Sentencia Administrativo Nº 83/2016, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Barcelona, Sección 17, Rec 43/2014 de 10 de Febrero de 2016

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Encabezamiento

JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU Nº 17 DE BARCELONA

Recurs nº: 43/2014 F1 - Recurs ordinari

Part actora: Casimiro

Representant part actora: MARCO ANTONIO BONATERRA SILVANI

Part demandada: AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES

Representant part demandada: IVO RANERA CAHIS

SENTÈNCIA 83/16

Barcelona, deu de febrer dos mil setze.

Federico Vidal Grases, Magistrat del Jutjat numero 17 Contenciós Administratiu de Barcelona, he vist aquestes actuacions que ha instat el procurador Marco Antonio Bonaterra Silvani , en representació de Casimiro actuan com a lletrat contra l'Ajuntament de Montornés del Vallés, representat pel procurador Ivo Ranera Cahis i assistit per la lletrada Noelia Beltrán Blanco . Dicto sentència en nom de SM el Rei, d'acord amb els següents

Antecedentes

Primer. El dia 29/01/14 va entrar al Jutjat un escrit d'interposició de recurs contenciós administratiu subscrit per la part actora, en què, després de concretar la resolució objecte de recurs, sol·licitava que es tingués per interposat el recurs.

Segon.- Després d'esmenar els defectes escaients, es va admetre el recurs mitjançant un Decret de 16/05/14 i es va reclamar l'expedient administratiu, es va traslladar a l'actora perquè formalitzés demanda, i després a la demandada, i així ho van fer.

Tercer. Mitjançant un Decret de 04/05/15 es va fixar la quantia en indeterminada . A continuació, es va obrir a prova, i l'actora va demanar documental Les probes es van practicar segons resulta dels rams corresponents i/o gravació.

Quart.-A continuació es va donar a les parts el tràmit de conclusions, i quan va Arribar el seu torn corresponent, a través d'una provisió de l'assumpte va quedar conclús per a sentència.

Cinquè. En la tramitació del procediment s'han observat les prescripcions legals, i la sentència s'ha dictat en el termini legal.

Sisè.Objecte del recurs.

Aquest recurs contenciós administratiu té per objecte la pretensió anul·lativa exercitada a nom de Casimiro contra l'aprovació definitiva del pressupost general 2014 publicat al BOE el 27/01/14.

Setè. Pretensions i al·legacions de les parts.

La part actora exposa que un grup de regidors van demanar un informe jurídic sobre les conseqüències de la nul·litat del pressupost de l'any 2013, decretat per Sentència de 13 de juny de 2013 del Jutjat 1 de Barcelona, i l'informe va ser redactat però només es va lliurar al Regidor Delegat del Àrea d'Administració i Economia i no a la resta de regidors de l'Ajuntament. L'actor va rebre una convocatòria per a la celebració d'una Junta Extraordinària el dia 12 de desembre i el dia 9 de desembre es va personar per a estudiar l'informe jurídic al·ludit, sense poder-lo conèixer perquè aquest informe no estava a la disposició de l'oposició. El 10 de desembre va tornar a intentar-lo sense èxit pel que presentà instància sol·licitant que es posés l'informe a la disposició dels interessats. El 12 de desembre de 2013 es va celebrar la Junta de Portaveus i va posar de manifest que no havia pogut accedir amb normalitat als expedients fins al dia 11 de desembre i no tenia coneixement de l'informe jurídic i una vegada celebrada la Junta, a la tarda va rebre resposta escrita de l'Alcalde. El 13 de desembre va presentar escrit de queixa sol·licitant un certificat de la Secretaria sobre la impossibilitat de consulta. El dia 16 de desembre de 2013 es va celebrar Ple Extraordinari i com qüestió prèvia l'interessat va posar en relleu la possible nul·litat de l'acord per no tenir coneixement de l'informe jurídic i l'Alcalde va contestar que l'informe estava fet però que es devia demanar per escrit. El 30 de gener de 2014 es va fer lliurament de l'informe. Com fonaments de dret al·lega la nul·litat per infracció de l' article 164.2 TRLMRLC i altres normes, per no facilitar l'informe d'intervenció manca d'anivellació pressupostària i incompliment de l ' article 16 RD1463/2007 i article 165 TRLMRLC. Falta de documentació des del dia de la convocatòria. Omissió del programa d'inversions de finançament de l'article 166 TRLHL. Per tot això sol·licita que s'acordi la nul·litat dels acords adoptats en el ple municipal extraordinari de l'ajuntament de Montornés del Vallés de 16 de desembre en relació amb el Pressupost General 2014 i l'expedient d'aprovació de la plantilla 2014.

