Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 62/2021, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Mérida, Sección 1, Rec 71/2020 de 26 de Marzo de 2021

Encabezamiento

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 1

MERIDA

SENTENCIA: 00062/2021

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

Modelo: N11600

AVENIDA DE LAS COMUNIDADES S/N

Teléfono:924387200 924388703 Fax:924 300112

Correo electrónico:contencioso1.merida@justicia.es

Equipo/usuario: PFM

N.I.G:06083 45 3 2020 0000130

Procedimiento:PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000071 /2020 /

Sobre:INDEMINIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS-RESPONSABILIDAD

De D/Dª : José

Abogado:JUAN MANUEL SOLTERO GODOY

Procurador D./Dª : FRANCISCO SOLTERO GODOY

Contra D./DªAYUNTAMIENTO DE DON BENITO

Abogado:

Procurador D./DªGLORIA GALAN MATA

SENTENCIA nº 62/2021

En MERIDA, a veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

Vistos por mí, PEDRO FERNÁNDEZ MORA, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Mérida, los presentes autos de Procedimiento Abreviadoque, con el número 71/2020, se han seguido ante el mismo, en el que han sido partes, como Recurrente, DON José,representado por el Procurador Don Francisco Soltero Godoy y asistido por el Letrado Don Juan Manuel Soltero Godoy, y, como Demandado el AYUNTAMIENTO DE DON BENITO (Badajoz), representado por la Procuradora Doña Gloria Galán Mata y debidamente asistido por Letrado; versando el presente procedimiento sobre RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

Antecedentes

PRIMERO:Por el Procurador Sr. Soltero Godoy, obrando en la representación ya indicada, se formuló demanda contra la desestimación por silencio administrativo negativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta ante el Ayuntamiento de Don Benito.

SEGUNDO:Admitida a trámite la demanda se acordó seguir por los trámites del procedimiento abreviado, señalándose fecha de celebración del juicio.

TERCERO:Recabado el expediente administrativo, del que se dio traslado a las partes personadas, al acto del juicio comparecieron ambas partes, quienes alegaron lo que, a su derecho, convino.

Recibido el Juicio a prueba en el acto de la vista, las partes propusieron toda la prueba que a su derecho convino, practicándose las admitidas con el resultado que obra en obra en soporte videográfico, quedando con ello los presente autos conclusos para sentencia.

Fundamentos

PRIMERO:Es objeto de impugnación en el presente recurso contencioso administrativo la desestimación por silencio administrativo negativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta ante el Ayuntamiento de Don Benito.

La demanda entablada se basa esencialmente en los siguientes hechos:

1.- El día 26 de marzo de 2018, sobre las 10:45 horas, el actor sufrió una caída en la calle La Gomera de Don Benito, en los alrededores del Hospital Don Benito-Villanueva, al pisar, cuando paseaba a su perro, una madera que cubría una alcantarilla sin señalizar, la cual se rompió dado el mal estado de la madera y quedando con la pierna izquierda dentro de la alcantarilla y la otra pierna fuera. No existía nada que prohibiese el acceso a dicha zona.

En la zona existen varias alcantarillas en las mismas condiciones y con las maderas en mal estado y podridas por las inclemencias del tiempo.

Lo anterior viene narrado en el escrito presentado dos días después, el 28 de marzo, directamente por el demandante ante el Ayuntamiento de Don Benito, en el que incluso reseña que lo puso en conocimiento de un vigilante de seguridad de la empresa Prosegur, y entre los dos volvieron a tapar la alcantarilla con una valla, así como que existen muchas más alcantarillas en mal estado.

2.- El demandante fue atendido el mismo día de los hechos en el Hospital de Don Benito, diagnosticándole una contusión en pierna izquierda con heridas superficiales e inflamación de la zona, indicando como tratamiento vendaje blando durante cinco días, hielo local en la zona lesionada, reposo relativo, analgésicos y observación domiciliaria.

