Sentencia Administrativo Nº 561/2016, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 807/2014 de 10 de Mayo de 2016

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 10 de Mayo de 2016
  • Tribunal: TSJ Madrid
  • Ponente: Ornosa Fernandez, Maria Rosario
  • Núm. Sentencia: 561/2016
  • Núm. Recurso: 807/2014
  • Núm. Cendoj: 28079330052016100550

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Quinta

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2014/0016180

251658240

Procedimiento Ordinario 807/2014

Demandante:EL TESÓN DE CASTROPOL,S.L

PROCURADOR D./Dña. FRANCISCO JAVIER POZO CALAMARDO

Demandado:Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda

Sr. ABOGADO DEL ESTADO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE

MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

SENTENCIA 561

RECURSO NÚM.: 807-2014

PROCURADOR D./DÑA.: FRANCISCO JAVIER POZO CALAMARDO

Ilmos. Sres.:

Presidente

D. José Alberto Gallego Laguna

Magistrados

D. José Ignacio Zarzalejos Burguillo

Dña. María Rosario Ornosa Fernández

Dña. María Antonia de la Peña Elías

Dña. Carmen Álvarez Theurer

-----------------------------------------------

En la Villa de Madrid a 11 de mayo de 2016

Visto por la Sala del margen el recurso núm. 807/2014 interpuesto por EL TESÓN DE CASTROPOL SL representada por el procurador D. Francisco Javier Pozo Calamardo contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 29 de abril de 2014, recaída en la reclamación económico administrativa 28/02074/2012, interpuestas por el concepto de IVA, habiendo sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía.

Antecedentes

PRIMERO:Por la representación procesal del recurrente, se interpuso el presente recurso, y después de cumplidos los trámites preceptivos, formalizó la demanda que basaba sustancialmente en los hechos del expediente administrativo, citó los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, y concluyó con la suplica de que en su día y, previos los trámites legales se dicte sentencia de conformidad con lo expuesto en el suplico de la demanda.

SEGUNDO:Se dio traslado al Abogado del Estado, para contestación de la demanda y alegó a su derecho lo que consideró oportuno, y solicitó la confirmación en todos sus extremos del acuerdo recurrido.

TERCERO:Estimándose necesario el recibimiento a prueba y una vez practicadas las mismas, se emplazó a las partes para que evacuaran el trámite de conclusiones, lo que llevaron a efecto en tiempo y forma, señalándose para votación y fallo la audiencia del día 10 de mayo de 2016, en que tuvo lugar, quedando el recurso concluso para Sentencia.

Siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª María Rosario Ornosa Fernández.


Fundamentos

PRIMERO:Se impugna en este recurso contencioso administrativo la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid el día 29 de abril de 2014, desestimatoria de la reclamación económico administrativa 28/02074/2012 interpuesta contra acuerdo de la AEAT, Administración de Pozuelo, por el que se practica la liquidación provisional con referencia 20010CMP303M858800004Z correspondiente al IVA periodos 2T,3T,4T de 2010,en la que resulta a devolver una cuota 0 e, frente a los 48.455,45 e que se habían solicitado de devolución por la parte actora.

