Sentencia Administrativo Nº 72/2013, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Bilbao, Sección 5, Rec 330/2012 de 25 de Abril de 2013

Encabezamiento

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 5 DE BILBAO (BIZKAIA)(E)KO ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN 5 ZK.KO EPAITEGIA

BARROETA ALDAMAR 10-5ªPLANTA - C.P./PK: 48001

Tel.: 94-4016706

Fax: 94-4016987

N.I.G. P.V. / IZO EAE: 48.04.3-12/001929

N.I.G. CGPJ / IZO BJKN : 48.020.45.3-2012/0001929

Proced.abreviado / Prozedura laburtua 330/2012 - C

Demandante / Demandatzailea : FLAT PRODUCTS ENGINERING S.L.

Representante / Ordezkaria : JOSE ABAD CASAS

Administración demandada / Administrazio demandatua : GOBIERNO VASCO DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Representante / Ordezkaria :

ACTUACION RECURRIDA / ERREKURRITUTAKO JARDUNA :

ACUERDO DEL CENTRO AUTOMATIZADO-CATIT DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR DEL GOBIERNO VASCO DE FECHA 24 OCTUBRE 2012 POR EL QUE SE DESESTIMA EL RECURSO CONTRA LA RESOLUCION RECAIDA EN EL EXPEDIENTE 90/4804400 QUE IMPUSO UNA MULTA DE 300 EUROS

S E N T E N C I A Nº 72/2013

En BILBAO (BIZKAIA), a veinticinco de abril de dos mil trece.

Vistos por mí, Ilmo. Sr. D. Juan Galo Carrasbal Onieva, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de los de Bilbao, los presentes autos de procedimiento abreviado, registrados con el número 330/2012 (N.I.G. 48.04.3-12/001929), dimanantes de un recurso contencioso-administrativo en el que figura, como parte recurrente, la compañía mercantil 'FLAT PRODUCTS ENGINERING, S.L.', representada y defendida por el letrado don José Abad Casas y, como recurrida, el Departamento de Interior del Gobierno Vasco, representado y defendido por la letrada de sus servicios jurídicos, doña Marisa Etxebarria.

Antecedentes

PRIMERO.- La parte recurrente formalizó su demanda en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dicte una sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las correspondientes declaraciones en relación con la actuación administrativa impugnada.

SEGUNDO.- Admitida a trámite, se dio traslado de la misma a la Administración demandada, convocando a las partes a una vista, que se celebró el pasado día veinticuatro de abril en la que la Administración demandada impugnó la demanda. Practicada la prueba admitida, quedaron los autos conclusos para sentencia, la Sra. Secretaria extendió un acta que está unida a las actuaciones y en aras de la brevedad se da aquí por reproducida.

TERCERO.- En la substanciación de las presentes actuaciones se han observado los preceptos y prescripciones legales. La cuantía del recurso queda fijada en 300 euros.

Fundamentos

PRIMERO.- En los presentes autos se impugna la resolución de 24 de octubre de 2012 de la Responsable del Centro Automatizado-CAITT, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por 'FLAT PRODUCTS ENGINEERING, S.L.' contra la sanción recaída en el expediente sancionador 90/4804400, por la que se imponía a la citada mercantil una multa de 300 euros al considerar que el hecho denunciado de no identificar verazmente al conductor del vehículo 8247CRD frente al que se siguió el expediente 90/8075050, constituía una infracción muy grave del artículo 9.bis.1 de la Ley de Tráfico , en relación con los artículos 65.5.j ) y 67.2.a) del mismo texto legal . En la demanda se acciona una pretensión anulatoria de la resolución impugnada y subsidiariamente la de reducción de la multa impuesta.

