Sentencia Administrativo Nº S/S, Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 11430/1998 de 15 de Abril de 2003

El TS desestima el recurso de casación interpuesto por el Colegio Oficial recurrente. Manifiesta la Sala que el principio de legalidad no somete el ordenamiento sancionador administrativo solamente a una reserva de ley. Conlleva igualmente una garantía de orden material y de alcance absoluto, que se traduce en la imperativa exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. Esta garantía, es incompatible con la criminalización de conductas por fuentes distintas de la ley. Por consiguiente, es evidente que tras la entrada en vigor de la Constitución no resulta admisible que se impongan sanciones públicas a causa de la relación de conductas que no han sido prohibidas por una disposición legal. Las exigencias del artículo 25.1 de la Constitución imponen que la conducta objeto de sanción esté claramente predeterminada en norma previa y la referencia en el artículo 50.2 de los Estatutos del Colegio al «incumplimiento de preceptos legales, estatutarios o reglamentarios o de los acuerdos del Colegio» no cumple los requisitos exigidos por el art. 25.1 de la Constitución, pues al tratarse de una norma sancionadora en blanco, tanto esa definición como las disposiciones que resulten necesarias para integrar su previsión legal deben ser sometidas a límites constitucionales estrictos. La sentencia impugnada no infringe esta interpretación.