Encabezamiento
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2 DE BARCELONA
GRAN VIA CORTS CATALANES, 111 EDIFICI I
08075 BARCELONA
Procedimiento abreviado: 46/2015 D
Part actora :
Patricia
Part demandada : DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
SENTENCIA Nº 93/2016
En Barcelona, a 30 de marzo de 2016
Visto por mí, Elsa Puig Muñoz, Magistrada Juez titular del Juzgado Contencioso Administrativo número dos de los de Barcelona y su partido, el presente
Procedimiento Abreviado número 46/2015 Den el que han sido partes, como demandante Dña.
Patricia (representada por D. Eladio Roberto Oliva Lujan, Procurador de los Tribunales, y asistida por la Letrada Dña. Montserrat Farfan de los Godos Pomar), y como demandado el DEPARTAMENT D'ENSENUAMENT (representado y asistido por el Abogado de la Generalitat de Catalunya), procede dictar la presente Sentencia sobre la base de los siguientes
Antecedentes
PRIMERO.Por el citado particular se interpuso demanda sobre la base de los hechos que alegaba, y respecto de los que invocó los fundamentos jurídicos que estimó oportunos, terminando con la solicitud de que se admitiera la demanda; se recabara el expediente administrativo; se emplazara al demandado; se tramitara el correspondiente juicio y se dictase sentencia en la que, estimando el recurso en todas sus partes, se anulara la resolución impugnada.
SEGUNDO.Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a la Administración demandada, recabándose al propio tiempo el expediente administrativo, que tras ser remitido se puso de manifiesto a la demandante, citándose a las partes a la oportuna vista.
En la vista (a la que comparecieron ambas partes), y después de ratificarse la demandante íntegramente en su escrito de demanda, por la parte demandada se manifestó su voluntad de oponerse a la demanda sobre la base de los hechos que alegaba, y respecto de los que invocó los fundamentos jurídicos que estimó oportunos, terminando con la solicitud de que se desestimara la demanda y se dictara sentencia por la que se le absolviera de las pretensiones en su contra formuladas.
TERCERO.Abierto el juicio a prueba y previa declaración de pertinencia, se llevó a cabo la propuesta por las partes, con el resultado que obra en autos. Formuladas conclusiones orales por las partes, han quedado los autos vistos para sentencia.
CUARTO.La cuantía del presente procedimiento es indeterminada pero inferior a 30.000 euros
En la sustanciación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.
Fundamentos
PRIMERO.Es objeto del presente recurso la Resolución del Director de los Servicios Territoriales d'Ensenyament a la Catalunya Central, 27 de agosto de 2014, por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto por la actora contra la decisión de la Directora de la Escola Oficial d'Idiomes, de 26 de junio de 2014, de mantener la calificación otorgada en el examen de inglés realizado por la recurrente (que fue de cero).
SEGUNDO.Para fundamentar su recurso la actora alega, en síntesis, que el examen que realizó sí daba respuesta a la cuestión planteada; que resulta incoherente que la calificación sea cero y que sin embargo la actora cuestione esa calificación y, por último, que la puntuación de cero implica la incompetencia de quien imparte la asignatura.
En el trámite de conclusiones el Letrado que compareció en la vista, apartándose de las alegaciones que se contienen en la demanda, comenzó su relato con nuevas alegaciones no relacionadas con el contenido del expediente administrativo, por lo que esta juzgadora recordó a dicho Letrado que, si bien en los recursos seguidos por el procedimiento abreviado, en el acto de la vista puede hacerse alguna alegación diferente de las que se incluyeron en el escrito de demanda, esa posibilidad va siempre indisolublemente ligada a aquellas que tengan relación directa con el devenir del procedimiento administrativo y que, en definitiva, han podido ser constatadas tras el análisis del expediente administrativo, elemento del que en el momento de redactar la demanda no se dispone.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa las nuevas alegaciones venían hacían referencia a la cuestión de fondo, por lo que no es admisible que se plantearan en el acto de la vista, y mucho menos en el de conclusiones, ya que supone una desviación procesal y comporta la indefensión para la parte demandada.
Por su parte la demandada se opuso a las alegaciones que se contenían en el escrito de demanda solicitando que se desestimara íntegramente el recuso.
TERCERO.La controversia que se plantea en el presente recurso se circunscribe a determinar si es ajustada a derecho la calificación de cero obtenida por la actora en un ejercicio de inglés.