El día 5 de abril de 2018 acudió a consulta de su médico de cabecera que confirma el diagnóstico, presentando dicho día lesiones costrosas sobre erosiones en el área pretibial izquierda y hematoma en la rodilla, en proceso de reabsorción sin impotencia funcional, prescribiéndole lavados con agua y jabón, betadine y paracetamol, si hay dolor.

3.- La cantidad reclamada conforme a informe pericial acompañado, asciende a la suma de 2.692,80 euros.

4.- Por escrito presentado el 7 de noviembre de 2018 el actor interpuso reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Don Benito, sin que haya sido objeto de resolución expresa.

Tras exponer los fundamentos de derecho que se consideraron de aplicación terminó interesando el dictado de sentencia por la que se condene a la Administración demandada a pagar al actor recurrente la cantidad de dos mil seiscientos noventa y dos euros con ochenta céntimos (2.692,80 euros), por el concepto expresado en la demanda, más los intereses legales correspondientes desde la fecha de presentación de la reclamación administrativa, que fue la de 7 de noviembre de 2018, y con imposición de las costas a la referida Administración.

La Administración demandada se opuso a las pretensiones deducidas de contrario, interesando la desestimación de la demanda.

SEGUNDO:El régimen jurídico de la reclamación deducida por la actora está contenido en el artículo 54 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece la responsabilidad directa de las Entidades Locales por los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, el cual se remite a lo dispuesto en la legislación general sobre responsabilidad administrativa, que viene constituida por los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/92.

Esta regulación configura la responsabilidad patrimonial de la Administración, como una responsabilidad directa y objetiva, que obliga a aquélla a indemnizar toda lesión que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes o derechos, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; teniendo en cuenta que no todo daño que produzca la Administración es indemnizable, sino tan sólo los que merezcan la consideración de lesión, entendida, según la doctrina y jurisprudencia, como daño antijurídico, no porque la conducta de quien lo causa sea contraria a Derecho, sino porque el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarlo ( art. 141.1 de la Ley 30/92), por no existir causas de justificación que lo legitimen.

Para que el daño sea indemnizable además ha de ser real y efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas, debe incidir sobre bienes o derechos, no sobre meras expectativas, debe ser imputable a la Administración y por último debe derivarse, en una relación de causa a efecto, de la actividad de aquélla, correspondiendo la prueba de la concurrencia de todos estos requisitos al que reclama. Así lo ha venido señalando la jurisprudencia que tradicionalmente ha exigido que el nexo causal sea directo, inmediato y exclusivo ( SSTS de 20-1-84, 24-3-84, 30-12-85, 20-1-86, etc.), con un criterio que significaba desestimar sistemáticamente todas las pretensiones de indemnización cuando interfiere en aquel, de alguna manera, la culpa de la víctima ( SSTS de 20-6-84 y 2-4-86, entre otras) o de un tercero. Sin embargo frente a esta línea tradicional de la jurisprudencia, aparece otra, más razonable, que no exige la exclusividad del nexo causal ( S.T.S. de 12-2-80, 30-3-82, 12-5-82 y 11-10-84, entre otras), y que por tanto no excluye la responsabilidad patrimonial de la Administración cuando interviene en la producción del daño, además de ella misma, la propia víctima ( S.T.S. de 31-1-84, 7-7-84, 11-10-84, 18-12-85 y 28-1-86), o un tercero ( S.T.S. de 23-3-79), salvo que la conducta de uno o de otro sean tan intensas que el daño no se hubiera producido sin ellas ( S.T.S. 4-7-80 y 16-5- 84). Supuestos en los que procede hacer un reparto proporcional del importe de la indemnización entre los agentes que participaron en la producción del daño, bien moderando ese importe ( S.T.S. 31-1-84 y 11-10-84), o acogiendo la teoría de la compensación de culpas para efectuar un reparto equitativo del montante de aquélla ( SSTS de 17-3-82, 12-5-82 y 7-7-84, entre otras).

