Sentencia Administrativo Nº 498/2015, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 549/2014 de 24 de Noviembre de 2015

Encabezamiento

Recurso ordinario nº 549/2014

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN 4ª

SENTENCIA Nº 498/15

Iltmos. Sres:

Presidente

D. JOSE MARTINEZ ARENAS SANTOS.

Magistrados

D. MIGUEL ANGEL OLARTE MADERO.

Dª BEGOÑA GARCÍA MELÉNDEZ.

En Valencia a veinticinco de noviembre de dos mil quince.

VISTOpor la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el recurso contencioso-administrativo nº 549/2014, interpuesto por la GENERALIDAD VALENCIANA contra los Acuerdos del Tribunal Económico Administrativo regional de la comunidad valenciana de fecha 29 de abril de 2014 por la que se estiman las reclamaciones interpuestas por D. Genaro Y Dª Ascension contras las liquidaciones del Impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados nº NUM000 y NUM001 por la cesión de bienes a cambio de rentas vitalicias, habiendo sido parte en autos como parte demandada el Tribunal Económico Administrativo regional de la comunidad valenciana asistida y representada por el Abogado del Estado y compareciendo como parte codemandada D. Genaro Y Dª Ascension representados por el Procurador D. JULIO JUST VILAPLANA.-

Ha sido Ponente la Magistrada Doña BEGOÑA GARCÍA MELÉNDEZ.

Antecedentes

PRIMERO.-Interpuesto el Recurso y seguidos los trámites previstos en la Ley, se emplazó a la parte demandante al objeto de que formalizara su escrito de demanda, lo que verificó en tiempo y forma, solicitando se dicte Sentencia por la que, con estimación de la presente demanda, declare la nulidad del Acuerdo impugnado y la adecuación a derecho y la procedencia de las liquidaciones tributarias practicadas por la Oficina Liquidadora de Nules.-

SEGUNDO.-Por la parte demandada y codemandada se contestó a la demanda solicitando la íntegra desestimación del recurso y la confirmación de las resoluciones objeto del mismo, por estimarlas ajustadas a derecho.

TERCERONo solicitándose el recibimiento del pleito a prueba y, tras el trámite de conclusiones, quedaron los autos pendientes de deliberación y fallo.

CUARTO.-Se señaló para la votación y fallo del presente Recurso el día VEINTICINCO DE NOVIEMBRE del presente año.

QUINTO-En la tramitación del presente Recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.-El objeto del presente recurso lo los Acuerdos del Tribunal Económico Administrativo regional de la comunidad valenciana de fecha 29 de abril de 2014 por la que se estiman las reclamaciones interpuestas por D. Genaro Y Dª Ascension contras las liquidaciones del Impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados nº NUM000 y NUM001 por la cesión de bienes a cambio de rentas vitalicias, habiendo sido parte en autos como parte demandada el Tribunal Económico Administrativo regional de la comunidad valenciana.-

El letrado de la Generalidad recurrente alega en defensa de su pretensión que no estaba prescrito el derecho de la administración puesto que el plazo de 4 años se interrumpe por la interposición de recursos o reclamaciones de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento del obligado tributario, etc., conforme al art. 68.1 de la Ley General Tributaria , que fue lo ocurrido en este caso.

Así, en el presente supuesto, se ha tramitado un procedimiento de gestión iniciado,mediante solicitud de los actores en fecha 12/1/2010.

Este procedimiento fue declarado caducado de oficio por la administración mediante resolución de 22/2/2013, iniciándose un nuevo procedimiento mediante Resolución dictada en la misma fecha , procede por tanto la revocación de la Resolución dictada por el TEAR de conformidad con el art. 68.1 c) de la LGT al quedar interrumpido el plazo de prescripción por las actuaciones de los sujetos pasivos conducentes a la liquidación de la deuda tributaria, en relación con el art. 68.6 del mismo texto legal .

