Sentencia Administrativo Nº 655/2010, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 1335/2009 de 20 de Mayo de 2010

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.5

MADRID

SENTENCIA: 00655/2010

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE

MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

SENTENCIA 655

APELACIÓN NÚM.: 1335-2009

Ilmos. Sres.:

Presidente

D. José Alberto Gallego Laguna

Magistrados

D. José Ignacio Zarzalejos Burguillo

Dña. Maria Rosario Ornosa Fernández

Dña. Maria Antonia de la Peña Elias

D. Santos Gandarillas Martos

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En la Villa de Madrid a 20 de Mayo de 2010

Visto por la Sala del margen el recurso de apelación núm 1335-2009 interpuesta por el letrado DÑA. CRISTINA AGUADO GARCIA contra AUTO del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 28 de Madrid de fecha 15.6.2009 , (P.A 513-2009), interpuesto contra la resolución de la Delegación de Gobierno habiendo sido parte apelada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía.

Antecedentes

PRIMERO: Por la representación procesal de la apelante se presentó recurso de apelación contra el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 28 de Madrid de fecha 15-6-2009 en el procedimiento abreviado 513-2009 , y una vez visto en este Tribunal tanto el recurso como los autos remitidos por el Juzgado, se registró, se formó el oportuno rollo, señalándose para votación y fallo , la audiencia del día 18-5-2010 en que tuvo lugar, quedando el recurso concluso para Sentencia.

Siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada DÑA. Maria Antonia de la Peña Elias

Fundamentos

PRIMERO El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 28 de los de Madrid ha conocido del recurso contencioso administrativo número 513/2009 por el procedimiento abreviado, promovido contra el acuerdo sancionador de expulsión y prohibición de entrada durante tres años de 15 de enero de 2009 dictado por la Delegación del Gobierno en Madrid contra el recurrente, D. Darío .

SEGUNDO Al tiempo de interponerse el recurso la parte recurrente solicitó como medida cautelar de suspensión de la ejecución del acuerdo recurrido, lo que dio origen a que se denegara sin imposición de costas por auto de 15 de junio de 2009 .

TERCERO Contra la resolución anterior, la representación del recurrente interpuso recurso de apelación mediante escrito, en el que alegaba que este último reside en España desde hace más de tres años, se encuentra empadronado desde el 20 de enero de 2006 tiene tarjeta sanitaria y contrato de trabajo; concurren indicios de arraigo carece de antecedentes e invoca periculum in mora y apariencia de buen derecho.

CUARTO El Abogado del Estado se opuso al recurso de apelación solicitando que se dictara resolución desestimatoria del mismo.

QUINTO Partiendo del principio de la ejecución de los actos administrativos, la previsión legal del artículo 130.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa , que otorga carácter excepcional a las medidas cautelares al establecer que previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso y de la doctrina jurisprudencial sobre la suspensión de la ejecución de las decisiones de la Administración en materia sancionadora de expulsión resulta procedente cuando el extranjero interesado tiene arraigo en España por razón de sus intereses familiares, personales o económicos acreditado ,cuando menos, mediante un principio o indicio de prueba; los motivos que se alegan en este recurso de apelación deben rechazarse, porque con la documentación presentada relativa al empadronamiento y la tarjeta sanitaria no se acredita arraigo alguno, el contrato de trabajo que se aporta es un documento privado de fecha posterior al acuerdo sancionador; no se acreditan perjuicios irreparables ni que el recurso pierda su finalidad legítima ya que de obtener una sentencia favorable se acordaría su retorno a costa del Estado y si se perjudican los intereses generales al producirse alteraciones en la política migratoria y del mercado de trabajo y no puede apreciarse apariencia de buen derecho pues se requiere un estudio de la cuestión de fondo para determinar si la sanción impuesta era procedente y no puede ventilarse en vía de medidas cautelares.

SEXTO En virtud de la precedente exposición y una vez rechazados los motivos en que se basaba el recurso de apelación, debe desestimarse este último con expresa imposición de costas al recurrente y sin que se aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición, a la vista del artículo 139.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa .

Fallo

Que, debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación del recurrente, D. Darío , contra el auto de 15 de junio de 2009, dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 28 de los de Madrid , por el que se denegó la suspensión del acuerdo sancionador de expulsión dictado contra el recurrente, objeto del recurso contencioso administrativo, procedimiento abreviado número 513/09 de dicho Juzgado, por ser conforme a Derecho el auto impugnado en apelación. Se hace expresa imposición de costas a la parte recurrente apelante. Notifíquese esta sentencia a las partes en legal forma.

Por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

No cabe recurso ordinario alguno.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, hallándose celebrando audiencia pública

el dia en la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que certifico.