SEGUNDO:La entidad recurrente señala en la demanda que se constituyó el 5 de marzo de 2010 y objeto social era la construcción y promoción de todo tipo de viviendas chalets, bungalows, edificios, y naves comerciales o industriales, así como la compraventa y arrendamiento de toda clase de inmuebles y la reforma interior y exterior de toda clase de edificación. adquirió la Parcela número Cuatro, procedente de la finca 15 b) del polígono 1 de la concentración parcelaria de Piñera-Castropol-San Juan- Seares, en la Fuente (Castropol), según descripción que consta en escritura pública de compraventa, otorgada el 29 de marzo de 2010, El 8 de marzo de 2010 presentó el correspondiente modelo 036 solicitando número de identificación fiscal y el 8 de abril de 2010 encargó a la arquitecta Julia la elaboración de un informe con el objeto de realizar un estudio acerca del aprovechamiento urbanístico de los terrenos de la finca adquirida. Durante los siguientes años continuó manteniendo relaciones con la citada arquitecta en orden a realizar la promoción inmobiliaria de los terrenos, tal como atestigua la declaración jurada, aportada con la demanda, de 26 de noviembre de 2014, de la citada arquitecta. El 16 de abril de 2010 presentó modelo 036 solicitando el alta en el censo de empresarios profesionales y retenedores. Durante el ejercicio 2010 cumplió con sus obligaciones fiscales presentando regularmente las correspondientes auto liquidaciones trimestrales y en el cuarto trimestre del ejercicio 2010 solicitó la devolución de 48.455,45 € correspondientes al IVA soportado en la adquisición de la finca a qué se ha hecho referencia. Señala que la entidad actora forma parte de una estructura societaria, asociada a la estrategia empresarial y comercial para el desarrollo de la actividad inmobiliaria en las zonas colindantes a la ría del Eo, ya que es propiedad al 100% de otra mercantil, denominada El Tesón de Ribadeo y la creación de la misma se produjo porque no se pensaba que fuera muy comercial el nombre de Ribadeo en el sector de las administraciones públicas asturianas y entre los compradores asturianos. Asimismo, ha sido constituida otra sociedad denominada El Tesón de Figueras que compró también terrenos en Figuera, destinados a proyectos inmobiliarios. Resalta que todas las actuaciones que se han ido realizando a lo largo de estos años como: encargo de planos preliminares de la promoción, obtención de ofertas de la construcción de promoción a desarrollar, encargo del proyecto de urbanización de la parcela a la arquitecta Julia y encargo, previsto para diciembre de 2014, de la realización de ensayos geotécnicos de los terrenos. Destaca que existe un error en la motivación de la administración en la liquidación girada, ya que no es cierto que previo requerimiento de la administración tributaria se diera de alta de inicio en la actividad sino que lo hizo por propia iniciativa. Por otra parte, entiende que ha acreditado por medio de elementos objetivos que los bienes y servicios adquiridos están afectos a una actividad económica de promoción inmobiliaria, coincidente con el objeto social de la mercantil, lo que le otorga el derecho a la deducción del IVA soportado, de acuerdo con la doctrina del destino previsible de los bienes a que hecho referencia el Tribunal Supremo en la sentencia de 7 de marzo de 2014 . Alega asimismo que la deducción del IVA soportado no puede estar en función de un aspecto temporal como que no se haya llegado a realizar la promoción inmobiliaria en un plazo determinado de tiempo, ya que su intención era efectuarla y debido a la crisis inmobiliaria no ha podido llegar a hacerlo. Destaca también la incongruencia omisiva y ausencia absoluta de motivación en los acuerdos de liquidación, ya que no contestan en absoluto a las alegaciones formuladas con la propuesta de liquidación. En consecuencia, entiende acreditado que se han llevado a cabo actuaciones que justifican el destino previsible del terreno y la prueba aportada es suficiente, sin que exista un límite temporal para la realización de la promoción de los mismos.

Con posterioridad, en el escrito de conclusiones, aportó el proyecto básico de ejecución para la organización de la parcela resto de la unidad de actuación UA-C6, situada en la Avenida de Galicia de Castropol, realizado por la arquitecta Julia , en febrero de 2015 y posteriormente, una vez que ya habían quedado las actuaciones pendientes de señalamiento, en escrito de 22 de mayo de 2015, aportó el citado proyecto visado por el colegio de arquitectos de Asturias, en mayo de 2015. Asimismo ha aportado dos facturas relativas a cantidades satisfechas para la adquisición de una finca, también en Castropol, respecto de las que solicitó la devolución del IVA soportado y el importe de las citadas cuotas le ha sido devuelto por la administración, por lo que entiende que se le debería de devolver también en el caso presente.

TERCERO:El Abogado del Estado, al contestar a la demanda, destaca que el alta censal en el ejercicio de la actividad empresarial se produjo el 16 de abril de 2010, con posterioridad a la compra de los bienes y servicios de los que proceden las cuotas de IVA que pretende deducirse. Entiende que la prueba documental aportada por la actora para tratar de acreditar que los terrenos adquiridos van a destinarse a una actividad empresarial no es suficiente y que ni siquiera, a pesar del dilatado periodo de tiempo transcurrido desde la adquisición de los terrenos, en marzo de 2010, a día de hoy existe real actividad económica de promoción inmobiliaria. No puede pretenderse por la actora que se alargue durante años, o indefinidamente, el periodo temporal utilizado para probar sus reales intenciones de 2010, siendo todos los documentos aportados laterales y no sustanciales. Solicita por ello la confirmación de la resolución del TEAR.

