Sentencia Administrativo Nº 67/2012, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 485/2009 de 15 de Febrero de 2012

Encabezamiento

Procedimiento: Recurso ordinario (Ley 1998)

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Recurso nº 485/2009

SENTENCIA 67/2012

ILMOS. SRES.:

PRESIDENTE:

DON JOAQUÍN JOSÉ ORTIZ BLASCO

MAGISTRADOS:

DON ALBERTO ANDRÉS PEREIRA

DON JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA

En la ciudad de Barcelona, a 15 de febrero de 2012.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA)ha pronunciado la siguienteSENTENCIAen el recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, interpuesto porDOÑA Fátima ,representada por el Procurador DON IVO RANERA CAHIS y dirigida por el Letrado DON TOMÁS POU VIVER, contra laADMINISTRACIÓN DE LA GENERALIDAD,representada y dirigida por el sr./a LETRADO/A DE LA GENERALIDAD, siendo parte codemandadaDOÑA Tania, representada por el Procurador DON JAUME ROMEU SORIANO y dirigida por el Letrado DON EDUARD GRAU I PALOU. Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. DON JOAQUÍN JOSÉ ORTIZ BLASCO, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.-Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, se interpuso el presente recurso contra la Resolución de la Consejera de Salud, de 5 de octubre de 2009.

SEGUNDO.-Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de la resolución objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.

TERCERO.-Continuado el proceso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

CUARTO.-En la sustanciación del presente pleito se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.-En el presente proceso se impugna la Resolución de la Consejera de Salud, de 5 de octubre de 2009, que desestima los recursos de alzada formulados por doña Lidia y por doña Fátima , y estima el recurso de alzada planteado por doña Tania contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio de Farmaceúticos de Girona, de 2 de agosto de 2007 y, en consecuencia, 1º) Desestima las solicitudes de doña María Esther , de autorización para instalar una nueva oficina de farmacia en el Área Básica de Salud (ABS) Cassà de la Selva, por encontrarse incluida en la prohibición del artículo 7.4 de la Ley 31/1991, de 13 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de Cataluña ; 2º) Desestima las solicitudes de doña Fátima , de 9/2/2004, 31/3/2004, 10/5/2004/, 22/9/2004, 2/11/2004, 5/5/2005, y 7/9/2005, de doña Herminia de 6/5/2004, de doña Vicenta , de 11/5/2004, de doña Dulce y doña Petra , de 20/12/2004 y 4/8/2005, de doña Bárbara , de 20/5/2005, de doña Lidia , de 24/5/2005, 20/6/2005, y 22/7/2005, de doña Tania , de 26/7/2005, 28/7/2005, 29/7/2005, 2/8/2005, 4/8/2005, 5/9/2005, 9/8/2005, 10/8/2005, 24/8/2005, 30/8/2005, 6/9/2005, 7/9/2005, 14/9/2005, 19/9/2005, 20/9/2005, 21/9/2005, 23/9/2005, y de doña Raquel , de 30/8/2005, al no alcanzar los habitantes necesarios para instalar una nueva oficina de farmacia en el ABS Cassà de la Selva; 3º) Estima la solicitud de autorización presentada por doña Tania , de 30/9/2005, para establecer una nueva oficina de farmacia, la número doce, en el ABS Cassà de la Selva, en el municipio de Campllong o en de Sant Andreu Salou, por ser municipios sin oficina de farmacia, o bien en el municipio de Cassà de la Selva, al ser el municipio del ABS en el que la proporción de habitantes por oficina de farmacia es superior al de los otros municipios, y en caso de no llegar a abrirla podrá hacerlo el siguiente en el tiempo en el orden de presentación de la solicitudes acumuladas en este expediente a partir de esta fecha.

SEGUNDO.-La cuestión debatida debe ser resuelta a la luz de lo dispuesto en el artículo 6.d) de la Ley 31/1991, de 13 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de Cataluña , en la redacción que le dio el artículo 62 de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre , según el cual, en las áreas básicas de montaña y en las áreas básicas rurales y semiurbanas, el número de oficinas de farmacia debe ser, como máximo, de una por cada 2.500 habitantes, por cada área básica.

Por su parte, el artículo 6.e) de la citada ley establece que'para el cómputo de los habitantes, se ha de tener en cuenta, en todos los casos, la población del área básica resultante del número de habitantes inscritos en los padrones de los municipios que la integran en el momento de presentar la solicitud, según la certificación librada por los secretarios de los ayuntamientos de los municipios correspondientes, a la cual se debe sumar el 10% de los alojamientos turísticos con que cuenta el área básica, entendiendo por 'alojamientos turísticos' las viviendas de segunda residencia a computar cuatro plazas por vivienda, las plazas hoteleras y las plazas de camping, debidamente probados, en el primer caso, por cualquiera de los medios admitidos en derecho y, en los dos restantes, por certificación del Departamento de Industria, Comercio y Turismo'.

