Sentencia Administrativo Nº 99/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 4381/2004 de 21 de Febrero de 2008

Encabezamiento

T.S.J.GALICIA CON/AD SEC.2

A CORUÑA

SENTENCIA: 00099/2008

Procedimiento ordinario nº 4381/2004

NO NOME DE EL-REI

A Sección Segunda da Sala do Contencioso administrativo do Tribunal Superior de

Xustiza de Galicia pronunciou a seguinte

SENTENZA

ILMOS. SRS.

D. JOSE ANTONIO MENDEZ BARRERA- PTE

D. JOSE MARIA ARROJO MARTINEZ

D. FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA.

A Coruña, vinteún de febreiro de 2008.

O recurso contencioso administrativo núm. 4381/2004 pendente de resolución nesta Sala, presentado por ARMADA SA

ASTILLEROS VARADEROS e GESGROB SL , representado polo procurador D. Bejerano Fernández e asistido do letrado D.

Paul Domínguez , contra o acordo de 13.01.2004 da TXSS. É parte demandada a TESOURERÍA XERAL DA SEGURIDADE

SOCIAL , representada e asistida polo letrado da Tesourería.

A contía do recurso é de 88.136,18 euros .

Antecedentes

PRIMEIRO.- Admitiuse a trámite o recurso, e practicáronse as dilixencias oportunas, presentado o recorrente a súa demanda, na que solicitou que se acollera integramente o recurso.

SEGUNDO.- Déuselle traslado á parte demandada e a Administración opúxose á súa pretensión.

TERCEIRO.- Trala proba e mailo trámite de conclusións o proceso quedou rematado para sentenza.

CUARTO.- Os trámites e mailas formalidades legais cumpríronse.

É ponente o maxistrado D. FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA.

Fundamentos

PRIMEIRO.- O acto que se recorre é a resolución do recurso de alzada contra as reclamacións de débeda, orixinadas por acordos do INSS que declara a responsabilidade empresarial por falta de medidas de seguridade e hixiene no accidente laboral de D. Hugo : recargo do 30% nas prestacións de gran invalidez.

O recurso baséase na: a) falta de motivación, por non resolve-las cuestión suscitadas no recurso de alzada, b) vinculación cos pronunciamentos da xurisdicción penal e ausencia de responsabilidade das empresas.

A TXSS rebate as pretensións do recorrente, subliñando que a TXSS inicia un procedemento de recadación en base a un acordo do INSS - acordo do que só pode coñece-la xurisdiccion social -, e que figura no expediente o cáculo da liquidación, sen que a sentencia absolutoria penal impida as responsabilidades administrativas.

Compre, pola transcendencia que ten para resolve-la controversia, sinalar cal é a extensión do debate, e ó respecto debemos darlle a razón o letrado da TXSS de que a actuación da TXSS é meramente recadadora e parte dun acto definitivo - en vía administrativa - do INSS, que só pode revisarse ante a xurisdicción social, sen que poida reproducirse na vía administrativa e contencioso administrativa a cuestión de se procede ou non a imposición do recargo do 30% nas prestacións.

Como indica a STS 31.03.2004 : No se dan en consecuencia las identidades que establece la Ley y además la empresa recurrente está pretendiendo de forma directa o indirecta que nos pronunciemos sobre la responsabilidad por el accidente laboral. Ello no es posible, además de porque no es el objeto de la litis, porque la competencia de este orden jurisdiccional sobre la materia se limita a la determinación de la cuantía del capital coste o de otras cuestiones jurídico administrativas ajenas al orden social, que es el competente respecto a la materia de responsabilidad por accidente. Así lo viene declarando reiterada jurisprudencia de este Tribunal Supremo, pudiendo citarse por todas la Sentencia de 13 de marzo de 2002 en la que se sigue la doctrina de numerosas Sentencias anteriores.

Tamén a de 11.06.2003: Así la Sentencia de 31 de enero de 2000 (RJ 2000667 ) dictada en recurso de casación en interés de ley (en el mismo sentido las posteriores de 9 de febrero [RJ 20006532] y 2 de julio de 2000 sic) fija como doctrina legal la siguiente: «los actos de liquidación del capital-coste de renta referidos en el artículo 4.1 del Real Decreto 716/1986, de 7 de marzo , son recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa, previa la vía administrativa, pero sólo por motivos de oposición inherentes a la determinación de su cuantía, y siempre que tal acto de liquidación no se dicte en ejecución de una Sentencia de la jurisdicción social sobre el reconocimiento de la pensión y/o sobre la imputación de responsabilidad del pago de la misma».