Pues bien, debe recordarse que en materia de calificaciones de pruebas académicas o de oposición rige el criterio de la discrecionalidad técnica del órgano evaluador.
Sobre ese concepto hay una abundante doctrina jurisprudencial relativa a la imposibilidad de control jurisdiccional sobre la calificación dada a una prueba o ejercicio académico, en atención a los conocimientos especializados del órgano evaluador.
Es cierto que de forma reciente el propio Tribunal Supremo ha matizado esa imposibilidad de control jurisdiccional sobre las calificaciones, abriendo la posibilidad a que sí puedan revisarse por un órgano judicial, pero lo ha hecho en supuestos concretos que no son equiparables al caso que nos ocupa.
Así, la
STS de 16 de diciembre de 2014 (recurso de casación 3157/2013 ), resume de forma didáctica esa evolución doctrinal así como delimita los elementos que tienen que darse para que un órgano judicial pueda controlar la calificación académica otorgada:
'El debido análisis de lo suscitado en esos motivos de impugnación que fueron suscitados en la demanda formalizada en la instancia aconseja recordar, con carácter previo, la jurisprudencia sobre el significado y ámbito que ha de reconocerse a la llamada doctrina de la discrecionalidad técnica, y sobre las posibilidades que ofrece el control jurisdiccional frente a los actos de calificación especializada en los que se proyecta dicha doctrina, en especial en lo referente al nivel de motivación que les es exigible.
Esa jurisprudencia, procedente de este Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Constitucional (TC), está caracterizada por el permanente esfuerzo de ampliar al máximo y perfeccionar el control jurisdiccional previsto constitucionalmente frente a toda actuación administrativa (
artículo 106.1 CE ), y esta contenida, entre otras, en la sentencia de 17 de octubre de 2012, casación 3930/2010
y en la más reciente de 4 de junio de 2014, casación núm. 2103/2013
.
Y sus líneas maestras e hitos evolutivos se pueden resumir en lo que sigue.
1.- La legitimidad de lo que doctrinalmente se conoce como discrecionalidad técnica fue objeto de reconocimiento por la
STC 39/1983
, de 16 [sic] de mayo, que justificó y explicó su alcance respecto al control jurisdiccional con esta declaración:
'Pero no puede olvidarse tampoco que ese control puede encontrar en algunos casos límites determinados. Así ocurre en cuestiones que han de resolverse por un juicio fundado en elementos de carácter exclusivamente técnico, que sólo puede ser formulado por un órgano especializado de la Administración y que en sí mismo escapa por su propia naturaleza al control jurídico, que es el único que pueden ejercer los órganos jurisdiccionales, y que, naturalmente, deberán ejercerlo en la medida en que el juicio afecte al marco legal en que se encuadra, es decir, sobre las cuestiones de legalidad, (...)'.
2.- La jurisprudencia inicial de esta Sala, desde el mismo momento del reconocimiento de esa discrecionalidad técnica, ya se preocupó en señalar unos límites para la misma, que vinieron a consistir en la aplicación también a ella de las técnicas de control que significan los elementos reglados, los hechos determinantes y los principios generales del derecho. Así lo hizo la
STS de 5 de octubre de 1989
, que se expresa así:
'Los órganos administrativos a quienes corresponde la valoración de las pruebas de acceso a la función pública gozan de un cierto margen de discrecionalidad en la apreciación de las pruebas, que incluso merece la calificación de técnica no revisable jurisdiccionalmente en lo que se refiere a los juicios que la Administración emita acerca de la apreciación de los méritos aportados o ejercicios realizados, pero ello no excluye el que los Tribunales puedan controlar la concurrencia de los límites generales jurídicamente impuestos a la actividad discrecional no técnica de la Administración que se refieren a la competencia del órgano, procedimiento, hechos determinantes, adecuación al fin perseguido y al juego de los principios generales del derecho , entre los que, en estos casos, cobran especial interés los de mérito y capacidad expresamente señalados al efecto por el
artículo 103 CE '.
3.- La evolución jurisprudencial posterior, en aras de perfeccionar el control jurisdiccional y definir los espacios donde este control puede operar con normalidad, completó y aclaró esos límites inicialmente enunciados mediante la distinción, dentro de la actuación de valoración técnica, entre el 'núcleo material de la decisión' y sus 'aledaños'.
El primero estaría representado por el estricto dictamen o juicio de valor técnico, y los segundos (los aledaños) comprenderían, de un lado, las actividades preparatorias o instrumentales que rodean a ese estricto juicio técnico para hacerlo posible y, de otro, las pautas jurídicas que también son exigibles a dichas actividades.