TERCERO.-En el supuesto que ahora se examina, no existe controversia sobre tres cuestiones fundamentales: 1) El ABS Cassà de la Selva es un ABS rural y semiurbana, y comprende los municipios de Caldes de Malavella, Campllong, Cassà de la Selva, Llagostera, Llambilles, Quart (excepto el núcleo La Creueta y las viviendas Barceló), Riudellots de la Selva y Sant Andreu Salou; 2) En la fecha de la solicitud de doña Tania , en fecha 30 de septiembre de 2009, existían autorizadas en el ABS Cassà de la Selva once oficinas de farmacia; 3) Para autorizar la instalación de la oficina de farmacia número doce en el ABS Cassà de la Selva se requerían 30.000 habitantes.

CUARTO.-Para la defensa de doña Fátima la autorización para instalar la oficina de farmacia número doce en el ABS Cassà de la Selva debería habérsele concedido a su solicitud presentada en fecha 7/9/2005, ya que en dicha fecha existian 30.006,8 habitantes, y no los 29842,5 que reconoce la Consejera de Salud en la Resolución de 5 de octubre de 2009. Básicamente, la recurrente computa 26.938 personas empadronadas en los municipios que comprende el ABS Cassà de la Selva, 176,20 personas ocupantes de establecimientos turísticos (el 10% de 163,6 en hoteles y campings, el 10% de 54 en residencia-casas de payes, y el 10% de 72 en casas de colonias), y 2892,60 personas ocupantes de viviendas de segunda residencia (12.997 que tiene en cuenta la Administración, más 888 en el municipio de Quart, y 81 correspondientes a viviendas finalizadas en noviembre/diciembre 2001, y agosto/septiembre 2005, multiplicadas por cuatro, restadas las empadronadas, y aplicado el 10%). A ese número debería añadirse el 10% de las personas ocupantes de residencias de la tercera edad existentes en el ABS Cassà de la Selva, alegato éste que se introduce ex novo en el escrito de demanda, y cuyo concreto resultado no cuantifica imputando tal omisión al incorrecto cumplimiento del oficio remitido al Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales para que certificara el número total de plazas que, el día 7 de septiembre de 2005, existían en la 'Residencia Sant Josep' del municipio de Cassà de la Selva, y en la 'Residencia Josep Baulida' en el municipio de Llagostera.

QUINTO.-Teniendo en cuenta los cómputos que efectúa la defensa de la recurrente que le dan un total de 30.006,08 habitantes, esto es 6,08 más de los exigidos para autorizar la oficina de farmacia número doce en el ABS Cassà de la Selva, resulta procedente, dado el escaso número de habitantes en los que se sobrepasa el mínimo exigido, examinar algunos de los conceptos que incluye y sobre los cuales ya se ha pronunciado este Tribunal, pues de no alcanzarse con su exclusión el número de habitantes requeridos carecería de trascendencia la valoración de los restantes, exista o no controversia sobre los mismos.

SEXTO.-En este orden de cosas lo primero que debe resolverse es si computan dentro de los alojamientos turísticos las casas de colonia o albergues-juveniles, que para la defensa de la recurrente totalizan 7,2 personas, que extrae de las 72 plazas existentes en la casa de colonias 'Can Maiol' en el municipio de Sant Andreu Salou.

Pues bien sobre esta cuestión se ha pronunciado recientemente este Tribunal en su sentencia nº 473/2011, de 7 de junio (recurso nº 473/2007 ), que en parte bastante dice:

'CUARTO.- ... la cuestión que se debate se reduce a determinar, de acuerdo con el art. 6 de la citada Ley de ordenación farmacéutica, cómo deben acreditarse y computarse las 'plazas hoteleras y las plazas de camping'. Las partes recurrentes --en especial la Sra. Joaquina -- sostienen que los albergues, Joaquina de colonias y campamentos juveniles se incluyen en ese concepto. También se discute si sólo deben computarse las plazas hoteleras, las plazas de camping y las plazas en Joaquina rurales (turismo rural, sobre las que la Administración no cuestiona la asimilación) que correspondan a establecimientos inscritos en los correspondientes registros administrativos, o también las plazas realmente existentes aunque no estén inscritas.

QUINTO.- Al respecto, las resoluciones recaídas razonan del siguiente modo. La de CFB así:

'(...) Per al còmput dels habitants, d'acord amb l'esmentat article 6è de la Llei d'ordenació farmacèutica de Catalunya, modificat per la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, en vigor des de l'1 de gener de 2002, s'ha de tenir en compte, en tots els casos, la població de l'àrea bàsica resultant del nombre d'habitants inscrits en els padrons dels municipis que la integren al moment de presentar la sol·licitud, segons la certificació lliurada pels secretaris dels ajuntaments dels municipis corresponents, a la qual s'ha de sumar el 10% dels allotjaments turístics amb què compti l'àrea bàsica, entenent per 'allotjaments turístics' els habitatges de segona residència a computar quatre places per habitatge, les places hoteleres i les places de càmping, degudament provats, en el primer cas, per qualsevol dels mitjans admesos en dret, i en el dos restants, per certificació del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.

Al·leguen els farmacèutics instal·lats al municipi de Berga que l'acreditació de les places d'allotjaments turístics a tenir en compte en el còmput dels habitants necessaris per autoritzar una nova oficina de farmàcia, solament es pot dur a terme a través del certificat del Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya. Les peticionàries han aportat als seus expedients, a més del certificat del Departament de Comerç, Turisme i Consum, certificacions emeses pel Consell Comarcal del Berguedà del nombre de places d'allotjaments turístics als municipis que integren l'àrea bàsica de salut BERGA, certificats de la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència de la generalitat del nombre d'instal·lacions juvenils als citats municipis, i certificats d'alguns dels Ajuntaments d'aquests municipis que a més de fer constar el nombre d'habitants inscrits als seus Padrons Municipals, també certifiquen a petició de les sol·licitants, el nombre de places d'allotjaments turístics, coincidint en gran mesura, les dades certificades pels Ajuntaments amb les certificades pel Consell Comarcal del Berguedà.

D'una banda, tots tres certificats són documents públics que acrediten de manera fefaent les dades a les que hi fan referència, i d'altra banda, han estat emesos per Administracions públiques amb competències sobre Turisme i Consum, si bé amb diferent àmbit competencial territorial: autonòmic, pel ,que fa al Departament de Comerç, Turisme i Consum i a la Secretaria General de Joventut; comarcal, pel que fa al Consell Comarcal del Berguedà; i per últim, local, pel que respecta als Ajuntaments.

La Llei d'ordenació farmacèutica de Catalunya inclou dins el concepte de places d'allotjaments turístics, d'una banda els habitatges de segona residència, i d'altra banda les places hoteleres i de càmping. Amb el transcurs del temps, el propi Departament de Comerç, Turisme i Consum ha anat incloent als seus certificats altres tipus d'allotjaments turístics com les residències --cases de pagès, cases de colònies, albergs...-- que han anat apareixent al llarg d'aquests darrers deu anys dins l'emergent 'turisme rural'.

El Consell Comarcal del Berguedà recull, a més de les tradicionals places hoteleres i de càmping, aquests nous tipus d'allotjaments turístics de caire cultural que també inclouen les instal·lacions juvenils a què hi fa referència el certificat de la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència de la Generalitat dels municipis que integren la comarca del Berguedà.

El Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat, la Secretaria General de Joventut i el Consell Comarcal del Berguedà, es nodreixen de les dades que sobre instal·lacions turístiques els hi comuniquen els Ajuntaments atès que són aquests últims els competents en l'atorgament de la corresponent llicència per exercir activitats d'hostaleria i restauració. Deu ser per aquest motiu que els compareixents, en cap moment de les seves al·legacions, han qüestionat aquells certificats municipals que acrediten el nombre de places d'allotjaments turístics existents al seu territori com és el cas del municipi de Avià o de Berga.

Davant l'existència de certificacions emeses per diferents organismes públics, aquest Col·legi n'ha tingut en compte aquell nombre de places d'allotjaments turístics certificats, bé per l'Ajuntament del municipi corresponent o bé pel Consell Comarcal del Berguedà, tenint en compte la xifra més favorable a la data de presentació de la sol·licitud objecte de valoració.

Aquest criteri relatiu a la valoració de les places d'allotjaments turístics es posa de manifest a les resolucions del Departament de Salut d'aquells recursos d'alçada interposats contra acords col·legials que resolen peticions de nova instal·lació d'àrees bàsiques de salut com CASTELLDEFELS, SITGES (resolució de 19 de setembre de 2005), PINEDA DE MAR, VIC 1 (resolució de 18 de gener de 2007), ..., on n'ha tingut en compte el nombre de places d'allotjaments turístics certificats pels Ajuntaments i per altres organismes públics com la Secretaria General de Joventut, en aquells casos en què aquestes dades eren més favorables que les certificades pel Departament de Comerç, Turisme i Consum.'.

Por su parte, la resolución de la Consellera, desestimatoria de los recursos de alzada interpuestos por solicitantes de oficina, y estimatoria del presentado por farmacéuticos establecidos en la ABS, señala:

'(...) D'acord amb l'article 6.e Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, modificat per la Llei 21/2001, de 28 de desembre, per al còmput dels habitants, s'ha de tenir en compte en tots els casos, la població de l'àrea bàsica resultant del nombre d'habitants inscrits en els padrons dels municipis que la integren al moment de presentar la sol· licitud, segons la certificació lliurada pels secretaris dels ajuntaments dels municipis corresponents, a la qual s'ha de sumar el 10% dels allotjaments turístics amb què compti l'àrea bàsica, entenent per 'allotjament turístic' els habitatges de segona residència a computar quatre places per habitatge, les places hoteleres i les places de càmping, degudament provats, en el primer cas, per qualsevol dels mitjans admesos en dret i, en els dos restants, per certificació del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. El mateix criteri s'ha de seguir en tots els supòsits en què aquesta Llei fa referència al còmput de la població, tant si es tracta de la referida àrea bàsica com al municipi.

