Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 485/2007 de 24 de Enero de 2011

Constituye una dilación imputable al contribuyente que, ha de descontarse del cómputo del plazo de duración de las actuaciones de comprobación e inspección (art.29 Ley 1/98), el retraso en el suministro de la información requerida por la Inspección, por muy complicados que resultasen los antecedentes recabados, pues se trataba de informaciones inherentes a la actividad de la entidad; sin que el contribuyente haya dejado protesta en los diversos requerimientos efectuados; tratándose además de información relevante y aún cuando no se haya señalado plazo para verificar el requerimiento que fue recordado y reiterado en diversas ocasiones. La prórroga del plazo inicial de quince días previsto en el art. 56.1 del RGIT para presentar el escrito de alegaciones al acta de disconformidad supone un desplazamiento temporal de la resolución del procedimiento que es "atribuible" al contribuyente, por lo que debe excluirse del cómputo para respetar la duración del periodo legal de la actuación inspectora. Las cantidades satisfechas a los clientes por realizar en la entidad bancaria los pagos de sus deudas con la Hacienda Pública y la Seguridad Social constituyen una cesión a terceros de capitales propios que debe ser considerada un rendimiento de capital mobiliario a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (art.31.Uno y 37.Uno, apartado 2, de la Ley 18/1991) sin que tenga trascendencia alguna la finalidad perseguida por la entidad financiera con tales bonificaciones.