NO obstante se señala por el letrado de la generalidad, con carácter subsidiario, que la prescripción afectaría únicamente al impuesto de sucesiones computando el plazo desde el otorgamiento de escritura notarial, el 14/12/2009 hasta la fecha en la que se inician las actuaciones liquidadoras el 22/2/2013, y sin que haya transcurrido el plazo de cuatro años previsto para poder conisderar que ha operado la prescripción.

El Abogado del Estado y la parte codemandada oponen a ello la conformidad a derecho de los actos recurridos por los propios fundamentos de los mismos.

SEGUNDO.- Consta en los autos que el fallecimiento del causante D Ricardo el 16 de diciembre de 2007, presentándose por sus herederos legales el 13 de junio de 2008, la declaración de bienes ante la Administración y, el 14 de diciembre de 2009, la escritura pública de aceptación de herencia, documentación oportuna con el fin de que por la Administración se practicara la autoliquidación, resultando que el plazo de caducidad del Impuesto de sucesiones iniciaba su devengo, el día siguiente al del fallecimiento los actores presentan el 12/1/2010 solicitud instando la realización de la liquidación que fue declarado caducado de oficio mediante resolución de 22/2/2013 e iniciándose en la misma fecha un nuevo procedimiento notificando, el 4/4/2013 la liquidación del Impuesto, resultando que el plazo ya había finalizado por lo que se produce la prescripción sin que concurra causa legal para su interrupción.

TERCERO.- Es doctrina del Tribunal Supremo [Sentencia de 4 de abril de 2.013 , por todas] que la duración por más de seis meses del procedimiento de ejecución desde que la Administración haya tenido conocimiento del fallo anulatorio de liquidación anterior, provoca la caducidad. Dicha doctrina se aplica tanto en el ámbito de los procedimientos de inspección, como de los de gestión.

La citada sentencia declaró lo siguiente: ' 'Planteada de esta suerte la cuestión, hay que insistir en la identidad fáctica sustancial existente entre los hechos fijados en la sentencia impugnada y en las sentencias invocadas de contraste. En todos los casos, estando en vigor la Ley General Tributaria 230/1963, se iniciaron unos procedimientos inspectores que finalizaron con unas liquidaciones tributarias.

Dichas liquidaciones tributarias fueron recurridas por las partes, inicialmente en vía económico administrativa y posteriormente en vía contencioso administrativa.

En ambos casos, el resultado de aquellos procedimientos fue que se anularon las liquidaciones, acordándose que se retrotrajeran los expedientes y se enviaran a la Administración Tributaria para que se reanudaran las actuaciones inspectoras, estando ya en vigor la nueva Ley 58/2003, y se volvieran a practicar nuevas liquidaciones. Procedió entonces la Inspección de Hacienda a ejecutar los fallos de las resoluciones judiciales que ordenaban la retroacción de las actuaciones inspectoras, resultando que dichos procedimientos duraron más de 6 meses desde el momento de la notificación de la recepción de las actuaciones por el órgano competente para ejecutar la resolución hasta el momento de la notificación de la liquidación que ponía fin al procedimiento de inspección.

Se trata, pues, tanto en el caso de la sentencia recurrida como en el de las sentencias invocadas como contradictorias, de un supuesto de hecho idéntico al que resulta de aplicación el artículo 150.5 de la nueva LGT : si el acto enjuiciado se produce en un procedimiento de ejecución seguido y resuelto bajo la vigencia de la LGT 58/2003 es de plena aplicación el art. 150.5 de la LGT , sin que el hecho de que se trate de la ejecución de la resolución de un procedimiento anterior desvirtúe ni su naturaleza ni las normas que rigen esa ejecución.

Dice así este precepto: Cuando una resolución judicial o económico-administrativa ordene la retroacción de las actuaciones inspectoras, éstas deberán finalizar en el período que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se refiere el apartado 1 de este artículo o en seis meses, si aquel período fuera inferior.

El citado plazo se computará desde la recepción del expediente por el órgano competente para ejecutar la resolución.