L'administració demandada s'oposa a la pretensió de l'actor, i al·lega una relació de fets contradictòria amb l'anteriorment exposada ja que indica que tots els regidors tenien a la seva disposició els expedients referents a l'ordre del dia segons es dedueix de la pròpia convocatòria. Com fonaments de dret nega que es privés a l'actor del dret d'informació en les condicions o terminis fixats de l'ordenament jurídic local. L'informe que va ser sol·licitat no formava part de l'expedient i va ser sol·licitat fora dels requisits exigibles. Nega vulneració de l' article 16 RD 1463/ 2007 . Nega la infracció de l'article 166 TRLHL. Al·lega que cap actuació administrativa ha vulnerat el dret d'accés dels regidors a la documentació i per tot això sol·licita que dicti sentència desestimant el recurs.

Fundamentos

PRIMER. -En primer lloc cal exposar que l'escrit d'interposició del recurs indica com acte administratiu objecte del recurs l'acord del .Ajuntament de 24 de gener de 2014 que aprova el Pressupost General de 2014.

Tanmateix, l'escrit de demanda la part actora àmplia les al·legacions a l'expedient d'aprovació de plantilla de l'any 2014 que pel que sembla es va aprovar en el mateix Ple de 24 de gener de 2014.

En el procés contenciós administratiu, en l'escrit d'interposició, és on es delimita l'objecte del procediment i en l'escrit de demanda és on s'exposen els fets i al dret que la part actora fa valer en defensa de la seva posició.

En aquest cas en l'escrit de demanda se cita com objecte del recurs l'expedient d'aprovació de plantilla de l'any 2014, acte administratiu que no se cita per res en l'escrit d'interposició.

Per tant, en virtut del principi de congruència no es pot tractar sobre aquest acte administratiu introduït com objecte del procediment ' ex novo', en l'escrit de demanda, sent a més de notar que no existeix cap al·legació ni de fets ni dret sobre tal qüestió.

SEGON.-La part actora al·lega que no se li donà còpia de l'informe jurídic al que es refereix en la seva demanda, amb la qual cosa el Ple va aprovar els pressupostos de l'any 2014, sense que l'actor, regidor socialista, tingués coneixement d'aquest informe, la qual cosa implica vulneració de l'article 164.2 TRLMRC i altres normes que cita, per vulneració del seu dret a la informació.

L'indicat article 164. , diu:

' 164.1 Todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o alcaldesa o del presidente o presidenta, o de la comisión de gobierno, todos los antecedentes, los datos o las informaciones que están en poder de los servicios de la corporación y son necesarios para el desarrollo de su función.

164.2 Los servicios de la corporación tienen que facilitar directamente información a los miembros de las corporaciones cuando:

a) Ejerzan funciones delegadas y la información se refiera a asuntos propios de su responsabilidad.

b) Se trate de asuntos incluidos en el orden del día de las sesiones de cuyos órganos colegiados son miembros.

c) Se trate del acceso a información o documentación de la corporación local que sea de libre acceso a los ciudadanos.

164.3 En los otros casos, la solicitud de información se entiende como aceptada por silencio administrativo si no se dicta resolución denegatoria en el plazo de cuatro días a contar de la fecha de presentación de la solicitud. En cualquier caso, la resolución denegatoria tiene que motivarse, y sólo puede fundamentarse en los supuestos siguientes:

a) Cuando el conocimiento o la difusión de la información pueda vulnerar el derecho constitucional al honor, la intimidad personal o familiar o a la propia imagen.

b) Cuando se trate de materias afectadas por la legislación general sobre secretos oficiales o por secreto sumarial.

164.4 Lo que disponen los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la obligación de facilitar a todos los miembros de la corporación la documentación íntegra de todos los asuntos incluidos en el orden del día de las sesiones de los órganos colegiados, desde el mismo momento de la convocatoria. Cuando se trate de un asunto incluido por declaración de urgencia, tendrá que distribuirse, como mínimo, la documentación indispensable para poder tener conocimiento de los aspectos esenciales de la cuestión sometida a debate.

La redacció d'aquests articles dóna suport clarament la postura de la part actora ja que l'article 164, que regula el dret d'informació dels regidors, ve redactat d'una forma omnicomprensiva ja que abasta a tots 'els antecedents, dades o informacions que estan en poder dels serveis de la corporació i són necessaris per a desenvolupament de la seva funció', i que en virtut de tal norma l'informe sol·licitat per l'actor ja estava redactat el moment de celebrar-se el Ple que va aprovar els pressupostos i, a pesar de les seves reiterades sol·licituds no se li va donar còpia del mateix; doncs bé, si l'informe existia, com es desprèn de les al·legacions de les parts, aquest informe constitueïx 'una dada o una informació' que resulta ser 'necessària per a desenvolupament de la seva funció' (de regidor).

