Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 51/2019, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Tarragona, Sección 1, Rec 128/2016 de 25 de Marzo de 2019

Encabezamiento

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Tarragona

Avenida Roma, 23 - Tarragona - C.P.: 43005

TEL.: 977 920021

FAX: 977 920051

EMAIL:contencios1.tarragona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 4314845320168002328

Procedimiento ordinario 128/2016 -A

Materia: Urbanismo

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Beneficiario: Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Tarragona

Concepto: 4221000093012816

Parte recurrente/Solicitante/Ejecutante: GENERALITAT DE CATALUNYA

Procurador/a:

Abogado/a:

Parte demandada/Ejecutado: AJUNTAMENT D'AMPOSTA, Héctor , Natividad

Procurador/a: Gerard Pascual Vallés, Maria Josep Margalef Valldepérez

Abogado/a: ROSA PONS FERRE, MANEL GURRERA IBO

SENTENCIA Nº 51/2019

Magistrado: Guillermo Peral Fontova

Tarragona, 25 de marzo de 2019

Vistos por mí, Guillermo Peral Fontova, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Tarragona, los autos de procedimiento contencioso- administrativo tramitados entre las partes que figuran en el encabezamiento de esta resolución, en la función jurisdiccional que me confiere la Constitución y en nombre de S.M. el Rey, he dictado la presente con arreglo a los siguientes

Antecedentes

PRIMERO.-El presente recurso lo ha interpuesto el Abogado de la Generaalitat, en el nombre y representación que ostenta, contra la la desestimación por silencio administrativo de la petición de revisión de oficio de actos anulables dirigida al Ayuntamiento de Amposta contra las licencias concedidas en fecha 23 de octubre de 2009, para la construcción de un almacén agrícola, así como la concedida en fecha 21 de septiembre de 2010, de primera ocupación de lo construido, así como contra estas mismas licencias. En el procedimiento han comparecido tanto la Administración demandada como los titulares del inmueble.

SEGUNDO.-El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de procedimiento y, finalmente, quedaron los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.-La parte actora, Generalitat de Catalunya, impugna la desestimación por silencio administrativo de la petición de revisión de oficio de actos anulables dirigida al Ayuntamiento de Amposta contra las licencias concedidas en fecha 23 de octubre de 2009, para la construcción de un almacén agrícola, así como la concedida en fecha 21 de septiembre de 2010, de primera ocupación de lo construido, así como contra estas mismas licencias. Funda su demanda la Generalitat en que no se ha acreditado que la edificación tenga relación alguna con actividad agropecuaria, teniendo además como finalidad la residencial.

El Letrado del Ayuntamiento de Amposta y de la codemandada se han opuesto a la demanda, interesando la confirmación de la licencia impugnada.

SEGUNDO.-La primera cuestión que debe tratarse en el presente procedimiento es una alegación de la parte codemandada que sostiene que la acción de revisión administrativa se habría ejercitado fuera de plazo. Funda la codemandada esta excepción en considerar que el plazo para el ejercicio de la acción de revisión de oficio es de cuatro años, conforme establece la Ley 39/2015, art. 107 . La actora se opone a tal argumentación sosteniendo que resulta de aplicación el plazo de seis años previsto en el Decreto Legislativo 1/2010, art. 207 . La parte actora alega en soporte de esta tesis la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 51/2014, de 28 de enero , que efectivamente señala que el plazo para ejercitar la acción de anulación en sede urbanística es de seis años. Comparte este Juzgador los razonamientos de la citada Sentencia, por cuanto, ciertamente, en el ámbito urbanístico existe una acción específica de anulación, diferente a la generalmente prevista en la legislación administrativa, hasta el punto de que en el ámbito urbanístico se aplica siempre el procedimiento de revisión, tanto ante actos nulos como ante actos anulables, cuando lo procedente sería en este último caso la declaración de lesividad, que no es pertinente en urbanismo, por las específicas previsiones de los arts. 207 y 208, que contemplan un régimen propio y distinto de aplicación de la nulidad y la anulabilidad del generalmente establecido. Por ello, la petición se formuló en plazo y procede resolverla.