Como subraya la doctrina más solvente, la norma del primer párrafo del artículo 150.5resulta lógica, pues si una resolución judicial o administrativa anula la liquidación y ordena reponer actuaciones, o simplemente permite hacerlo, no tiene sentido que las nuevas actuaciones administrativas puedan agotar el plazo máximo de duración del procedimiento inspector, fijado desde la Ley 1/1998 en 12 meses. Lo lógico es que las nuevas actuaciones finalicen en el período que resta de dicho plazo y esto es precisamente lo que ordena el artículo 150.5 , si bien estableciendo que, como mínimo, la Agencia Tributaria dispone de seis meses para dictar la nueva liquidación, en sustitución de la anulada.

Como advierte la sentencia de 24 de junio de 2011 de esta Sala y Sección, el último apartado del artículo 150 de la Ley General Tributaria tiene un ámbito de aplicación muy claramente delimitado, pues se refiere a procedimientos inspectores en los que una resolución judicial o económico-administrativa decreta la retroacción de actuaciones, que de esta forma quedan sin completar.

Por ello, la Ley prevé que dichas actuaciones deberán finalizar en el período que reste desde el momento al que se produzca la retroacción, o en el de seis meses si aquél fuera inferior, computándose el plazo desde la recepción del expediente por el órgano competente para ejecutar la resolución.

Antes de la Ley 58/2003, General Tributaria, no se preveía esta situación, lo que dio lugar a soluciones dispares de los órganos jurisdiccionales, pues mientras algunos consideraron que la demora de la Administración en la continuación de las actuaciones inspectoras se consideraba interrupción injustificada de las mismas, anulando los efectos interruptivos de la prescripción, otros entendieron que este tipo de situaciones no eran propiamente actuaciones inspectoras y debían regirse por las normas de ejecución de las resoluciones administrativas o jurisdiccionales, solución ésta adoptada por las sentencias de esta Sala de 6 de junio de 2.003 y 30 de junio de 2.004 , esta última dictada en recurso de casación en interés de ley.

Sin embargo, en relación al alcance de las actuaciones inspectoras en fase de ejecución, la solución adoptada por la Ley General Tributaria de 2003 es la de considerar que cuando una resolución judicial o económico-administrativa ordena la retroacción de las actuaciones inspectoras, las de su ejecución han de calificarse como actuaciones inspectoras y no como meras actuaciones dictadas en ejecución, estando sujetas al plazo de conclusión fijado expresamente y cuyo incumplimiento determina las consecuencias que se indican.

Entendemos que el art. 150.5 de la LGT no sólo es aplicable cuando la liquidación se anula por razones formales sino también cuando se anula por razones de fondo, aunque un sector de la doctrina entienda que la orden de reposición de actuaciones con el fin de subsanar los vicios en que haya incurrido el procedimiento de inspección tributaria sometido a revisión sólo es posible dictarla cuando la anulación del acto recurrido lo haya sido con causa en defectos de forma advertidos en el proceder del órgano de inspección tributaria y siempre, además, que tales vicios en la forma hayan disminuido las posibilidades de defensa del contribuyente.

Aunque solo se tratase de sustituir la liquidación anulada por otra distinta, tal sustitución supone ya por sí misma una retroacción de actuaciones pues el acto de liquidación y su posterior notificación forman parte del procedimiento inspector pues ya no cabe afirmar que los procedimientos tributarios terminan con la resolución y que las actuaciones de notificación no son 'actuaciones inspectoras', tesis que se fundaba en una formalista diferenciación entre validez y eficacia de los actos administrativos.

El apartado 5 del art. 150 de la LGT debe ponerse en relación con el apartado 2del propio precepto:

La interrupción injustificada del procedimiento inspector por no realizar actuación alguna durante más de seis meses por causas no imputables al obligado tributario o el incumplimiento del plazo de duración de procedimiento al que se refiere el apartado 1 de este articulo no determinará la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación, pero producirá los siguientes efectos respecto a las obligaciones tributarias pendientes de liquidar.

a) No se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones inspectoras desarrolladas hasta la interrupción injustificada o durante el plazo señalado en el apartado 1 de este articulo.

