Sentencia Administrativo Nº S/S, Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 2530/1998 de 25 de Julio de 2003

El TS desestima el recurso de casación interpuesto por la Asociación recurrente contra la sentencia que estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Federación de Consumidores actora contra acuerdo plenario del Ayuntamiento sobre nuevas tarifas a aplicar durante 1996 por el servicio público urbano de viajeros en taxi. Manifiesta la Sala que la potestad tarifaria, a tenor de la normativa sectorial referente al transporte público urbano, reside en los municipios, por lo que sólo a estos incumbe conocer y aprobar o denegar la solicitudes de revisión de tarifas urbanas, criterio que encuentra su marco en la Ley 16/87, de 30 de Julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (L.O.T.T.), que es la que puede y debe establecer el grado de autonomía municipal. La Comunidad Autónoma solo tiene competencia para examinar la Tarifa propuesta, desde las directrices de la política de precios, examinando la estructura de costes de prestación del servicio, desglosados en sus distintos componentes, así como las alzas de precios de los mismos, es pues un puro control de precios, y, por tanto, la Comunidad no puede imponer un modelo tarifario distinto al propuesto, ni puede enjuiciar la tarifa como elemento de la gestión del servicio público, ni puede tampoco, obviamente, acordar revisiones de la Tarifa superiores a las propuestas por el Ayuntamiento.