Sentencia Administrativo Nº 803/2006, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 1897/2003 de 14 de Julio de 2006

Encabezamiento

Procedimiento Ordinario - 001897/2003

N.I.G.: 46250-33-3-2006-0009916

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA

COMUNIDAD VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

S E N T E N C I A Núm. 803/06

Presidente

D. José Martínez Arenas Santos

Magistrados

D. Francisco Hervás Vercher

D. Rafael Manzana Laguarda

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En Valencia a catorce de julio de dos mil seis.

Visto el recurso interpuesto por D. Octavio , representado por el Procurador Sr. Uclés Muñoz y defendido por Letrado, contra la Resolución del ayuntamiento de Alboraya de 20 de marzo de 2.003, desestimatoria de solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial, habiendo sido parte demandada el ayuntamiento de Alboraya, representado por la Procuradora Sra. García de la Cuadra Rubio y defendido por Letrado.

Ha sido Ponente el Magistrado D. José Martínez Arenas Santos .

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que suplicó se dictara sentencia anulando los actos impugnados y condenando al ayuntamiento demandado al pago de la cantidad de 13.698'83 ?, con sus intereses legales.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento demandado contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitó se desestimara la misma por ser los actos impugnados dictados conforme a derecho.

TERCERO.- No se recibió el proceso a prueba , pero se dio por reproducida toda la documental obrante en el expediente y la aportada por las partes a los autos y, tras las conclusiones, quedaron los autos pendientes de votación y fallo.

CUARTO.- Se señaló para la votación y fallo del recurso el día 13 de julio de 2.006, teniendo lugar la misma el citado día.

QUINTO.- En la sustanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- El objeto del recurso lo constituye el examen de la legalidad de la resolución impugnada en virtud de la cual se desestimó la pretensión de indemnización por responsabilidad patrimonial interpuesta formalmente el 27 de diciembre de 2.001.

La parte recurrente alega en defensa de su pretensión que las lesiones y secuelas que padece fueron causadas por caer en una alcantarilla sin tapa el día 20 de septiembre de 2.001, estando las calles inundadas por las fuertes lluvias caídas, no advirtiendo de ello el ayuntamiento.

El Ayuntamiento opone a ello la conformidad a derecho de los actos recurridos por los propios fundamentos de los mismos.

Los hechos por los que se reclamó consistieron, según se expresa en la demanda, en las lesiones sufridas el 20 de septiembre de 2.001, sobre las 04'00 horas, producidas por caída en la calle Pintor Valero, a la altura del No 29, a consecuencia de estar sin tapa la alcantarilla allí existente y no poder apreciarlo por estar la calle inundada , lo que le produjo fractura cuboide del pie izquierdo, siendo escayolado. Estuvo 122 días impedido para sus ocupaciones, con y le quedaron como secuelas algodistrofia. Tuvo daños consistentes en pérdida de zapatos, móvil y reloj , valorado en 300'51 ?. En el momento de los hechos, el actor tenía 42 años. Solicita 5.099'60 ? en concepto de días impeditivos, 8.298'72 ? por las secuelas y 300'51 ? por daños materiales.

SEGUNDO.- El art. 106.2 de la Constitución establece que "los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán Derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y Derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas que se regula en el Título X de la Ley 30/92 , es una responsabilidad de carácter objetivo, o por el resultado, en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que, como consecuencia directa de aquélla, se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado.

Sus elementos constitutivos han sido concretados en numerosas Sentencias del Tribunal Supremo [las de 3 de julio de 2.003 y 7 de marzo de 2.000 , por todas] en virtud de las cuales dicha responsabilidad exige para su reconocimiento: a) la efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas que no tengan la obligación de soportarlo; b) que la lesión patrimonial sufrida sea consecuencia de una actuación del poder público o actividad administrativa, en desarrollo de funciones de la misma naturaleza en una relación de causa a efecto; c) que el daño no se haya producido por fuerza mayor. Es requisito "sine qua non" la concurrencia del nexo causal entre la actividad administrativa y el resultado dañoso , sin interferencias extrañas que pudieran anular o descartar aquél.