En estos supuestos, se entenderá interrumpida la prescripción por la reanudación de actuaciones con conocimiento formal del interesado tras la interrupción injustificada o la realización de actuaciones con posterioridad a la finalización del plazo al que se refiere el apartado 1 de este articulo En ambas supuestos, el obligado tributario tendrá derecho a ser informado sobre los conceptos y períodos a que alcanzan las actuaciones que vayan a realizarse.

3. Dice la sentencia recurrida que en el caso de autos hay que concluir que se aplica la LGT [58/2003] pues el 13 de julio de 2006 se notifica el acuerdo que da de baja a las anteriores liquidaciones y se inician así nuevas actuaciones de comprobación e inspección, lo que se había acordado el 31 de mayo. Además, aparte de que así lo entendió la Inspección, esa reposición no se limitó a dictar un nuevo acuerdo de liquidación sino que se practicaron nuevos actos de comprobación e inspección. El 26 de diciembre de 2006 se le notificaron al recurrente los acuerdos de liquidación (F. de D. Décimo).

Se está, por tanto, ante unas actuaciones inspectoras bajo la modalidad de retroacción de actuaciones e incoadas bajo la vigencia del art. 150.5 LGT (F. de D. Duodécimo).

Lo dicho lleva a que a los actos de ejecución se les aplique el artículo 70.2.2º [sic] del Reglamento de Revisión , luego no forman parte del procedimiento del que procede el acto en su día impugnado, aquí el que finalizó con las liquidaciones de 4 de septiembre de 1996; y, por otro, las actuaciones inspectoras de ejecución de las que trae su causa las nuevas liquidaciones impugnadas como actos originarios, debieron concluirse no en el plazo de doce meses no se trata de una reposición total sino de seis meses (150.5 LGT ). Este plazo se cuenta ' desde la recepción del expediente por el órgano competente para ejecutar la resolución', no desde el que se notifica la orden de ejecución y se da de baja a la anterior liquidación (F. de D. Duodécimo).

En cuanto al momento en que la Inspección recibió el expediene, la actora ha aportado con la demanda (documento nº 3) copia del escrito que el TEAR remitió a la Inspección junto con 'los documentos referenciados en el asunto para dar cumplimiento al fallo' tanto del propio TEAR como de esta Sala. Este oficio tiene fecha de salida de 19 de mayo de 2006 y consta que la AEAT de Málaga lo recibió el 26 de mayo de 2006, luego desde esa fecha la AEAT estaba en condiciones de ejecutar la resolución del TEAR como lo prueba que el 31 siguiente la Inspectora Regional Adjunta dictase el acuerdo de reposición (documento nº 4 de la demanda). A partir de lo expuesto y como las liquidaciones se notificaron más allá de los seis meses el 26 de diciembre de 2006 se plantea si la consecuencia es la del art. 150. 2 a) LGT (F. de D. Decimocuarto).

Lo ordinario es que cuando se dicta la resolución o la sentencia se haya rebasado el plazo sustantivo de prescripción de la deuda tributaria, luego la retroacción de actuaciones ex art. 150.5 LGT acabará con un acto posterior al dies ad quem de tal plazo. Por tanto, de sobrepasarse el plazo procedimental del art. 150.5 LGT , para cohonestar esas previsiones con el artículo 150.2.a) en relación con el artículo 68.6 [sic] del Reglamento de Revisión , caben plantearse varias posibilidades. Una, como son nuevas actuaciones, que a partir de ese momento se compute un nuevo plazo de prescripción de cuatro años; dos, que por tratarse de actuaciones retrotraídas, se esté a las normas reguladoras del procedimiento originario, anterior a la Ley 1/1998, luego sin plazo de conclusión; y tres, que por ser actuaciones retrotraidas, la nueva liquidación tardía será válida si se dicta dentro del plazo que restaría para liquidar, tomando el plazo de prescripción originario (F. de D. Decimosexto).