Esas actividades preparatorias o instrumentales serían las encaminadas a delimitar la materia que vaya a ser objeto de ese juicio técnico, a fijar los criterios de calificación que vayan a ser utilizados y a aplicar individualizadamente dichos criterios a cada uno de los elementos materiales que constituyan el objeto de la valoración; esto es, serían los pasos que resultan necesarios para llegar a la estimación cualitativa finalmente contenida en el estricto juicio técnico.
Y esas pautas jurídicas estarían encarnadas por el derecho a la igualdad de condiciones que asiste a todos los aspirantes, por la necesidad de que el criterio de calificación responda a los principios de mérito y capacidad y por el obligado cumplimiento también del mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad.
La anterior distinción está presente en la
STC 215/1991, de 14 de noviembre
[sic], como también en numerosas sentencias de
esta Sala (entre otras, en las SsTS de 28 de enero de 1992
,
recurso 172671990 [sic]; de 11 de diciembre de 1995 recurso 13272/1991
;
15 de enero de 1996, recurso 7895/1991
; y
1 de julio de 1996, recurso 7904/1990
).
4.- Un punto más en esa línea evolutiva de la jurisprudencia lo representa la necesidad de motivar el juicio técnico.
Como ya se ha puesto de manifiesto, uno de los aledaños de ese juicio técnico está representado por la obligación de cumplir el mandato constitucional (
artículo 9.3 CE ) de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y, en el criterio de este Tribunal Supremo, ese cumplimiento conlleva la necesidad de motivar el juicio cuando así sea solicitado por algún aspirante o cuando sea objeto de impugnación.
Así se expresa
STS de 10 de mayo de 2007, recurso 545/2002
:
'(...) Tiene razón el recurso de casación en que la sentencia de instancia no enjuició correctamente la cuestión de fondo que le fue suscitada y en la infracción del
artículo 24 de la Constitución
que con ese argumento se denuncia.
La doctrina de la discrecionalidad técnica con que la Sala de Zaragoza justifica principalmente su pronunciamiento no ha sido correctamente aplicada; y no lo ha sido porque, en relación a la actuación administrativa para la que se ha hecho esa aplicación, no se ha observado el límite constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (
artículo 9.3 CE ).
Como es bien sabido, dicha discrecionalidad técnica significa, por un lado, respetar las valoraciones de esa índole que hayan sido realizadas por los órganos cualificados por la posesión del correspondiente saber especializado y, por otro, admitir el margen de polémica o discrepancia que sobre determinadas cuestiones venga siendo tolerado en el concreto sector de conocimientos técnicos de que se trate.
Pero una cosa es el núcleo del juicio técnico sobre el que opera esa clase de discrecionalidad y otra diferente la obligación de explicar las razones de ese juicio técnico cuando expresamente hayan sido demandadas o cuando se haya planteado la revisión de la calificación que exteriorice ese juicio técnico. Esto último queda fuera del ámbito propio del llamado juicio de discrecionalidad técnica, ya que, ante la expresa petición de que dicho juicio sea explicado o ante su revisión, la constitucional prohibición de arbitrariedad hace intolerable el silencio sobre las razones que hayan conducido a emitir el concreto juicio de que se trate'.
5.- La fase final de la evolución jurisprudencial la constituye la definición de cuál debe ser el contenido de la motivación para que, cuando sea exigible, pueda ser considerada válidamente realizada.
Y a este respecto se ha declarado que ese contenido debe cumplir al menos estas principales exigencias: (a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás.
Son exponente de este último criterio jurisprudencial los pronunciamientos de
este Tribunal Supremo sobre nombramientos de altos cargos jurisdiccionales (STS de 27 de noviembre de 2007, recurso 407/2006
), sobre concursos de personal docente universitario (
STS de 19 de mayo [sic] de 2008, recurso 4049/2004
), sobre convocatorias del Consejo General del Poder Judicial para puestos en sus órganos técnicos (
STS de 10 de octubre de 2007, recurso 337/2004
[sic]); o sobre procesos selectivos en las distintas Administraciones Públicas, casación 3760/2012 ).
SEXTO
La doctrina jurisprudencial que acaba de recordarse debe ser completada con estas otras consideraciones que continúan.