SEGUNDO.- El artículo 69 de la LSV establece que la responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en dicha Ley recaerá directamente en el autor del hecho con las excepciones que el mismo contempla. El artículo 130 de la LRJAP y PAC regula como uno de los principios inspiradores de la potestad sancionadora el de responsabilidad, de forma tal que sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos. La propia Ley de Seguridad Vial, Tráfico y Circulación de Vehículos de Motor exige en su artículo 76 que las denuncias se notifiquen en el acto al denunciado, con las tres excepciones que recoge, lo que excluirá cualquier duda sobre su perfecta identificación, previendo el actual artículo 9.bis.1 el deber del titular del vehículo de facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de ser cometida una infracción, constituyendo hecho infractor el incumplimiento de ese deber.

La STC Pleno 175/1995, de 21 de diciembre , desestimó las cuestiones de inconstitucionalidad promovidas contra el precepto legal que entonces imponía el deber de identificación, al apreciar que tal mandato legal no contraviene el derecho fundamental del artículo 24.2 CE que garantiza el derecho a no declarar contra sí mismo ni confesarse culpable cuando el propietario era a la vez el conductor del vehículo; dicha sentencia con remisión a la STC 194-794 establece que 'De este modo, el precepto cuestionado configura un deber de colaboración del titular de un vehículo con la Administración, en el extremo exclusivamente referido, que resulta inherente al hecho de ser propietario, lo cual comporta, con la lógica consecuencia de su disponibilidad continuada, ciertas obligaciones, entre ellas la de saber, dentro de lo razonablemente posible, la persona que lo maneja en un determinado momento, debido, esencialmente, al riesgo potencial que la utilización del automóvil entraña para la vida, salud e integridad de las personas'. La STC de 22-11-88 concede el amparo solicitado a un conductor que requerido para que identificase al conductor manifestó que era su esposa porque la Administración no hizo diligencia alguna frente a ésta, imponiéndole sin más trámites la sanción, porque 'lo que no se puede inferir, en una aplicación correcta de la norma, es que la notificación de la denuncia y de la advertencia de ser posible exigir la multa al titular del vehículo... resulta una legitimación a dicha Autoridad de Tráfico para imponer directamente la sanción pecuniaria a aquel, ni por ello la exonera de proseguir las pertinentes diligencias de prueba para conseguir la identificación del conductor, ya que dicha comunicación y advertencia no pueden convertirse -por la pasividad de la Administración- en una presunción iuris et de iure, que no resulta en los términos absolutos que entraña dicha presunción'.

La STC, Sala Segunda 54/2008, de 14 de abril de 2008 , concede el amparo a un conductor que requerido por el Ayuntamiento facilitó todos los datos precisos (nombre, domicilio) de una persona que residía en Francia; el Ayuntamiento le sancionó por no haber aportado prueba documental alguna (copia del permiso de conducir) acreditativa, siquiera indiciariamente, que aquella persona se encontraba en España el día en que se cometió la infracción; el TC estima que el tenor literal del artículo 72.3 LSV no exige más que identificar a la persona pero no facilitar otra prueba, y que debe ser la Administración quien se encargue de intentar notificar a aquella persona la denuncia, procediendo contra el propietario del vehículo para el caso que dicha notificación (en base a los datos personales felicitados) no sea viable; dicha sentencia argumenta que:

'Es preciso ahora verificar si las resoluciones administrativa y judicial recurridas han vulnerado o no el principio de legalidad penal ( art. 25.1 CE ), de acuerdo con la doctrina constitucional antes expuesta. En el momento de los hechos el art. 72 LSV , en la redacción entonces vigente, después de establecer en su apartado 1 que la responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta Ley recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción, resultaba del siguiente tenor en su apartado 3: 'El titular del vehículo, debidamente requerido para ello, tiene el deber de identificar al conductor responsable de la infracción y si incumpliere esta obligación en el trámite procedimental oportuno sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave, cuya sanción se impondrá en su máxima cuantía. En los mismos términos responderá el titular del vehículo cuando no sea posible notificar la denuncia del conductor que aquél identifique, por causa imputable a dicho titular'. Pues bien, tanto la resolución administrativa sancionadora como la Sentencia que la confirman se han basado, según se ha dejado constancia, en la insuficiencia de los datos aportados por el demandante de amparo para considerar cumplida la obligación que impone el art. 72.3 LSV , dado que no había acreditado, siquiera indiciariamente, que la persona identificada como conductor de su vehículo, que residía en el extranjero, se encontrara en esa fecha -como se dice en la Sentencia- en el lugar en la que se cometió la infracción, ni que fuese la que conducía el vehículo -como se añade en la resolución administrativa sancionadora.