La primera posibilidad se rechaza pues del artículo 150.5 no se deduce un nuevo procedimiento, sino unas actuaciones ciertamente distintas de las originarias pero que se desarrollan dentro de la lógica de una retroacción.

La segunda choca con la aplicación de la LGT y del Reglamento de revisión vigentes al tiempo de ordenarse la ejecución. La tercera es la que se sostiene y en este caso se parte de que el derecho de la Administración para liquidar era de cinco años así lo declaró la sentencia de la Sección Segunda, de 7 de julio de 2005 , luego hubiera prescrito el 1 de julio de 1997 y de 1998 para los ejercicios 1991 y 1992 respectivamente.

Como las liquidaciones originarias se dictaron el 4 de septiembre de 1996 no consta cuando se notificaron pero se impugnaron al parecer el 27 de septiembre siguiente restaban más de nueve meses para que prescribiese el ejercicio 1991 y más de un año y nueve meses para el ejercicio 1992. Por tanto, si los acuerdos de liquidación se notificaron el 26 de diciembre de 2006, aunque se tenga por enervado el efecto interruptivo originario, se habrían dictado todavía dentro del plazo sustantivo de prescripción que restaba (F. de D. Decimoséptimo).

4. La recurrente entiende que la sentencia recurrida, al inclinarse por el criterio de que la nueva liquidación será válida si se dicta dentro del plazo que restaría para liquidar, tomando el plazo de prescripción originaria, infringe la doctrina sentada por esta Sala en su sentencia de 24 de junio de 2011 (cas. núm. 1980 [sic] /2008), que se invoca como contradictoria, la cual confirmó la sentencia de la propia Sección Cuarta de la Audiencia Nacional de 3 de diciembre de 2007 (rec. Nº 274/2006 ), que se invoca también como sentencia de contraste.

En efecto, dijimos en la meritada sentencia de 24 de junio de 2011 que 'al carácter de actuaciones inspectoras de las de ejecución cuando se decreta la retroacción, debe añadirse que la remisión del apartado 5 del artículo 150 de la Ley General Tributaria al apartado 1 del mismo supone la necesidad de que ello se haga en el plazo que reste o en el de seis meses si aquél fuera inferior, lo que arrastra la necesidad de aplicación del apartado 2 del citado precepto, en cuanto a las consecuencias del transcurso del plazo o de interrupción de actuaciones por más de seis meses.

No tendría sentido considerar las actuaciones que estudiamos como integrantes del procedimiento inspector y no establecer para ellas todas las consecuencias vinculadas al transcurso del plazo máximo de duración'.

La contravención del apartado 5 del art. 150 de la LGT , es decir, el transcurso del plazo de 6 meses sin que finalice el procedimiento, debe tener como consecuencia la solución que viene prevista dentro del mismo artículo 150, concretamente en el apartado 2, que determina que no se tendrán por interrumpidos los plazos de prescripción. Esa es la interpretación lógica y razonable del precepto: la duración por más de seis meses del procedimiento de ejecución elimina el efecto interruptivo de la prescripción del procedimiento inicial del que estas actuaciones dimanan.

Lo que no parece razonable es que 'la nueva liquidación tardía será válida si se dicta dentro del plazo que restaría para liquidar, tomando el plazo de prescripción originario', cuando no hay ningún precepto en la norma tributaria que nos lleve a adoptar dicha conclusión y que reconocida la aplicación del art. 150.5 de la LGT y su incumplimiento en al año 2006, por durar el procedimiento más de 6 meses, para determinar las consecuencias del incumplimiento haya de recurrirse a normas derogadas. Si el incumplimiento del plazo máximo para resolver se produjo en 2006 habrá que estar a las consecuencias y períodos de prescripción vigentes en el momento del incumplimiento y la consecuencia no es otra que la prevista en el art. 150.2 de la LGT y por tanto habría prescrito el derecho de la Administración.

