de los juzgados y tribunales nacionales,- y por ende, de la que suscribe-, la de garantizar la plena efectividad de la Directiva y la de alcanzar en este caso concreto, una solución conforme con el objetivo perseguido por la misma, en cumplimiento de la doctrina sentada al efecto por el TJUE (sentencia de 4 de julio de 2006, y más recientemente, en la sentencia de 19 de marzo de 2020, Asuntos C-103/2018 y C- 429/2018).
Pues bien, la citada Directiva concibe el
Estamos así ante una normativa comunitaria que viene a proclamar el principio de igualdad de trato y no discriminación en la prestación de servicios, cuya finalidad es la de establecer límites a la utilización sucesiva de contratos duración determinada, ordenando, de un lado la adopción de
Es la propia Cláusula 5 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva Comunitaria 1999/70/CEE del Consejo de 28 de junio de 1999, la que bajo la rúbrica '
Cierto es que si bien el Derecho de la Unión establece la obligación de que los Estados Miembros adopten medidas
Tras lo expuesto se puede deducir de forma clara que el hecho de que el Estado español no haya aprobado las medidas legislativas pertinentes para ajustar la normativa interna a la Directiva 1999/70/CE, no libera a la Administración empleadora - y por ende a los tribunales-, de la obligación de garantizar la consecución de los objetivos de la Directiva, ni de la obligación de sancionar el abuso y de eliminar las consecuencias de la infracción de la normativa comunitaria, en caso de quedar el mismo acreditado.
Dicha conclusión se encuentra avalada, en primer lugar, por el
Así, el referido Auto, dispone que:
De dicho Auto parcialmente transcrito se puede extraer la conclusión clara de que, si la Legislación de un Estado miembro, como es España, no ha fijado una medida sancionadora para acabar con la precarización de los trabajadores del sector público, procede la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija, sin que pueda invocarse por las autoridades nacionales la normativa interna que sólo en el sector público prohíbe esta conversión, ya que para que opere una prohibición de este tipo, es necesario que la Legislación nacional prevea en este sector público- y la legislación española no la prevé- otra medida efectiva para sancionar la utilización abusiva de contratos temporales.
Refrenda esta línea jurisprudencial acuñada por el TJUE, su sentencia de fecha 11 de febrero de 2021 ( Asunto c-760/18), en la que nuevamente se reitera , de un lado la competencia de los Tribunales Nacionales para comprobar si en la legislación nacional existen medidas efectivas o disuasorias que garanticen el cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE, y de otro lado que, en el supuesto de que tales medidas no existan, es posible la conversión de los contratos de trabajo temporales en indefinidos/fijos pese a que la Constitución prohíba de modo absoluto tal conversión en el sector público (como establecía la Constitución Griega), debiendo dejar inaplicados tales preceptos constitucionales (apartado 75).
En este momento hay que poner de manifiesto, que ha sido la sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020 (Asuntos C-103/18 y C-429/18), la que ha acabado con el argumento tradicionalmente empleado por las autoridades españolas, que negaban la existencia de abusos en nuestro país, argumentando que los nombramientos del personal temporal en el sector público estaban amparados por la normativa nacional, especialmente por el EBEP.
La citada sentencia en sus apartados 71 y 75 deja claro que los abusos contrarios a la Directiva 1999/70/CE se producen cuando se destina a empleados públicos temporales a atender necesidades que, de hecho, no son provisionales, esporádicas, puntuales, excepcionales o coyunturales, sino que son ordinarias, estables y permanentes, cubriendo el empleador con personal temporal sus necesidades estructurales en materia de personal, al no disponer de suficientes funcionarios fijos o de carrera.
Además, para determinar cuándo concurre dicho abuso, la propia sentencia en su apartado 79 fija una serie de parámetros a valorar en cada caso concreto, tales como: el número de años consecutivos prestando servicios en la Administración empleadora realizando tareas propias de la actividad normal del personal fijo; porcentaje elevado de empleados públicos temporales si constituyen un elemento esencial para el funcionamiento del sector; la inexistencia real de límites máximos de duración de los contratos temporales, o el incumplimiento por parte de la Administración empleadora de proveer las plazas servidas por personal temporal con personal fijo o de carrera, convocando los correspondientes procesos selectivos.
Sentadas las anteriores premisas, corresponde analizar la situación concreta en que se encuentra la recurrente, hoy apelante.
-Consta acreditado en las actuaciones que Dª Adelaida, viene desempeñando funciones como funcionaria interina del Excmo. Ayuntamiento de Murcia desde el año 2015 (nombramiento de 16 de diciembre de 2014), como Auxiliar de Bibliotecas.
