Sentencia Administrativo Nº S/S, Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 6, Rec 98/2002 de 17 de Julio de 2003

El TS desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el recurrente, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros que desestimó la solicitud de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por él deducida. Manifiesta la Sala que cuando de la revisión de oficio de las disposiciones de carácter general se trata, subsisten «los actos firmes dictados en aplicación de la misma». Es decir, que por razones de seguridad jurídica, aquellos actos que se dictaron siendo válida la disposición posteriormente anulada conservan su validez y quedan fuera de la posible indemnización que pueda reconocerse a los que aún no hayan alcanzado firmeza al ser recurridos en tiempo y forma o se hayan dictado con posterioridad a la declaración de nulidad a los que si se aplicaría la indemnización legalmente prevista. Ninguna trascendencia puede tener el hecho de que la vía de apremio se iniciase con posterioridad a la nulidad de la disposición, puesto que el acto del apremio era ejecución de un acto válido y firme y a ellos también se extiende la doctrina antes referida.