Sentencia Administrativo Nº 913/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 280/2008 de 13 de Noviembre de 2008

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Sección Tercera

Rollo de apelación número 280 de 2.008 (A)

Dimanante del procedimiento abreviado nº 153/07 del JCA 9 Barcelona

Parte apelante: D. Ismael

Parte apelada: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

SENTENCIA Nº 913

Ilmos. Sres.

Presidente

José Juanola Soler

Magistrados

Manuel Táboas Bentanachs

Francisco López Vázquez

En la ciudad de Barcelona, a trece de noviembre de dos mil ocho.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, constituida al efecto para la votación y fallo, ha visto, en el nombre de Su Majestad el Rey, el recurso de apelación seguido ante la misma con el número de referencia, promovido, en su calidad de parte apelante, a instancia de D. Ismael , representado por el procurador de los tribunales Sr. Cubero Royo, contra la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, representada, en su calidad de parte apelada, por el Abogado del Estado, y atendiendo a los siguientes

Antecedentes

PRIMERO. Por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de los de Barcelona, en la pieza separada de suspensión de los autos de su procedimiento arriba indicado, se dictó auto de fecha 21 de mayo de 2.007 , acordando denegar la suspensión cautelar de la ejecutividad de la resolución administrativa impugnada.

SEGUNDO. Interpuesto contra tal resolución recurso de apelación, admitido, formulada oposición, remitidas las actuaciones a esta Sala y comparecidas las partes, se señaló la votación y fallo para el día 10 de noviembre de 2.008.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Francisco López Vázquez, quien expresa el parecer del Tribunal.

Fundamentos

PRIMERO. Frente a las consideraciones contenidas en el auto impugnado opone la apelante la existencia de un cierto arraigo, siendo evidente que en casos como el que nos ocupa, en la necesaria ponderación entre el interés general representado por la inmediata ejecución del acto administrativo impugnado y el particular del administrado afectado, deben tenerse en consideración factores tales como la expulsión del territorio nacional y los posibles perjuicios que la misma puede causar a quienes posean un especial arraigo familiar, económico, laboral o social en nuestro país, como así ha venido corroborando pacífica jurisprudencia, siendo procedente la suspensión cuando la persona afectada tiene arraigo en España por razón de sus intereses familiares, sociales o económicos, caso en el cual la ejecución de la orden de expulsión directamente adoptada o que puede adoptarse como consecuencia del deber de abandonar el territorio nacional que en la resolución administrativa se imponga, habría de producirle unos perjuicios de difícil reparación, que en parte afectarían a su esfera personal.

Supuesto de arraigo familiar concurrente en el caso concreto, dicho sea a los efectos meramente cautelares que ahora nos ocupan, cuando el apelante acredita documentalmente en principio residir y estar empadronado con familiares, encontrándose sus padres y hermanos en España, titulares todos de autorización de residencia y trabajo, siendo así procedente la revocación del auto impugnado.

SEGUNDO. Atendidos los términos del artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional no procede condenar en costas en la presente alzada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto en nombre y representación de D. Ismael contra el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de los de Barcelona de fecha 21 de mayo de 2.007, auto que REVOCAMOS, acordando en su lugar la SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA EJECUTIVIDAD de la resolución administrativa impugnada. Sin imposición de costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciendo saber que la misma es firme y contra ella no cabe recurso ordinario alguno. Con certificación de la misma y atento oficio en orden a la ejecución de lo resuelto, procédase a la devolución al Juzgado de procedencia de las actuaciones recibidas.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, constituido en audiencia pública. Doy fe.