Ahora bien, el carácter objetivo de la responsabilidad administrativa no supone que se responda de forma "automática" , tras constatar la realidad de la lesión. La Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2.002 unificó criterios en torno al alcance de la responsabilidad objetiva de la Administración respecto al funcionamiento de sus servicios públicos, recordando que "... reiterados pronunciamientos de este Tribunal Supremo que tiene declarado, en Sentencia de 5 Junio 1998 (recurso 1662/94 ) , que la prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a estas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Y en la Sentencia de 13 Noviembre 1997 (recurso 4451/1993 ) también afirmamos que aún cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la jurisprudencia de esta Sala como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que ello no convierte a la Administración en un responsable de todos los resultados lesivos que puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sino que , como antes señalamos, es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquélla".

TERCERO.- En el caso de este recurso, la prueba practicada, singularmente la documental obrante en el expediente, permite estimar acreditadas las lesiones y su origen, al caer el actor en una alcantarilla sin tapa. No es, por tanto, aventurado concluir que , efectivamente, en la fecha en que se producen los hechos, existió un incumplimiento por parte de la Administración municipal de su obligación de mantener en buen estado los desagües de las calles y sus tapas, colocando éstas en debida forma y de material adecuado para evitar que fueran arrastradas por el agua.

En lo que se refiere a la posibilidad de coexistencia de culpas, ha de decirse que la nota de "exclusividad" del nexo causal quedó descartada por la doctrina jurisprudencial, que ha venido repitiendo que la relación de causalidad puede aparecer bajo formas mediatas, indirectas o concurrentes que, de existir , moderarían proporcionalmente la reparación a cargo de la administración (Sentencias de 21 y 28 de julio de 2.001 y 10 de abril de 2.003, por todas), y en el caso presente se aprecia, habida cuenta de que se trataba de una inundación considerable y durante la noche, como se relata en los escritos de la parte actora en la vía administrativa y en esta judicial, lo que exigía que se extremara la precaución. A todo esto ha de añadirse que las secuelas no han quedado acreditadas , pues los informes que se aportaron por el propio actor en la vía administrativa [folios 41 y 42] indican que quedó curado completamente, quedándole sólo molestias episódicas que controla con analgesia.

Por ello, a la hora de concretar el "quantum" indemnizatorio, cuyo importe no viene favorecido por presunción alguna, sino que cada uno de los conceptos y partidas que lo integran debe ser objeto de acreditamiento suficiente por parte de la reclamante, estima la Sala adecuado reducir el importe de la misma a 5.000 , cantidad mucho más ajustada a la realidad de las lesiones que los 13.698'83 * que solicita.

En lo referente a la solicitud de 300.000 ptas. que hizo en la reclamación de 18 de diciembre de 2.001 y que la Administración local demandada entiende como tope máximo a reclamar, la Sala lo considera inoperante pues en el propio escrito indicaba que seguía de baja, lo que viene a ser como lo que se reclamaba hasta entonces , no como tope máximo.

CUARTO.- Por lo expuesto procede estimar parcialmente el recurso y anular los actos Administrativos impugnados, por no ser conformes a Derecho al denegar la indemnización solicitada, la cual procede pero en la cuantía señalada, con los intereses desde la reclamación en forma.

QUINTO.- No se aprecia temeridad o mala fe que, conforme al art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, justifique la expresa imposición de las costas en esta instancia.

VISTOS los preceptos legales citados, los concordantes y demás de general aplicación

Fallo

Se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Octavio contra la resolución del ayuntamiento de Alboraya de 20 de marzo de 2.003, desestimatoria de solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial, acto administrativo que se anula por ser contrario a derecho y, reconociendo la situación jurídica individualizada del actor, se declara su Derecho a ser indemnizado en la cantidad de 5.000 ?, con sus intereses legales desde el 27 de diciembre de 2.001. No se hace expresa imposición de costas.

A su tiempo , con certificación literal de la presente Sentencia, devuélvase el expediente Administrativo al centro de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido leída por el magistrado ponente el día de su fecha estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo cual yo, como Secretario de la misma, certifico.