Una cosa és que el regidor tingui a la seva disposició uns antecedents o dades, i això és el que regula l'article 164, i altra cosa és que tingui accés a l'expedient administratiu. Evidentment no formen part de l'expedient administratiu tals antecedents o tals dades, són elements perifèrics i en tot cas externs, però no per això deixa d'existir el dret que els regidors ho coneguin si són necessaris per a desenvolupament de la seva funció. Tractant-se d'un informe jurídic sobre les conseqüències d'una sentència precedent declarant la nul·litat dels pressupostos de l'any 2013, sembla obvi que es tracta d'un element d'importància i que devia ser conegut pel regidor que ho va reclamar.

El coneixement d'aquest informe manca de relació amb altres drets diferents, com són els supòsits de l'article 173 ROF el qual estableix la necessitat d'un informe previ del secretari en els supòsits que ordeni el President de la Corporació o ho demani un terç dels seus membres.

Són coses distintes, l'article 164 TRLMRC, es refereix al dret a la informació en general com necessari per a desenvolupament de la funció del regidor. L'article 173 ROF es refereix a l'adopció de determinats acords, en els quals es precisarà informe previ del secretari o de l'interventor, si ho ordena el President o ho demanen un terç dels membres de la corporació.

Es evident que la part actora adultera el sentit de la Sentència de 20 de febrer de 2015 TSJC, dictada entre les mateixes parts i pel mateix assumpte la qual, no afirma en el seu fonament de dret segon que es tractava d'un informe sol·licitat de conformitat amb l' article 179,1 a) DL 2/2003. La Sentència en part alguna realitza tal afirmació ja que es limita a transcriure les al·legacions del recurs d'apel·lació, i en cap moment es manifesta sobre aquesta qüestió.

Resulta d'aplicació al cas la Sentència TSJC de 17 de març de 2008, nº 244/2008 que diu

'En este sentido, constituye jurisprudencia constitucional ( STC 124/95 , 38/99 , 27/00 , 107/01 la que refiere que la garantía al acceso al cargo público reconocida en el art. 23.2 CE abarca también la permanencia en el mismo y el desempeño de las funciones que les son inherentes, correspondiendo a la Ley y los Reglamentos de organización interna ordenar los derechos y deberes que corresponden a esos cargos y funciones públicas, que una vez creados quedan integrados en el estatus de cada cargo, más que, sin embargo, 'no cualquier acto del órgano parlamentario que infrinja la legalidad del ius in officium resulta lesivo del derecho fundamental, pues solo poseen relevancia constitucional a estos efectos los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa parlamentaria, como son, indudablemente, el ejercicio de la función legislativa o de control de la acción de gobierno'; doctrina está sentada en relación el cargo público parlamentario, pero de igual significancia en lo que nos ocupa.

Como que, en la faceta de este proceso de tutela jurisdiccional del derecho fundamental al acceso y permanencia al cargo público, en su vertiente de ius in officium del cargo de regidor municipal, es llano entender que la previsión del acceso del cargo electo a la información obrante en los servicios municipales, y en su caso copia de dichos antecedentes, tiene carácter instrumental de la función representativa encomendada, como es la de control y fiscalización de la acción de gobierno en el caso de los regidores que no tienen delegadas funciones; como que, por ello, el derecho del concejal a ejercer su cargo para hacer efectivo, mediante ese ejercicio, el derecho fundamental de los vecinos a participar a través de sus representantes en la política municipal (así S. 4-VI-2007 Secc. 7ª TS3ª , con cita de SS. 14-IV , 17-XI, 27-XI-2000, 30-XI-2001, 22-XI-2004, 23-XII-2005; y reiterada en S. 2-VII y 22-X-2007 del mismo Tribunal) no queda cumplido con la entrega de la información o documentación, sino con aquello en condiciones que permita la efectividad del resultado trascendente a que responde el acceso a la información, lo que no ocurre cuando la información fue proporcionada al cargo electo más de dos años después de la fecha de la primera de las solicitudes y una vez finalizó el mandato para el que fue elegido,con la definitiva frustración del ejercicio nuclear de la función representativa en el gobierno municipal que ello comportó.