CUARTO:Una vez delimitadas las cuestiones suscitadas por las partes, debemos centrarnos en determinar si por la entidad actora se ha acreditado que existen elementos o razones objetivas que justifiquen que su intención, cuando adquirió la Parcela número Cuatro, procedente de la finca 15 b) del polígono 1 de la concentración parcelaria de Piñera-Castropol-San Juan-Seares, en la Fuente (Castropol), según descripción que consta en escritura pública de compraventa, otorgada el 29 de marzo de 2010, era la de destinarla a la promoción inmobiliaria y por lo tanto que se iba a realizar una actividad empresarial que haría posible la deducción de las cuotas de IVA soportadas en su adquisición.

El precio de la citada compraventa fue de 300.000 € y se repercutió un IVA de 48.000 €.

La entidad actora se constituyó el 5 de marzo de 2010 y su objeto social era la construcción y promoción de todo tipo de viviendas chalets, bungalows, edificios, y naves comerciales o industriales, así como la compraventa y arrendamiento de toda clase de inmuebles y la reforma interior y exterior de toda clase de edificación.

Consta también acreditado en las actuaciones que el 16 de abril de 2010 presentó modelo 036 solicitando el alta en el censo de empresarios profesionales y retenedores.

En primer lugar, debemos de partir de lo regulado en el artículo 93.1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre , en relación a los requisitos subjetivos de la deducción, 251658240y en tal sentido establece que: ' 251658240podrán hacer uso del derecho a deducir( y también a compensar) los sujetos pasivos del Impuesto que tengan la condición de empresarios o profesionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ley y hayan iniciado la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a sus actividades empresariales o profesionales. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las cuotas soportadas o satisfechas con anterioridad al inicio de la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a sus actividades empresariales o profesionales podrán deducirse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 111 , 112 y 113 de esta Ley 251658240 y en el apartado cuatro añade que .cuatro No podrán ser objeto de deducción, en ninguna medida ni cuantía, las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios efectuadas sin la intención de utilizarlos en la realización de actividades empresariales o profesionales, aunque ulteriormente dichos bienes o servicios se afecten total o parcialmente a las citadas actividades.'

Por su parte, el Artículo 111.1, en materia de deducciones de las cuotas soportadas o satisfechas con anterioridad al inicio de la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a actividades empresariales o profesionales, 251658240251658240dice: 'quienes no viniesen desarrollando con anterioridad actividades empresariales o profesionales y adquieran la condición de empresario o profesional por efectuar adquisiciones o importaciones de bienes o servicios con la intención, confirmada por elementos objetivos, de destinarlos a la realización de actividades de tal naturaleza, podrán deducir las cuotas que, con ocasión de dichas operaciones, soporten o satisfagan antes del momento en que inicien la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a dichas actividades, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo y en los artículos 112 y 113 siguientes. Lo dispuesto en el párrafo anterior será igualmente aplicable a quienes, teniendo ya la condición de empresario o profesional por venir realizando actividades de tal naturaleza, inicien una nueva actividad empresarial o profesional que constituya un sector diferenciado respecto de las actividades que venían desarrollando con anterioridad.'

También es preciso hacer referencia al art. 27 del Real Decreto 1624/1992 , por el que se aprobó el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, que regula las deducciones de las cuotas soportadas o satisfechas con anterioridad al inicio de la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a actividades empresariales o profesionales, que determina:

'1. Quienes no viniesen desarrollando con anterioridad actividades empresariales o profesionales, y efectúen adquisiciones o importaciones de bienes o servicios con la intención de destinarlos a la realización de tales actividades, deberán poder acreditar los elementos objetivos que confirmen que en el momento en que efectuaron dichas adquisiciones o importaciones tenían esa intención, pudiendo serles exigida tal acreditación por la Administración tributaria.

2. La acreditación a la que se refiere el apartado anterior podrá ser efectuada por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho.

A tal fin, podrán tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:

a) La naturaleza de los bienes y servicios adquiridos o importados, que habrá de estar en consonancia con la índole de la actividad que se tiene intención de desarrollar.

b) El período transcurrido entre la adquisición o importación de dichos bienes y servicios y la utilización efectiva de los mismos para la realización de las entregas de bienes o prestaciones de servicios que constituyan el objeto de la actividad empresarial o profesional.

c) El cumplimiento de las obligaciones formales, registrales y contables exigidas por la normativa reguladora del Impuesto, por el Código de Comercio o por cualquier otra norma que resulte de aplicación a quienes tienen la condición de empresarios o profesionales.