De la lectura de l'article 6.e i pel que fa als allotjaments turístics, la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, modificat per la Llei 21/2001, de 28 de desembre, distingeix, d'una banda, els habitatges de segona residència, els quals es poden provar per qualsevol dels mitjans admesos en dret, i, de l'altra, les places de càmping i les places hoteleres per a les quals limita el mitjà de prova al certificat del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.

La Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, en l'article 29, estableix que són usuaris turístics, o turistes, les persones físiques o jurídiques que demanen o reben com a destinatàries finals, qualsevol servei turístic.

L'article 38 de la Llei esmentada defineix l'establiment d'allotjament turístic com aquell que d'una manera habitual i amb caràcter professional ofereixen als usuaris turístics, mitjançant preu, allotjament temporal que no constitueixi un canvi de residència per a la persona allotjada, d'acord amb les condicions i les característiques que siguin establertes per reglament. Així mateix, l'article 39 estableix que els establiments turístics es classifiquen en les modalitats següents:

Establiments hotelers,la Llei esmentada estableix que són establiments que presten servei d'allotjament als usuaris turístics de manera habitual i mitjançant preu, com establiment únic o com a unitat empresarial d'explotació, tant si disposen de serveis complementaris como si no en disposen.

L'article 40 de la mateixa Llei estableix que aquests establiments s'han d'inscriure en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC). L'article 6.e) de la Llei 13/1991, 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, modificat per la Llei 21/2001, de 28 de desembre, els preveu expressament per al còmput dels habitants de l'ABS.

Apartaments turístics, d'acord amb la Llei són edificis o conjunts d'habitatges que s'ofereixen, amb els serveis turístics corresponents, en condicions de disponibilitat immediata i mitjançant preu, a usuaris que desitgen fer una estada de dies, setmanes o mesos, per motius turístics o de vacances.

Aquests apartaments turístics no es tenen en compte perquè ja es comptabilitzen amb la xifra d'habitatges totals i, per tant, ja s'han comptat quan es calculen els habitants de segona residència.

Càmpings, d'acord amb la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, tenen la consideració de càmpings els espais d'ús públic degudament delimitats destinats a la convivència agrupada de persones a l'aire lliure, mitjançant tendes de campanya, caravanes, autocaravanes i altres albergs mòbils o mitjançant bungalous, segons les modalitats que siguin establertes per reglament.

D'acord amb l'article 47 de la mateixa llei els càmpings s'han d'inscriure en el Registre de Turisme de Catalunya. L'article 6.e) de la Llei 31/1991, 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, modificat per la Llei 21/2001, de 28 de desembre, els preveu expressament per al còmput dels habitants de l'ABS.

Establiments de turisme rural, d'acord amb l'article 49 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, són establiments que presten allotjament als usuaris turístics en habitacions o habitatges rurals d'una manera habitual i mitjançant preu i s'estableix la necessitat de la seva inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya. Aquests establiments a efectes de còmput d'habitants per autoritzar una nova oficina de farmàcia i en les ABS de muntanya i rural i semiurbanes, per les seves característiques i en tant que la Llei 13/2002, de 21 de juny els classifica com a establiments d'allotjament turístic s'equiparen als establiments hotelers, i per tant es tenen en compte.

Finalment, la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya no preveu com a establiments d'allotjament turístic les cases de colònies, els albergs de joventut, les granges escola o aules i els campaments juvenils: aquests es troben regulats per la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. L'article 1 preveu que aquesta Llei té per objecte regular les característiques i els requisits mínims de les instal·lacions destinades als infants i els joves, a centres d'ensenyament i a entitats, associacions i grups d'infants i joves per a la realització d'activitats educatives en el temps lliure i activitats de lleure.

A la vista de l'article 6.e) de la Llei 31/1991, 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, modificat per la Llei 21/2001, de 28 de desembre, en relació amb la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, per al còmput dels habitants necessaris per autoritzar una nova oficina de farmàcia a una ABS es tindran en compte els establiments que la Llei 13/2002, de 21 de juny, defineix com a allotjaments turístics i que s'han esmentat anteriorment, és a dir establiments hotelers, càmpings i establiments rurals. Queden exclosos els apartaments turístics ja que es tenen en compte per al còmput dels habitants de segona residència, els albergs, les cases de colònies i els càmpings juvenils en no ser allotjaments turístics d'acord amb la Llei 13/2002, de 21 de juny, i la Llei 38/1991, de 30 de desembre.

Pel que fa al mitjà de prova de les places hoteleres, càmpings i establiments rurals, l'article 6.e) de la Llei 13/1991, de 13 de desembre, limita la seva acreditació al certificat del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.

La Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya exigeix la inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya dels establiments hotelers, dels càmpings i dels establiments rurals. L'article 67.h) disposa que en matèria de turisme a la Generalitat li correspon el sosteniment i la gestió del Registre de Turisme de Catalunya i l'elaboració d'estadístiques turístiques i, finalment, l'article 73.2 estableix que el Registre de Turisme de Catalunya està adscrit a l'Administració de la Generalitat, per mitjà de la Direcció General competent en matèria de turisme.

L'Administració de la Generalitat és l'òrgan competent en la gestió i sosteniment del Registre de Turisme de Catalunya i, per tant, és qui té les dades oficials en relació amb els establiments hotelers, càmpings i establiments rurals.

D'acord amb tot l'exposat i a l'empara de l'article 6.e) de la Llei 13/1991, 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, modificat per la Llei 21/2001, de 28 de desembre, i amb la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, el mitjà per acreditar les places hoteleres, els càmpings i les residències - cases de pagès és el certificat del Departament competent en matèria de turisme, la Llei fa referència al Departament d'Indústria, Comerç i Turisme però en l'actualitat no té aquest nom, i per tant, és en tot cas el Departament de la Generalitat que ha assumit les competències en matèria de turisme.'.

SEXTO.- Para terminar de perfilar las posturas de las partes, debe significarse que la representación procesal de la Sra. Cases propugna la interpretación que hace CFB, entre otros, con los siguientes razonamientos:

'(...) La Resolució impugnada --la de la Consellera-- s'ha limitat a aplicar la norma amb un excessiu rigorisme formal, infringint manifestament la finalitat de la norma d'aplicació així com la jurisprudència del Tribunal Suprem i d'aquest propi Tribunal, que en reiterats i constants pronunciaments ha configurat la més que coneguda doctrina en virtut de la qual s'han de computar tota aquella població amb certa permanència a l'àmbit territorial designat, amb independència de si les places que ocupen són places d'allotjaments turístic, són centres assistencials, són residències geriàtriques, col·legis majors o, en el seu cas, centres penitenciaris, sempre que la població de fet s'acrediti per dades objectives, segures, fiables i coherents (...)'.

El Departament de Salut considera que els allotjaments juvenils no han d'ésser computables en no trobar-se contemplats a la Llei de turisme de Catalunya (Llei 13/2002, de 21 de juny). Aquesta tesi ha de decaure, per diferents motius.

En primer lloc, perquè encara que a l'article 39 de la Llei de turisme de Catalunya es contemplen les diferents modalitats d'allotjaments turístics, entre els que es troben els establiments hotelers, els apartaments turístics, els càmpings i els establiments rurals, l'enumeració que conté aquell precepte no és, en cap cas, exhaustiva sinó merament enunciativa, en contemplar-se a l'apartat e) Qualsevol altre que s'estableixi per reglament (...). Per tant, no sols aquells establiments es poden entendre única i exclusivament com a allotjament turístic, sinó que la norma preveu l'existència d'altres tipus que els establerts específicament en el referit article.

En segon lloc, les instal·lacions juvenils es troben degudament regulades per la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades al temps de lleure amb nens i joves de Catalunya, essent definides com a establiments que es destinen a donar allotjament a grups de nens o de joves. I malgrat en cap cas se'ls qualifica d'allotjament turístic, en canvi s'afirma el seu caràcter d'allotjament destinat al lleure i a l'oci, garantint-se el caràcter de certa permanència dels seus usuaris en l'àmbit en els que es troben emplaçats, en exigir-se per la pròpia norma que aquells establiments disposin inexcusablement d'allotjament.

En efecte, l'examen del Decret /2003, de 10 de juny, que aprova el Reglament de les instal·lacions juvenils indicades, resulta il· lustratiu d'aquesta realitat.

De conformitat amb el referit Reglament, l'autorització pel funcionament d'una instal·lació juvenil l'atorga la Secretaria General de la Joventut del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de les competències delegades a la comarca o als ajuntaments, i es troba sotmese a un rigorós control sobre el compliment de la Llei d'Intervenció Integral de l'Administració ambiental i del seu Reglament, així com de la normativa sectorial (article 7). Les referides instal·lacions, un cop autoritzades, s'integren en la Red Catalana d'Instal·lacions Juvenils (article 11), havent d'exhibir una placa identificativa sobre la seva inscripció i autorització (article 12). El seu emplaçament i el seu accés es troben també detalladament regulats així como les seves condicions tècniques generals i específiques.

En aquest sentit, tal i com s'ha apuntat anteriorment, el Decret indicat exigeix, per tal de reconèixer la modalitat d'instal·lació juvenil, que els albergs, cases de colònies, granges escola o aules de natura, disposin necessàriament d'allotjament (articles 42 a 44).

Per tant, disposant d'idèntic rang normatiu que la Llei de turisme de Catalunya i no havent estat derogada expressament per aquesta, la Llei d'instal·lacions juvenils i el Reglament que la desenvolupa, han de ser necessàriament considerades als efectes de computar les places destinades a allotjaments juvenils, malgrat les competències d'autorització, control, inspecció i sanció sobre aquell tipus d'allotjament, no corresponguin al Departament amb competències en matèria de turisme, sinó al Departament de la Presidència (Secretaria General de Joventut), als Consells Comarcals i a l'administració local.