Junto a estos principios generales procede traer a colación para el examen de la cuestión planteada en el presente proceso que también ha declarado de forma reiterada el Tribunal Supremo (por todas, sentencia de 5 de junio de 1.998 ) que no es acorde con el referido principio de responsabilidad patrimonial objetiva su generalización más allá del principio de causalidad, aun de forma mediata, indirecta o concurrente, de manera que, para que exista aquélla, es imprescindible la existencia de nexo causal entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso producido, y que la socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales no permite extender dicha responsabilidad hasta cubrir cualquier evento, lo que, en otras palabras, significa que la prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administración Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.

TERCERO:Dicho lo anterior y acudiendo al caso que nos ocupa, hemos de atender a los medios probatorios obrantes en autos.

El demandante, con su demanda, aporta video del lugar del accidente según indica, así como informes médicos e informe pericial.

En el expediente administrativo consta un primer escrito del demandante exponiendo los hechos ocurridos y solicitante que se subsanen las anomalías graves descritas en las vías públicas para evitar males mayores. Posteriormente, se presenta nuevo escrito efectuando ya reclamación de responsabilidad patrimonial.

Al folio 26 del expediente administrativo, consta informe del Coordinador del Servicio de Vías y Obras del Ayuntamiento de Don Benito, en el que se indica: ' desde este Servicio de Vías y Obras, no hay constancia del hecho producido el día 26 de marzo de 2018 a D. José por caída en la C/ La Gomera, al pisar una alcantarilla que estaba cubierta por una madera.

Se tiene conocimiento que se han robado varias tapas de alcantarillas en Don Benito, que se van reponiendo y soldando para mayor seguridad, aún así se siguen robando, por lo que considera dar traslado a la Policía Local para su conocimiento y vigilancia'.

Del mismo modo, al folio 27 consta informe de la Policía Local de Don Benito, en el que se señala que ' tras comprobar el parte diario del día 26 de marzo de 2018, salvo error u omisión no consta ningún tipo de intervención por parte de la Policía Local en el suceso a que se hace mención'.

En el acto de juicio depuso como testigo la Vigilante de la entidad Prosegur nº NUM000 quien señaló: que ha estado trabajando durante tiempo en las inmediaciones del Hospital Don Benito-Villanueva para Prosegur; que sí recuerda que un hombre le avisó por haber metido un pie o pierna en una alcantarilla; que estaba la declarante a unos 500 metros; que el hombre le dijo que iba paseando por allí y que había metido el pie en la alcantarilla; que la alcantarilla estaba deteriorada, y cree recordar que tenía una madera puesta, aunque no recuerda si estaba rota; que sí pusieron, ella con el hombre, una valla para impedir otros accidentes; que sabe que se hizo daño en la pierna aunque no sabe qué daño sufrió; que era zona privada en realidad pero no estaba vallada la delimitación; que no presenció el accidente o caída en sí; que la declarante no recuerda más caídas en esa zona; que era por la mañana y había sol; que en la zona había pasto; que no hicieron fotografías de la zona; que no se avisó a la policía local ni al ayuntamiento; que no pensaba ni que él fuese a denunciar; y que no recuerda si se veía o no bien la alcantarilla.

De lo analizado hemos de alcanzar las siguientes conclusiones:

1.- Se considera probada la caída o lesión del demandante a consecuencia del mecanismo lesional que señala, no sólo por la existencia de informe médico de asistencia de ese mismo día 26 de marzo, sino también por las manifestaciones efectuadas por la testigo Vigilante de Prosegur.

2.- Los daños sufridos a consecuencia de ese hecho también se consideran acreditados a la vista de los informes médicos aportados e informe pericial adjunto a la demanda, constando también manifestaciones de la testigo en orden a que el actor sí se hizo daño en la pierna.

3.- Se ha controvertido si el terreno es público o privado. Al respecto cabe decir que sobre tal particular únicamente se cuenta con la mención que hizo la testigo en orden a señalar que esa zona era privada pero no estaba vallada la delimitación. Es claro que dado el principio de facilidad probatoria, la Administración demandada ha podido en el seno del expediente e incluso en vía judicial precisar o aclarar sin género de dudas si el terreno es público o privado, si estaba o no vallado, etc. No lo ha verificado así, y en cualquier caso, como se indica por el Letrado de la parte actora, el mantenimiento y cuidado de la red de alcantarillado es una competencia municipal, correspondiendo pues al Ayuntamiento tales labores.