A este respecto, se tendrá en cuenta en particular el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a') La presentación de la declaración de carácter censal en la que debe comunicarse a la Administración el comienzo de actividades empresariales o profesionales por el hecho de efectuar la adquisición o importación de bienes o servicios con la intención de destinarlos a la realización de tales actividades, a que se refieren el número 1.º del apartado uno del artículo 164 de la Ley del Impuesto y el apartado 1 del artículo 9.º del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

b') La llevanza en debida forma de las obligaciones contables exigidas en el título IX de este Reglamento, y en concreto, del Libro Registro de facturas recibidas y, en su caso, del Libro Registro de bienes de inversión.

d) Disponer de o haber solicitado las autorizaciones, permisos o licencias administrativas que fuesen necesarias para el desarrollo de la actividad que se tiene intención de realizar.

e) Haber presentado declaraciones tributarias correspondientes a tributos distintos del Impuesto sobre el Valor Añadido y relativas a la referida actividad empresarial o profesional.

3. Si el adquirente o importador de los bienes o servicios a que se refiere el apartado 1 de este artículo no puede acreditar que en el momento en que adquirió o importó dichos bienes o servicios lo hizo con la intención de destinarlos a la realización de actividades empresariales o profesionales, dichas adquisiciones o importaciones no se considerarán efectuadas en condición de empresario o profesional y, por tanto, no podrán ser objeto de deducción las cuotas del Impuesto que soporte o satisfaga con ocasión de dichas operaciones, ni siquiera en el caso en que en un momento posterior a la adquisición o importación de los referidos bienes o servicios decida destinarlos al ejercicio de una actividad empresarial o profesional.

4. Lo señalado en los apartados anteriores de este artículo será igualmente aplicable a quienes, teniendo ya la condición de empresario o profesional por venir realizando actividades de tal naturaleza, inicien una nueva actividad empresarial o profesional que constituya un sector diferenciado respecto de las actividades que venían desarrollando con anterioridad.'

QUINTO:El derecho a la deducción inmediata de las cuotas soportadas nace cuando estamos en presencia de indicios objetivos del ejercicio futuro de una actividad empresarial sujeta y no exenta al IVA. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en la sentencia de 21 de marzo de 2000, asuntos acumulados Convenio Colectivo de Empresa de TECNICAS MEDIOAMBIENTALES TECMED, S.A. a 147/1998 , recaída en el asunto Gabalfrisa, estima que pugna con el art. 17 de la Directiva Comunitaria sobre el IVA 77/388/CEE , el condicionar el ejercicio del derecho a la deducción de las cuotas soportadas con anterioridad al inicio de la actividad empresarial, porque el derecho a deducir de inmediato las cuotas soportadas sin necesidad de esperar al inicio efectivo de la realización de las operaciones puede ser ejercida sin condicionamientos por quien tenga la intención confirmada por elementos objetivos de iniciar el desarrollo con carácter independiente de una actividad empresarial y realice la adquisición de bienes destinados a la misma. En el asunto Rompelman C-268/1983 considera que si concurren elementos que hacen razonablemente presumir la intención de destinar los bienes adquiridos al desarrollo de la actividad empresarial las cuotas soportadas en dicha adquisición se pueden deducir. En el mismo sentido se pronuncia en la sentencia recaída en el asunto Inzo Convenio Colectivo de Empresa de TECNICAS MEDIOAMBIENTALES TECMED, S.A./1994 y en la sentencia de 8 de junio de 2000, asunto C-400/1998 , apartado 34, afirma 'a este respecto, procede recordar que debe reconocerse la condición de sujeto pasivo a quien tiene la intención, confirmada por elementos objetivos, de iniciar con carácter independiente una actividad económica en el sentido del artículo 4 de la Sexta Directiva y realiza los primeros gastos de inversión al efecto. Al actuar como tal, tendrá derecho, conforme a los artículos 17 y siguientes de la Sexta Directiva, a deducir de inmediato el IVA devengado o soportado por los gastos de inversión efectuados para las necesidades de las operaciones que pretende realizar y que conlleven derecho a deducción, sin necesidad de esperar al inicio de la explotación efectiva de su empresa (sentencias de 15 Ene. 1998, Ghent Coal Terminal, C-37/95 , Rec. p. I-1, apartado 17, y de 21 Mar. 2000, Gabalfrisa y otros, asuntos acumulados Convenio Colectivo de Empresa de TECNICAS MEDIOAMBIENTALES TECMED, S.A./98 a C-147/98 , apartado 47)'.

