Sentencia Administrativo Nº S/S, Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 6, Rec 264/2002 de 21 de Octubre de 2004

El TS estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por el recurrente, contra el acuerdo del Consejo de Ministros impugnado, condenando al Estado legislador por los daños y perjuicios causados por el gravamen pagado según el art. 38.2.2 de la Ley 5/1990, de 29 de junio, declarado inconstitucional. Manifiesta la Sala que quienes han tenido que satisfacer el gravamen complementario, impuesto por el precepto declarado inconstitucional, después de haber impugnado en vía administrativa y sede jurisdiccional dicho gravamen obteniendo sentencia firme que lo declara conforme a derecho, no tienen otra alternativa, que ejercitar una acción por responsabilidad patrimonial. Si no se hubieran impugnado jurisdiccionalmente las liquidaciones de dicho gravamen, el interesado tiene a su alcance la vía de pedir, en cualquier momento, como acontece en el caso enjuiciado la revisión de tal acto nulo de pleno derecho, como prevé el art. 102 de la L.R.J.A.P. y P.A.C. y, simultánea o sucesivamente, de no tener éxito dicha revisión, está legitimado para exigir responsabilidad patrimonial derivada de actos del legislador, pero también puede utilizar directamente esta acción, ya que no cabe imponer a quien ha sufrido un daño antijurídico la vía previa de la revisión de disposiciones y actos nulos de pleno derecho, a fin de dejarlos sin efecto, y sólo subsidiariamente permitirle demandar la reparación o indemnización compensatoria por responsabilidad patrimonial, cuando son las propias Administraciones quienes deben proceder a declarar de oficio la nulidad de pleno derecho de tales disposiciones o actos y el ciudadano descansa en la confianza legítima de que la actuación de los poderes públicos se ajusta a la Constitución y a las leyes.