Sentencia Administrativo Nº 587/2012, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 1022/2011 de 19 de Abril de 2012

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección SegundaC/ General Castaños, 1 - 28004

33010280

NIG:28.079.00.3-2011/0000878

RECURSO DE APELACIÓN 1.022/2011

SENTENCIA NÚMERO 587

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Francisco Gerardo Martínez Tristán

Magistrados:

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

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En la Villa de Madrid, a diecinueve de abril de dos mil doce.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos de recurso de apelación número 1.022/2011, interpuesto por la mercantil AKI BRICOLAJE ESPAÑA, S.L., representada por el Procurador Dª. María Jesús González Díez, contra la Sentencia dictada el 1 de junio de 2011 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 12 de los de Madrid, recaída en los autos de Procedimiento Ordinario núm. 38/08. Ha sido parte apelada el AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, representado por el Procurador D. Ignacio Argos Linares.

Antecedentes

PRIMERO.-Notifica la Sentencia que ha quedado descrito en el encabezamiento de la presente resolución, se interpuso recurso de apelación por la representación procesal del recurrente, en el plazo de los quince días siguientes, que fue admitido en ambos efectos por providencia en la que también se acordó dar traslado del mismo a las demás partes para que, en el plazo común de quince días, pudieran formalizar su oposición.

SEGUNDO.-Formuladas alegaciones por la parte apelada, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo elevó los autos y el expediente administrativo, en unión de los escritos presentados, a la Sala de lo Contencioso-administrativo.

TERCERO.-Recibidas las actuaciones se acordó dar a los autos el trámite previsto en los artículos 81 y siguientes de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; y no habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista o la presentación de conclusiones, se señaló para la deliberación y fallo del presente recurso de apelación el día 19 de abril de 2012, en cuyo acto tuvo lugar su celebración.

CUARTO.-En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Daniel Sanz Heredero.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso de apelación tiene por objeto la Sentencia dictada el 1 de junio de 2011 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 12 de los de Madrid, recaída en los autos de Procedimiento Ordinario núm. 38/08, por la que se venía a desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil aquí apelante, contra las liquidaciones por el Impuesto de Actividades Económicas giradas por el Ayuntamiento demandado-apelado siguientes: a) Regularizadora del ejercicio de 2007, por importe de 13.883,33 €, consecuencia de la ampliación de la tributación por inclusión en los epígrafes 653.4, 653.5 y 659,7, además del 653.6; b) Regularizadora de los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, por importe de 2.225,27 €, consecuencia de la inclusión en el epígrafe 849.9; y c) Del ejercicio de 2008 (epígrafes 653.4, 653.5, 659.7 y 849.9), por importe total acumulado de 11.054,42 €.

SEGUNDO.-Por evidentes razones jurídico-procesales deberemos examinar, en primer lugar, la causa de inadmisibilidad del recurso de apelación por razón de la cuantía, puesta de manifiesto por Providencia de esta Sala de 22 de diciembre de 2011, dejando constancia que, como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 82/2009, de 23 de Marzo, 'Es doctrina reiterada de este Tribunal que el acceso a los recursos tiene una relevancia constitucional distinta a la del acceso a la jurisdicción, de suerte que, mientras que el derecho a la obtención de una resolución judicial fundada en Derecho goza de una protección directa en el art. 24.1 CE, el derecho a la revisión de esa resolución judicial es, en principio (y dejando aparte la materia penal) un derecho de configuración legal al que no resulta aplicable el principio pro actione'.

Es constante la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (entre otras muchas, Auto de 30 de septiembre de 2008 (Rec 802/2007) y Sentencia de 21 de febrero de 2011), de perfecta aplicación al recurso de apelación que nos ocupa, que:

Es irrelevante, a efectos de la inadmisibilidad del recurso de casación por razón de la cuantía, que se haya tenido por preparado el recurso en la instancia, que se haya ofrecido el recurso al notificarse la resolución impugnada o que haya sido admitido anteriormente y se advierta la carencia de cuantía al momento de dictarse el fallo en el que ha de apreciarse, incluso, de oficio;

