Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 991/2018, Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 328/2016 de 12 de Junio de 2018

Encabezamiento

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Cuarta

Sentencia núm. 991/2018

Fecha de sentencia: 12/06/2018

Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION

Número del procedimiento: 328/2016

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 05/06/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Jesus Fonseca-Herrero Raimundo

Procedencia: T.S.J.CANARIAS SALA CON/AD

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Oliver Sánchez

Transcrito por: MMC

Nota:

RECURSO CASACION núm.: 328/2016

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Jesus Fonseca-Herrero Raimundo

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Oliver Sánchez

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Cuarta

Sentencia núm. 991/2018

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Jorge Rodriguez-Zapata Perez, presidente

D. Segundo Menendez Perez

D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva

Dª. Maria del Pilar Teso Gamella

D. Antonio Jesus Fonseca-Herrero Raimundo

D. Jose Luis Requero Ibañez

D. Rafael Toledano Cantero

En Madrid, a 12 de junio de 2018.

Esta Sala ha visto el recurso de casación nº 328/2016, interpuesto por doña Felicisima , representada por el Procurador de los Tribunales don Pedro Vila Rodríguez y defendido por Letrado don Manuel Torres Méndez, contra el auto de 6 de octubre de 2015, dictado por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Las Islas Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife , recaído en ejecución de sentencia de fecha 7 de junio de 2011 dictada en el procedimiento Ordinario 76/2010 y por el que se desestima el recurso de reposición presentado contra el auto de 29 de junio de 2015 en el que se acuerda la desestimación del incidente de ejecución planteado por doña Felicisima .

Ha sido parte demandada la Administración de la Comunidad Autónoma de Las Islas Canarias, representada y defendida por Letrada de sus Servicios Jurídicos.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Antonio Jesus Fonseca-Herrero Raimundo.

Antecedentes

PRIMERO.-En el recurso nº 76/2010, seguido en la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, el día 6 de octubre de 2015 se dictó auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: « Desestimamos el recurso de reposición presentado contra nuestro auto de 29 de junio de 2015 , sin costas ».

Siendo el Fallo del auto de 29 de junio de 2015 del siguiente tenor literal: «Debemos desestimar el incidente de ejecución planteado, sin costas».

SEGUNDO.-Contra el referido auto anunció recurso de casación doña Felicisima , que la Sala de instancia tuvo por preparado acordando el emplazamiento a las partes y la remisión de las actuaciones a este Tribunal Supremo.

TERCERO.-La recurrente formalizó el recurso anunciado que lo articula con cita de los artículos 88.1,d ) y 87.1,c) de la Ley Jurisdiccional , suplicando que se dicte resolución que «case y anule la recurrida y se pronuncie de conformidad con los motivos del presente recurso y los pedimentos contenidos en la original demanda cursada en ejecución de sentencia».

CUARTO.-Evacuando el traslado conferido, la representación de la parte recurrida se opuso efectuando las alegaciones que estimó ajustadas a su derecho y terminó solicitando que «inadmita el presente recurso de casación de acuerdo con los previsto en el apartado primero de este escrito y, o, desestime el motivo de casación aducido por la recurrente, y confirmando la resolución impugnada en todos sus términos, con imposición de costas a la parte recurrente y lo demás que en Derecho proceda».

QUINTO.-Mediante providencia de 21 de marzo de 2018 se designó nuevo magistrado ponente y señaló para votación y fallo el día 5 de junio de 2018.

SEXTO.-En la fecha acordada han tenido lugar la deliberación y fallo del presente recurso. Y el 6 de junio siguiente se pasó a la firma la sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.-Es objeto de este recurso de casación el Auto 6 de octubre de 2015, dictado por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Las Islas Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife , por el que se desestima el recurso de reposición presentado contra idéntica resolución de 29 de junio de 2015 y que acordó desestimar el incidente de ejecución planteado por doña Felicisima en relación con la sentencia que con fecha 7 de junio de 2011 fue dictada en el procedimiento Ordinario 76/2010

En el recurso de casación se articula con cita de los artículo 88.1.d ) y 87.1, c) de la Ley Jurisdiccional , por considerar la recurrente que el auto de ejecución no se ajusta a lo declarado por la sentencia dictada por la propia Sala Territorial.

En esa sentencia se estimaba el recurso interpuesto contra la resolución de la Dirección General de Personal de 7 de septiembre del 2009 que eleva a definitivas las listas de aspirantes seleccionados y nombra funcionarios en prácticas a los aspirantes que superaron el procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Maestros convocado por orden de 24 de abril del 2009 (BOC nº 80, de 28 de abril del 2009).