En este sentido, hay que destacar que la normativa aplicable, entonces y ahora, está formada, de una parte, por la legislación urbanística autonómica (el Decreto Legislativo 1/2005 entonces, el Decreto Legislativo 1/2010 ahora, que contienen idénticas previsiones en lo que nos afecta) y por otra por los instrumentos urbanísticos municipales, como sería el Plan de Ordenación Urbana Municipal de 1992, en la redacción vigente al momento de concederse las licencias. Si acudimos a la norma legal, y considerando que no se discute que nos hallamos en suelo no urbanizable, resulta que la existencia de una vivienda es posible, pero sometida a unas condiciones: el art. 47 dispone'6. En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d'interès públic a què es refereix l'apartat 4, només es poden admetre com a noves construccions, respectant sempre les incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable:

a) Les construccions i les dependències pròpies d'una activitat agrícola, ramadera, d'explotació de recursos naturals o, en general, rústica. Entre les construccions pròpies d'una explotació de recursos naturals procedents d'activitats extractives, s'hi inclouen les instal lacions destinades al primer tractament i a la selecció d'aquests recursos, sempre que aquestes activitats de selecció produeixin un impacte ambiental menor si es duen a terme al lloc d'origen.

b) Les construccions destinades a habitatge familiar o a l'allotjament de persones treballadores temporeres que estiguin directament i justificadament associades a una de les activitats d'explotació a què fa referència la lletra a.'Así, resulta que la existencia de una explotación agrícola podría llegar a permitir la instalación de una vivienda en la parcela, siempre y cuando se cumplieran los requisitos del precepto referido. Y en cuanto a la regulación propia de Amposta, el art. 210 del Plan de Ordenación Urbana, al tratar los almacenes agrícolas, y, en general, todas las construcciones en suelo no urbanizable en el caso de existencia de cultivos, vincula la concesión de la licencia necesariamente con la actividad agrícola ('que sean necesarias para la explotación'). Y de manera más clara todavía en el caso de la concreta clave del suelo afectado (31 B), que dice:'261.2. Las edificaciones amparadas en este artículo han de guardar una relación funcional directa con la explotación agropecuaria de la finca, lo que exige que tengan carácter accesorio respecto de la explotación y que sean proporcionales a la superficie, destino y capacidad productiva de las mismas'.

De este modo, con carácter previo, procede constatar si, en efecto, existe una explotación agraria en la finca y la misma puede servir como base a la edificación construida. Ciertamente, de la documental obrante en los autos parece constar la existencia de una explotación de cítricos, naranjos en concreto, cuando se concedió la licencia. Pero, por lo demás, se ha omitido completamente toda valoración de la proporcionalidad de la construcción o de su accesoriedad a la explotación. Y es que difícilmente puede justificarse una construcción de almacén de casi 100 metros cuadrados para guardar 'pequeñas herramientas', y no consta la capacidad productiva de la finca ni la necesidad de almacenar sus productos en el lugar. Se ha ignorado completamente la previsión contenida en el art. 261 del Plan de Ordenación municipal, que no es sino reflejo, además, de la regulación legal al respecto de la cuestión, que exige la vinculación a la actividad agrícola. No existe, además, prueba alguna de que ni ahora ni en el momento en que se concedió la licencia de primera ocupación el inmueble construido tuviera ningún uso agrícola, ni se ha probado en modo alguno ni el tamaño, ni la productividad, ni ningún extremo de la explotación agrícola que pudiera permitir valorar esta accesoriedad y proporcionalidad; las partes demandadas ni siquiera se han pronunciado sobre estos extremos.

Por ello, resulta claro que el requisito legal señalado por la Generalitat está, en efecto, incumplido en el caso que nos ocupa. Y la consecuencia de la inobservancia de normas de rango legal o reglamentario, cuando no lleva anudada la nulidad, es la anulabilidad, de conformidad con el art. 48 de la Ley 39/2015 , como es sobradamente conocido. La estimación de la demanda en este punto es ineludible.