La fijación de cuantía puede ser efectuada en cualquier momento, incluso de oficio, por el órgano jurisdiccional ya que se trata de una materia de orden público procesal, máxime cuando es determinante de la procedencia o improcedencia del recurso de casación;

En asuntos como el ahora examinado, para determinar el valor de la pretensión -que es el criterio a tener en cuenta ex artículo 41.1 de la Ley de esta Jurisdicción- hay que atender exclusivamente al débito principal (cuota) para cada ejercicio económico y no a cualquier otro tipo de responsabilidad, como recargos, intereses de demora o sanciones, según dispone el artículo 42.1.a) de la LJCA, salvo que cualquiera de éstos conceptos, eventualmente, superase a aquélla

En aplicación de la regla contenida en el artículo 41.3 de la LJCA 29/1998 , en los casos de acumulación -es indiferente que ésta se haya producido en vía administrativa o jurisdiccional- aunque la cuantía venga determinada, en la anterior instancia, por la suma del valor económico de las pretensiones objeto de aquélla, tal acumulación no comunica a las de cuantía inferior al límite legal para el acceso al recurso, la posibilidad de casación y, todo ello, con independencia de que las actas levantadas hayan dado lugar a uno o varios actos administrativos por cuanto debe entenderse que es la cuantía individualizada de cada liquidación, y no la suma de las que la Administración decida en cada caso acumular en uno o en varios procedimientos administrativos, la que debe determinar objetivamente la cuantía del proceso contencioso-administrativo a efectos de casación.

Pues bien, aplicando la anterior doctrina al caso enjuiciado, en atención al límite cuantitativo determinado en el artículo 81.1.a) de la LJCA (en redacción anterior a la dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal), es clara y patente que concurre la causa de inadmisibilidad planteada por esta Sala, toda vez que todas las liquidaciones impugnadas, para cada ejercicio económico, alcanzan un importe de 18.030 €.

Debiendo rechazarse, en aplicación de la doctrina jurisprudencial expuesta, la alegación de la mercantil apelante de entender que las distintas liquidaciones deben ser consideradas como un 'todo' al tratarse de liquidaciones que tienen un único fundamento: considerar la tributación de la entidad en el Impuesto de Actividades Económicas.

Y siendo doctrina Jurisprudencial consolidada de nuestro Tribunal Supremo, de la que puede ser ejemplo por todas las de Sala Tercera de 25 de Enero de 1.999, (sección 2ª) y 5 de Enero de 1.999, (sección Segunda) dado el estado procesal que mantiene el recurso, las causas de inadmisión que debieron apreciarse en el trámite correspondiente han de jugar como causas de desestimación, se está en el caso de no dar lugar al mismo.

Ahora bien, la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil recurrente-apelante, y consiguiente abono de las liquidaciones giradas, no obsta a que por aquélla pueda solicitarse la rectificación de las liquidaciones de IAE pagadas, y la devolución de los ingresos indebidos con sus correspondientes intereses de demora, si fuera estimada, ya en vía administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Territorial, ya en vía contencioso-administrativa ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativa, la impugnación efectuada por la variación o modificación censal del IAE producida y de la que las liquidaciones aquí impugnadas son su consecuencia.

TERCERO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no se hace expresa imposición de las costas causadas en esta segunda instancia toda vez que la desestimación del recurso de apelación se basa en circunstancias ajenas al fondo de la asunto contencioso, y que fueron puestas de manifiesto de oficio por este Tribunal por Providencia de 22 de diciembre de 2011.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que con DESESTIMACIÓN del recurso de apelación interpuesto por la mercantil AKI BRICOLAJE ESPAÑA, S.L., representada por el Procurador Dª. María Jesús González Díez, contra la Sentencia dictada el 1 de junio de 2011 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 12 de los de Madrid, recaída en los autos de Procedimiento Ordinario núm. 38/08, debemos CONFIRMAR y CONFIRMAMOS la expresada Sentencia, al no ser admisible el recurso de apelación. Todo ello, sin hacer expresa imposición de las costas causadas en apelación.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno; y verificado, remítase testimonio de la presente resolución al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Francisco Gerardo Martínez Tristán D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Daniel Sanz Heredero Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera