Sentencia Administrativo Nº 71/2016, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Barcelona, Sección 5, Rec 420/2014 de 31 de Marzo de 2016

Encabezamiento

Jutjat Contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona

Procediment drets fonamentals 420/2014- A

SENTÈNCIA Nº 71/2016

Data: 31 de març de 2016

Lloc: Barcelona

Jutgessa que la dicta: Montserrat Raga Marimon

PARTS

Demandant: Associació de Veïns del Baixador de Castelldefels

Demandada: Ajuntament de Castelldefels

Ministeri Fiscal

Antecedentes

Únic.-La part actora va presentar recurs contenciós administratiu especial a tramitar dŽacord amb el procediment per a la protecció de drets fonamentals davant de la inactivitat de lŽAjuntament de Casteldefels en el control de la contaminació acústica provinent de determinades guinguetes de les platges de Castelldefels i bars musicals del passeig marítim i davant del Decret de 31 de juliol de 2014 dictat pel regidor- delegat de Governació i Via Pública de lŽAjuntament desestimant la sol.licitud presentada per lŽactor i la manca de resposta del requeriment presentat per lŽactora en data 9 dŽagost de 2014. I feia la pètita que consta a la demanda i que dono per reproduïda.

Acomplerta la tramitació prevista a lŽarticle 114 i ss ven quedar les actuacions concloses per resoldre.

Fundamentos

Primer.- Objecte del procediment

La part actora acciona davant de les següents resolucions:

Decret de data 31 de juliol de 2014, dictat pel regidor- delegat de Governació i Via Pública de lŽAjuntament de Castelldefels pel qual es desestima la reclamació prèvia presentada per lŽactora en data 25 de març de 2014.

Decret de data 11 de novembre de 2014 dictat per lŽalcalde lŽAjuntament pel qual es desestimava la reclamació prèvia presentada per lŽactora en data 13 dŽagost de 2014.

Decret de data 17 de novembre de 2014 dictat per lŽalcalde lŽAjuntament pel qual es desestimava la reclamació prèvia presentada per lŽactora en data 13 de setembre de 2014.

i la inactivitat davant de les reclamacions formulades en els escrits presentats en data 25 de març, 9 dŽagots, 13 de setembre i 17 de setembre de 2014.

Cal tenir en compte quie lŽescrit de data dŽentrada 25 de març de 2014 es refereix a les irregularitats realitzades per totes les guinguetes que estan incloses en la subzona A4 o B1, com ja veurem, emissores dels sorolls.

Segon.- Causa dŽinadmissibilitat. Manca de legitimació activa

LŽAjuntament de Castelldefels planteja com a causa dŽinadmissibilitat el fet que lŽactora no està legitimada activament per al present procediment.

Per resoldre la qüestió transcric la sentència dictada per la Sala del TSJ de Madrid, de 5 de desembre de 2007 quan diu 'El TS, en sentencia de 11 de octubre de 2003 afirma,'la legitimación es presupuesto inexcusable del proceso, que implica en el proceso contencioso- administrativo, como hemos señalado en la doctrina de esta Sala (por todas, en STS, 3ª, 7ª de 11 de febrero de 2003, al resolver el recurso núm. 53/2000 EDJ 2003/2152 EDJ 2003/2152 ), así como en la jurisprudencia constitucional (por todas, la STC 65/94 EDJ 1994/1762 EDJ 1994/1762 ), una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto (como subraya esta última jurisprudencia en SSTC 105/1995, de 3 de julio, F. 2 EDJ 1995/3109 EDJ 1995/3109 ; 122/1998, de 15 de junio, F. 4 EDJ 1998/6492 EDJ 1998/6492 y 1/2000, de 17 de enero, F. 4 EDJ 2000/82 ). Para que exista interés legítimo en la jurisdicción contencioso-administrativa, la resolución impugnada (o la inactividad denunciada) debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso y este criterio lo reitera la jurisprudencia constitucional ( SSTC núms. 197/88 EDJ 1988/513 EDJ 1988/513 , 99/89 EDJ 1989/5706 EDJ 1989/5706 , 91/95 EDJ 1995/2616 EDJ 1995/2616 , 129/95 EDJ 1995/4415 EDJ 1995/4415 , 123/96 EDJ 1996/3759 EDJ 1996/3759 y 129/2001 EDJ 2001/11107 EDJ 2001/11107 , entre otras). En efecto, la doctrina jurisprudencial de esta Sala ha señalado: a) Por interés, que la normativa vigente califica bien de' legítimo, personal y directo', o bien, simplemente, de' directo' o de' legítimo, individual o colectivo', debe reputarse toda situación jurídica individualizada, caracterizada, por un lado, por singularizar la esfera jurídica de una persona respecto de las de la generalidad de los ciudadanos o administrados en sus relaciones con la Administración Pública, y dotada, por otro, de consistencia y lógica jurídico-administrativas propias, independientes de su conexión o derivación con verdaderos derechos subjetivos. b) Ese interés, que desde el punto de vista procedimental administrativo y procesal jurisdiccional es una situación reaccional, en pro de la defensa y efectiva reintegración de lo que doctrinalmente se ha llamado el propio círculo jurídico vital y en evitación de un potencial perjuicio ilegítimo temido, está conectado precisamente con este concepto de perjuicio, de modo que el interés se reputa que existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones legales y naturales de conseguir un determinado beneficio material o jurídico o como cuando la persistencia de la situación fáctica creada o que pudiera crear el acto administrativo ocasionaría un perjuicio como resultado inmediato de la resolución dictada. c) Ese' interés legítimo', que abarca todo interés que pueda resultar beneficiado con la estimación de la pretensión ejercitada (siempre que no se reduzca a un simple interés por la legalidad), puede prescindir, ya, de las notas de' personal y directo', pues tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la del Tribunal Constitucional (en Sentencias, entre otras, de este último, 60/1982, de 11 octubre EDJ 1982/60 EDJ 1982/60, 62/1983, de 11 julio EDJ 1983/62 EDJ 1983/62, 160/1985, de 28 noviembre EDJ 1985/134 EDJ 1985/134, 24/1987 EDJ 1987/24 EDJ 1987/24, 257/1988 EDJ 1988/573 EDJ 1988/257, 93/1990 EDJ 1990/5441 EDJ 1990/5441, 32 EDJ 1991/1558 EDJ 1991/1558y 97/1991 EDJ 1991/4834 EDJ 1991/4834y 195/1992 EDJ 1992/11281 EDJ 1992/11281, y Autos 139/1985, 520/1987 y 356/1989) han declarado, al diferenciar el interés directo y el interés legítimo, que éste no sólo es superado y más amplio que aquél sino también que es, por sí, autosuficiente, en cuanto presupone que la resolución administrativa o jurisdiccional a dictar ha repercutido o puede repercutir, directa o indirectamente, pero de un modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien se persona. d) Salvo en los supuestos en que el ordenamiento reconoce legitimación para ejercer la acción pública, no basta como elemento legitimador bastante el genérico deseo ciudadano de la legalidad, pues es necesaria una determinada relación con la cuestión debatida ya que como señaló la sentencia de esta Sala de 26 de noviembre de 1994, la 'ad causam' conlleva la necesidad de constatar la interrelación existente entre el interés legítimo invocado y el objeto de la pretensión, o como dijo la sentencia de 21 de abril de 1997, se parte del concepto de 'ad causam' tal cual ha sido recogido por la doctrina como atribución a un determinado sujeto de un derecho subjetivo reaccional, que le permite impugnar una actuación administrativa que él considera ilegal, y que ha incidido en su esfera vital de intereses y la defensa de ese derecho requiere, como presupuesto procesal, que el acto impugnado afecte, por tanto, a un interés del recurrente. (.)'.

A la vista de la doctrina transcrita -y sin desconocer que la legitimación activa en el ámbito del proceso contencioso- administrativo presenta perfiles muy borrosos, pero que vienen siendo objeto de una interpretación expansiva por parte de la jurisprudencia de la Sala Tercera en aras del principio 'pro actione' sobre todo en materia medio ambiental- y 1) sobre la base de las innegables competencias que en materia de Medio Ambiente tienen los Ayuntamientos, que la contaminación acústica es materia 'a caballo' entre el medio ambiente y la salud -sobre la que también ostentan competencias los Entes Locales-, 2) que la protección ambiental constituye una piedra angular de todo el sistema normativo de la Comunidad Europea, vinculando la lucha contra el ruido y la defensa de los derechos fundamentales a la intimidad y a la integridad física de las personas, tal como ha quedado cristalizado en la Directiva 2002/49 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, transpuesta al Ordenamiento español por la Ley 37/03, de 17 de noviembre, del Ruido, 3 EDL 2003/120316 ) que la Ley de Cataluña 16/02, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica otorga competencias en la materia a los Ayuntamientos, y, 4) que en virtud del principio de subsidiariedad proclamado por la Carta europea de Autonómica Local, los Ayuntamientos tendrán que velar por que los vecinos disfruten de un medio ambiente adecuado y porque las molestias de producen los aeropuertos se reduzcan al máximo, ha de concluirse que el Ayuntamiento de Gavá tiene legitimación activa , legitimación que, expresa y específicamente, le reconoció la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Cataluña de 21 de octubre de 1999, dictada en el Rº de la Ley 62/78 EDL 1978/3875 núm. 2937/98 EDJ 1999/46197, interpuesto por el citado Ayuntamiento en relación con los daños que producen a los vecinos los ruidos de los aterrizajes y despegues de aviones del Aeropuerto del Prat, Sentencia que fue confirmada por Sentencia de la Sección Séptima del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2004 EDJ 2004/31738, citada por el propio Abogado del Estado en su contestación.'

Respecte a la legitimació de les associacions, trobem la interliocutòria dictada per la Sala contenciosa administrativa del TSJ de Madrir de data 27 de gener de 2014 la qual estableix parlant de les associaicons sindicals, però a la vegada extensible a la resta dŽassociocions ' En el plano procesal la tutela de los derechos de las Asociaciones se canaliza a través del art. 24.1 CE EDL 1978/3879 , art. 7.3 LOPJ EDL 1985/198754 (deber de protección por parte de los órganos judiciales de los derechos e intereses legítimos tanto individuales como colectivos) señalando la LOPJ EDL 1985/8754 que para la defensa de los intereses colectivos se reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción ( art. 7.3 LOPJ EDL 1985/198754 ). y en el art. 1.1 de la Ley de Asociación Sindical, que reconoce el derecho de los trabajadores a constituir en cada rama de actividad las asociaciones profesionales que estimen convenientes para la defensa de sus intereses, habiéndose orientado la reforma de la Ley Sindical a la protección legal de la libertad de asociación sindical de los trabajadores y empresarios para la defensa de sus intereses peculiares, sin otros límites funcionales que los inherentes a la naturaleza profesional de sus fines estatutarios y al deber de acatamiento de la legalidad; todo ello en el ejercicio de las libertades propias de una sociedad democrática y teniendo en cuenta los convenios internacionales, especialmente los convenios números 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, así como el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales firmado por el Gobierno español.

El Tribunal Constitucional otorga legitimación activa incluso a las asociaciones no sindicales para recurrir en defensa de los intereses de sus miembros. Considera que existe un interés profesional de promoción y defensa de una categoría de trabajadores -la de sus asociados-, del que no sólo es titular cada uno de ellos, individualmente considerados, sino también la asociación o entidad que, asume estatutariamente esos misinos fines. Así en la STC 47/1990 EDJ 1990/3144 se refiere específicamente a la legitimación procesal de las asociaciones de trabajadores, estima el recurso de amparo y considera lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de acceso a la justicia, indicando que no hay que confundir el concepto de interés legítimo en la defensa de un derecho con el más restrictivo de la titularidad personal del derecho o libertad cuyo amparo se pide, 'pues el interés legitimo es más amplio que el interés directo y, por tanto, de mayor alcance, y en él hay que entender incluido el interés profesional de promoción y defensa de una categoría de trabajadores del que puede ser titular no solo cada uno de ellos sino también cualquier asociación o entidad que haya asumido estatutariamente esos mismos fines'.

Dice el TC que negar a una asociación profesional, por el hecho de no ser sindical, la legitimación para actuar en defensa de los intereses que le son propios, se compadece mal con el reconocimiento constitucional como derecho fundamental del derecho de asociación ( art. 22 CE EDL 1978/3879), así como con la llamada a la ley que efectúa el art. 52 CE EDL 1978/3879 para la regulación de las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios.

Efectivamente, aunque no cabe duda del importante papel que desempeñan los sindicatos en la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores al amparo de los arts. 7 y 28.1 CE EDL 1978/3879 , no se puede desconocer que también otro tipo de asociaciones con relevancia constitucional, como las profesionales, tienen como objeto y como fin ese mismo cometido, al amparo del derecho de asociación que la Constitución también reconoce como fundamental en el art. 22 CE EDL 1978/3879, cuyo ejercicio debe ir acompañado de las necesarias garantías jurisdiccionales.

Lo contrario supondría menoscabar el ejercicio de los derechos de las asociaciones profesionales que al amparo del citado precepto constitucional se fundan para defender los intereses de determinados colectivos o ramas profesionales, al reconocer únicamente la tutela judicial efectiva a aquellas otras que defienden esos derechos laborales desde el ámbito sindical al amparo del art. 28.1 CE. EDL 1978/3879

Siendo lo que evidentemente se exige siempre para que no se trate de una mera acción ejercitada en defensa de la legalidad, para el reconocimiento de la legitimación , que se justifique la existencia de un interés legítimo concretado en que la estimación del recurso le reportaría algún beneficio o ventaja, siquiera instrumental o indirecto, en relación con su finalidad estatutaria, en su dimensión no general y abstracta, sino en referencia concreta al núcleo básico de sus intereses como tal asociación o en relación con sus propios asociados en cuanto miembros de dicha asociación , y ello desde luego entendemos concurre en el caso presente.

En nuestro caso AFEM es una Asociación Profesional, legalmente constituida al amparo de la Ley 11/1985 de Libertad Sindical que, según sus Estatutos, desarrolla sus fines en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid y tiene por objeto fundamental según el art. 5 de sus Estatutos, entre otros, a) Representar y defender, dotada de personalidad jurídica y con plena capacidad de obrar, los intereses profesionales de sus asociados y c) Contribuir a la mejora de las condiciones generales y particulares de los facultativos especialistas; siendo los miembros de la Asociación los Facultativos Especialistas del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid y los facultativos que se encuentren en periodo de especialización que se adhieran voluntariamente a la misma (art. 6).

Existe en consecuencia un vínculo especial y concreto entre los fines de la Asociación y la razón de su existencia con el objeto del recurso presente por cuanto que la Resolución recurrida afecta a los facultativos especialistas que la asociación defiende y representa.

En consecuencia la actora es una asociación que representa y defiende los derechos e intereses de sus asociados que son un determinado colectivo de profesionales y que promueve el pleito en defensa de un interés que le es propio, de un interés profesional y negarle la acción seria tanto como negarles el derecho a la tutela judicial efectiva en defensa de los intereses colectivos que defiende, sin que actúe en el caso presente como mera defensora de la legalidad sino en defensa de los concretos intereses de sus asociados que como hemos dicho son Facultativos Especialistas del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, siendo así que el objeto de la convocatoria es la licitación de un contrato para la gestión por concesión precisamente del servicio público de la atención sanitaria especializada de seis hospitales en que la cláusula 9.4 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares al regular las obligaciones de la entidad adjudicataria en relación con los Recursos Humanos, contiene concretas previsiones sobre el régimen jurídico del personal que preste sus servicios en el momento de adjudicación del contrato en los Hospitales a que la convocatoria de licitación se refiere, estableciendo diferentes posibilidades y opciones según se trate de personal laboral, personal estatutario eventual, personal estatutario interino, personal estatutario fijo y personal laboral del convenio colectivo de la Comunidad de Madrid, resultando evidente que tal personal e incluso el que no presta en estos momentos servicios en tales hospitales por cuanto que también podría solicitar plaza en ellos, está legitimado para impugnar la Resolución de 30 de abril de 2013, por tener un interés legítimo al repercutir la resolución administrativa impugnada directa o indirectamente en su esfera jurídica, siendo afectados por la Resolución impugnada que varía el sistema de gestión de los hospitales, la relación de dependencia del personal, hay parte del personal como es el estatutario fijo y el laboral fijo de la CAM que presta servicios en los Centros de Salud Mental, que es reordenado directamente a otros centros del SERMAS y no tienen la opción del art. 9.4 (respuesta a la pregunta 85 de Hospitales de Madrid), tampoco tiene opciones el personal estatutario eventual e interino de los seis hospitales objeto de licitación ya que es personal cuya relación laboral con el SERMAS finalizará con la adjudicación, por ello su coste no se prevé en los Anexos relativos a los costes de personal y este personal puede pasar a prestar servicios para la empresa concesionaria únicamente en las condiciones contractuales que la empresa establezca (respuesta a la pregunta 59 de Hospitales de Madrid) no existiendo subrogación en sus contratos pese a que las plazas del personal estatutario interino están previstas en las Rptas., estando asimismo legitimada la Asociación recurrente en tanto en cuanto defiende los intereses de sus asociados directamente afectados por la Resolución administrativa impugnada, concordancia de los fines estatutarios de la asociación recurrente con el objeto del litigio por cuanto que a la vista de sus fines estatutarios no es neutral o indiferente el mantenimiento de la norma recurrida pues el interés legítimo es más amplio que el interés directo y, por tanto, de mayor alcance, y en él hay que entender incluido el interés profesional de defensa de una categoría de trabajadores del que puede ser titular no solo cada uno de ellos sino también cualquier asociación o entidad que haya asumido estatutariamente esos mismos fines.

Entendemos que sentado lo razonado (y reconociendo como hemos visto el TC legitimación activa cuando concurre un interés legítimo, incluso a las Asociaciones no sindicales), no es obstáculo para reconocer legitimación a la actora el que no forme parte de la mesa sectorial de sanidad ni haya participado en las últimas elecciones a la sanidad pública madrileña que tuvieron lugar hace más de dos años (el 4 de mayo de 2011), siendo por lo demás una mera opinión del SERMAS (doc n° 1 del escrito de oposición de la CAM) el que la recurrente carezca de cualquier representatividad en el sector, lo que además se compadece mal con su número de afiliados y con su capacidad de convocatoria y organización de movilizaciones en defensa de la Sanidad Pública a que asistimos continuamente en Madrid. El caso presente nada tiene que ver con el alegado por la CAM Auto del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 1997 que declaró la imposibilidad de reconocer el interés legitimador cuando resultaba únicamente de una autoatribución estatutaria, por cuanto que tal Auto y otras tantas Sentencias del Tribunal Supremo ( Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 7ª, S 20-5-2011, rec. 3381/2009 EDJ 2011/99972 ) que niegan la legitimación en tales casos no se refieren a casos como el presente, distinguiendo esta ultima Sentencia entre los casos en que una Asociación (allí se trataba de una Fundación) constituida para la defensa de cualesquiera intereses o para el logro de cualesquiera finalidades resulte legitimada plenamente para impugnar actos administrativos, cuando esos intereses resulten afectados o, ajuicio del propio ente, deban ser defendidos, tal y como se infiere, con toda claridad, del art. 19.1.aps a) y b) de la Ley de esta Jurisdicción que es nuestro caso y otra bien diferente es que tal legitimación se reconozca indiferenciadamente sobre la base de perseguir fines genéricos, incluso de contenido moral, respecto de la actuación de las Administraciones públicas o la prestación de los servicios públicos, pero sin afectación de intereses. Lo mismo ocurre con lo dispuesto en el art. 19.1 b) de la LJCA EDL 1998/44323 cuando dice que están legitimados en el orden jurisdiccional contencioso administrativo...' Las Corporaciones, asociaciones , sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el art 18 que resulten afectados ó estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos ' que recoge dos supuestos distintos de legitimación que son que estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos ó intereses legítimos colectivos ó que resulten afectados por la Resolución recurrida que es lo que ocurre en el caso presente entroncando esta última expresión con el concepto de interés legítimo que aquí concurre por lo que la recurrente no necesita estar habilitada por otra Ley distinta de la Ley de Asociaciones Sindicales ó de la Ley Sindical.

La situación de los médicos especialistas no es equivalente en materia de legitimación activa a la de los usuarios del Sistema Público Sanitario a quienes hemos negado legitimación en el Auto de 24 de julio de 2013 dictado por esta misma Sala y Sección en el PO n° 674/2013 por cuanto que los primeros son directamente afectados por el Pliego que regula su situación y contiene previsiones concretas sobre su régimen jurídico.

En relación a la legitimación de las Asociaciones citamos:

1°.- la Sentencia del Tribunal Constitucional, sec. 1ª, de 21-12-2009, n° 218/2009, BOE 15/2010 EDJ 2009/291385, de 18 de enero de 2010, rec. 3676/2006. Pte: Aragón Reyes, Manuel.

El TC otorga el amparo solicitado por la agrupación de trabajadores recurrente contra la sentencia del Tribunal Supremo que acordó la inadmisión del recurso contencioso-administrativo por falta de legitimación activa de la asociación demandante.

Se trataba de una asociación Agrupación de Trabajadores Discriminados (Atados) que interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo EDL 2004/2897, por el que se aprobó el estatuto del personal de la sociedad estatal Correos y Telégrafos, sociedad anónima, solicitando que se declarase la nulidad del mismo, por entender dicho reglamento contrario a Derecho y lesivo para los intereses de sus asociados.

La Sentencia del Tribunal Supremo recurrida en amparo que negó al legitimación razonaba: ' Tras analizar la Sentencia el régimen de personal al servicio de la nueva sociedad estatal Correos y Telégrafos establecido por el Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo EDL 2004/2897 , así como las razones esgrimidas por la asociación Atados en su demanda, razona que esta asociación carece de interés legítimo para impugnar el Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo EDL 2004/2897 , toda vez que ni en sus estatutos ni en su actuación procesal ha justificado ser titular de derechos o intereses afectados por el referido Real Decreto, destacando que los estatutos de la asociación permiten asociarse a todas las personas físicas y jurídicas que lo deseen, y siendo irrelevante que en el acta fundacional de la asociación se aluda a los trabajadores de Correos y Telégrafos y que pudieran ostentar esta condición los promotores de la asociación y la persona designada provisionalmente como presidente de la misma, pues la asociación Atados está dotada de personalidad jurídica propia, distinta de la de sus asociados, sin que dicha asociación haya acreditado nada en el proceso que permita tenerla por interesada en los términos exigidos por el art. 19 LJCA EDL 1998/44323 , lo que determina la inadmisión de su recurso contencioso-administrativo por falta de legitimación '.

El Tribunal Constitucional otorga el amparo por entender que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, en su dimensión del derecho de acceso a la jurisdicción ( art. 24.1 CE EDL 1978/3879 ), al haber negado a la asociación recurrente una resolución sobre el fondo de su pretensión por apreciar que carecía de legitimación activa para entablar la concreta acción ejercitada, razonando: ' A tai conclusión se ilega, en primer lugar, si se observa la finalidad estatutaria de la asociación recurrente, en cuanto delimitación propia de sus intereses fSSTC 252/2000, de 30 de octubre, FJ 6, y 28/2009, de 26 de enero, FJ 4). En el art. 4 de sus estatutos se identifican expresamente como fines de la asociación 'La búsqueda de la igualdad constitucional para todos los ciudadanos y de manera especial el reconocimiento de los derechos de los trabajadores de Correos, así como certificar el actual estado de discriminación de los empleados públicos de Correos y Telégrafos y el peligro que se puede sentar con este precedente para el resto de la función pública en este país'. Constituyen actividades destinadas a garantizar el cumplimiento de esos fines, entre otras, según el art. 5 de los estatutos, 'la defensa jurídica individual o colectiva de los trabajadores discriminados ante cualquier instancia administrativa y judicial.' Por otra parte está plenamente acreditado, a la vista del acta fundacional de la asociación , que son empleados públicos de Correos y Telégrafos quienes la constituyen, sin perjuicio de la apertura en sus estatutos a la incorporación de terceros que no ostenten tal condición, siempre y cuando 'tengan interés en el desarrollo de los fines de la asociación ' (art. 6).

En cuanto al Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo EDL 2004/2897 , por el que se aprueba el estatuto del personal de la sociedad estatal Correos y Telégrafos, sociedad anónima, impugnado por la asociación recurrente en vía contencioso- administrativa, se trata de una reglamentación que pretende, conforme indica su propia exposición de motivos, la regulación del nuevo régimen estatutario del personal de Correos y Telégrafos en cumplimiento de las previsiones contenidas en el art. 58 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, previsiones que, según hemos tenido ocasión de afirmar, no suponen infracción de garantios institucionales de la función pública dimanantes de los arts. 23.2 y 103.3 CE EDL 1978/3879 ( ATC 254/2006, de 4 de julio, FJ 4 EDJ 2006/278165). Esto es, el Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo EDL 2004/2897, persigue el objetivo de adaptar el régimen jurídico de los funcionarios que venían prestando servicios en la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos, sin perjuicio del mantenimiento de sus derechos adquiridos, a la nueva situación que para estos empleados públicos conlleva su integración en la sociedad estatal mercantil en la que se ha transformado Correos y Telégrafos. La regulación estatutaria resultante del Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo EDL 2004/2897, conlleva, según se indica asimismo en su exposición de motivos, en atención a la naturaleza mercantil de la sociedad estatal Correos y Telégrafos, que opera en marco competencial de progresiva liberalización de los servicios postales, el establecimiento de una serie de especialidades, entre las que destacan el novedoso sistema de ordenación de puestos de trabajo, construido sobre dos instrumentos clave que son el plan de evaluación y fijación de las necesidades y la relación general de empleos de correos, el nuevo sistema retributivo y la regulación del sistema de carrera profesional.

En fin, como se recoge en la Sentencia impugnada (fundamento de Derecho tercero), la asociación recurrente impugna el Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo EDL 2004/2897, tanto por motivos formales como por razones sustanciales, reprochando a esta reglamentación, entre otras tachas, que impide a los sindicatos con implantación en Correos y Telégrafos distintos de aquellos que negociaron el acuerdo sobre el nuevo Estatuto la participación en las negociaciones previstas en dicho Estatuto; que somete a los funcionarios de Correos y Telégrafos a una laboralización encubierta; que les impide promocionar; que introduce una doble escala salarial lesiva de su derecho a la igualdad de trato en materia retributiva; que les priva de sus puestos de trabajo al suprimir las relaciones de puestos de trabajo; y que no respeta sus derechos adquiridos.

Pues bien, a la vista de cuanto ha quedado expuesto, es notoria, como señala acertadamente el Ministerio Fiscal en sus alegaciones, la concordancia de los fines estatutarios de la asociación recurrente con el objeto del litigio, pues los motivos de impugnación del Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo EDL 2004/2897 , por el que se aprueba el estatuto del personal de la sociedad estatal Correos y Telégrafos, sociedad anónima (relativos a participación sindical, acceso a puestos de trabajo, promoción profesional, retribuciones, derechos adquiridos, etc.) se encuentran directamente conectados con 'el reconocimiento de los derechos de los trabajadores de Correos ', que constituye la especial finalidad de la asociación demandante, e incluso con su finalidad mas genérica relacionada con la situación de 'discriminación de los empleados públicos de Correos y Telégrafos ' (ajuicio de la asociación recurrente) y 'el peligro que se puede sentar con este precedente para el resto de la junción pública' (art. 4 de los estatutos de la asociación recurrente). A lo que cabe añadir que si bien es cierto, como se destaca en la Sentencia impugnada, que los estatutos de la asociación recurrente permiten incorporarse a la misma a todas las personas físicas o jurídicas que lo deseen (y no solo, por tanto, a quienes ostenten la condición de funcionarios de Correos y Telégrafos), no lo es menos que para ello se exige que 'tengan interés en el desarrollo de los fines de la asociación ' (art. 6).

En consecuencia, existiendo una relación directa entre los fines de la asociación y los concretos motivos en que se fundamentaba la impugnación del Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo EDL 2004/2897 , por el que se aprueba el estatuto del personal de la sociedad estatal Correos y Telégrafos, sociedad anónima, 'no cabe negar que para la asociación recurrente, en atención a sus fines estatutarios, no es neutral o indiferente el mantenimiento de la norma recurrida' ( SSTC 282/2006, de 9 de octubre, FJ 3 EDJ 2006/281526 , y 28/2009, de 26 de enero, FJ 4 EDJ 2009/11664 ). En estas circunstancias no resulta manifiestamente irrazonable la negación del interés de la asociación recurrente en el pleito que promovía, pero sí es contraria a la amplitud que desde la perspectiva constitucional debe guiar las reglas de atribución de legitimación activa , y si comporta, por el contrario, una restricción rigorista y desproporcionada del acceso a la jurisdicción, lesiva por ello del derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE EDL 1978/3879 EDL 1978/3879)'.

2.- La Sentencia del Tribunal Constitucional Sala 1ª, S 22-12-2008, n° 184/2008, BOE 21/2009, de 24 de enero de 2009, rec. 3321/2007. Pte: Pérez Tremps, Pablo EDJ 2008/243970 , que declaró la nulidad de la Sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de febrero de 2007, dictada en el rollo de apelación núm. 5-2007, en lo referido a la concurrencia de la causa de inadmisión de falta de legitimación activa de la asociación recurrente (procedimiento de derechos fundamentales ).

El TC estima el recurso de amparo y entiende legitimada a una asociación entre cuyos fines estatutarios está conseguir la integración en la sociedad y la promoción de las personas con problemas de cualquier clase de marginación social, especialmente menores y jóvenes, incluyendo el ejercicio de las acciones judiciales que se entiendan oportunas para la tutela de sus derechos y libertades fundamentales , para actuar en defensa de un menor marroquí repatriado por el Gobierno, la representación de la menor afectada correspondía a la Comunidad de Madrid.

Dice el TC en general respecto de la legitimación activa de las asociaciones en los procedimientos contencioso-administrativos en que pretendan actuar defendiendo los intereses que constituyen sus fines estatutarios, que en los supuestos en que exista una relación directa entre dichos fines y el motivo en que se fundamentaba la impugnación del acto administrativo, la conclusión de que la asociación carecería de interés legítimo supone una aplicación en exceso rigorista de esta exigencia legal, toda vez que no cabe alegar en este tipo de supuestos que la asociación , en atención a sus fines estatutarios, sea neutral o indiferente ante el mantenimiento de la norma o resolución recurrida ( STC 282/2006, de 9 de octubre, FJ 3), razonando: ' Entrando en el análisis de la invocación del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE EDL 1978/3879 ), este Tribunal ha reiterado que es un elemento esencial de este derecho obtener del órgano judicial una resolución sobre el fondo de las pretensiones, derecho que también se satisface con una decisión de inadmisión que impida entrar en el fondo de la cuestión planteada cuando dicha decisión se fundamente en la existencia de una causa legal que resulte aplicada razonablemente. Igualmente se ha resaltado que el control constitucional de las decisiones de inadmisión 'ha de verificarse deforma especialmente intensa, dada la vigencia en estos casos del principio pro actione, principio de obligada observancia por los Jueces y Tribunales, que impide que interpretaciones y aplicaciones de los requisitos establecidos legalmente para acceder al proceso obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca o resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida' ( STC 327/2006, de 20 de noviembre, FJ 3). Además, en lo referido a la decisión de inadmisión por carencia de legitimación activa , este Tribunal ha destacado que al conceder el art. 24.1 CE EDL 1978/3879 el derecho a la tutela judicial efectiva a todas las personas que son titulares de derechos e intereses legítimos, está imponiendo a los órganos judiciales la obligación de interpretar con amplitud las fórmulas que las leyes procesales utilicen al atribuir legitimación activa para acceder a los procesos judiciales, resultando censurables aquellas apreciaciones judiciales de falta de legitimación que carezcan de base legal o supongan una interpretación arbitraria, irrazonable o excesivamente restrictiva de la disposición legal aplicable al caso contraria a la efectividad del derecho fundamental (por todas, STC 85/2008, de 21 de julio, FJ 4)'.

3.- La Sentencia del Tribunal Constitucional Sala 2ª, S 12-3-2007, n° 52/2007, BOE 92/2007, de 17 de abril de 2007, rec. 3493/2004. Pte: Conde Martín de Hijas, Vicente EDJ 2007/15750.

El TC otorga legitimación activa a una asociación no sindical para recurrir en defensa de los intereses de sus miembros. Considera que existe un interés profesional de promoción y defensa de una categoría de trabajadores -la de sus asociados-, del que no sólo es titular cada uno de ellos, individualmente considerados, sino también la asociación o entidad que, como es el caso, asume estatutariamente esos mismos fines. Es por ello que estima el amparo y considera lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de acceso a la justicia.

En el caso enjuiciado la Asociación Gallega de Técnicos de Laboratorio formuló demanda contra seis trabajadoras ATS/DUE y una auxiliar de enfermería del Servicio Gallego de Salud (SERGAS) y contra este organismo, en la que se solicitaba que se declarasen como radicalmente nulos sus destinos, al no tener la especialidad requerida para ocupar los, así como que las plazas cuestionadas habían de ser cubiertas por Técnicos Especialistas en Laboratorio o por ATS/DUE que estuviesen en posesión de esa especialidad y, finalmente, que las trabajadoras codemandadas, dada su categoría, no podían ocupar plazas que llevasen aparejadas funciones técnicas. Se denunció por las partes la falta de legitimación activa de la asociación recurrente por carecer de interés legítimo para defender intereses en abstracto de un colectivo, ya que el art. 17.2 LPL EDL 1995/13689 limita a los sindicatos y a las asociaciones empresariales tal cometido. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 31 de diciembre de 2002, negó la legitimación activa estimando la excepción de falta de legitimación planteada por el SERGAS diciendo al respecto lo que sigue: 'Para la resolución de la cuestión que ahora se plantea, es necesario poner en relación la disposición que se denuncia como infringida, con las sentencias de TC 34/94 de 31 de enero y 192/1997 de 11 de noviembre, por entender que la adora es una Asociación profesional que promueve este pleito en defensa de un interés que le es propicio, es decir, de un interés profesional, y negarle la capacidad de accionar seria como negarle el derecho a la tutela judicial efectiva, aunque en este caso los efectos inmediatos pudieran recaer en los intereses de otras personas máxime cuando el art. 17.1 LPL EDL 1995/13689 dispone que 'los titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo podrán ejercitar acciones ante los órganos jurisdiccionales del orden social, en los términos establecidos por las leyes. Ahora bien, la Sala considera que el hecho de ejercitar una acción en defensa de los intereses en abstracto de un colectivo, es una función que se encuentra dentro del párrafo 2º de dicho precepto legal, y a cuyo tenor 'Los sindicatos de los trabajadores y las Asociaciones empresariales tendrán legitimación para la defensa de los intereses económicos y sociales que le son propios', y es evidente que la asociación recurrente, constituida al amparo de la Ley 191/1964 de Asociaciones EDL 1964/136 , no encaja en ninguno de los órganos o entidades doladas de legitimación activa , conforme el citado precepto legal, pues no se trata ni de una persona física, ni de un sindicato o asociación empresarial ; careciendo además, por otra parte, para el ejercicio de la acción de un acuerdo de voluntad de la asociación adora '.

En el recurso de amparo se aduce la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa ( art. 24 CE EDL 1978/3879).

El TC estima el recurso y razona: ' se trata de una asociación profesional que ha promovido el proceso en defensa de un interés que le es propio, a saber, el interés profesional de sus asociados (técnicos de laboratorio) a ocupar determinadas plazas sanitarias en el Servicio Gallego de Salud, frente a otros colectivos profesionales que se estiman carentes de la oportuna calificación. A esta posición se suma el Ministerio Fiscal, que califica de irrazonables los argumentos ofrecidos en la vía judicial para negar la legitimación activa de la entidad recurrente.

Por el contrario, las trabajadoras demandadas en el proceso a quo y el Servicio Gallego de la Salud comparten la decisión judicial, por no ser la adora ni un sindicato de trabajadores, ni una asociación empresarial , únicas modalidades de asociación a las que el art. 17.2 de la Ley de procedimiento laboral (LPL) EDL 1995/13689 reconoce legitimación en el proceso laboral para la defensa de los intereses económicos y profesionales que les son propios.

En tal orden de ideas, este Tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de la existencia o no de interés legítimo con ocasión de demandas de amparo interpuestas por asociaciones o sindicatos a los que se había denegado legitimación activa .

En concreto hemos precisado, con relación al orden contencioso-administrativo, que el interés legítimo se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta.

O, lo que es lo mismo, el interés legítimo es cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida ( SSTC 252/2000, de 30 de octubre, FJ 3 ; 173/2004, de 18 de octubre, FJ 3 ; y 73/2006, de 13 de marzo , FJ 4; con relación a un sindicato, STC 28/2005, de 14 de febrero , FJ 3).

Esta doctrina ha sido precisada en relación con la legitimación activa de las asociaciones , ya que en distintos pronunciamientos de este Tribunal se ha venido exigiendo para apreciar la existencia de un interés legitimo de este tipo de personas jurídicas en orden a impugnar actos o disposiciones administrativas que, además de las condiciones que anteriormente se han señalado, exista un interés profesional o económico que sea predicable de las entidades asociativas recurrentes.

Se recurrió a la noción de interés profesional para apreciar la legitimación activa de una Asociación de Fiscales para impugnar el nombramiento de un Fiscal por el Gobierno en la STC 24/1987, de 25 de febrero , y después se aplicó esta jurisprudencia a la Asociación de puertos deportivos y turísticos de Baleares para recurrir una Orden Ministerial que regulaba una determinada tarifa portuaria en la STC 195/1992, de 16 de noviembre .

Concretamente, en la STC 47/1990, de 20 de marzo , en la que declaramos la legitimación activa para demandar en amparo de la Asociación de Profesores de Religión de Centros Estatales, indicamos al respecto que en el concepto de interés legitimo 'hay que entender incluido el interés profesional de promoción y defensa de una categoría de trabajadores, del que puede ser titular no sólo cada uno de ellos, individualmente considerados, sino también cualquier asociación o entidad que haya asumido estatutariamente esos mismos fines'.

Por ello, 'en la medida en que dicho interés legitimo puede verse también afectado directamente por un acto o disposición recurrible en amparo, por haber infringido un derecho fundamental o libertad pública, debe reconocerse a las personas naturales o jurídicas que invoquen aquel interés legitimo como propio de la legitimación para interponer el recurso, a tenor de lo dispuesto en el art. 162.1 b) de la Constitución EDL 1978/3879 ' (FJ4).

En el mismo sentido, en la STC 45/2004, de 23 de marzo , reconocimos el derecho del colegio profesional demandante (Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España) para impugnar un reglamento cuyo objeto era organizar y definir los cometidos de los distintos cuerpos y escalas que integran las Fuerzas Armadas.

En tal supuesto mantuvimos, por lo que ahora interesa, que para la defensa de los intereses de los profesionales colegiados pueden concurrir tanto los colegios profesionales como los propios colegiados cuando resulten individualmente afectados, así como otras personas jurídicas, tales como sindicatos y asociaciones profesionales; y que, por el contrario, cuando se trata de la representación y defensa de la profesión misma, esto es, del interés general o colectivo de la profesión, esa función representativa y de defensa ante los poderes públicos se ejerce por los colegios profesionales, bajo la nota de exclusividad o monopolio.

Desde esta perspectiva sostuvimos que la defensa del ámbito competencial de la profesión constituye una manifestación genuina de la defensa de los intereses profesionales.

Finalmente también hemos admitido recientemente el recurso de amparo de la Asociación de empresarios de transporte de viajeros de la provincia de Cádiz y de la Federación andaluza empresarial de transporte en autobús sobre la base de la existencia del citado interés profesional, al partir de la premisa de que, cuando concurre este último, existe a su vez el vínculo o conexión entre la organización o asociación adora y la pretensión ejercitada, vínculo en el cual se encarna el interés legítimo constitucionalmente protegido ( STC 73/2006, de 13 de marzo ,).

CUARTO.- La aplicación de la doctrina constitucional expuesta al caso de autos, conduce a apreciar que la interpretación y la aplicación de las reglas de la legitimación activa realizada por la Sentencia impugnada vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE EDL 1978/3879 ) de la Asociación recurrente, al negarle irrazonablemente su derecho a ejercitar la acción pretendida.

Ciertamente es preciso tener en cuenta que el art. 24.1 CE EDL 1978/3879 reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, no sólo a los titulares de los derechos subjetivos, sino también a los que ostenten un 'interés legítimo', y, en ese sentido, el art. 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial EDL 1985/198754 (LOPJJ establece que los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, y que para la defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las corporaciones, 'asociaciones ', y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción.

En la misma línea la ley procesal laboral (LPL) EDL 1995/13689 declara en su art. 17 que 'los titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo podrán ejercitar acciones ante los órganos jurisdiccionales del orden social, en los términos establecidos en las leyes' (apartado 1 ), y que 'los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales tendrán legitimación para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios' (apartado 2).

Pues bien, aplicando al caso este último precepto, la Sentencia impugnada niega a la Asociación recurrente legitimación activa en el caso de autos sobre la base de que pretendía ejercitar una acción en defensa de los intereses en abstracto de un colectivo y que, siendo así, tal función encajaba dentro del apartado 2 del mencionado art. 17 LPL EDL 1995/13689 , precepto que, por estar referido sólo a sindicatos y asociaciones empresariales , no permite reconocerle legitimación activa en el proceso a quo.

Es decir, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia descarta, de un lado, que la parte recurrente ostente un interés legítimo para ejercitar la acción (porque, de ser así, le habría reconocido legitimación conforme al apartado 1 del art. 17 LPL EDL 1995/13689 ), y rechaza, asimismo, que se encuentre legitimada para actuar en defensa de los intereses de sus asociados al amparo de lo dispuesto en el apartado 2 de ese artículo, al no tratarse de las asociaciones especificas a la que el mismo se refiere.

Tal y como sostiene el Fiscal los argumentos ofrecidos por la Sala para apreciar la falta de legitimación activa de la recurrente en amparo resultan inadmisibles, al suponer una interpretación indebidamente restrictiva de la normativaaplicable al caso.

En primer lugar, no se puede negar en el presente caso que la parte adora tuviese un interés legítimo para ejercitar la acción.

Ciertamente la Asociación Galega de Técnicos en Laboratorio tiene como fin la representación, defensa y promoción de los intereses profesionales, económicos, y sociales de sus asociados (técnicos especialistas de laboratorio de análisis clínicas y anatomía patológica).

Atendiendo a tal fin la citada asociación demandó al Servicio Galego de Salud y a cuatro trabajadoras (Ayudante Técnico Sanitario/Diplomada Universitaria de Enfermería: ATS/DUE sin especialización) con el objeto de que se declarase la nulidad de los destinos de estas últimas, por considerar que realizaban funciones técnicas para las que carecían de titulación, para que tales-puestos fuesen cubiertos por técnicos especialistas en laboratorio o por ATS/DUE que estuviesen en posesión de la especialidadrequerida.

Es decir, la asociación , a través de la acción judicial promovida, pretendía defender los intereses y expectativas profesionales de sus asociados (técnicos especialistas de laboratorio), evitando que otros colectivos que carecían de la titulación por ellos poseída (ATS/DVE) ocupasen plazas que la requerían, contraviniendo, a su juicio, la legalidad aplicable al caso (Orden Ministerial de 14 de junio de 1984).

Por consiguiente accionó en defensa de la competencia de unas funciones de sus asociados que, a su juicio, estaban siendo desempeñadas indebidamente por personal que no estaba habilitado para ello.

No cabe duda, por lo tanto, de que el interés profesional en cuya defensa actuó la asociación adora pone de manifiesto la existencia de un vínculo o conexión entre la misma y la pretensión ejercitada, vinculo en el que se encarna el interés legítimo constitucionalmente protegido '.

4.- La Sentencia del Tribunal Constitucional Sala 2ª, S 13-3-2006, n° 73/2006 , BOE 92/2006, de 18 de abril de 2006, rec. 1162/2003. Pte: Pérez Vera, Elisa EDJ 2006/36392 , a que hace referencia la anterior, en ella el TC otorga el amparo solicitado por las asociaciones de transporte recurrentes frente a la inadmisión, por falta de legitimación , de su recurso sobre la fijación de servicios mínimos durante una jornada de huelga. La Sala considera que el órgano judicial ha incurrido en un formalismo y rigorismo excesivo al interpretar las reglas de la legitimación pues consideró que las demandantes no estaban legitimadas para impugnar la disposición administrativa por cuanto actuaban en interés de los usuarios y no para la defensa de sus propios intereses, razonando el TC que es cierto que las recurrentes recurren en interés de los usuarios pero también lo hacen en interés propio y de las asociaciones a ellas asociadas por lo que no cabe negarlas legitimación activa para actuar.

La Resolución administrativa impugnada era una Orden que fijaba los servicios mínimos en una huelga de trabajadores de las empresas adscritas a la Asociación de Empresarios de Transporte de Viajeros de la Provincia de Cádiz y Autobuses Urbanos de El Puerto de Santa María, el TC considera para otorgar el amparo que el mantenimiento de dicha Orden tendría un efecto perjudicial sobre las empresas adscritas, de manera mediata o inmediata, a la Asociación de empresarios de transporte de viajeros de la provincia de Cádiz y a la Federación andaluza empresarial de transporte en autobús, mientras que, por el contrario, su anulación repercutiría de manera positiva sobre dichas empresas, existiendo, por consiguiente, evidentes vínculos económicos y profesionales de las empresas asociadas, así como de la asociación y la federación, con la pretensión ejercitada en el contencioso-administrativo de anulación de la disposición administrativa, ante lo que consideran una fijación insuficientemente motivada de los servicios mínimos establecidos por la Administración

5.- La Sentencia del Tribunal Constitucional Sala 2ª, S 30-10-2000, n° 252/2000 , BOE 288/2000, de 1 de diciembre de 2000, rec. 2747/1996. Pte: Mendizábal Allende, Rafael EDJ 2000/33365 reconoce legitimación activa a una asociación de vecinos para impugnar liquidaciones tributarias individuales y no una disposición general, por cuanto que los estatutos de la 'Asociación de Vecinos T.' incluyen en su art. 2 como fines u objeto 'atender a las necesidades sociales y familiares de cuantos integren la barriada en todo lo referente a su higiene, salubridad, urbanismo, promoción de la cultura, el deporte y la beneficencia', 'promover en su caso, dentro de las normas señaladas en la legislación y disposiciones vigentes las acciones eficaces necesarias para garantizar los intereses de sus asociados en orden a una promoción integral del hombre a través de la solución de sus problemas colectivos' y 'entablar la acción mancomunada de sus asociados para solicitar la indemnización de cualquier daño o perjuicio que pueda derivarse a cualquier propietario o vecino afectado por medidas de reforma o de expropiación'.

6.- Sentencia del Tribunal Constitucional Sala 1ª, S 25-2-1987, n° 24/1987, BOE 71/1987, de 24 de marzo de 1987, rec. 1124/1985. Pte: Díaz Eimil, Eugenio EDJ 1987/24

En ella el Tribunal Constitucional acuerda estimar el recurso de amparo, y considera que ha sido vulnerado el derecho del recurrente, la Asociación de Fiscales, a la tutela judicial efectiva. Dicho derecho fue vulnerado por la sentencia del Tribunal Supremo que declaró la inadmisibilidad de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación contra el Real Decreto 2344/1983, en virtud del cual se nombró Fiscal del Tribunal Supremo a un miembro de la Carrera Fiscal.