Se debe añadir, que la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en sentencia de su Sala 6ª, de 8 de junio de 2000 , nº C-400/1998, y las sentencias que en ella se citan (sentencias de 15 de enero de 1998, Ghent Coal Terminal, C-37/95 , Rec. p. I-1, apartado 17, y de 21 de marzo de 2000, Gabalfrisa y otros, asuntos acumulados Convenio Colectivo de Empresa de TECNICAS MEDIOAMBIENTALES TECMED, S.A./98 a C-147/98 , de 14 de febrero de 1985, Rompelman, 268/83, Rec. p. 655, apartado 23) en la que precisa que '42. Procede responder, por tanto, a la primera cuestión que los artículos 4 y 17 de la Sexta Directiva deben interpretarse en el sentido de que el derecho a deducir el IVA soportado en las operaciones efectuadas para la realización de un proyecto de actividad económica subsiste aun cuando la Administración Tributaria sepa, desde la primera liquidación del impuesto, que la actividad económica proyectada, que debía dar lugar a operaciones imponibles, no se realizará',teniendo en cuenta tal y como se expresa en la referida sentencia, que sólo en el caso de que 'En las situaciones de abuso o de fraude en las que este último ha fingido querer desplegar una actividad económica concreta, pero en realidad ha pretendido incorporar a su patrimonio privado bienes que pueden ser objeto de deducción, la Administración Tributaria puede solicitar, con efecto retroactivo, la devolución de las cantidades deducidas, puesto que tales deducciones se concedieron basándose en declaraciones falsas (sentencias, antes citadas, Rompelman, apartado 24, INZO, apartados 23 y 24, y Gabalfrisa y otros, apartado 46)'.

Por último, debe hacerse referencia a la STS, Sala Tercera, Sección Segunda, dictada en el recurso de casación en unificación de doctrina 61/2012 , y que es alegada en la demanda, la cual señala:

'TERCERO.- La sentencia Gabalfrisa, de 21 de marzo de 2000 , vino a consolidar la regla según la cual para reconocer la condición de sujeto pasivo del IVA a un empresario o profesional no era necesario esperar al inicio efectivo de su actividad, al establecer que bastaba, a estos efectos, con la mera intención, confirmada por elementos objetivos, de querer comenzar con carácter independiente una actividad económica, con independencia del lapso temporal transcurrido entre el inicio de las actividades preparatorias y el comienzo efectivo de la actividad empresarial.

En efecto, dicha sentencia sienta, por un lado, las bases para llenar de contenido el carácter inmediato de la deducción del IVA soportado, proclamando que la inmediatez tiene como referente temporal el momento de la adquisición de los bienes que se han de destinar a la actividad empresarial, aún cuando ésta no haya comenzado efectivamente y, por otro, dispone, en la medida en que el derecho a la deducción surge cuando se adquieren bienes o servicios que se van a destinar a una actividad sujeta, que la deducción se practica atendiendo al destino previsible, expresado por una intención que se pone de manifiesto a través de hechos objetivos, al señalar en el apartado 47 de la sentencia, que quien tiene intención, confirmada por elementos objetivos, de iniciar con carácter independiente una actividad económica en el sentido del art. 4 de la Sexta Directiva, y realiza con este objeto los primeros gastos de inversión, debe ser considerado sujeto pasivo, y al actuar como tal, tendrá derecho a deducir de inmediato el IVA devengado o ingresado por los gastos de inversión efectuados por las necesidades de las operaciones que pretende realizar y que conlleven derecho a deducción, sin necesidad de esperar al inicio de la explotación efectiva.

CUARTO.- Esta doctrina nos impide considerar que sea esencial el lapso temporal transcurrido entre el inicio de las actividades preparatorias y el comienzo efectivo de la actividad empresarial, a efectos de no permitir la deducción, lo que nos lleva a la necesidad de estimar el recurso de casación, ya que la sentencia impugnada no se atiene a los parámetros establecidos por la jurisprudencia comunitaria, en cuanto la falta o carencia de la intención inicial de afectación empresarial no fue negada por la Inspección, al admitir la existencia de elementos objetivos que acreditan tal intención, como la constitución de la sociedad, el alta en Impuesto de Actividades Económicas y compra del inmueble, cuestionándose sólo que la actividad empresarial prevista fue iniciada transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años, lo que era insuficiente, ya que ni el art. 111. uno de la Ley del IVA tras la redacción de la ley 14/2000, ni el art. 27 del Reglamento del IVA , según la redacción dada por el Real Decreto 1083/2001, señalan un plazo preclusivo para el comienzo de la actividad, siendo el criterio preferente a la hora de proceder a la deducción del IVA soportado antes del efectivo inicio de las operaciones gravadas la intención de destinar los bienes o servicios adquiridos o recibidos a una determinada actividad empresarial, por lo que nacido el derecho sigue existiendo aunque la actividad económica considerada no diera lugar a operaciones sujetas a gravamen o aunque el sujeto pasivo no hubiera podido utilizar los bienes en operaciones sujetas al impuesto a causa de circunstancias ajenas a su voluntad.'