El acceso a dicho puesto fue a través de un proceso selectivo, concurso-oposición para la creación de una lista de espera.
Du rante este tiempo, la recurrente ha venido desempeñando sus funciones de forma continuada y constante en el mismo puesto de trabajo. Sus funciones son ejecutar actividades de biblioteca, atendiendo y suministrando material bibliográfico e información al usuario. Actualmente según su nómina, el puesto viene denominado 'Auxiliar (515) (28) Biblioteca', adscrito al servicio de Bibliotecas.
Co nsta informe del propio Ayuntamiento, referido a fecha de 2017, conforme al cual, el personal del mismo con carácter interino es del 33,31%.
Si se lleva a cabo una aplicación de los parámetros apuntados por la Sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020 (Asuntos C-103/18 y C-429/2018) en su apartado 79, para determinar cuándo
-En primer lugar, respecto al parámetro '
-En segundo lugar, respecto al parámetro
-En tercer lugar, el parámetro de '
De manera que, teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, cabe concluir que, en el caso de la apelante, nos encontramos ante un evidente
Y dado que, como anteriormente se ha indicado, la invocada Clausula 5ª del Acuerdo Marco anexo a la Directiva Comunitaria 1999/70/CEE del Consejo de 28 de junio de 1999, bajo la rúbrica '
Así, seguidamente procederé a analizar las diferentes sanciones que pudieran imponerse por la contratación abusiva constatada, a fin de dar así cumplimiento a los fines perseguidos por la Directiva Comunitaria.
-La primera medida a adoptar para sancionar la conducta del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, podría ser la de
Hay que poner de manifiesto además, que en el concreto caso que nos ocupa, la selección de la funcionaria interina recurrente se realizó respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito, publicidad y libre concurrencia, dado que, de un lado, la citada funcionaria reúne los mismos requisitos generales de titulación y resto de condiciones exigidas a los funcionarios de carrera para ocupar las plazas vacantes, y de otro lado, que los mismos proceden de una bolsa que se constituyó
'
Hay que señalar, llegados a este punto que, obligar a la apelante a someterse a un nuevo proceso selectivo o de estabilización para adquirir la condición de funcionario fijo de carrera para ocupar el mismo puesto de trabajo que viene desempeñando durante tantos años, -cuando, como hemos dicho, ya superó un proceso de selección-, ni sería una sanción para la Administración, ni tutelaría los derechos e intereses de los trabajadores, por las razones anteriormente expuestas.
-La segunda solución que aborda esta Sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020 es la de la transformación de los empleados públicos que hayan sido nombrados de manera abusiva en el marco de sucesivas relaciones de servicio de duración determinada, en
En respaldo de este argumento, el Auto del TJUE de 11 de diciembre de 2014 (Asunto C-84/14) expresamente indica que: '
A mayor abundamiento, reiterar nuevamente, que la hoy apelante, para acceder a la condición de funcionario temporal, supero un proceso selectivo- del que trae causa la bolsa de trabajo constituida-, siéndole a este supuesto de plena aplicación la doctrina anteriormente expuesta, contenida en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 28 de junio de 2018.
-Conforme a la Sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020, la tercera medida acordar sería la de conceder
Hay que señalar que, ninguno de estos requisitos concurre en el supuesto de Autos. En primer lugar, por cuanto que nuestro Ordenamiento Jurídico no prevé ni establece indemnización alguna a favor de los empleados públicos en caso de abuso en la temporalidad sucesiva, a excepción de las previstas en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores para el caso de despidos de personal laboral privado. Respecto a la misma, ya se ha pronunciado el TJUE en su Sentencia de 21 de noviembre de 2018 (Asunto C- 936/2018) y de 22 de enero de 2020 (Asunto Baldonedo, apartados 61-63), en el sentido de indicar que la misma no constituye una medida legal equivalente en los términos que exige la Directiva, dado que la misma no tiene por objeto sancionar el abuso en la temporalidad, sino compensar la ruptura imprevista y brusca del vínculo laboral en un contrato indefinido.