Esta acción recadadora non se ve afectada pola pendencia do procedemento ante a xurisdicción social, onde se impugna a resolución do INSS.

A STSX Cataluña de 02.02.2005 é concluínte: El artículo 96 del Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (RCL 19952891, 3179 y RCL 1996, 502 ), por el que se aprueba el Reglamento general de recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social preceptúa: «1. Las resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social en las que se declare la procedencia de recargos sobre las prestaciones económicas debidas a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales originados por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, conforme a lo previsto en el art. 123 de la Ley General de la Seguridad Social (RCL 19941825 ), serán comunicadas también a la Tesorería General de la Seguridad Social para la recaudación por ésta del imparte de los mismos mediante la reclamación de deuda correspondiente, incluidos, en su caso, los intereses de capitalización que procedan, aun cuando dichas resoluciones no sean definitivas en vía administrativa o estén sujetas a impugnación ante la jurisdicción competente y sin perjuicio de las devoluciones que, en su caso, procedan, si se redujeren o anularen los derechos reconocidos en la resolución administrativa inicial. 2. El importe de tales recargos deberá ser ingresado hasta el último día del mes siguiente al de la notificación de la reclamación de la deuda correspondiente por la Tesorería General de la Seguridad Social, iniciándose, en defecto de pago, la vía ejecutiva con aplicación del consiguiente recargo del 20 por 100».

Por su parte, el Real Decreto 2609/1982, de 24 de septiembre (RCL 19822751, 3163 ), sobre Evaluación y Declaración de las Situaciones de Invalidez en la Seguridad Social, dispone en su art. 9 lo siguiente: «Uno. Las Resoluciones de los Directores provinciales de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social que recaigan sobre las materias a que se refiere el presente Real Decreto serán recurribles ante la Jurisdicción de Trabajo, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 19951144 ), por los beneficiarios y, en su caso, por las Mutuas Patronales y empresarios responsables de las prestaciones. Para formular la demanda será necesario que se interponga la reclamación previa regulada en los arts. 58 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral , sin perjuicio de lo dispuesto en el último inciso del número dos del art. 63 de la Ley de Procedimiento Laboral . Dos. Las Resoluciones de los Directores provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social serán inmediatamente ejecutivas, sin que se suspenda su ejecución por la reclamación o formulación de la demanda».

CUARTO.- En aplicación de las indicadas normas, este Tribunal ha tenido ocasión de proclamar la ejecutividad inmediata de las resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social en las que se declare la procedencia de recargos sobre las prestaciones económicas debidas a accidentes de trabajo, como la que nos ocupa, mientras no sean objeto de anulación o modificación, lo que se traduce en su ejecución forzosa en caso de incumplimiento voluntario del obligado, habida cuenta del carácter de «ius cogens» que se predica en el mencionado art. 9.2 del Real Decreto 2609/1982 (RCL 19822751, 3163 ), de cumplimiento forzoso para todas las partes ( Sentencias, entre otras muchas, de 13 de septiembre de 2002, 31 de marzo de 2003 y 10 de diciembre de 2004 ).

Por consiguiente, aun no habiendo recaído sentencia firme en el procedimiento penal abierto en la fecha en que se dictó la reclamación de deuda que ha dado lugar al presente procedimiento, procederá declarar la conformidad a derecho de la resolución administrativa y, con ello, la revocación de la sentencia apelada, cuyos fundamentos y fallo quedan sustituidos por los de esta sentencia de alzada. A ello no es óbice el resultado de la prueba practicada en este Tribunal, del que se desprende la pendencia todavía de la causa criminal, toda vez que, como indica el precepto legal más arriba trascrito, en nada incide «ab initio» la suspensión del procedimiento laboral en la ejecutividad de los efectos económicos, cuya naturaleza jurídica es evidentemente resarcitoria y no sancionadora, como equivocadamente plantea el recurrente ante el Juez «a quo», y sin perjuicio de proceder, en su caso, a la regularización contable de las cantidades que finalmente resultaran de la firmeza de la resolución administrativa dada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Partirmos, polo tanto, de que o debate debe cinguirse as cuestión referentes á determinación da cantidade reclamada, sen que poida extenderse á propia existencia do recargo. Desto se deriva que as pretensións relativas á vinculación do acordado pola xurisdicción penal ou a falta de responsabilidade das empresas recorrentes son cuestión alleas á xurisdición contenciosa.

