Sentencia Administrativo Nº S/S, Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 7, Rec 572/2000 de 12 de Abril de 2006

El mandato constitucional del artículo 118 de la CE que proclama la obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, rige también para las Administraciones públicas y supone un límite para la revisión de sus actuaciones anteriores; dicho de otra manera, la necesaria armonización entre aquel precepto constitucional y las normas que regulan y permiten esas revisiones de actuaciones administrativas anteriores, impone declarar que no es jurídicamente viable instar una revisión por causas de nulidad de pleno derecho cuando tales causas ya hayan sido planteadas y desestimadas en un proceso jurisdiccional decidido por sentencia firme.