Sentencia Administrativo Nº 63/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 4416/2004 de 07 de Febrero de 2008

Encabezamiento

T.S.J.GALICIA CON/AD SEC.2

A CORUÑA

SENTENCIA: 00063/2008

Procedimiento ordinario nº 4416/2004

NO NOME DE EL-REI

A Sección Segunda da Sala do Contencioso administrativo do Tribunal Superior de

Xustiza de Galicia pronunciou a seguinte

SENTENZA

ILMOS. SRS.

D. JOSE ANTONIO MENDEZ BARRERA- PTE

D. JOSE MARIA ARROJO MARTINEZ

D. FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA.

A Coruña, de sete de febreiro de 2008.

O recurso contencioso administrativo núm. 4416/2004 pendente de resolución nesta Sala, presentado por Dª Leticia e Dª Clara , representado polo procurador Dª Ramon Campose

asistido do letrado D. Liaño Pedreira , contra os acordos de 01.04.2004 da Subdirección de Interior . É parte demandada o

MINISTERIO DO INTERIOR, representada e asistida polo letrado do Estado .

A contía do recurso é indeterminada .

Antecedentes

PRIMEIRO.- Admitiuse a trámite o recurso, e practicáronse as dilixencias oportunas, presentado o recorrente a súa demanda, na que solicitou que se acollera integramente o recurso.

SEGUNDO.- Déuselle traslado á parte demandada e a Administración opúxose á súa pretensión.

TERCEIRO.- Trala proba e mailo trámite de conclusións o proceso quedou rematado para sentenza.

CUARTO.- Os trámites e mailas formalidades legais cumpríronse.

É ponente o maxistrado D. FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA.

Fundamentos

PRIMEIRO.- De acordo co que resulta do expediente, Dª Leticia e Dª Clara solicitaron a homologación do seu título de profesora de formación vial que obtiveran en Portugal. Concedéronlle a homologación coa limitación temporal que figuraba no título portugues. Recursos de alzada que lle rexeitan.

O recurso baséase nos mesmos motivos que os que sustentaron o recurso de alzada: o artigo 17 RD 1396/1995 debe interpretarse no sentido de que o recoñecemento da titulación estranxeira provoca a aplicación do réxime español e este non esixe as renovacións periódicas que impón a legislación portuguesa.

O letrado do Estado sostén que, dado que non existe unha normativa europea armonizadora, o recoñecemento de títulos debe ter a mesma eficacia que lle dea o estado expedidor.

Estamos ante a solicitude do recoñecemento dun certificado portugües - licencia de instructor - que habilita para a ensinanza das clases teóricas e practicas de conducir e, polo tanto, ante a aplicación do Rd 1396/1995 .

Con carácter xeral, e como recolle a STS 12.05.1998 : El Real Decreto que es objeto de impugnación realiza la incorporación a nuestro derecho interno de la normativa comunitaria europea, que trata de hacer efectiva la libre circulación de personas y servicios dentro de su ámbito espacial, suprimiendo los obstáculos que se puedan oponer a la facultad de ejercer una profesión, por cuenta propia o ajena, en un Estado miembro distinto de aquel en que hayan adquirido su cualificación profesional. Más que reglamentar una profesión, lo que se pretende es el reconocimiento mutuo de ciclos de formación cursados con anterioridad a la entrada en la vida profesional, con el fin de lograr una recíproca equivalencia y poder determinar, de acuerdo con la formación adquirida en un país, cuál es la correspondencia que tiene en el resto de la Unión (Considerandos 1.º, 2.º y 6.º de la Directiva 92/51/CEE).

El sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales se encuentra contenido en dos Directivas Comunitarias: a) la 89/49/CEE del Consejo, de 21 diciembre 1988, que se refiere al reconocimiento de los títulos de enseñanza superior de una duración mínima de tres años, y b) la 92/51/CEE (LCEur 19922432) de 18 junio 1992, que abarca los niveles de formación correspondiente a las demás formaciones en la enseñanza postsecundaria y formaciones asimiladas a ésta, y el correspondiente a la enseñanza secundaria de corta o larga duración, completada, en su caso, por una formación o ejercicio profesional.

La primera de estas Directivas fue incorporada a nuestro Derecho por el Real Decreto 1665/1991, de 25 octubre , mientras que la segunda lo es por el Real Decreto 1396/1995 , que ahora se impugna. No es extraño, por ello, que el concepto que de profesión regulada que en una y otra norma se da, y que ha sido resaltado por el Consejo recurrente, revista alguna diferencia -exigencia de título en el primero y ausencia del mismo en el segundo-, pues se están refiriendo a formaciones distintas: unas que terminan con una titulación superior, y otras que pueden terminar con una titulación inferior, e incluso con un simple certificado de competencia. Es decir, cada uno de los dos Reales Decretos concreta sus definiciones al ámbito en que se mueven y, aunque el segundo abarque actividades que requieren determinados títulos distintos a los del primero, también comprende otros certificados diferentes, por lo que una definición de «profesión regulada» a los efectos que pretende, sería incompleta si se refiriera sólo a aquéllos; de aquí que no pueda recibir la tacha de ilegalidad que por esta razón pretende atribuirle el actor.