I és que tampoc es pot ignorar que l'ús d'aquell tipus d'allotjament no es troba limitat als nens i als joves, sinó que els adults poden accedir-hi també. L'article 16 del Decret així ho estableix (...).

En definitiva, no existeix cap element o factor substantiu que impedeixi la incardinació o l'assimilació d'aquest tipus de places d'allotjament de lleure i d'oci, dins del concepte indeterminat d''allotjament turístic' contemplat a la Llei d'ordenació farmacèutica de Catalunya. Ens trobem davant de places d'allotjament regulades i degudament controlades per la Generalitat de Catalunya, tal i como succeeix amb les places hoteleres, places de càmping i cases rurals, malgrat el Departament competent no sigui el mateix. La nota de permanència i pernoctació dels seus usuaris és idèntica entre unes i altres places. Ambdós tipus de places estan destinades essencialment al turisme, al lleure i a l'oci. I en ambdós supòsits els ocupants d'aquelles places són potencials usuaris del medicament (...).

La segona irregularitat en què incorre la Resolució impugnada ve referida a l'omissió del còmput de les places hoteleres i les places de càmping degudament acreditades per certificació del Secretari del Consell Comarcal (foli 376). El Departament de Salut considera que la Llei d'ordenació farmacèutica de Catalunya és taxativa en establir que els citats allotjaments turístics només es poden acreditar mitjançant certificació del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i, en consequència, cap altre mitjà del prova pot ésser admès a tal fi.

Ja hem indicat anteriorment, que l'anàlisi la normativa d'ordenació farmacèutica ve fonamentada, sempre i en tot cas, en la realitat poblacional del sector sanitari, per sobre de la realitat jurídica del mateix (...). Allotjaments turístics com ara cases rurals, cases de pagès, masies, masoveries, no es trobaven regulades i, lògicament, no constaven incorporades a cap Registre o base de dades. Pensi's que no va ser fins a l'any 1995 quan es va regular la modalitat d'allotjament turístic anomenada residència- casa de pagès i que la regulació dels establiments de turisme rural no s'ha produït fins a la promulgació, a l'any 2006, del recent Decret 313/2006, de 25 de juliol. Per tant, difícilment el legislador de 1991 podia preveure l'existència d'altres tipus d'allotjaments turístics diferents a hotels i càmpings.

No obstant, la interpretació flexible del precepte ha portat al Departament de Salut a incloure dins el concepte d'allotjaments turístics les cases rurals o cases de pagès (...).

Per altre banda, no es pot ignorar que el propi sistema informàtic del Registre de Turisme de Catalunya no permet extreure dades històriques, resultant del tot punt impossibilitada la càrrega de la prova d'aportar dades actualitzades a la data de la sol· licitud. Concretament, en el present supòsit, la recurrent no ha pogut aportar al seu expedient cap certificació d'aquell Departament referit a 12 de desembre de 2005, motiu pel qual vaig vaig haver d'aportar les dades del Consell Comarcal.

I finalment, una realitat que no escapa a ningú i que ha d'ésser degudament valorada per aquest Tribunal: En el Registre de Turisme de Catalunya, que és en definitiva d'on s'extreuen les dades que són certificades per la Direcció General de Turisme, no es troben incloses totes i cadascuna de les places d'hotels i càmpings efectivament existents en determinats àmbits, sobre tot si es tracta de zones turístiques. (...).

Malgrat no s'admetrà mai obertament, existeixen moltes places de càmping i moltes places hoteleres quina existència tot i no haver estat degudament comunicada al Departament d'Innovació, Universitats i Empreses, es troben en ple rendiment i disposen de la corresponent llicència ambiental municipal i de la seva posada en marxa (...).

En qualsevol cas, ningú no pot negar que aquelles places turístiques acreditades pel Consell Comarcal i pels propis Ajuntaments existeixen a la realitat i són efectivament ocupades per potencials usuaris del servei farmacèutic (...).

En definitiva, els Ajuntaments de l'ABS BERGA i el Consell Comarcal del Berguedà disposen, en el present supòsit, de dades més properes a la realitat que la pròpia Direcció General de Turisme i, per aquest motiu, en aplicació de la finalitat de la Llei d'ordenació farmacèutica catalana, resulta procedent l'aplicació de les dades certificades per aquelles administracions local i comarcal, respectivament. No obstant, aquest Departament de Salut ha considerat més ajustat a la norma d'aplicació prescindir d'aquelles dades i aplicar les més restrictives i allunyades del principi 'pro apertura' i 'favor libertatis'.'