La sentencia recurrida acogió la excepción de falta de legitimación propuesta por el Abogado del Estado y, en consecuencia, negó a la Asociación de Fiscales la legitimación para recurrir, declarando la inadmisibilidad del recurso sin entrar a examinar el fondo de la cuestión. Entendió la Sala que el art. 32 LJCA EDL 1998/44323 no se extiende a la defensa de los derechos privativos de sus asociados y niega legitimación para impugnar actos concretos -no disposiciones generales- cuando afectan directamente a personas físicas representadas por la entidad, en cuyo caso son sólo las personas lesionadas las que aparecen legitimadas conforme al art. 28.1.b) y a) LJCA . EDL 1998/44323 entendió que el acto de nombramiento se desenvuelve exclusivamente en el ámbito personal del nombrado y de aquellos Fiscales que pudieran considerarse lesionados por el mismo y, por tanto, no afecta a los intereses profesionales o económicos de los cuales hace depender el art. 32 Ley Jurisdiccional citada la legitimación activa de las asociaciones .

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo razonando que el art. 24.1 CE EDL 1978/3879 garantiza la tutela jurisdiccional efectiva de todos los intereses legítimos, concepto éste más amplio que el interés directo y que la interpretación de la Sentencia recurrida es claramente restrictiva y en tal sentido vulneradora del derecho fundamental de la Asociación demandante y ello porque, al margen de que el acto de nombramiento recurrido tenga una proyección sobre intereses personales que sólo cabe ejercitar al que sea titular de ellos, no puede desconocerse que dicho acto también incide directamente en el interés profesional de que la promoción de los Fiscales se lleve a efecto por el procedimiento que la Asociación estima haber sido desconocido por el Decreto recurrido, pues no puede ser extraño a este interés profesional el margen de discrecionalidad administrativa con que se realicen los ascensos y promociones en la Carrera Fiscal'

Anem als Estatuts de lŽassociació recurrrent i les finalitats que es descrien en el seu article segon, sŽencabeixen perfectament en les pretensions que aquí sŽestan exercint.

Per tant, reconegauda la legitimació activa a la part recurrent, procedim a entrar en el fons de lŽassumpte.

Tercer.- Normativa i jurisprudència

Per resoldre la qüestió de fons, anem a la sentència dictada per la Sala contenciosa administrativa del TSJ de Catalunya, secció de data 19 de març de 2008 quan ens diu 'Reiteradament aquest Tribunal, seguint la doctrina tant del Tribunal de Drets Humans com del Tribunal Constitucional, ha dit que el recurs de protecció jurisdiccional té per objecte, tal com estableix l' article 114 LJCA EDL 1998/44323, atorgar emparament judicial respecte de les vulneracions imputables a l'activitat o inactivitat de les administracions públiques, amb la finalitat de preservar o restablir els drets fonamentals i llibertats públiques a les que es refereix l' article 53.2 de la CE EDL 1978/3879, entre els quals es troba el dret a la intimitat personal i familiar i el dret a la inviolabilitat del domicili. Vulneració que tant es pot fer per activitat com per inactivitat de l'Administració. (STSJCA 857/2001).

En efecte, El Tribunal Constitucional, per totes la Sentència 119/2001 EDJ 2001/6004 , després de fer un estudi sobre el que ha entès per dret a la intimitat i per inviolabilitat del domicili, conclou que 'una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida', per tant, és correcte recórrer a la via preferent i sumària d'interposar un recurs de protecció dels drets fonamentals de la persona, per denunciar inactivitat de l'Administració davant dels soroll que patia en el seu domicili.'

I després afegeix 'L'existència prolongada de soroll, per sobre dels límits legals, en el domicili d'una persona es considera vulneració al dret a la intimitat i a la inviolabilitat del domicili. En aquest sentit la STS, de 29 de maig de 2003 EDJ 2003/80994 , fent una remissió a anteriors pronunciaments del Tribunal Constitucional ha dit' el ruido puede llegar a representar un factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad y una fuente de permanente perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos (como lo acreditan las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental ...Ciertos daños ambientales, en determinados casos de especial gravedad, aún cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar privándola del disfrute de su domicilio (...) debe merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la vida personal y familiar, en el ámbito domiciliario, una exposición prolongada a determinados niveles de ruido que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, en la medida que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de acciones y omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida'

Per apreciar l'existència d'aquesta vulneració no cal acreditar perjudicis concrets i determinats. La pertorbació en el descans i el fet de no haver de suportar més soroll del que legalment està permès és motiu suficient per apreciar la vulneració del dret. Més encara quan el recurrent no ha sol·licitat cap indemnització per danys i perjudicis.

Com ens recorda el Tribunal Consituticional en la Sentència 119/2001 EDJ 2001/6004'En lo que ahora estrictamente interesa, dicha doctrina se recoge especialmente en las SSTEDH de 9 de diciembre de 1994 EDJ 1994/13609, caso López Ostra contra Reino de España, y de 19 de febrero de 1998 EDJ 1998/2076, caso Guerra y otros contra Italia. En dichas resoluciones se advierte que, en determinados casos de especial gravedad, ciertos daños ambientales aun cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar, privándola del disfrute de su domicilio, en los términos del art. 8.1 del Convenio de Roma EDL 1979/3822 ( SSTEDH de 9 de diciembre de 1994 EDJ 1994/13609, y de 19 de febrero de 1998 EDJ 1998/2076).'

Per aquestes raons, el recurs ha d'ésser desestimat, atès que apreciem que la inactivitat de l'Ajuntament ha vulnerat els drets fonamentals a la intimitat i a la inviolabilitat del domicili.'

Partint, doncs dŽaquesta base examinem la prova practicada per tal dŽesbrinar si hi hagut o no lesió en els drets fonamentals.

Cal resoldre tres qüestions, que durant tot el procediment han anat surgint i que marquen el punt de partida per entendre lesionats els drets fonamentals enumerats.

En primer lloc respecte a la qualificació, a efectes de zonificació, que mereix la zona on es troben els habitatges dels veïns afectats.

Entenc que aquesta pertany a la subzona A4 i això ho infereixo de lŽinforme elaborat per lŽempresa Axioma de data 20 dŽoctubre de 2014 (document 18 de la demanda), de lŽinforme elaborat pel responsable dŽAvaluació i Control de la Contaminació Acústica de data 14 dŽabril de 2014 (document núm. 1 dels aportats per lŽactora en el tràmit de conclusions), dels informes realitzats pels tècnics Carlos Miguel (document 3 demanda) i la senyora María Cristina (document 29 demanda). Recordar que el tècnic municipal Carlos Miguel va manifestar en lŽacte de la pràctica de la prova que aquesta era la zona que corresponia als habitatges que ens ocupen.

En segon lloc, anem ara al límit de 91 dB fixats com a valor dŽemissió per part de lŽAjuntament, en els equips limitadors de so que es van posar en els aparells emissors de so de les guinguetes i restaurants.

LŽ article 4 de la Llei 16/2002, de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica, ens dóna una série de definicions que són importants per resoldre les qüestions plantejades. Així ens defineix:

a) Emissor acústic: qualsevol infraestructura, instal·lació,

maquinària, activitat o comportament que generi soroll i vibracions.

b) Activitat: qualsevol activitat industrial, comercial,

de serveis o de lleure, sigui de titularitat pública o de

titularitat privada, i les derivades de les relacions de

veïnat.

c) Qualitat acústica: grau d'adequació de les característiques

acústiques d'un espai a les activitats que

s'hi desenvolupen, avaluat en funció dels seus nivells

d'immissió i emissió acústiques i de la seva importància

social i cultural.

d) Zona de sensibilitat acústica: part del territori que

presenta una mateixa percepció acústica.

e) Soroll: contaminant físic que consisteix en una

barreja complexa de sons de freqüències diferents,

que produeix una sensació auditiva considerada

molesta o incòmoda i que amb el pas del temps i per

efecte de la seva reiteració pot esdevenir perjudicial

per a la salut de les persones.

f) Vibració: moviment d'una partícula d'un medi elàstic

al voltant del seu punt d'equilibri com a conseqüència

d'una força.

g) Nivell d'avaluació: nivell de pressió acústica avaluat

per un període de temps especificat, que s'obté

a partir de mesuraments i, si escau, d'ajustaments,

en funció del caràcter tonal o impulsiu del so.

h) Escenari acústic: qualsevol situació en què es tenen

en compte, des del punt de vista acústic, l'emissor

i el receptor.

i) Nivell d'immissió: nivell acústic mitjà existent durant

un període de temps determinat, mesurat en unlloc determinat.

j) Nivell de pressió sonora: és vint vegades el logaritme

decimal de la relació entre una pressió

sonora determinada i la pressió sonora de referència

(2.10- 5 Pa). S'expressa en dB.

k) Valor límit d'immissió: nivell d'immissió màxim permès

dins un període de temps determinat.

Immissió a l'ambient exterior: la contaminació produïda

pel soroll i les vibracions que provenen d'un o

diversos emissors acústics situats al medi exterior

del centre receptor.

Immissió a l'ambient interior: la contaminació produïda

pel soroll i les vibracions que provenen d'un o

diversos emissors acústics situats al mateix edifici o

en edificis contigus al receptor.

l) Valor d'atenció: nivell d'immissió superior al valor

límit d'immissió, aplicable a les infraestructures de

transport viari, ferroviari, marítim, aeri, a les vies urbanes

i les activitats existents en el moment de l'entrada

en vigor d'aquesta Llei, a partir del qual la Llei

estableix l'elaboració de plans específics de mesures

per a minimitzar l'impacte acústic.

m) Nivell d'emissió: nivell acústic produït per un emissor

acústic, mesurat a una distància determinada.

n) Valor límit d'emissió: nivell d'emissió màxim durant

un període de temps determinat.

o) Mapa de capacitat acústica: instrument que assigna

els nivells d'immissió fixats com a objectius de

qualitat en un territori determinat.

p) Mapa estratègic de soroll: mapa dissenyat per a

avaluar globalment l'exposició al soroll produït perdiferents fonts de soroll en una zona determinada.

Ens fixem doncs, en el aquest límit de 91 dB que lŽAjuntament fixa com a nivell dŽemissió, que no dŽimmissió. Nivell que no ens facilita cap dada atès que els límits fixats en lŽAnnex 3 del Decret 176/2009, pel qual sŽaprova el Reglament que desenvolupa la Llei 16/2002, sóón nivells dŽimmissió.

Altrament, tal com va manifestar el responsable DŽAvaluació i Control de la Contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya, aquest límit de 90 dB és totalment exagerat , ja que lŽOMS entén que ningú hauria dŽestar exposat a una font dŽemissió superior a 100 dB.

Dit això, lŽ article 21.1 de la Llei 16/2002, disposa ' 1. Correspon als ajuntaments, o bé als consells comarcals o les entitats locals supramunicipals, en cas que els municipis els hagin delegat les competències,

elaborar i aprovar ordenances reguladores de la contaminació per sorolls i vibracions, en el marc del que regula questa Llei i la normativa que la desenvolupa, sense que en cap cas aquestes ordenances puguin reduir les exigències i els paràmetres de contaminació acústica establerts pels annexos d'aquesta Llei.'

En el cas de lŽAjuntament de Castelldefels no existeix aquesta ordenança, si bé disposa de lŽOrdenança dŽus de les plategs del municipi de Castelldefels de data 8 de juliol de 2008 i en el seu article 19 estableix ' les guinguetes i quioscs, prèvia autorització, poden emetre música ambiental durant lŽhorari dŽobertura, sempre que el nivell del soroll emés no ultrapassi els 69 decibles'. Es parla, doncs, del valor dŽemissió, inferior al fixat per lŽAjuntament.

La disposició tranistòria primera del Decret 176/2009, estableix ' 1. Els ajuntaments que, a l'entrada en vigor del Reglament, disposin d'ordenances municipals de protecció contra la contaminació acústica, les han d'adaptar a les normes que estableix el Reglament en el termini de dos anys a partir de la seva entrada en vigor.

2. El departament competent en matèria de contaminació acústica ha de prestar als ajuntaments que ho sol·licitin el suport tècnic, jurídic i administratiu necessari per a l'elaboració de les ordenances.

3. Mentre no es produeixi l'adaptació de les ordenances prevista en l'apartat primer, són d'aplicació directa les exigències i els paràmetres establerts en el Reglament, sempre que aquests siguin superiors als continguts a les ordenances.'