No existe en el expediente administrativo constancia de actuación por parte de la Administración tendente a comunicar con quien el demandante de amparo identificó como conductor responsable de la infracción, del que aportó el nombre, los dos apellidos, el número de permiso de conducir y su domicilio, ni, en consecuencia, que hubiera resultado frustrado el intento de comunicación con dicha persona a pesar de los datos facilitados por el recurrente en amparo. Las circunstancias concurrentes en este caso, de un lado, la identificación por parte del demandante de amparo de la persona que conducía su vehículo en el momento de la infracción en los términos en los que la ha llevado a cabo, y, de otro lado, la inactividad administrativa en orden a comunicar con la persona identificada, ponen de manifiesto que la motivación de las resoluciones administrativa y judicial impugnadas, al exigir al recurrente que acreditase la presencia en Madrid del conductor de su vehículo en las fechas en las que se cometió la infracción, así como que era en realidad el conductor, no responde a una argumentación lógica ni razonable que permita subsumir la conducta del recurrente en el tipo aplicado.

En efecto, ni la norma exigía expresamente que se facilitaran estos concretos datos, aun tratándose de una persona residente en el extranjero, ni, conforme al modelo de argumentación aceptados en la comunidad jurídica, cabe extraer tal exigencia de la misma, una vez que se había indicado a la Administración el nombre, los dos apellidos, el número de permiso de conducir y el domicilio del conductor, lo que, en principio y sin que las circunstancias concurrentes permitan presumir otra cosa, dada la inactividad de la Administración, parece, por una parte, que supone una respuesta congruente con el deber de identificar a una persona impuesto por el art. 72.3 LSV y, por otra, que es suficiente con la finalidad de la exigencia legal, que es la de permitir a la Administración dirigir eventualmente contra esa persona un procedimiento sancionador ( STC 197/1995, de 21 de diciembre , FJ 7). Como el Ministerio Fiscal pone acertadamente de manifiesto en su escrito de alegaciones, en este caso la actuación del recurrente en amparo ha sido congruente, en principio, con la obligación legal de identificar al conductor supuestamente responsable de la infracción de tráfico, y la inactividad de la Administración, que ni siquiera ha intentado dirigir el procedimiento sancionador contra éste, no hace sino abundar en lo irrazonable que resultaría a tenor del art. 72.3 LSV imputar al titular del vehículo que no se dirija el procedimiento sancionador por dicha infracción contra la persona que ha identificado como conductor, sin que pueda inferirse en modo alguno de aquel precepto legal un distinto régimen en la obligación de identificar al conductor responsable de la infracción en función de que resida o no en el extranjero.

Aunque esta última circunstancia -la residencia del conductor identificado en el extranjero- supone ciertamente un esfuerzo adicional para la Administración, al tener que cursar la notificación del expediente sancionador en el extranjero, no puede soslayarse este inconveniente en el caso que nos ocupa, en el cual el que la persona identificada como conductor reside en Francia, con la directa imputación al titular del vehículo del incumplimiento del deber legal de identificar al conductor responsable de la infracción de tráfico sin que por la Administración se hubiera desplegado la más mínima actividad tendente a aquella notificación. En definitiva, ni en la resolución administrativa sancionadora ni en la Sentencia que la confirma cabe discernir un fundamento razonable para subsumir en este caso la conducta del recurrente en amparo -la falta de acreditación de que quien identificó como conductor de su vehículo se encontraba en Madrid en la fecha de comisión de la infracción y que era quien realmente lo conducía- en la infracción tipificada en el art. 72.3 LSV por la que ha resultado sancionado, lo que revela en este caso una aplicación extensiva de la norma contraria al principio de legalidad en materia sancionadora (art. 25.1 C)'.