4.- Finalmente, se ha señalado que el accidente se habría producido a plena luz del día, por lo que señala el Ayuntamiento se debería a una falta de diligencia del propio demandante. Al respecto, podríamos coincidir con el Ayuntamiento en tal apreciación caso de encontrarnos ante un defecto visible y constatable, mas en este caso no es así, por cuanto aparentemente no había defecto al estar tapada la boca de alcantarilla con una madera, y además, debiendo tenerse en cuenta además como señala la testigo que en la zona había pasto.

Estas circunstancias conducen a considerar concurrente la responsabilidad del Ayuntamiento demandado como garante del mantenimiento de los servicios públicos y del estado de las instalaciones que le competen, considerando pues presente el nexo causal preciso para el nacimiento de dicha responsabilidad. Cabe señalar que se ha indicado tanto en informe del Servicio de Vías y Obras como en juicio, la posible intervención de terceras personas que proceden al robo de las tapas de alcantarilla; sin embargo, esa eventual intervención de terceros no está acreditada y en cualquier caso, también en tal supuesto sería reprochable a la conducta del Ayuntamiento que ante esas circunstancias no verifique un mayor control o seguridad de la zona, dadas las consecuencias dañosas que para tercero se pueden producir como ocurrió en nuestro caso.

Por ello, se considera que sí procede la estimación de la demanda en cuanto a la responsabilidad patrimonial de la Administración.

CUARTO:En cuanto a la indemnización interesada, la parte actora aporta informe pericial elaborado por el Doctor Sr. Donato, en el que se establecen las siguientes conclusiones:

.-'Primera: El señor José ha tenido a consecuencia de las heridas del traumatismo sufrido unas lesiones temporales que le han supuesto 10 días impeditivos para llevar a cabo su actividad diaria habitual en que ha tenido que permanecer en reposo domiciliario relativo, y 21 días de cuidados y tratamiento de las lesiones hasta su consolidación. Total 31 días de período lesional temporal.

.- Segunda: Que a resultas de la consolidación de dichas lesiones, han quedado una serie de cicatrices en el área pretibial, tercios superior y medio, constitutivas de lesión secuelar estética leve.

.- Tercera: Que cuantifico por tanto la valoración de las lesiones en: 31 días de perjuicio personal de los cuales 10 días han sido impeditivos; y 2 puntos de perjuicio estético leve en un arco de 1 a 6 puntos.

.- Cuarta: Que dicha valoración se ha realizado por analogía de lesiones con las previstas en el baremo de indemnizaciones de accidentes de tráfico, vigentes'.

En el acto de juicio, el mencionado perito ratificó su informe, precisando que vio al demandante en dos ocasiones en su domicilio, y que como indica en su informe, el actor tiene porfiria cutánea.

En el informe aportado se indica también: ' El día 11 de mayo de 2018 valoré en su domicilio a D. José. En dicha valoración el paciente presentaba una cicatrización con piel atrófica sonrosada y con lesiones algo deprimidas en la zona pretibial de la pierna izquierda en sus tercios proximal y medial. Me refirió que se había estado libre de costras la herida el día 26 de abril, la movilidad de la pierna era normal, sin ninguna limitación ni dolor en la articulación de la rodilla, sólo ligero dolor a la presión en las zonas cicatriciales. Refirió que guardó reposo domiciliario durante los primeros 10 días hasta que lo visitó el médico de cabecera, por lo demás hizo vida habitual normal. En vista de su enfermedad de base, decidí volverlo a ver 5 semanas después, para ver si la cicatrización era la correcta y no se producían signos de involución de la misma. Visto nuevamente el día 22 de junio de 2018 en su domicilio, confirmo la buena evolución cicatricial de las lesiones, quedando prácticamente marcas cicatriciales normales, sin signos de atrofia o hipertrofia cicatricial, con algún elemento deprimido y decoloración de las distintas lesiones con respecto al color de piel habitual, de la cual se adjuntan fotografías'.