Si acudim, doncs a lŽannex aplicable al cas que ens ocupa, resultaria que els nivells dŽimmissió que no es poden traspassar serien de 55dbA en horari diürn, 55 dBA en horari vesperí i de 45 dBA en horari nocturn. Aquests valors serien els previstos per la subzona A4.

I en tercer lloc, en relació a lŽobligació que té lŽAdministració dŽelaborar un mapa de capacitat acústica, hem de partir del fet admès que lŽAjuntament de Castelldefels no el té. LŽartricle 9.1 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica diu '1. Els ajuntaments han d'elaborar un mapa de capacitat acústica amb els nivells d'immissió dels emissors acústics a què és aplicable aquesta Llei que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis depoblació i, si escau, les zones del medi natural, a l'efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l'establiment de les zones de sensibilitat acústica en l'àmbit del municipi respectiu. Les disposicions que es dictin per al desplegament de la Llei han d'establir els criteris per a l'elaboració d'aquests mapes de capacitat acústica. 2. Els municipis poden sol·licitar la col·laboració i el

suport tècnic necessari del Departament de Medi Ambient en l'elaboració del mapa de capacitat acústica de llur territori.

3. El mapa de capacitat acústica inclou la informació següent:

a) La immissió al soroll calculada o mesurada.

b) Els models de càlcul utilitzats.

c) Les dades d'entrada per al càlcul de soroll.

d) L'afectació dels sectors exposats al soroll.

e) Les zones de sensibilitat acústica atribuïdes.

f) Els valors límit d'immissió i els valors d'atenció atribuïts

a cada zona de sensibilitat acústica.

4. Els mapes de capacitat acústica han d'incloure les limitacions derivades de les servituds aeronàutiques,

determinades d'acord amb la normativa aplicable.

5. Els ajuntaments han d'aprovar el mapa de capacitat acústica, en el termini de tres anys, a comptar de la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, i traslladarlo al Departament de Medi Ambient. Els municipis de menys de mil habitants poden delegar la gestió directa d'aquesta competència al consell comarcal o a una altra entitat local supramunicipal. El mapa de capacitat acústica només es pot modificar quan es produeixin canvis en l'ordenació urbanística o el planejament viari.

6. Els ciutadans tenen dret a accedir al mapa de capacitat acústica i a rebre la informació adequada sobre les zones de sensibilitat acústica, les zonesde soroll i llurs entorns, d'acord amb la normativa reguladora d'accés a la informació en matèria de medi ambient. '

Aquest termini va finalitzar el dia 11 dŽoctubre de 2005. Entenc que lŽelaboració dŽaquest mapa ajuda a crear una confiança i una seguretat jurídica que reverteix en el ciutadà, i el fet de la seva mancança li genera una situació dŽinseguretat i indefensió ja que desconeix quins límits de soroll estan permesos en el seu lloc de residència o de treball, i per tant, li dificulta, en el cas que consideri que han estat vulnerats, interpelar a les administracions per al seu compliment.

Partint dŽaquestes premises, i dŽacord amb la jurispriudència examinada haig dŽexaminar si hagut una infracció reiterada dels mateixos, i les actuacions que lŽAjuntament ha dut a terme per donar resposta a la problemàtica.

Abans dŽentrar a examinar la prova, haig de fer notar que a part de lŽAjuntament de Castelldefels directament implicat, han intervingut el Síndic de greuges i la Direcció General de Qualitat Ambiental, de la Generalitat de Catalunya. Ho dic a efectes de que estem davant de terceres administracions totalment imparcials i objectives en les seves intervencions i valoracions. Feta aquesta precisió anem a examinar la prova.

La part actora aporta com a document nº 1 de la demanda, les denúncies o queixes presentades a lŽAjuntament en relació als sorolls provinents de les guingutes col.locades a la platja i els bars musicals del passeig marítim:

denúncia 14 de juny de 2011 (referida al soroll provinent de les guinguetes en general)

denúncia 18 de juliol de 2011 (referida a la guingueta ' Carita Morena)

denúncia 21 dŽabril de 2011 (referida a la guingueta ' Carita Morena')

denúncia 22 de juny de 2011 (referida a la guingueta ' Carita Morena')

denúncia 16 dŽagost de 2011 (referida a la guingeta ' Carita Morena').

queixa 22 dŽagost de 2011 (referida a la guingueta ' El Tiburón')

escrit de data 24 dŽagost de 2011, en el qual es fa palès que arran de les queixes presentades pels veïns en relació a la guingueta ' El Tiburón' , el dia 24 dŽagost de 2011 un tècnic de lŽAjuntament de Castelldefels i algun representant de la Policia Local acudeixen a un esdeveniment que realitzat lŽesmemtat local per tal de comprovar el compliment de la normativa. Per part dels Presidents de la Comunitat de Propietaris de la finca del carrer DIRECCION000, NUM000 es demana una reunió de totes els actors implicats.

denúncia de data 20 de setembre de 2011 en relació a la guingueta ' Carita Morena'.

sol.licitud presentada al Síndic de Greuges de data 25 de novembre de 2011 en relació al soroll que ocasionen els locals, diu, des de fa dos anys. A aquestes denúncies consten contestes per part del Síndic de Greuges de data 28 de novembre de 2011 i 17 de gener de 2012, que tenen el mateix contingut, en les quals es diu que sŽestudiarà el cas. I la de data 23 dŽabril de 2012 en la qual es fa ressó de les actuacions dutes a terme arran de les denúncies presentades. Es fa esment a actes policials aixecades els dies 24 de juny de 2011, 7,8 i 23 de juliol de 2011 i 25 de setembre de 2011 per comprovar soroll i horari de tancament. Avaluació el dia 1 de setembre de 2011 dels nivells de soroll, donant com a resultat que sŽexcedeixen dels límits permesos en horari nocturn. I finalment es fa constar que per la temporada que sŽacaba es va instal.lat un limitador acústic pi es van condicionar les actuacions en directe, però que per la propera temporada es proposarà canvi de model i que sŽha demanat a lŽAjuntament que adopti les mesures adients per tal que els establiments compleixin la normativa dŽhoraris dŽobertura i tancament.

Sol.lictud presentada al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de data 22 de desembre de 2011, en la qual es fa esment a les moltes queixes presentades i demanant el canvi dŽubicació de la guingueta ' Carita Morena'.

denúncia fe data 28 de maig de 2012 en relació a la guingueta ' El Tiburón'.

denúncia de data 31 de maig de 2012 en relació a la guingueta ' El Tiburón'.

denúncia de data 5 de juny de 2012 en relació al soroll dels quioscs instal.lats en el passeig marítim.

denúncia de data 5 de juliol de 2012 on es denuncien problemes de sorolls i es fan peticions en concret.

contesta/informe de data 27 de juliol de 2012 de lŽAjuntament sobre els horaris de tancament dels locals, i actuacions que sŽhan de fer i a qui acudir per presentar queixes i ordenant que sŽespecifiquin els habitatges dŽon fer les mesures acústoques.

Contesta de lŽassociació als dits requeriments de data 23 dŽagost de 2012.

denuncia de 27 de juliol de 2012 en relació a la guingueta ' Carita Morena'.

denúncia de 5 dŽagost de 2012 en relació sorolls guingueta ' El Pairo'

petició dŽinformació de data 9 dŽagost de 2012 i sol.licitud de mesurament.

- denuncia de data 9 dŽagost de 2012 en relació sorolls guingueta ' EL Pairo'

denúncia i petició dŽinformació de data 12 dŽagost de 2012.

denuncia i petició de mesures de 19 dŽagost de 2012.

queixa sorolls guingueta ' El Pairo' de data 21 dŽagost de 2012.

petició de informació de data 2 de setembre de 2012.

petició dŽinformació i de documentació de 16 de setembre de 2012.

petició documentació i informació de data 20 de setembre de 2012.

petició arran dels resultats de la inspecció deta en el local ' EL Tibu-Ron' el 26 dŽagost de 2012 .

denúncia de data 2 dŽoctubre de 2012 en relació sorolls qguingueta ' Carita Morena'.

petició de documentació de data 7 de març de 2013.

denúncia de data 14 de maig de 2013 en relació sorolls guinguetes.

denúncia de data 18 de juny de 2013 i petició de documentació.

denúncia de data 19 de juliol de 2013 en el mateix sentit.

denúncia de data 19 de juliol de 2013 en el mateix sentit.

denúncia de data 1 dŽagost de 2013 en el mateix sentit.

denúncia de data 5 dŽagost de 2013 en el mateix sentit.

contesta Ajuntament de lŽanterior dient que sŽhan intensificat els controls.

denúncia de data 14 dŽagost de 2013 en el mateix sentit, i sobretot concretada en el local Tibu-Ron

denúncia de data 29 dŽagost de 2013 en relació amb la guingueta ' Carita Morena'.

denúnvia de data 26 de setembre de 2013 en relació a diferents guinguetes.

denúncia de data 27 de setembre de 2013 en relació al local ' Carita Morena'

denuncia de data 30 de setembre de 2013 en relació al local ' Carita Morena'.

denúnciai petició al Cap de la Policia Local de data 26 de juliol de 2013

denúncia de data 11 de febrer de 2014

denuncia de data 11 de febrer de 2014

denuncia de data 22 de maig de 2014

petició de data 31 de maig de 2014

denúncia de data 10 de juny de 2014

denúncia de data 20 de juny de 2014

denúncia de data 17 de juliol de 2014

denúnmcia de data 17 de juliol de 2014

petició dŽinformació de data 22 de juliol de 2014

denúncia de data 21 de juliol de 2014

denúncia de data 4 dŽagost de 2014

petició de data 9 de setembre de 2014

de nuncia de data 2 dŽoctubre de 2014

petició de data 1 dŽabril de 2015

petició de data 20 dŽabril de 2015

denúncies o peticions presentades en lŽany 2012: 4 de juny, 5 de juliol, 9 dŽagost, 19 dŽagost, 2 de setembre (2), 24 de setembre , 3 de novembre, 14 de novembre (2), 27 de juny.

denúncies o peticions presentades en lŽany 2013: 14 dŽagost, 17 de juliol, 19 de setembre, 22 de julio, 29 de juliol (2), 8 de julio,

denúncies o peticions presentades en lŽany 2014: 16 de juliol, 24 de desembre.

8 instàncies a la Generalitat.

22 telefonemes 2012 respecte al local Tibu-Ron Beach Club

18 telefonemes 2013 respecte al local Tibu-Ron Beach Club

18 telefonemes 2014 respecte al local Tibu-Ron Beach Club

23 telefonemes 2012 i 2013 respecte al local Casnova Beach Club

4 telefonemens 2012-2014 respecte al local Ibiza

2 telefonemes 2012-2014 respecte al local Al Pairo.

19 telefonemes 2012-2015 respecte al local El Capo.

21 telefonemes 2012-2014 respecte al local Carita Morena

10 telefonemes 2012-2014 local Iguana

Si analitzem els dits telefonemes, en alguns no hi ha actuació per part de la Policia Local, en altres sí amb diferents resultats.

Anem a veure els informes sonomètrics que consten a les actuacions:

_ informe del tècnic senyor Carlos Miguel de data 15 dŽoctubre de 2012 , que té per objecte analitzar les molèsties denunciades, en concret des de lŽhabitatge del representant de lŽactora, ubicat al carrer DIRECCION000 NUM000, NUM001 NUM002 en relació a les immissions provinents del local Tiburon Beach Club. En aquest informe es diu ' en el moment de procedir a la medició es comprova des de la façana de lŽhabitatge un elevat nivell de soroll provinent de lŽactivitat, causat tant pel públic situat a les diferents zones de terrassa del restaurant com per la música de lŽactivitat, que es percep netament, sent possible la identificació de la cançó reproduïda.' I es conclou que ' el valor Lar obtingut, representatiu dŽuna fase de soroll amb una duració superior a 120 minuts en període nocturn supera en 18 dBA el valor límit dŽimmissió establert per aquesta zona en aquest període.