Unha eventual sentenza estimatoria do recurso presentado ante o TSX Galicia -sala do social - daría lugar a unha revisión da actuación da TXSS.

SEGUNDO.- Aclarada esta cuestión entraremos a resolve-los motivos de oposición que se suscitan.

O recorrente denuncia a FALTA DE MOTIVACIÓN do acordo de 13.01.2004 por non pronunciarse sobre varios motivos suscitados ó formula-lo recurso de alzada.

En realidade o que se denuncia é a incongruencia misiva, máis que a falta de motivación; non só é difícil defender que por esta circunstancia concorra unha causa de nulidade de pleno dereito, xa que a propia xurisprudencia do TC é reacia a aprecialo cando falarmos de resolución xudiciais ( así Como se recuerda en la STC 210/2000, de 18 de septiembre (RTC 2000210 ), es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional desde su STC 20/1982, de 5 de mayo (RTC 198220 ), que si bien es cierto que la ausencia de respuesta expresa a las cuestiones suscitadas por las partes puede generar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, sin embargo, no todos los supuestos son susceptibles de una solución unívoca, debiendo ponderarse las circunstancias concurrentes en cada caso para determinar si el silencio de la resolución judicial constituye una auténtica lesión del artículo 24.1 CE (RCL 19782836 ), o si, por el contrario, puede razonablemente interpretarse como una desestimación tácita que satisfaga las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva ( SSTC 175/1990, de 12 de noviembre [RTC 1990175]; 88/1992, de 8 de junio [RTC 199288]; 26/1997, de 11 de febrero [RTC 199726] y 83/1998, de 20 de abril [RTC 199883 ], entre otras muchas), senón que o recorrente tivo a posibilidade de reproducilas súas pretensións en vía xudicial, figurando na contestación da TXSS a indicación precisa de onde sae a cantidade reclamada: artigo 95.4 da LXSS 21.04.1966 e ATI-2 Decreto 3581/62 de 27.12 , figurando o cálculo nos folios 6-7-8 e 15 a 179 do expediente.

Esta indicación - da normativa de aplicación - xa figuraba na resolución de 13.01.2004.

O recorrente sostén que este cálculo é incorrecto e non se corresponde con ningunha fórmula matemática, o que lle impide calquera defensa.

O recorrente indica que se parte dunha remuneración anual de 9.991,58 euros, e que o recargo do 30% é de 2.997,47 euros, máis erra ó calcula-lo capital-custo só sobre o recargo, dado que o multiplica por 5,05 en tanto que, tal e como fai a TXSS- folio 179 do expediente- o coeficiente unitario a aplicar é de 22,900005, resultando a cantidade reclamada.

Como recolle a SAN 16.12.2002: De las actuaciones se deduce que no cabe apreciar el primer motivo impugnatorio, ya que la resolución impugnada se base en otro documento, nota de cálculo, obrante en el expediente administrativo (Doc. núm. 4, fecha 26-7-1994, ref. expediente núm. 94/503299/05), en el que consta tal cantidad de 2.356.956, como Base reguladora de la prestación de invalidez, incluyendo asimismo la cuantía de la prestación, la fecha de efectos económicos y otros datos relevantes para el cálculo, de lo que se desprende que no se generó indefensión al interesado ( art. 63.2 LRJ-PAC [RCL 19922512, 2775 y RCL 1993, 246 ]).

Dado que non concorre a causa de nulidade que se invoca, debemos rexeita-lo recurso.

TERCEIRO.- Non se fai declaración das custas ( art. 139 LXCA ).

Polo dito

Fallo

REXEITÁMO-LO recurso contencioso administrativo do procurador Sr. Bejerano Fernández, no nome de ARMADA SA ASTILLEROS VARADEROS e GESGROB SL contra o acordo de 13.01.2004 da TESOURERÍA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL. Non facemos declaración das custas.

Notifíquesllela ás partes coa advertencia de queno teñen recurso ordinario ningún..

Unha vez firme, remítase o expediente administrativo ó Centro de procedencia, xunto coa certificación e comunicación.

Así o pronunciamos, mandamos e asinamos.

PUBLICACIÓN.-

Lida e publicada a anterior sentencia polo maxistrado ponente D. FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA, en audiencia pública o día da súa data, do que, eu, Secretaria, certifico.