3. Se trata, pues, de una versión corregida y aumentada del supuesto que diese lugar a nuestra Sentencia nº 406/2006, de 2 de mayo , la que en relación estas mismas partes litigantes y pretensión, si bien en relación otras solicitudes anteriores de acceso a información municipal y copia de documentos, ya tuvo ocasión de declarar que ' (...) 4. La situación de desorganización administrativa en la sede de las oficinas municipales no resulta óbice para no dar debida respuesta a la solicitud planteada habida cuenta las diversas circunstancias que concurren. En primer lugar, que la adopción de las medidas que evitan la citada desorganización corresponden al propio consistorio.', como que '5. El alegado abuso en la solicitud, consecuencia de los limitados medios de que dispone el Ayuntamiento y que provocaría el bloqueo del normal funcionamiento de la Administración, así como el abuso de derecho opuesto por tratarse de una solicitud de documentación de carácter genérico, tampoco queda acreditado ni puede prosperar habida cuenta que ambos, Protocolo y Convenio, ocupan un total de 14 folios según documentación aportada por la propia Administración a su escrito de contestación...'; por lo que concluimos que '6. No puede entenderse que no nos hallemos ante una vulneración del derecho invocado cuando conforme a lo dispuesto en el DL 2/03, de 28 de abril, que aprueba el texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Catalunya, el silencio equivale a aceptación de la solicitud en cuanto que por todo lo expuesto nos hallamos ante una denegación material del derecho constitucional al que se refiere en su desarrollo el citado precepto.'; doctrina que reiteramos, y que aquí también sirve en lo menester como motivación por remisión.'

En definitiva, tota aquesta interpretació duu a l'enteniment que efectivament, com bé diu la part actora es va infringir l'article 164.2, en el sentit que es va vulnerar el seu dret a la informació i en conseqüència el seu dret a la seva correcta participació en l'activitat municipal.

Tanmateix, aquesta conclusió no pot dur a la nul·litat de l'acord del Ple que va aprovar el pressupost municipal per a l'any 2014, per dues raons. La primera per què el que es va infringir no va ser el procediment per a l'adopció de l'acord d'aprovació del pressupost, sinó una qüestió distinta com és el dret a la participació i a la informació del regidor, i per això no estem en supòsits de nul·litat de l'article 62 LPA, atès que res fa suposar que el pressupost es va adoptar prescindint total i absolutament del procediment, ni tampoc que s'adoptés lesionant un dret fonamental ( la sentència en defensa de drets fonamentals a la qual hom fa referència va ser en definitiva, desestimada i aquesta sentencia no pot declarar la lesió de cap dret fonamental). La segona raó per la qual no escau declarar la nul·litat és la manifesta i evident desproporció entre la lesió del dret d'informació del regidor i el resultat tremendament nociu que comportaria l'anul·lació del pressupost de l'any 2014

TERCER.-Entrant en el segon motiu de recurs és a dir la inexistència de documentació des del dia de la convocatòria, aquest punt si que queda resolt en l'esmentada sentència de 20 de febrer de 2015 TSJC , la qual en l'apartat últim del FD quart diu:

'Per altra banda es clar també que la pretesa vulneració dels drets fonamentals del recurrent amb relació a la convocatòria rebuda sense respectar el termini de dos dies reconeguts per la celebració de la Junta de Portaveus que es va celebrar el dia 12 de desembre 20113 a les 9,30 hores apareix com a inexistent, ja que consta de forma clara en la mateixa instancia presentada per el recurrent ( foli 11 de l'e3xpedient) que en data 10.12.12 va re3bre la convocatòria per la Junta de Portaveus a celebrar el dia 12.12.2010 i per tant el termini de dos dies s'havia respectat i el recurs interposat ha de ser per tant desestimat.'

QUART.-Sobre la falta d'anivellació del pressupost, que constitueix el tercer motiu del recurs, per figurar ingressos superiors als garantits per fer constar com ingressos procedents de la Generalitat 150.000 € quan estaven reconeguts 26.000 €, aquest motiu del recurs no pot prosperar ja que res impedeix fer una previsió en funció dels ingressos de l'exercici interior, com va fer l'Ajuntament.

També cal tenir en compte que és tradició en el nostre país que els pressupostos de tot tipus d'organismes (incloent per descomptat el de l'Estat), siguin de caràcter merament orientatiu i s'incompleixin de forma manifesta i constant.

En el present cas, l'Ajuntament acredita que la previsió de 150.000 €, va ser àmpliament superada per l'aportació de la Generalitat que va ser de 192.840,78.

El mateix val a dir sobre la suposada omissió del programa d'inversions i finançaments, ja que els mateixos no són obligatoris sinó potestatius.

CINQUÈ.-A la vista de l'indicat en el FD 2º, no escau imposició de costes

Fallo

DESESTIMOel recurs que ha presentat Casimiro contra l'aprovació definitiva del pressupost general 2014 publicat al BOE el 27/01/14 i CONFIRMOla resolució objecte d'impugnació.

Sense imposició de costes.

Contra aquesta Sentència escau interposar recurs d'apel·lació davant el TSJC, en el termini dels quinze dies següents a la seva notificació.

Així ho mano i ho signo.

El magistrat jutge

Publicació.El magistrat jutge va llegir i publicar la Sentència anterior l'endemà de la seva data a les estrades del Jutjat. En dono fe.

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