Així mateix es comprova que el valor Lar obtingut supera en més de 5 dBA durant 30 minuts, de manera contínua o discontínua el valor límit dŽimmisió establert per a aquesta zona en aquest període'. SŽafegeix que aquesta dada implica que hi ha una vulneració del Decrer 176/2009, de 10 de novembre i dŽacord amb lŽ article 30 de la Llei 16/2002 estem davant dŽuna infracció molt greu. I a més a més, manifesta que ' el fet de sentir-se la música des de lŽexterior de lŽactivitat pressuposa lŽincompliment dŽalguna de les prescripcions imposades per lŽAjuntament que condicionen la concessió de la llicència dŽactivitat, ja sigui per haver ubicat altaveus a les zones exteriors, ja sigui per ue lŽactivitat es desenvolupa amb les portes del local obertes o bé per que, contràriament al contingut de lŽestudi dŽaïllament acústic presentat, aquest es demostra insuficient per al compliment de la normativa acústica aplicable'.

Segueix lŽinforme concloent que hi ha irregularitats en matèria de contaminuació lumínioca i un excés dŽaforament.

lŽautor de lŽinforme, el senyor Carlos Miguel va manifestar en lŽacte de la pràctica de prova respecte a la determinació de la zona on es troba lŽobjecte dŽestudi que lŽAjuntament de Castelldefels no té aprovat mapa de capacitat acústica, fet que comporta uan major dificultat, si bé entèn que el lloc objecte dŽestudi correspon a la zona A4.

- informe tècnic (document 8 demanda) realitzat per lŽempresa ATISAE a petició del Departament de Territori i Sostenibilitaten què sŽavalúa els nivells de soroll produïts per la guingueta de platja ' Tibu-ron' en el qual es conclou ' en ambient exterior:

. cap valor del nivell dŽavaluació, Lar, supera en més e 5 dB(A) durant 30 minuts, de manera contínua o discontínua, en el període de dia, els valors fixats a lŽAnnex 3 de la Llei 16/2002 modificat pel Decret 176/2009.

. el valor del nivell dŽavaluació, Lar, supera en 3 dB (A) el valor fixat a lŽAnnex 3 de la Llei 16/2002 modificat pel Decret 176/2009 per a la zona de sensibilitat acústica (A4).

. el valor del nivell dŽavaluació, Lar, no supera el valor fixat a lŽAnnex 3 de la Llei 16/2002 modificat pel Decret 176/2009 per la zona de sensibilitat acústica (B1).

. a nivell informatiu, el conjunt dŽemissors (sense tenir en compte les influències alienes indicades en aquest informe) no supera els objectius de qualitat en període diürn establerts a lŽAnnex A del Reglament de la Llei 16/2002 , amb un nivelñl Lar de 59 dB (A) (valor límit dŽimmissió de 60 dB (A) per a zona A4 i de 65 dB (A) per a zona B1). '

I finalment sŽafegeix, com observacions ' les condicions de funcionament de lŽestabliment poden no haver estat del tot representatives dŽun dia normal en què es pora a terme una actuació en viu en la tarda de dissabte, atès que el personal de la guingueta es va assabentar de que sŽestava portant a terme un mesurament acústic. En tot cas, caldria comprovar el registre de dades del limitador-registrador per contrastar la representativitat de les condicionc existents durant el mesurament comparant els nivells dŽemissió del dia 13 de setembre amb els nivells dŽemissió dŽaltres dissabtes'.

Aquest mesurament es va fer el dia 13 de setembre de 2014.

- Altrament, en lŽexpedient administrariu consta (document 2) informe dŽavalució dels nivells de soroll que genera la guingueta Tibu-ron sobre els mesuraments realitzats el dia 29 de setembre de 2013.Aquest informe es va realitzar pel Departament de Territori i Sostenibilitat a petició de la Direcció General dŽOrdenació del Territori, en el qual es conclou ' els nivells dŽimmissió sonora provinents de la Guingueta Tibu-ron als habitatges situats al carrer DIRECCION000 NUM000 i NUM003 superen els valors límit establerts en més de 10 dB(A) per tots els períodes dia-tarda-nit a ambdós habitatges independentment de la zonificació que tinguin.

La Llei 16/2002, de prevenció de la contaminació acústica estableix que superacions del valor límit de més de 10 dB(A) són considerades com a infracció molt greu'.

lŽautor de lŽinforme, el senyor Felicisimo, responsable dŽAvaluació i Gestió de la Cintaminació Acústica de la Direcció General de Qualitat Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat, va declarar en lŽacte de la vista respecte al mesurament realitzat que aquell dia estaven fent una festa de clausura, que no li constava autorització per a la mateixa, si bé el tècnic li va manifestar que en tenien però sense música.

Respecte als certificats que la part demandada aporta com acreditatius dels coneixements que posseixen els tècnics encarregats de realitzar els amidaments ( doc. annex 1 de la contestació), ens manifesta que són cursos molt bàsics.

Altrament, haig de dir que aquests cursos acreditarien els coneixements que posseix la senyora Crescencia, enginyera tècnica municipal, però no els del senyor Carlos Miguel, que va ser qui els va fer, dŽacord amb les seves manifestacions a lŽacte de la vista quan diu que ell va fer les sonometries perquè la senyora Crescencia estava de baixa per maternitat.

Així mateix, i davant de lŽexhibició del document annex 2 de la contestació a la demanda, critica certs mesuraments, al dir que el soroill sŽevalua en períodes de tres hores. LŽempresa Axioma (informe que és criticat per lŽAjuntament) ho avalúa en dos hores, i lŽAjuntament argumenta que com que manca una hora, doncs fa la suposició que lŽha que resta el local estava tancat i aleshores fa la mitja. Evidentment, aquesta mesura no és real.

- informe realitxat per lŽempresa Strengths Business Engineeringque té per objecte mesurar els nivells dŽimmissió sonora en diverses façanes dŽhabitatges propers a les guinguetes de la platja de Castelldefels (guinguetes El Pairo, Dolce Vita, Carita Morena) . Els mesuraments es van fer el 9 de setembre de 2012 i dŽacord amb els resultats que consten en el mateix, sŽexcedeix dŽaquests 50 dB.

- informe realitza per per lŽempresa Strengths Business Engineeringque té per objecte avular lŽimpacte acústic sobre lŽhabitatge situat al carrer DIRECCION000, NUM000, NUM002 NUM002 provocat per lŽactivitat del resturant musical Tibu-ron Beach Club (document 4 expedient). El mesurament es realitza el dia 1 de setembre de 2012. I en lŽinforme acústic es conclou ' el nivell dŽavaluació de 73 dBA es troba pèr sobre del valor límit dŽimmissió nocturn que marca el Decret 176/2009 de 10 de novembre (45 dBA).

DŽaltra banda, el nivell dŽavaluació Lar (73 dBA) supera en més de 5 dBA durant 30 minuts, de manera contínua o discontínua, el valor límit dŽimmissió nocturn (45 dBA), esdevenint una segona causa dŽincompliment.

A més, el nivell del conjunt dŽemissors (66,9 DBA) supera els objectius de qualitat establerts a lŽannex A del Decret 176/2009 de 10 de novembre (A4, predomini dels sòl dŽus residencial: 55 dBA en període noctunr), esdevint una tercera causa dŽincompliment)'.

- informe realitzat per lŽempresa ATISAE (expedient administratiu NUM004) a petició de la part actora, mesurant lŽimpacte acústic generat pel restaurant musical ' Tibur-Ron Beach Club. Els mesuraments es va realitzar el dia 3 dŽagost de 2014. I en aquest es conclou que ' en ambient exterior: els valors del nivell dŽavaluació , Lar, superen en més de 5 dB (A) durant 30 minuts, de manera contínua o discontínua, en el període de vespre, els valors límit fixats a lŽAnnex 3 de la Llei 16/2002 modificat pel Decret 176/2009, esdevenint una primera causa dŽincompliment de la normativa.

Els valors del nivell dŽavaluació Lar superen els valors límit fixats a lŽAnnex 3 de la Llei 16/2002 mofificat pel Decret 176/2009, esdevenint una segona causa dŽincompliment de la normativa.

A nivell informatiu, el conjunt dŽemissors superen els objectius de qualitat en període de vespre establerts en lŽAnnex A del Reglament de la Llei 16/2002, amb uns nivells Lar de 70 i 71 dB (A) (valor límit dŽimmissió de 60 dB (A) per a zona A4 i de 65 per a zona B1).

- informe realitzat per lŽempresa Aximona (expedient administratiu ampliació)que té per objecte avaluar el grau dŽafectació acústica generat pel funcionament del restaurant musical Tibu-Ron . Els mesuraments es van fer el dia 23 dŽagost de 2014. I aquest conclou ' El nivell dŽavaluació obtingut (...) ha estat de 64 dBA en horari diürn. Aquest nivell dŽimmissió sonora en ambient exterior supera els valors límit definits a la normativa vigent per a usos receptors situats en zones A4 ' Predomini de sòl dŽús residencial'. Tanmateix, aquest nivell dŽimmissió sonora en ambient exterior també supera els valors límits definits a la normativa vigent per a usos receptors situats en zones B1 ' Coexistència de sòl dŽús residencial amb activitats i/o infraestructures de transports existents'. En conseqüència, i en base als resultats dŽaquestes avaluacions, lŽactivitat celebrada el passat dissabte 23dŽagost entre les 17:00 i les 20:00 a la guingeta Tibu-Ron de Castelldefels (Barcelona) incompleix els criteris definits a la normativa vigent en matèria de sorolls i contaminació acústica'.

- informe realitzat per lŽempresa ATISAE(expedient administratiu ampliació) que té per objecte avaluar el grau dŽafectació acústica generat pel funcionament de la guingueta Dolce Vita . Els mesuraments es van fer el dia 31 dŽagost de 2014. I les conclusions són ' en ambient exterior: els valors del nivell dŽavaluació, Lar superen en més de 5 DB (A) durant 30 minuts, de manera contínua o discontínua, en el període de dia, els valors fixats a lŽAnnez 3 de la Llei 16/2002 modificat pel Decret 176/2009, esdevenint una primera causa dŽincompliment de la normativa. Els valors dels nivells dŽavalució, Lar superen els valors fixats a lŽAnnex 3 de la Llei 16/2002 modificat pel Decret 176/2009, esdevenint una segona causa dŽincompliment de la normativa. A nivell informatiu, el conjunt dŽemissors supera els objectius de qualitat establerts a lŽannex A del Reglament de la Lleiu 16/2002 en període dia i per a zona A4 amb un nivell Lar de 61 dB(A) ( valor límit dŽemissió de 60 dB(A) per a zona A4). El conjunt dŽemissors no supera els objectius de qualitat en període dia i per a zona B!, amb un nivell Lar de 61 dB(A) (valor límit dŽimmissió de 65 dB(A) per a zona B1).

- informe realitzar per lŽempresa ATISAEaquesta vegada a petició de lŽactora dels mesuraments acústics realitzats en ambient exterior del local Tibu-Ron la nit del dissabte 27 al diumenge 28 de setembre de 2014 entre les 00:30 i les 03:30 hores. Es conclou ' en ambient exterior:

. el valor del nivell dŽavaluació, Lar, supera en més de 5 dB(A) durant 30 minnuts, de manera contínua o discontinua, en el període nit, els valors límit fixats a lŽAnnex 3 de la Llei 16/2002 modificat pel Decret 176/2009, esdevenint una primera causa dŽincompliment de la normativa.

. el valor del nivell dŽavaluació, Lar, supera en període de nit els valors límit fuxat a lŽAnnex 3 de la Llei 16/2002 modificat pel Decret 176/2009, esdevenint uan segona causa dŽincompliment de la normativa.

. A nivell informatiu, el conjunt dŽemissors superen els objectius de qualitat en període de nit establerts a lŽannex A del Reglament de la LLei 16&2002, amb uns nivells Lar de 65 dB (A) (valor límit dŽimmissió de 50 dB (A) poer a la zona A4 i de 55 per a zona B1).'

- Acta aixecada per la Policia de la Generalitat- Mossos dŽEsquadraarran de la inspecció feta el dia 26 dŽagost de 2012 al local Tibu-Ron Beach Club en la qual es constata irregularitats en matèria dŽespectacles públics i recreatives. I en escrit de data 7 de setembre de 2012 (document 9 demanda) es diu que es va donar ttasllat a lŽAjuntament de Castelldefels per, si sŽescau, prendre les mesures necesàries i incoi el procediment adequat.