La Sala estima correcto el criterio expresado en el voto particular formulado a la sentencia recurrida de no compartir la opinión de la Sala de instancia expresada en los Fundamentos de Derecho 16º y 17º en el sentido de considerar que 'por ser actuaciones retrotraídas la nueva liquidación tardía será válida si se dicta dentro del plazo que restaría para liquidar, tomando el plazo de prescripción ordinario'.

'En primer lugar, porque ello supone una contradicción con lo expresado en el Fundamento de Derecho 13º, que debidamente expresa lo dispuesto en el artículo 66.2, párrafo 2º, del Reglamento de revisión, 520/2005, al considerar que las actuaciones en ejecución no forman parte del procedimiento originario'.

En segundo lugar, no cabe entender que admitiendo la aplicación del artículo 150.5 nos tengamos que situar al momento de la retroacción de actuaciones para ejecutar la resolución del TEAR. Ello no se deduce en modo alguno de dicho precepto, y además el citado artículo 66.2, párrafo 2º, del Reglamento de Revisión lo impide.

En tercer lugar, no existe fundamento ni base legal alguna para rescatar el plazo que le restaba a la Administración para liquidar de cinco años.

Por un lado, ha de decirse que como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Garantías 1/98 ese plazo era de cuatro años para el ejercicio de 1992.

Por otro lado, esa consideración de que restaban 'nueve meses' para que prescribiera el ejercicio 1991 y más de 'un año y nueve meses para el ejercicio 1992' no se sustenta, dado que la sucesión de diligencias y actos de interrupción de la prescripción de ese plazo de cinco/cuatro años hace que dicho plazo se reproduzca sucesivamente'.

'Las actuaciones desarrolladas en la vía económico administrativa o judicial anteriores a las actuaciones realizadas en ejecución no puede tener eficacia interruptiva de unas actuaciones posteriores realizadas fuera del plazo previsto en el artículo 150.5, pues en ese caso se vaciaría de contenido el 150.2.a), al margen de lo dispuesto en el apartado 2º, de modo que pueda tener eficacia interruptiva las nuevas actuaciones realizadas transcurrido dicho plazo'.

Debemos, pues, entender que ha transcurrido el plazo de seis meses computados en la forma establecida en el artículo 150.5, lo que igualmente acepta la Sala de instancia.

La Inspección de Tributos pudo solicitar la ampliación del mencionado plazo resultante de seis meses, si es que lo consideraba necesario, pero no lo hizo, por lo que no resulta procedente dilatar ese período de ejecución de la resolución del TEAR de Málaga, sin sujetarlo a plazo alguno, en contra del mencionado artículo 150.5, y a partir de ahí liquidar intereses.

En consecuencia, conforme al artículo 150.2, al no entenderse interrumpidas las actuaciones inspectoras desde la fecha de inicio de las mismas, hasta la fecha en que tiene lugar de nuevo la interrupción, ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 24 de la Ley 1/98 . Este efecto no interruptivo no resulta del todo novedoso en el ámbito tributario, pues es el mismo que el que derivaba del artículo 31.4 del R. Decreto 939/1986 .

Asumida la doctrina de la S. de esta Sala de 24-6-2011 , la consecuencia es obvia, acorde con lo postulado por el recurrente: la no conclusión del procedimiento de inspección en el plazo establecido en este caso el plazo es de seis meses de acuerdo con la previsión del apartado 5 del artículo 150conlleva que se haya producido la prescripción planteada por el recurrente y con ello el éxito de la pretensión suscitada por el actor, lo que conlleva la no imposición de las costas causadas en este recurso''.