Con todas esas`premisas hemos de partier del hecho de que el que no se proceda de forma inmuediata a la urbanización d elos terrenos y se deje pasar un lapso de tiempo sin que se proceda a efectuar las obras de urbanización de los mismos, que en este caso sería de casi seis años desde que se adquirieron lso terrenos hasta la actualidad, no es un presupuesto que deba suponer que no exisite intención de hincar la actividad, sino que ésta intención puede y debe demostrarse por la existencia de lementos objetivos que acrediten tal intención.'

SEXTO:Establecido el marco normativo y doctrinal en el que debemos movernos, procede, en definitiva, y a la vista de los elementos de prueba aportados por la actora, determinar si se aprecia esa, con elementos objetivos, la intención de inicio de la actividad económica por parte de la entidad actora, en este caso de promoción inmobiliaria de la finca adquirida.

En tal sentido, consta acreditada el alta censal de la actora con fecha 16 de abril de 2010 y la realización por parte de la arquitecta Dª Julia de un Proyecto de urbanización en la parcela adquirida de febrero de 2015 que ha sido visado en mayo de 2015 por el Colegio de arquitectos de Asturias.

No se ha aportado por la actora los estudios geológicos del terreno que dice que encargó en diciembre de 2014.

Se han aportado dos facturas de pago de parte del precio de una finca ( la número 35 del polígono 1), también situada en Castropol, en las que soportó un IVA de 3.714,40 € en la primera de las facturas, de 3 de febrero de 2014, y de 4.370,60 € en la segunda de ellas y que ha sido devuelto por la administración tributaria. No se ha aportado escritura de compraventa de la citada finca o documento alguno que justifique su adquisición a efectos de constatar su real adquisición, ya que ambas facturas se refieren únicamente a entregas a cuenta para la adquisición de la citada finca, con lo que no se dan las condiciones de igualdad con el caso que nos ocupa, ya que no consta si realmente se adquirió la misma y el destino que se le dio por lo que la devolución en ese caso de las cuotas de IVA soportadas pudo deberse a otras razones diferentes.

Con tales elementos de prueba esta Sala considera que, a día de hoy, seis años después, y aunque el tiempo no se determinante, pero sí un elemento a tener en cuenta, no puede considerarse que se haya acreditado que la adquisición de la finca correspondía a un auténtico inicio de la actividad empresarial de la actora, la cual no se ha podido justificar por actos posteriores, ya que un simple proyecto de urbanización de la parcela efectuado por una arquitecta, por mucho que esté visado por el Colegio de Arquitectos de Asturias, no puede justificar por sí solo el inicio de la actividad.

Debemos así de desestimar el recurso y de confirmar la Resolución del TEAR.

SÉPTIMO:De conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa , en la redacción dada por la Ley 37/2011, procede la imposición de costas a la parte actora al ser desestimado el recurso.

Fallo

Debemos desestimar y desestimamos íntegramente el recurso contencioso administrativo interpuesto por EL TESÓN DE CASTROPOL SL, representada por el procurador D. Francisco Javier Pozo Calamardo, contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 29 de abril de 2014, recaída en la reclamación económico administrativa 28/02074/2012, la cual confirmamos por ser conforme a derecho, con imposición de las costas procesales a la actora.

Notifíquese esta resolución conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , expresando que contra la misma cabe recurso de casación en unificación de doctrina.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN:Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, hallándose celebrando audiencia pública el día en la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que certifico.


Actividades empresariales
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Aprovechamiento urbanístico
Declaración Jurada
Liquidación girada
Incongruencia omisiva
Pruebas aportadas
Declaración de alta censal
Prueba documental
Cuotas del IVA soportado
Devolución IVA
Documentos aportados
IVA repercutido
Medios de prueba
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Libro registro de facturas recibidas
Declaraciones Tributarias
Inspección tributaria
Licencias administrativas
Comunidades europeas
Liquidaciones tributarias