Sentencia Administrativo Nº S/S, Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 8764/2003 de 14 de Junio de 2006

El TS desestima el recurso de casación interpuesto por el recurrente contra la sentencia que confirmó la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre imposición de sanciones. Entiende la Sala que aunque hay que entender que la notificación se debe producir dentro del plazo otorgado a cada procedimiento administrativo (arts. 42 y 58.4 de la Ley 30/1992, dicha regla debe ceder ante una regulación legal específica que establezca una previsión distinta. Eso es lo que sucede respecto a las normas generales para el procedimiento sancionador establecidas en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, dictado en cumplimiento de lo dispuesto en las Disp. Adicional Tercera y Final de la Ley 30/1992 y aplicado, en el presente supuesto, en un momento anterior a la reforma de la Ley 30/1992 efectuada en 1.999. En el artículo 20.6 de dicho Reglamento se estipula un plazo de seis meses para dictar la Resolución, y es evidente que no se comprende en el mismo la propia notificación tanto por su tenor literal como por su remisión inmediata al plazo de caducidad previsto en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992. En virtud de la aplicación del art. 8.5 de la Ley 19/1988, los auditores vinculados directamente a otro auditor incompatible, por ser quien ha llevado la contabilidad de una determinada empresa, resultan ser asimismo incompatibles para ejercer sus funciones respecto de la citada empresa.