SÉPTIMO.- Después de esta larga transcripción del escrito de demanda de la recurrente Doña. Joaquina , es oportuno significar que en su escrito de conclusiones hace notar que el reciente Decreto legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de Ley a la Directiva 2006/123/CE,del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, elimina el antiguo régimen de autorizaciones de los establecimientos de alojamiento turístico, manteniéndolo exclusivamente para aquellos establecimientos en que concurran imperiosas razones de interés público, lo que, a juicio de la parte, afecta tangencialmente al régimen de autorización de nuevas oficinas de farmacia.

En su opinión, 'malgrat òbviament no desapareix el Registre de Turisme de catalunya, la inscripció dels establiments ja no es produeix a instància del seu titular prèvia supervisió o comprovació del Departament, sinó que s'efectuarà d'ofici per part de l'Administració competent, en aquest cas, l'Administració local. Així s'estableix a l'apartat c bis) que s'introdueix de nou a l'article 68 de la Llei de turisme de Catalunya, modificat pel Decret Legislatiu comentat (...). Per tant, del contingut del nou apartat c bis) transcrit es constata un cop més que el número real de places turístiques existents en un determinat àmbit únicament ho pot acreditar fefaentment l'Administració local amb competències en aquell àmbit, però en cap cas la Direcció General de Turisme, per una simple qüestió de manca d'informació. El contingut del nou apartat c bis) evidencia, doncs, que una aplicació restrictiva de l'article 6.e) de la Llei d'ordenació farmacèutica de Catalunya, que a efectes de noves obertures d'oficina de farmàcia ordena computar únicament aquelles places turístiques acreditades per Departament d'Innovació, Universitats i Empreses, altera absolutament l'esperit de la norma i criteris sobre ordenació farmacèutica recollits a la pròpia Llei 31/1991. Aquell nou apartat posa de manifest que són les Administracions municipals i comarcals les úniques que realment coneixen el número de places turístiques no clandestines existents en el seu territori, amb independència de que les altes i les baixes produïdes sobre les mateixes hagin estat efectivament comunicades al Registre de Turisme. La inscripció en aquell Registre no és constitutiva i mai ho ha estat.'.

OCTAVO.- La cuestión planteada exige una nítida declaración de este Tribunal para sentar criterio y contribuir a la debida seguridad jurídica que evite ulteriores recursos, exigencia particularmente necesaria cuando esta misma Sala y Sección (que conoce desde hace tiempo de los conflictos derivados de la autorización de oficinas de farmacia) ha incluido en el concepto de 'plazas hoteleras y plazas de camping' a las Joaquina de colonias o albergues de juventud', por tratarse en ambos casos de establecimientos de naturaleza asimilable' (sentencia nº 926/2007, de 29 de noviembre, aunque luego este extremo fuera irrelevante para el pronunciamiento definitivo), o bien ha incluido las Joaquina de colonias, aunque este extremo deviniera luego ineficaz --dándose además la circunstancia de que el dato venía certificado por el propio Departamento de Industria, Comercio y Turismo, en contradicción con lo que aquí sostiene-- (sentencia nº 957/2008, de 22 de octubre), o bien ha incluido también implícitamente a las Joaquina de colonias, aunque luego deviniera en dato ineficaz por derivar de prueba defectuosa, pero no a plazas hoteleras relativas a un Hotel en funcionamiento pero no inscrito en el Registro correspondiente (sentencia nº 1140/2009, de 13 de noviembre).

NOVENO.- Una interpretación literal y sistemática delart. 6.e) de la Ley de ordenación farmacéutica, de acuerdo con los criterios hermenéuticos que menciona elart. 3.1 del Código Civil, conduce a afirmar que la población flotante en plazas hoteleras y plazas de camping (así como en establecimientos de turismo rural, establecimientos equiparados por ley a los anteriores) sólo puede acreditarse por certificación del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat (o del que asuma en cada caso las competencias de turismo).

Así se dispone expresamente --y no sin razón-- por el citado precepto, y no es óbice que haya otro tipo de establecimientos de naturaleza similar, e incluso regulados por ley y sometidos a la intervención y control de la Administración como ocurre con los anteriores, que no deban contarse a los efectos previstos en la citada ley de ordenación farmacéutica.

Por lo demás, es lógico que aquellos certificados sólo comprendan las plazas de los establecimientos turísticos autorizados que deban inscribirse en el Registro de Turismo de Cataluña, cuya gestión compete al órgano de la Generalitat que tiene atribuida esta función. Sostener lo contrario podría llevar a consecuencias indeseables y a un casuismo tremendo.

Pero es que se puede seguir sosteniendo esta interpretación aun después de las reformas normativas de índole liberalizadora que sujetan el funcionamiento de los establecimientos turísticos a una simple comunicación al órgano competente (tal como razona la actora Doña. Joaquina en su escrito de conclusiones). No por ello dejará de ser necesaria la existencia de un Registro que recoja rigurosamente estas plazas para permitir, entre otras cosas, la intervención y control ex post en determinadas circunstancias. Por lo que seguirá siendo posible la expedición de certificados en base a los registros administrativos.'

