Sentencia Administrativo Nº 57/2004, Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 122/2004 de 30 de Julio de 2004

El TSJ estimando en parte, el recurso contencioso-administrativo deducido por la sociedad recurrente y estimando también parcialmente el recurso deducido por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación en cuestión, anula el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, disponiendo en su lugar, fija el justiprecio por la expropiación de los bienes y derechos de la sociedad recurrente, cuya expropiación procede por no haberse adherido a la Junta de Compensación. Manifiesta la Sala que la privación forzosa de unos derechos e intereses legítimos deben ser objeto de indemnización, por más que por tratarse de intereses de diversa y compleja índole resulte dificultosa la determinación de su cuantía. La sociedad, fue fundada en 1.942 y las instalaciones afectadas por la expropiación, su sede central, estaban en funcionamiento desde 1952. Su ubicación en la ciudad debe ser considerada como óptima, al dar frente a una vía de gran actividad en la capital. No puede imponerse a la sociedad que el hecho de contar con instalaciones en el Polígono justifique que la indemnización por cese y traslado del negocio deba reducirse a la cantidad que, en definitiva, consideró el Jurado Provincial de Expropiación. La indemnización debe procurar satisfacer, dentro de unos márgenes de equivalencia material y económica, los daños y perjuicios ocasionados por el traslado obligado de la industria a otro lugar, pero las diferentes partidas que se reclaman deben ser acreditadas y no pueden sustentarse en meras hipótesis sin corroboración probatoria. Se han contemplado los daños y perjuicios sufridos por gastos de traslado, los gastos por liquidación o traslado del personal, el acondicionamiento de las nuevas instalaciones, los gastos de promoción, la pérdida directa de beneficios, y la pérdida indirecta de beneficios.