Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 130/2007 de 28 de Marzo de 2011

En el primer y segundo motivo se alega la exigencia de un procedimiento especial para la declaración de fraude de ley, que sin embargo no existía al haber sido derogada expresamente la norma que regía el mismo, produciéndose así un vacío normativo que se ha mantenido hasta la entrada en vigor de la nueva LGT de 2003. No obstante, la aplicación supletoria de la normativa del procedimiento administrativo previsto en los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/1992, determina plenas garantías para los recurrentes que han tenido la posibilidad de defender sus derechos e intereses en procedimiento que se ha seguido al efecto con independencia del de inspección. Se rechaza la caducidad de aquel. En el tercer motivo se sostiene que los incrementos de patrimonio derivados de la venta de acciones poseídas con más de ocho años de antigüedad quedaban exentas del impuesto. No se duda de que, efectivamente, el efecto de exención, aisladamente considerado, no generaría consecuencia alguna en cuanto a un eventual gravamen tributario, pero es que precisamente es su integración en cuanto a ser uno de los pasos dirigido, con otros, a eludir las consecuencias tributarias de su acceso personal a las reservas acumuladas por EURE sin coste fiscal alguno. Finalmente, todos los que mediaron en la actividad declarada fraudulenta a efectos tributarios han de ser incluidos en el ámbito de las consecuencias jurídicas y económicas de aquella declaración, como la propia entidad recurrente en casación.