- escrit de data 10 de febrer de 2014 emès pel cap del Servei de Control dŽEspectacles Públics i Activitats Recreativesen el qual es fa esment a les inspeccions realitzades arran de les denúncies presentades en els locals musicals Tibu-Ron i Casanova Beach Club, resultat de les quals es constatava lŽexistència dŽirregularitats. Afegint que de les mateixes es va donar trasllat a lŽAjuntament de Castelldefels, el qual va obiri expedients sancionadors.

- informe del Síndic de Greuges de data 8 de febrer de 2012(document 10 demanda) en el qual es conclou ' Per tot lŽexposat, i de cara a la nova temporada, tot i que el Pla dŽusos aporvat és fins la temporada 2014, us suggereixo que reviseu els horaris de tancament de les guinguetes, ajustant-los als usos de les platges, tot limitant lŽñus de la música dŽambient per evitar molèsties als veïns (...)'.

- informe del president de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidoren el qual sŽexpliciten les raons per les quals la platja de Castelldefels lno ha rebut el distintiu amb la bandera blava dient ' La causa fundamental de la denegación en 2014 se relaciona con la actividad de deteminados chiringuitos, en especial de uno de ellos, en los útltimos años, que motivó el acuerdo entre el Ayuntamiento y la Generalitat para la adopción de determinadas medidas en relación al ruido nocturno y otros aspectos.

Nos consta que el Ayuntamiento ha emitido sucesivos expedientes en aquellos casos concretos en los que las medidas adoptadas no habían conseguido el objetivo propuesto.

En el verano de 2013, las inspecciones de ADEAC y de la Generaliat, así como la inspección internacional que realiza un muestreo aleatorio de las playas galardonadas sin aviso previo, advertidas de la existencia de dicha problemática por algunas quejas de residentes y usuarios, constataron que los niveles de ruido nocturno, así como otros aspectos secundarios, no eran compatibles con una distinición Bandera Azul de carácter internacional, '.

informe emès per Axioma Consultors Acústics, S.L. a petició de lŽactora que té per objecte la realització dŽunes consideracions tècniques al document de lŽajuntament de Castelldefels, Denúncies ref. NUM005, amb data 1 dŽagots del 2014. Aquest informe fa referència a la necessària instal.lació, per aplicació del Decret 112/2010, de 31 dŽagost, en els establiments oberts al públic destinats a espectacles musicals o a activitats musicals, dŽun limitador de so amb registrador, per tal dŽassegurar que no es sobrepassin els valos límits establerts. Si bé conclou que aquests equips són un sistema de prevenció i control necessari del nivell dŽemissió, però en cap cas, suficient. En relació als equips de so autoritzats per lŽajuntament de Castelldefels no condiciona ni limita el nivell de sonor emès, no implica una reduccu+ió de lŽimpacte acústic futur. Afegint que lŽannex tècnic de la LLei 16/2002 especifica un protocol de mesura i procediment dŽavaluació detallat i rigurós per verificar el compliment dels valors límit dŽimmissió i qualsevol procediment que es desvii dŽaquesta metodologia no garanteix el seu compliment, i dit això, aquest informe conlclou que ' no sŽaporta evidència de que les comprovacions sonomètriques in situ dutes a terme per lŽAjuntament de Castelldefels segueixen aquest procediment'.

I finalment ens fixarem en la testifical-pericial del senyor Felicisimo, com a responsable deŽAvaluació i Gestió de la Contaminació Acústica del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa de la Generalitat de Catalunya. El susdit tècnic, va realitar dues sonometries els dies 29 de setembre de 2013 i el dia 13 de setembre de 2014 en relació a lŽactivitat de la guingueta Tibu-Ron. En lŽacte de la vista ha manifestat que la part actora va acudir al Departament a lŽany 2012 exposant la problemàtica, si bé els hi van manifestar que es tractava dŽuna competència municipal, i els van aconsellar. No obstant, a lŽany 2013 quan van tornar a reclamar la seva intervenció, i al tractar-se de sorolls provinents de guinguetes, van realitzar sonometria, el dia 29 de setembre de 2013, la qual va donar uns resuiltats ' molt alts', ja que excedien en 15/20 DB, i a partir de 10 dB la llei considera el fet com a molt greu. Afegeix que quan es va fer la sonometria tenia lloc una festa en el local, la qual, per cert, ha resultat que no disposava de la preceptiva autorització.

Respecte als coneixements acreditats mitjançant els certificats de cursos impartits a la senyora Crescencia, va manifestar que eren cursos molt bàsics. És més, cal afegir que dŽacord amb la testifical del senyor Carlos Miguel algunes dŽaquestes sonomtries no es van realitzar per la senyora Cantero ja que la mateixa estava de baixa per maternitat.

Va validar els informes emesos per lŽempresa Axima de 23 dŽagost de 2014 i el de lŽempresa ATISAE de data 31 dŽagost de 3014.

I afegeix, que ell personalment li va fer saber a la senyora Crescencia que el nivell dŽemissió de 90 dB era molt alt. Altrament, consta com a document núm. 21 de la demanda document elaborat pel Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa de data 13 de febrer de 2013 titulat ' Recomanacions sobre els nivells sonors a emetre per les guinguetes de la platja' en el qual es fixa com a valors límits dŽimmissió en zona A4 55-55-54 i per zona B1 60- 60-50. I diu ' DŽaltra banda, per garabtir una bona qualitat als usuaris de la platja, caldria ser més restrictiu, sobretot en horari diürn, que és quan els usuaris de la platja realitzen altres activitats no relacionades amb les guinguetes. En aquest cas, es recomanaria fixar el nivell màxim del limitador enregistrador, en horari diürn, de manera que no es superin nivells equivalent sonors, Laeq de 55 dB(A) a 10 metres dels límits de la guingueta'.

I en darrer terme, i respecte a les sonometries que invoca lŽAjuntament, aporta cap acta o informe de les sonometries realitzades in situ, fet que impedeix examinar si sŽhan fet dŽacord amb els protocols establerts. Ara bé, cal resaltar que les sonometries realitzades donen valors superiors als fixats en lŽAnnex 3 del Decret 176/2009. A més, com bé assenyala el tècnic Felicisimo, els meuraments sŽhan de realitzar des de recpetors sensibles, com un dormitori o un menjador, i aquestes no es van realiyzar des dŽaquests llocs. També discrepa dels horaris i dies en que es van realitzar. ja que la majoraia són fetes en dimecres i diumenge, i no pas els divendres i dissabtes a la nit, com és un fet notori que és quan les guinguetes tenen una major activitat, i per tant, no són representatives de la problemàtica que es planteja.

I en darrer terme, el tècnic senyor Felicisimo posa en entredit els estudis dŽimpacte acústic aportats per ser molt bàsics.

Examinada, doncs la prova practicada entenc que lŽAjuntament de Castelldefels amb la seva inactivitat ha lesionat els drets fonamentals al.legats, ja que estem dava dŽuna infracció reiteradíssima de la normativa vigent en matèria de contaminació acústica. Són nombrossísimes les denúncies rebudes, i els informes tècnics existents, elaborats per diferents empreses que corraboren aquestes infraccions i administracions independents sense que lŽAjuntament hagi emprat les mesures que té al seu abats disposició per impedir que aquestes immisions . Consten expedients sancionadors oberts amb la imposició de sancions económiques, en el seu grau mínim, no excedint de 750, 01 euros. Cal afegir, que el senyor Carlos Miguel, tècnic de lŽAjuntament, i que va delarar en lŽacte de la vista, va manifestar que respecte a la guingeta AL Pairo, va fer un informe en expedient sancionador, i que li constaven 7 incompliments, sense que consti cap reincidència, per tant, es van acumular en un sol procediment.

Altrament, lŽAjuntament no aporta els informes tècnics municipals emesos prèviament a la instal.lació dels equips enregistradors-limitadors del so. Tampoc aporta la documentació remesa per lŽAjuntament a la Direcció General dŽOrdenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat per a lŽobtenció de les pertinents autoritzacions per a lŽocupació de la zona de domini públic maritimoterresttre amb la instal.lació de les diverses guinguetes per a les temporades 2012, 2013, 2014, en el marc de la distribució dels serveis de temporada, en relació concretament a lŽimpacte acústic de les activitats desenvolupades en elles sobre els habitatges propers i la resta de lŽentorn. En concret no aporta cap documentació de la requerida en fase de prova.

Per tot això, entenc que estem davant una vulneració continuada, des de lŽany 2012, de la normativa reguladora de la contaminació acústica davant de la qual lŽAjuntament no ha donat resposta dŽacord amb els principis quie li imposa lŽarticlke 31 de la Llei 26/2010, del 3 dŽagots, de règim jurídic i de procedeiment de les administracions públiques. I per tant declaro la nul.litat dels decrets impugnats per entendre que lesionen els drets fonamentals a la integritat física i moral, a la intimitat personal i familiar dels veïns que integren lŽAssociació de Veïns El Baixador de Castelldefels i com a mesures per presevar aquests drets, i dŽacord amb la pètita de la demanda acordo que les guinguetes Iguana, Ibiza, Dolce Vita, Al Pairo, Tibu- Ron, El Capo, Pura Vida i Tanit de la platja de Castelldefels, i qualsevol que sŽautoritzi seŽls hi apliqui de forma immediata i sense excepcions els límits dŽemissió de 60 dB(A) dŽacord amb lŽ article 19 de lŽOrdenaça dŽüs de les platges del Municipi de Castelldefels, respectant els llindars màxims dŽimmissió per a la zona A4 dŽacord amb el Decret 176/2009, mentre que no sŽelabori i aprovi per part de lŽAjuntament el mapa de capacitat acústica en el termini màxim de 6 mesos.

Quart.- Costes

DŽacord amb lŽ article 139 de la llei jurisdiccional cada part abonarà les costes causades a la seva instància i les comunes per meitats.

Fallo

ESTIMO en part el recurs contenciós adminstratiu interposat per la part actora davant de les següents resolucions:

Decret de data 31 de juliol de 2014, dictat pel regidor- delegat de Governació i Via Pública de lŽAjuntament de Castelldefels pel qual es desestima la reclamació prèvia presentada per lŽactora en data 25 de març de 2014.

Decret de data 11 de novembre de 2014 dictat per lŽalcalde lŽAjuntament pel qual es desestimava la reclamació prèvia presentada per lŽactora en data 13 dŽagost de 2014.

i la inactivitat davant de les reclamacions formulades en els escrits presentats en data 25 de març, 9 dŽagots, 13 de setembre i 17 de setembre de 2014.

DECLARO la nul.litat dels decrets impugnats per entendre que lesionen els drets fonamentals a la integritat física i moral, a la intimitat personal i familiar dels veïns que integren lŽAssociació de Veïns El Baixador de Castelldefels i com a mesures per presevar aquests drets, i dŽacord amb la pètita de la demanda acordo que les guinguetes Iguana, Ibiza, Dolce Vita, Al Pairo, Tibu-Ron, El Capo, Pura Vida i Tanit de la platja de Castelldefels, i qualsevol que sŽautoritzi seŽls hi apliqui de forma immediata i sense excepcions els límits dŽemissió de 60 dB(A) dŽacord amb lŽ article 19 de lŽOrdenaça dŽüs de les platges del Municipi de Castelldefels, respectant els llindars màxims dŽimmissió previstos per a la zona A4 dŽacord amb el Decret 176/2009, mentre que no sŽelabori i aprovi per part de lŽAjuntament el mapa de capacitat acústica en el termini màxim de 6 mesos.

Cada part abonarà les costes causades a la seva instància i les comunes per meitats.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts, i feu-los saber que contra la mateixa hi poden interposar un recurs dŽapel.lació en un efecte davant dŽaquest Jutjat en el termini de 15 dies i que serà resolt per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Així ho acordo i ho signo

PUBLICACIÓN.- El magistrado titular de este Juzgado ha leído y publicado la sentencia anterior en audiencia pública en la Sala de Vistas de este Juzgado Contencioso Administrativo en el día de su fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia, doy fe.