I.- La primera es que, en el control jurisdiccional en la materia de que se viene hablando, el tribunal de justicia debe respetar siempre el margen de discrepancia que suele reconocerse como inevitable y legítimo en la mayoría de los sectores del saber especializado; y, en consecuencia, no puede convertirse en árbitro que dirima o decida la preferencia entre lo que sean divergencias u opiniones técnicas enfrentadas entre peritos o expertos del específico sector de conocimientos de que se trate cuando estas no rebasen los límites de ese ineludible y respetable margen de apreciación que acaba de indicarse.
Así debe ser por estas razones: (i) un órgano jurisdiccional carece de conocimientos específicos para emitir un definitivo dictamen, desde una evaluación puramente técnica, que dirima lo que sean meras diferencias de criterio exteriorizadas por los expertos; (ii) la solvencia técnica y neutralidad que caracteriza a los órganos calificadores impone respetar su dictamen mientras no conste de manera inequívoca y patente que incurre en error técnico; y (iii) el principio de igualdad que rige en el acceso a las funciones públicas (
artículos 14 y 23.2 CE (RCL 1978, 2836) ) reclama que los criterios técnicos que decidan la selección de los aspirantes sean idénticos para todos ellos.
II.- La segunda consideración es complemento o consecuencia de la anterior, y está referida a las exigencias que debe cumplir la prueba pericial que resulta necesaria para demostrar ese inequívoco y patente error técnico que permitiría revisar el dictamen del órgano calificador.
Estas exigencias lo que apuntan es que tal pericia no puede limitarse a revelar una simple opinión técnica diferente, sino que tiene que incorporar elementos que permitan al tribunal de justicia formar con total seguridad su convicción sobre esa clase de error de que se viene hablando; y para ello será necesario lo siguiente: (a) que la pericia propuesta identifique de manera precisa y clara los concretos puntos de desacierto técnico que advierte en el dictamen del órgano calificador; y (b) que señale fuentes técnicas de reconocido prestigio en la materia de que se trate que, respecto de esos concretos puntos, hayan puesto de manifiesto que son mayoritariamente valorados en el ámbito científico como expresivos de un evidente e inequívoco error.'
En términos idénticos las
SsTS de 16 y
24 de marzo de 2015 .
En el caso que nos ocupa la calificación obtenida por la actora en la prueba de inglés (cero) está motivada en los informes incorporados en el expediente así como en las resoluciones que se han dictado.
De otra parte, los alumnos conocían de antemano el tipo de prueba que se iba a realizar, e incluso habían hecho ejercicios similares en clase, lo que facilitaba la comprensión de los alumnos sobre qué se pretendía con el ejercicio de evaluación.
Por último no hay indicio alguno de que el profesor haya actuado con arbitrariedad, o bien haya seguido con otros alumnos criterios de corrección diferentes que con la actora, por lo que debe descartarse que se haya actuado con arbitrariedad.
Por todo ello debe desestimarse íntegramente el recurso interpuesto.
CUARTO.En cuanto a las costas, de acuerdo con el
artículo 139.1 de la LJCA , en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar Sentencia o al resolver por Auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
Como quiera que se desestiman íntegramente las pretensiones del recurso, la condena en costas a la actora es obligada, sin que se aprecien dudas serias de hecho o de derecho que justifiquen su no imposición, si bien limitada a la cantidad de 50 euros, en uso de la facultad que confiere el
artículo 139.3 de la LJCA haciéndose constar que si la minuta que se presente se encuentra dentro de los límites fijados en la Sentencia, no se tramitará el procedimiento de tasación de costas, según práctica forense mantenida por el propio Tribunal Supremo, siendo título ejecutivo suficiente para reclamar su pago la presente Sentencia.
Vistos los preceptos legales citados, y demás normativa de especial y general aplicación al caso
Fallo
Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por Dña.
Patricia contra la Resolución del Director de los Servicios Territoriales d'Ensenyament a la Catalunya Central, 27 de agosto de 2014, por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto por la actora contra la decisión de la Directora de la Escola Oficial d'Idiomes, de 26 de junio de 2014, de mantener la calificación otorgada en el examen de inglés realizado por la recurrente (que fue de cero), declarando que el citado acto es ajustado a derecho, y CONDENO a la actora al pago de 50 euros en concepto de costas procesales.
Notifíquese esta resolución a las partes, indicándoles que es firme y que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno.
Líbrese testimonio de esta Sentencia para su constancia en autos, llevando el original al Libro de las de su clase.
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
La Magistrada Juez
PUBLICACIÓN.-La anterior sentencia fue dada, leída y publicada por el Juez que la autoriza en el mismo día de su fecha. Doy fe.