La doctrina contenida en la citada Sentencia se refería a supuesto de actuación en el seno de un procedimiento inspector pero tanto las Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central como del propio Tribunal Supremo han reconocido su aplicación a los procedimientos de gestión tributaria, pues los arts. 134 y 139.1 b) de la Ley General Tributaria 58/2003 remiten al art. 104.5 del mismo texto, que establece un plazo de caducidad de 6 meses transcurrido el cual, sin haberse notificado el acto finalizador del procedimiento, las actuaciones caducan, caducidad que ha de declararse de oficio, ordenando reiniciar las actuaciones, mediante acto distinto, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción, plazo que no se interrumpe por las actuaciones administrativas caducadas.

CUARTO.- La sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2.011 declaró lo siguiente: ''Pues bien, es cierto que el artículo 65.1 de la Ley reguladora de esta jurisdicción proscribe que las partes introduzcan en conclusiones extremos y argumentos nuevos que no hayan sido suscitados en los escritos de demanda y de contestación. Sin embargo, en el caso analizado el Sr. Pio no incorporó exactamente un argumento de impugnación nuevo, más bien puntualizó y aquilató la tesis sobre la prescripción, que constituía una de las razones sobre las que se cimentaba la demanda. Una vez que plasmó en dicho escrito rector como motivo de impugnación la prescripción de la deuda, matizó en conclusiones que tal institución extintiva de la relación jurídico tributaria concurría por haber permanecido las actuaciones paralizadas por más de seis meses. En suma, esa precisión no puede considerase argumento nuevo en los términos del artículo 65.1 de la Ley 29/1998 .

Por ello la sentencia podía entrar a conocer esta cuestión sin reparos, en el marco de la prescripción invocada, lo que realmente hizo al pronunciarse sobre la improcedencia de aplicar el artículo 31 del Real Decreto 939/1986 a los procedimientos de gestión, dando así una respuesta sobre el fondo, sin limitarse a la mera formalidad de la extemporaneidad del argumento traído por el recurrente en el escrito de conclusiones.

Sobre esa cuestión sustantiva debe recordarse, una vez más, que con anterioridad a la entrada en vigor de la L. 1/1998 de 26 de febrero, de derechos y garantías de los contribuyentes, eran notorias las carencias que provocaba la ausencia de normativa específica que fijara plazos máximos de duración de los procedimientos. En aquel contexto la única norma de ordenación temporal que realmente suponía una garantía para los particulares operaba en el ámbito de las actuaciones de inspección, al consagrar el artículo 31.4 del Reglamento de Inspección que la interrupción injustificada de las actuaciones superior a seis meses eliminaba el efecto de interrupción de la prescripción. No cabía hablar de la caducidad del expediente pero si de anulación del efecto interruptivo de la prescripción.

Y, aunque la liquidación por las oficinas gestoras no formaba parte de un procedimiento de inspección, entendido como aquél en el que se ejercen las funciones descritas en el artículo 140 de la L.G de 1963, sí existían algunos aspectos comunes o similares en la medida en que en los de gestión podían desarrollarse actuaciones de comprobación abreviada. Nada impedía, por tanto, aplicar analógicamente el Reglamento General de la Inspección en estos casos y, más concretamente, el efecto de la interrupción injustificada de las actuaciones, dadas las características del procedimiento y la necesidad de homogeneizar el actuar administrativo en esta materia, como ha venido a reconocer la 58/2003 de 17-12, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre).

Esta Ley, tras establecer en el apartado 1 del artículo 104 plazos de resolución y los efectos de su incumplimiento, en la línea del artículo 23.3 de la Ley 1/1998 consagra la caducidad en el apartado 4 como forma de terminación de los procedimientos, señalando en el 5 que no producirá, por si sola, la prescripción de los derechos de la Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

Los anteriores párrafos expresan nuestra doctrina, contenida, entre otras muchas, en las sentencias de 4-4-2006 (casación 22/04 , FJ 4 º) y 11- 7-2007 (casación en interés de ley 53/05, FJ 4º), la primera de ellas precisamente invocada por el recurrente.