Esta doctrina, que no ha sido desvirtuada en los razonamientos que se contienen en el escrito rector del proceso, determina el rechazo del alegato de la defensa de la parte actora tendente a que en el presente caso se computen 7,2 habitantes por el concepto de Joaquina de colonias o albergues juveniles, de acuerdo con el certificado expedido por el Subdirector General de la Secretaría de la Juventud del Departamento de Acción Social y Ciudadana de la Generalidad de Cataluña (documento número tres aportado con el escrito de demanda), que no por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad (o del que asuma en cada caso las competencias de turismo). Con esta exclusión no se alcanzaría el número de 30.000 habitantes exigidos para autorizar la instalación de la oficina de farmacia número doce en el ABS Cassà de la Selva, incluso respetando el cómputo, cuestionable en otros conceptos, que realiza la defensa de la recurrente.

SÉPTIMO.-Habida cuenta que en el escrito rector del proceso la defensa de la parte actora introduce ex novo el alegato relativo a que debe computarse también el 10% de las personas ocupantes de residencias de la tercera edad existentes en el ABS Cassà de la Selva, y cuyo concreto resultado no cuantifica, pues tan solo se cita la existencia de diez plazas en el hogar- residencia 'Ramón Noguera VI Llagostera' (documento número diez aportado con el escrito de demanda), imputando en el escrito de conclusiones sucintas tal omisión al incorrecto cumplimiento del oficio remitido al Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales para que certificara el número total de plazas que, el día 7 de septiembre de 2005, existían en la 'Residencia Sant Josep' del municipio de Cassà de la Selva y en la 'Residencia Josep Baulida' en el municipio de Llagostera, y ello podría suponer un incremento del número de habitantes hasta el punto de alcanzar la cifra de 30.000, debe decirse, en primer lugar, que en ningún caso, cabría adicionar aquellos ocupantes de las residencias geriátricas que ya se encuentran empadronados en alguno de los municipios del ABS Cassà de la Selva, puesto que ello supondría una inaceptable duplicidad, al haber sido ya incluidos en el capítulo de los habitantes inscritos en el padrón municipal, primero de los conceptos a que se refiere el artículo 6.e) de la Ley 31/1991, de 13 de diciembre , y en segundo lugar que en el hipotético caso de que se admitiera el cómputo de los ocupantes de residencias geriátricas no censados en ningún municipio del ABS, ello sería por vía de asimilación a las plazas hoteleras, demodo que sólo cabría adicionar el diez por ciento de las plazas existentes, en los términos previstos en el precepto antes referido.

Pues bien, es cierto que en el oficio remitido al Tribunal por el Presidente del Comité de Acreditación de Entidades Colaboradoras del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales tan solo se dice que, en fecha 7 de septiembre de 2005, formaban parte del programa de entidades colaboradoras la 'Residencia Sant Josep', ubicada en el municipio de Cassà de la Selva y la 'Residencia Josep Baulida', ubicada en el municipio de Llagostera, sin poder indicar, en razón de los medios informáticos disponibles, el número de plazas colaboradoras. Ahora bien, no lo es menos que por los certificados remitidos en periodo probatorio por los Ayuntamientos de Cassà de la Selva y de Llagostera se conoce el número de plazas existentes, 76 en la 'Residencia Sant Josep' del municipio de Cassà de la Selva, 22 en la 'Residencia Josep Baulida' en el municipio de Llagostera, y tan solo 4 en la 'Residencia Josep Noguera' del municipio de Llagostera. Pero resulta que en la certificación expedida por el Ayuntamiento de Cassà de la Selva se dice que 'examinado el vigente padrón municipal de habitantes... el número de personas empadronadas en fecha 7 de septiembre de 2005, en la Rambla 11 de Setembre, 77, 'Residencia Geriátrica Sant Josep' era de 76', y en el remitido por el Ayuntamiento de Llagostera se dice que 'consultado el padrón municipal de habitantes del año 2005, el número de habitantes de este municipio en las diferentes direcciones era... 'Residencia Josep Baulida' 22 personas. 'Residencia Josep Noguera' 4 personas.'

Resulta así que con tales datos no puede admitirse la propuesta de la defensa de la recurrente de incluir todas las plazas existentes en las diferentes Residencias, computando el 10% de las mismas, porque falta el presupuesto básico de acreditar que los que allí residían no se encontraban empadronados, en fecha 7 de septiembre de 2005, en alguno de los municipios que comprende el ABS Cassà de la Selva, cuando los certificados expedidos por los Secretarios de los respectivos municipios informan que todos estaban empadronados en ellos.

Procede, como lógica consecuencia, la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo.

OCTAVO.-No ha lugar a efectuar expreso pronunciamiento sobre las costas causadas, al no apreciarse temeridad ni mala fe en las partes, conforme dispone el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional .

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Quinta, ha decidido:

1º.- Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo.

2º.- No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley, llevándose testimonio de la misma a los autos principales.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de su notificación.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN. Leída y publicada la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en la misma se expresa, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.