Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 7704/2003 de 19 de Octubre de 2009

La cuestión central del debate litigioso gira en torno a si el Banco de Santander estaba obligado a practicar las retenciones sobre los beneficios obtenidos por los clientes que habían suscrito los llamados «contratos de cesión de nuda propiedad de crédito», conclusión que tiene como presupuesto su condición de beneficios del capital mobiliario, o, si, por el contrario, no era necesario llevar a cabo aquella obligación formal, dada su naturaleza de incrementos del patrimonio. Si bien se mira, se aviene mal con la calificación de incremento patrimonial una operación en la que, al convenirse, se conoce el precio de compra del producto («precio de cesión» en nuestro caso), el de readquisición constituido por el nominal del crédito o de la parte del mismo cedido («valor de cesión») y, por consiguiente, la retribución del cesionario (la diferencia entre uno y otro).