Tanto la Directiva 92/51/CEE, como el Real Decreto impugnado, distinguen entre: a) «título», cuando acredita un ciclo de estudios postsecundarios distintos de los superiores y de una duración mínima de un año, o de una duración equivalente a tiempo parcial, una de cuyas condiciones de acceso sea la terminación del ciclo de estudios secundarios exigida para acceder a la enseñanza universitaria o superior, así como la formación profesional eventualmente requerida además de este ciclo de estudios postsecundarios y que posee las cualificaciones profesionales exigidas para acceder al ejercicio de una profesión regulada en el Estado; b) «certificado», cuando acredita que su titular, después de cursar un ciclo de estudios secundarios, ha concluido, bien un ciclo de estudios o de formación profesional, distinto del anterior, o bien el período de prácticas o de ejercicio profesional que, en su caso, fuere exigible, siempre que acrediten que su titular posee las cualificaciones profesionales requeridas para acceder al ejercicio de una profesión regulada en dicho Estado; c) «certificado de competencia», cuando sancione una formación que no constituya un título superior, ni el título o certificado anteriores.

O artigo 13 do RD 1396/95 establece:

Se reconocen en España para el ejercicio de una profesión regulada con los mismos efectos que el correspondiente título español, los certificados definidos en el artículo 4 de la presente disposición, obtenidos en otro Estado miembro o asociado siempre que faculten para ejercer en él la misma profesión.

O artigo 4 define como certificado: 1. Se entenderá por «Certificado» cualquier titulación de formación o cualquier conjunto de tales titulaciones, expedida por una autoridad competente en un Estado miembro o asociado que acredite que su titular, después de cursar un ciclo de estudios secundarios, ha concluido, bien un ciclo de estudios o de formación profesional, distinto de los mencionados en el artículo anterior, o bien el período de prácticas o de ejercicio profesional que, en su caso, fuera exigible, siempre que acrediten que su titular posee las cualificaciones profesionales requeridas para acceder al ejercicio de una profesión regulada en dicho Estado.

E o artigo 17: Se reconoce en España para el acceso a una profesión regulada con los mismos efectos que el correspondiente certificado de competencia exigible en cada caso, los certificados definidos en el artículo 5 de este Real Decreto obtenidos en otro Estado miembro o asociado que faculten a su titular para ejercer en ese Estado miembro o asociado la misma profesión, así como otras calificaciones obtenidas en otros Estados miembros o asociados siempre que ofrezcan garantías equivalentes, en especial en materia de sanidad, seguridad, protección del medio ambiente y del consumidor, a las exigidas por las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas españolas.

Si el solicitante no acredita dicho certificado de competencia o dichas cualificaciones, se aplicarán las disposiciones españolas señaladas.

Sobre que debemos entender por equivalencia de estudios.

De acordo coa STSX Madrid de 14.05.2001 : El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en numerosas sentencias, ha interpretado el concepto de "equivalencia de estudios", y, en este sentido, ha precisado que: "Esta apreciación de la equivalencia del diploma extranjero debe hacerse considerando exclusivamente el grado de conocimientos y cualificación que este diploma permita presumir en su titular, teniendo en cuenta el carácter y la duración de los estudios y de las practicas cuyo cumplimiento certifica" ( Sentencia del Asunto Unectef contra Heylens, en el asunto 222/86, de 15 de octubre de 1987 ). Además, ha establecido que los Estados miembros deben tener en cuenta la cualificación y experiencia que una persona haya adquirido para ejercer la misma profesión en otro Estado miembro, indicando respecto de la cualificación profesional que los Estados miembros no pueden establecer condiciones que no estén objetivamente justificadas por la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normas profesionales y la protección de los intereses que constituyen el objetivo de aquellas.

Lo que el Tribunal de Justicia de la CEE declara es que cualquier comparación entre un diploma extranjero y otro nacional debe basarse en factores objetivos y debe ir a buscar lo sustancial de las habilitaciones del diploma extranjero sin pretender encontrar características idénticas a las del diploma nacional.

O acordo de 19.12.2003 e o de 01.04.2004 recoñecen a equivalencia de estudios, xa que non pon reparos para a homologación da certificación, autorizando o exercicio da actividade de instructor de conducción, recoñecéndolle o certificado portugués - licenza núm. NUM000 e NUM001 - a mesma eficacia que os certificados españois, se ben, recoñécella co mesmo límite temporal que establece o certificado portugués.

Entendemos que este acordo é correcto e non supón infrinxi-lo RD 1396/1995 , xa que o certificado portugués ten unha eficacia limitada - temporal - e esta no pode ser ampliada pola administración española mediante a homologación, xa que partirnos dun título cun prazo de vixencia, que esixe a súa renovación, xa que unha vez rematado as recorrentes perderían a súa cualidade de instructores. Outra cousa suporía recoñecerlle o certificado unha EFICACIA que non ten.

Dado que a interpretación da administración é razoable e non infrinxe o RD citado é obrigado rexeita-lo recurso.

SEGUNDO.- Non se fai declaración das custas ( art. 139 LXCA ).

Polo dito

Fallo

REXEITÁMO-LO recurso contencioso administrativo da procuradora Sra. Ramon Campos, no nome de Dª Leticia e Dª Clara contra as resolución de 01.04.2004 da Subsecretaria do Ministerio do Interior. Non facemos declaración das custas.

Notifíquesllela ás partes coa advertencia de que teñen un recurso de casación do artigo 86 LXCA, que deberán preparar mediante escrito que deben presentar nesta Sala no prazo de dez días.

Unha vez firme, remítase o expediente administrativo ó Centro de procedencia, xunto coa certificación e comunicación.

Así o pronunciamos, mandamos e asinamos.

PUBLICACIÓN.-

Lida e publicada a anterior sentencia polo maxistrado ponente D. FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA, en audiencia pública o día da súa data, do que, eu, Secretaria, certifico.