TERCERO.-Sentado lo anterior, por la parte codemandada se ha interesado que no se proceda a la demolición que se solicita como consecuencia de la declaración de anulabilidad de las licencias, ya que considera que el edificio no es ilegalizable, y que es posible su conversión en un 'aula de naturaleza'

Esta pretensión debe ser desestimada, estimando la demanda en su totalidad. Ello por varias razones: en primer lugar, la legalización de un inmueble se produce en base tanto a su tipología como a su uso, siendo claro que, como almacén agrícola, no es posible su legalización en el momento actual, en primer lugar porque de las fotografías que obran en los autos resulta meridianamente claro su función actual como vivienda, aparte de haberse reconocido expresamente que no existe ya plantación alguna, y en segundo lugar porque las licencias se conceden para un uso determinado, que en este caso se ha demostrado incorrecto, sin que quepa hablar de legalización.

Como otra razón debe señalarse que, sin perjuicio de lo que proceda resolver en sede de ejecución de sentencia si se plantea la cuestión, la legalización como 'aula de naturaleza' no deja de ser una mera hipótesis sin sustento material en el momento actual, pues basta la simple lectura del propio documento aportado por el codemandado en su contestación a la demanda para constatar que la Generalitat no considera adecuada la implantación de la actividad en suelo no urbanizable. Pero, además de ello, la instalación de la propuesta 'aula de naturaleza' se efectúa en una edificación enteramente diferente a la que fue objeto de la licencia anulada, pues sólo hay que obervar, entre otros extremos, que consta de dos plantas y tiene divisiones internas.

Para concluir, el art. 260 del Plan de Ordenación Urbana señala que se trata de usos excepcionales sujetos a previa autorización de la Comisión Territorial de Urbanismo, lo que impide formular un juicio previo favorable a la autorización que pudiera concederse, e impide, igualmente, exceptuar la consecuencia ordinaria de la anulación de la licencia otorgada.

CUARTO.-La estimación de la demanda conlleva todos los pronunciamientos solicitados por el actor, y en particular la demolición de los inmuebles infractores, por derivarse directamente de la resolución recaída y la nulidad declarada. Igualmente, atendido el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa , procede imposición de costas a las partes demandadas, con el límite conjunto de 500 euros, por todos los conceptos, por mitad entre ambas.

Igualmente, atendido el criterio de nuestro Tribunal Superior en casos similares, se fija un plazo de dos meses, a contar desde la notificación de la presente sentencia al Ayuntamiento, para que el mismo acredite ante el Juzgado la ejecución de la sentencia, con la demolición de las obras, y apercibimiento a la autoridad o funcionario responsable de la imposición de multas coercitivas para el caso de incumplimiento.

A fin de garantizar la debida protección de los terceros, y de conformidad con lo previsto en el art. 75 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio , expídase mandamiento al Registro de la Propiedad competente para que se tome la nota marginal señalada en el citado precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debo estimar y ESTIMO el presente recurso contencioso-administrativo, y en su virtud se anula, por no ser conforme a Derecho, la resolución denegatoria de la revisión de oficio, y en lugar de la misma se declara la anulabilidad y se anulan las licencias concedidas en fecha 23 de octubre de 2009, para la construcción de un almacén agrícola, así como la concedida en fecha 21 de septiembre de 2010, de primera ocupación de lo construido, por el Ayuntamiento de Amposta. Como consecuencia se acuerda la demolición de las obras ejecutadas al amparo de las licencias.

Se fija un plazo de dos meses, a contar desde la notificación de la presente sentencia al Ayuntamiento de Amposta, para que el mismo acredite ante el Juzgado la ejecución de la sentencia, con la demolición de las obras, y apercibimiento a la autoridad o funcionario responsable de la imposición de multas coercitivas para el caso de incumplimiento. Se condena en costas a las partes demandadas, con el límite de 500 euros, por todos los conceptos, a repartir por mitad entre ambas.

Expídase mandamiento al Registro de la Propiedad competente para que se tome la nota marginal prevenida en el art. 75 del Real Decreto 1093/1997 .

Modo de impugnación:recurso deAPELACIÓNen ambos efectos, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El recurso se debe presentar en este Órgano dentro del plazo deQUINCEdías, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en que se fundamente el recurso. Sin estos requisitos no se admitirá la impugnación.

Además, se debe constituir en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de éste Órgano judicial y acreditar debidamente, el depósito de 50 euros a que se refiere la DA 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ ), del que están exentas aquellas personas que tengan reconocido el beneficio de justicia gratuita ( art. 6.5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero ), y, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos, de acuerdo con la citada DA 15ª.5 LOPJ .

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

El Magistrado