En función de que la parte actora sostenía que no le fueron valorados dos cursos, la Sala territorial argumenta que «Respecto del que se acredita mediante el documento nº 11, la Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias afirma que se estimó la reclamación (folio 99 del expediente administrativo) otorgándose 1,8 puntos por el subapartado 1.3, en lugar de los 0,12 que le habían sido reconocidos. Pero lo cierto es que la formación contínua se valora en el subapartado 2.5 y este no sufre variación. Sí es cierto que el informe de la comisión de coordinación es favorable a la valoración, por haberse subsanado los defectos de la documentación presentada, pero no tiene reflejo en la puntuación que se le reconoce. Hay que estimar en este punto el recurso. La administración deberá sumar la puntuación correspondiente al curso a la puntuación total», y sobre esa base acuerda lo siguiente: « 1ºESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo núm. 76/2010, anulando el acto impugnado en cuanto a la puntuación reconocida a la demandante, debiendo computarse la puntuación correspondiente al curso de educación física para la educación primaria, sin imposición de costas»

Esa sentencia fue impugnada en casación, recurso que fue resuelto en esta Sala y sección por sentencia de 12 de diciembre de 2013 incluyendo en su fundamento de DERECHO primero, a modo de resumen de lo actuado en la instancia, lo siguiente:

«8.- La sentencia aquí recurrida estimó el contencioso-administrativo de doña Felicisima a los exclusivos efectos de que en la puntuación reconocida a la recurrente debía computarse 'la puntuación correspondiente al curso de educación física para la educación primaria'.

Para justificar ese pronunciamiento, en sus fundamentos de Derecho, primero limitó el litigio a esos cursos que la actora habían justificado con los documentos 11 (el expedido por la UNED) y 14 (el Máster en pedagogía terapéutica impartido por el Instituto Canario Superior de Estudios), y luego declaró que procedía acoger la impugnación referida al mérito del documento 11 pero no la planteada sobre el mérito del otro documento 14.

Lo que vino a razonar sobre ese mérito del documento 11 fue que, a pesar de que el informe de la Comisión de Coordinación sobre reclamaciones era favorable a su valoración por haberse subsanado los defectos de la documentación presentada, ese informe no tuvo reflejo en la puntuación otorgada; y así debía ser considerado desde el momento en que, siendo encuadrable el mérito en el subapartado 2.5 del baremo (cursos de formación permanente), la baremación correspondiente a este concreto subapartado no sufrió variación».

Los Autos impugnados daban por buena la actividad llevada a cabo por la Administración para dar cumplimiento al mandato de realizar nueva valoración del citado mérito argumentando el dictado en reposición -fundamento de derecho primero- lo siguiente:

«La demandante sostiene que el fallo de la sentencia es claro y estima la pretensión de que se valore el mérito del documento 11 como formación académica de las bases de la convocatoria como se había solicitado en la demanda. Como era estimatorio de la pretensión no podía impugnar por ese motivo la sentencia.

Si bien no le falta razón a la demandante al decir que en el fallo no se precisa que la estimación de la pretensión de valoración del mérito es solo parcial, esto se deduce claramente de la fundamentación jurídica de la sentencia, en la que se considera que el mismo debió valorarse como formación permanente dentro del apartado 2.5. El propio Tribunal Supremo al conocer del recurso de casación interpuesto por la Administración demandada, rechaza varios argumentos que afirman que el mérito no podía valorarse en el apartado 2.5, recordando que en el documento 11 'sí figuraban el número de horas y créditos...'

Por lo tanto, pese a la literalidad del fallo no puede discutirse que la sentencia ordena que el mérito del documento 11 se valore según el apartado 2.5 como formación permanente, sin que quepa ahora tratar de desconocer lo resuelto.».

SEGUNDO.- En esencia, las alegaciones de la parte recurrente se centran en criticar que la Sala Territorial haya admitido como válida la ejecución de sentencia realizada por la administración demandada y ello por cuestionar la valoración del mérito dentro del apartado 2.5 del anexo III de las bases de la convocatoria, no ajustándose a la sentencia.

El recurso ha de ser desestimado por porque no puede admitirse que lo ejecutado sea contrario a lo resuelto en la sentencia, máxime cuando ya la sentencia dictada en casación afirmó que el mérito era valorable en el apartado citado y que es el aplicado por la Administración al ejecutar la sentencia de instancia. No existe por ello una vulneración de las bases y de la normativa citada en el recurso para argumentarla.

Finalmente, si la parte viene a mantener que sus pretensiones de la instancia iban dirigidas a la aplicación de otro apartado del baremo de méritos debió proceder a solicitar su aclaración o a impugnarla en el recurso de casación pues no le estaba vedado pese al sentido estimatorio si lo que pretendía era obtener una mayor puntuación del mérito, que es lo que ahora subyace en este recurso derivado de la ejecución de la sentencia.

TERCERO.- De conformidad con lo hasta ahora argumentado, el recurso debe ser desestimado y, en aplicación del artículo 139.2º de la Ley Jurisdiccional , acordando la imposición de las costas causadas a la parte recurrente, si bien, la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el punto 3º del citado precepto legal y teniendo en cuenta la entidad del recurso y la dificultad del mismo, señala en tres mil (3.000) euros la cifra máxima que, por todos los conceptos, podrá ser repercutida por la parte recurrida que se personó y ejercitó efectiva oposición.

Fallo

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

PRIMERO.- NO HA LUGAR al presente recurso de casación número 328/2016, interpuesto por la representación procesal doña Felicisima contra el Auto dictado el día 6 de octubre de 2015 por la sección segunda de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Las Islas Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife , en el incidente de ejecución dimanante del proceso ordinario 76/2010, AUTO QUE CONFIRMAMOS.

SEGUNDO.- IMPONER las costas del recurso de casación a la parte recurrente, ello hasta un máximo de tres mil euros (3.000 euros) a repercutir por la parte recurrida que se personó y mantuvo efectiva oposición, y por todos los conceptos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Antonio Jesus Fonseca-Herrero Raimundo, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.