Junto a ese informe hemos de tener presente los otros dos informes acompañados:

1.- El del Servicio de Urgencias del Hospital Don Benito-Villanueva de 26 de marzo de 2018 en el que se diagnostica al demandante de contusión en pierna izquierda, y como tratamiento se le indica: Observación domiciliaria, vendaje blando 5 días, analgésicos habituales, hielo local y reposo relativo. Con plan de seguimiento de control por su médico de familia.

2.- Informe de 5 de abril de 2018 del Doctor Fabio, que reseña en la exploración: ' presenta lesiones costrosas, sobre erosiones en área pretibial izquierda y hematoma en rodilla, en proceso de reabsorción, no impotencia funcional', y como plan terapéutico: 'lavado con agua y jabón, y betadine sol sobre la herida, paracetamol, si dolor'.

Desde ese punto de vista, no se estima acreditado suficientemente que el actor estuviese incapacitado o impedido para llevar a cabo su vida habitual durante los primeros diez días que median entre ambos informes, en primer término porque el vendaje que se le puso en Urgencias era un vendaje blando a tener durante cinco días y el reposo era un reposo relativo. Además, como decimos el vendaje era por cinco días mediando diez entre una asistencia y otra. Además, el perito concreta como día en que se habían eliminado todas las costras estimando cicatrizado el proceso lesivo, el día 26 de abril de 2018, mas esto lo señala en base a la manifestación del demandante en cuanto a tal fecha pero sin constancia de informe médico alguno. Además, el alta como tal o consolidación de las lesiones abundan más al 5 de abril dado el contenido del informe emitido ese día que a una fecha ulterior, sin perjuicio de estimarse secuelas ese proceso cicatricial.

En base a ello, teniendo además presente que en procedimientos como el que nos ocupa, la jurisprudencia mayoritaria viene señalando la no obligatoriedad del baremo de tráfico, se está en el caso de considerar adecuada y proporcionada al caso la suma de 1.000 euros como indemnización a favor del demandante.

Esta suma devengará los correspondientes intereses legalmente prevenidos desde la fecha de la reclamación administrativa (7 de noviembre de 2018) y hasta completo pago.

QUINTO:En cuanto a las costas, produciéndose una estimación parcial de la demanda, se estima que no procede especial pronunciamiento.

Vistos los artículos anteriormente citados y todos aquellos otros que sean de general y pertinente aplicación

Fallo

Que debo estimar y estimo parcialmenteel recurso contencioso-administrativo presentado por el Procurador Sr. Soltero Godoy, obrando en nombre y representación de DON José, contra la desestimación por silencio administrativo negativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta ante el Ayuntamiento de Don Benito; y, en consecuencia, debo anular y anulodicha resolución por estimarla contraria a derecho, procediendo declarar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento demandado en este caso, condenando al mismo a abonar al actor la suma de 1.000 eurosen concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos, cantidad que devengará los correspondientes intereses legalmente prevenidos desde la fecha de la reclamación administrativa (7 de noviembre de 2018) y hasta completo pago.

Todo ello, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas devengadas en los presentes autos, debiendo cada parte satisfacer las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Líbrese testimonio de la presente, que quedará unido a los autos de su razón, recogiéndose el original en el Libro de sentencias de este Juzgado.

Notifíquese la presente a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso, y para que se lleve a puro y debido y efecto, remítase testimonio, junto con el expediente administrativo, al órgano que dictó la resolución impugnada que deberá acusar recibo dentro del término de diez días, conforme previene la Ley y déjese constancia de lo resuelto en el procedimiento.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION:Dada, leída y que lo fue la anterior sentencia, por el Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, en el día de la fecha, hallándose celebrando audiencia pública. Doy fe.