En el caso de autos, la Administración sancionante acordó notificar el requerimiento de identificación a la recurrente, como propietaria del vehículo en el domicilio que consta en Tráfico como el del vehículo con el que se cometió una infracción de exceso de velocidad detectada por radar fijo, que es el de la calle Ibarrekolanda nº 25-1º de Bilbao -lo que ha sido contrastado con el documento admitido en la vista-, resultando frustrada la notificación cursada por correo certificado con acuse de recibo por ser desconocido en aquel domicilio su destinatario (folio 6 del expediente); en tal tesitura fue publicado en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico el sábado 18 de febrero de 2012 (folio 7 del expediente administrativo) el requerimiento en forma edictal, por lo que habiendo actuado la Administración como dispone la normativa, inició el procedimiento sancionador por no facilitación de la identidad del conductor (folio 11 del expediente administrativo), lo que, de nuevo cursado por correo certificado con acuse de recibo, siguió sin ser notificado por idéntico motivo de ser desconocido el destinatario en el domicilio consignado (folio 13 del expediente administrativo), acudiendo por ello de nuevo a la notificación edictal (folio 14 del expediente) y después de ello intentando en una tercera vez la notificación de la resolución sancionadora por identificación inveraz en el repetido domicilio, resultando, de nuevo, frustrada por destinatario desconocido en ella (folio 22 del expediente), acudiéndose a la notificación edictal (folio 23 del expediente), medio por el cual la sancionada tuvo conocimiento de la imposición de la sanción, recurriéndola en reposición (folio 30 del expediente), cuya desestimación se combate en este recurso jurisdiccional.

De cuanto antecede se evidencia que la Administración ha cumplido rigurosamente con la normativa ad hoc, sin que sean de atender los reproches acerca de cuestiones procedimentales articulados ante la misma Administración y reiterados en la demanda de recurso jurisdiccional, al no darse supuesto alguno de indefensión y sí observancia incuestionable de lo preceptuado en materia de tráfico, pues no es aceptable eludir la actividad sancionadora mediante la reseña consciente en los registros de Tráfico de un domicilio en el que sea desconocido su destinatario, por lo que procede la desestimación del recurso contencioso- administrativo, sin que sea de atender la pretensión subsidiaria de reducción de la multa, impuesta en el mínimo posible, lo que supone la confirmación de la resolución recurrida.

TERCERO.- En observancia de lo preceptuado legalmente ( art. 139.1 LJCA en redacción por Ley 37/2011) procede impone las costas a la recurrente, si bien limitando a la cifra máxima de 100 euros los honorarios de la defensa de la Administración demandada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Desestimando el recurso interpuesto por ser ajustada a Derecho la actuación administrativa impugnada, debo confirmar y confirmo la resolución impugnada en el presente procedimiento. Se imponen las costas al recurrente si bien limitando a la cifra máxima de 100 euros los honorarios de la defensa de la Administración demandada.

Esta sentencia es FIRME y NO cabe contra ella RECURSO ordinario alguno. Conforme dispone el artículo 104 de la LJCA , en el plazo de DIEZ DÍAS, remítase oficio a la Administración demandada, al que se acompañará el expediente administrativo así como el testimonio de esta sentencia, y en el que se le hará saber que, en el plazo de DIEZ DÍAS, deberá acusar recibo de dicha documentación; recibido éste, archívense las actuaciones.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el/la Ilmo/a. Sr/a. MAGISTRADO que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.