Y en segundo lugar por cuanto que, esta indemnización tampoco sería
No puedo dejar de poner de manifiesto la circunstancia de que es un hecho notorio, que en España, ni existe una indemnización específicamente prevista para sancionar los abusos incompatibles con la Directiva, ni tampoco existe ninguna norma que permita multar a las autoridades o administraciones empleadoras responsables de estos abusos, de modo que establecer una indemnización que fuera lo suficientemente
De manera que, entiendo, que la medida sancionadora más acorde y equilibrada, para dar cumplimiento a los fines de la Directiva comunitaria -con la debida protección de los empleados públicos víctimas del abuso-, es el de la transformación de la relación temporal abusiva en una
Y se considera la más idónea por cuanto que, de esta manera, se garantiza definitivamente el derecho a la estabilidad en el empleo- como componente primordial de protección de los trabajadores- y se evita la precariedad de los funcionarios; se sanciona efectivamente a la Administración por su comportamiento abusivo, eliminando así tal situación; se disuade a la Administración de que siga abusando de la contratación temporal forzándola a que convoque procesos selectivos con la periodicidad necesaria para proveer las plazas vacantes, y se compensa adecuadamente a los funcionarios temporales a través de esta sanción proporcionada.
Y hay que aclarar y matizar en este punto concreto que, con el establecimiento de esta solución, no se trata de crear una nueva forma de acceso a la función pública, puesto que esta tarea compete al legislador, que es quien deberá adecuar el ordenamiento jurídico interno a las exigencias que vengan impuestas por la normativa supranacional / comunitaria para evitar, en adelante, el abuso de la temporalidad. La función que se atribuye a los Tribunales Nacionales, es la de sancionar a la Administración por las concretas situaciones de abuso en la que puedan encontrarse determinados funcionarios interinos, -como es el caso de los hoy recurrentes-, ejerciendo la competencia expresamente atribuida al efecto por el TJUE, que es el que ha habilitado a los jueces nacionales para que, constatada la existencia del abuso, puedan reconocer a tales funcionarios interinos la fijeza, pese a que el ordenamiento jurídico interno no lo prevea.
Pues bien, considero que no existe vulneración de dicha normativa, sobre la base de los siguientes argumentos:
-En primer lugar, por cuanto que la funcionaria hoy recurrente para acceder a la condición de personal interino/laboral ha superado un proceso selectivo con pleno respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad libre concurrencia accediendo a las bolsas de personal por oposición por concurso de méritos, debiendo recordar, como indica el Tribunal Constitucional en sus sentencias 281/1993 y 107/2003 que
-En segundo lugar, por cuanto que la solución jurídica adoptada no va a implicar la transformación de los funcionarios interinos en funcionarios de carrera, sino que la fijeza se va a materializar en el reconocimiento del derecho de la funcionaria recurrente a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeña con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera comparables, sin adquirir la condición de funcionario de carrera.
-En tercer lugar por cuanto que, si bien es cierto que la Sentencia TJUE de19 de marzo de 2020 indicaba que '
Hay que traer aquí a colación, que los últimos pronunciamientos del TJUE (Auto
Recientemente el TJUE se ha vuelto a pronunciar sobre esta cuestión. Concretamente en Sentencia de fecha 3 de junio de 2021, en el asunto C-726/19, en el que resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el TSJ de Madrid. En esta sentencia se reiteran los argumentos ya expuestos anteriormente, para finalmente declarar lo siguiente:
'1) La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia nacional, que, por un lado, permite, a la espera de la finalización de los procesos selectivos iniciados para cubrir definitivamente las plazas vacantes de trabajadores en el sector público, la renovación de contratos de duración determinada, sin indicar un plazo preciso de finalización de dichos procesos, y, por otro lado, prohíbe tanto la asimilación de esos trabajadores a 'trabajadores indefinidos no fijos' como la concesión de una indemnización a esos mismos trabajadores. En efecto, esta normativa nacional, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, no parece incluir ninguna medida destinada a prevenir y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos d duración determinada.
2) La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999770, debe interpretarse en el sentido de que consideraciones puramente económicas, relacionadas con la crisis económica de 2008, no pueden justificar la inexistencia, en el Derecho nacional, de medidas destinadas a prevenir y sancionar la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada.'
Y entrando a conocer del fondo del asunto, lo que procedería es estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la recurrente, contra el Decreto de fecha 25 de junio de 2019, que desestimo la solicitud de la recurrente de que se le nombrara funcionaria de carrera o subsidiariamente ser nombrada con otro nombre pero siempre equiparable a los funcionarios de carrera, con la misma fijeza y las mismas e idénticas condiciones que aquellos; y para el supuesto de ser rechazadas esas peticiones, se le considere propietaria de la plaza que ocupa en el Ayuntamiento, y que en cualquier caso, se le indemnice por daños morales por el abuso de una relación temporal abusiva, anulando dicho acto administrativo por no ser conforme a Derecho, reconociendo como situación jurídica individualizada, el derecho de la recurrente a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeña con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera.
Sin hacer imposición de las costas en ninguna de las dos instancias procesales.
Dado en Murcia en la misma fecha de la sentencia de la que se discrepa.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.