Esa doctrina deja meridianamente claro que las interrupciones no justificadas por un tiempo superior a los seis meses imputables a la Administración tenían en el procedimiento de gestión las mismas consecuencias que el artículo 31.4 del Real Decreto 939/1986 anudaba a las mismas en el de inspección.

En el presente caso, del incontrovertido relato fáctico de la sentencia de instancia, resulta que se produjo un período de paralización de las actuaciones de manera no justificada y superior a los seis meses entre el cumplimiento del requerimiento por parte de don Pío el 8 de abril de 1997 y el 20 de julio de 2000 en que se dio traslado del trámite de audiencia de la comprobación de valores.

La consecuencia de esa injustificada paralización, pese a tratarse de un procedimiento de gestión, debe ser la privación de eficacia interruptiva de la actuaciones llevadas a cabo por la Administración a los efectos de la prescripción.

Por consiguiente, el cómputo del plazo de prescripción debe iniciarse el día 12 de septiembre de 1994, último del plazo ampliado para la presentación de la declaración por el impuesto sobre sucesiones (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley General Tributaria de 1963 , dicho plazo comienza a contarse, en el caso de la prescripción del derecho a liquidar, desde el día en que finalice el término reglamentario para presentar la correspondiente declaración). El día final coincide con la notificación de la liquidación el 22 de febrero de 2001, momento en el que sujeto pasivo tuvo conocimiento formal del acuerdo liquidatorio, como exige el artículo 66.1.a) de la citada Ley .

La consecuencia de todo lo hasta aquí expuesto es la estimación del motivo de casación alegado por el recurrente, puesto que cuando se le notificó la liquidación ya había prescrito el derecho de la Administración tributaria para la determinación de la deuda tributaria''.

QUINTO. Consecuentemente a lo expuesto, la Resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana impugnada, es conforme a derecho, pues aplica con total corrección la doctrina transcrita al declarar caducado el procedimiento y, consiguientemente, la prescripción, pues se notificó por la oficina liquidadora la segunda liquidación transcurridos más de 6 meses desde que tuvo conocimiento de la resolución anulatoria de la primera liquidación y valoración en que se sustentaba, de manera que el procedimiento de gestión había caducado y, consecuentemente, dicho período no podía computarse como de interrupción del plazo de 4 años de prescripción de la acción de la administración para liquidar, que sobradamente habría transcurrido.

Cita, a mayor abundamiento las Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central de 26 de octubre de 2.010 y otras en el mismo sentido.

SEXTO.- Conforme al art. 139.1 de la Ley Reguladora , modificada por la Ley de 10 de octubre de 2.011, se imponen las costas a la Generalidad Valenciana.

En uso de las facultades que se confieren en esta materia a la Sala, se fija como cuantía máxima, por todos los conceptos, la cantidad de 1.200.

VISTOS los preceptos legales citados, los concordantes y demás de general aplicación

Fallo

Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por por la GENERALIDAD VALENCIANA contra los Acuerdos del Tribunal Económico Administrativo regional de la comunidad valenciana de fecha 29 de abril de 2014 por la que se estiman las reclamaciones interpuestas por D. Genaro Y Dª Ascension contras las liquidaciones del Impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados nº NUM000 y NUM001 por la cesión de bienes a cambio de rentas vitalicias, habiendo sido parte en autos como parte demandada el Tribunal Económico Administrativo regional de la comunidad valenciana asistida y representada por el Abogado del Estado y compareciendo como parte codemandada D. Genaro Y Dª Ascension representados por el Procurador D. JULIO JUST VILAPLANA.-

Se imponen las costas a la Generalidad Valenciana, con el límite de 1.200 Euros.

A su tiempo, con certificación literal de la presente Sentencia, devuélvase el expediente administrativo al centro de su procedencia.

Así por esta nuestra Sentencia, que es firme, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION .- La anterior Sentencia ha sido leída por la Magistrada Ponente el día de su fecha estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo cual yo, como Secretario de la misma, certifico.