Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 83/2005 de 25 de Enero de 2010

Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Enero de dos mil diez.

Visto por esta Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación para la unificación de doctrina nº 83/2005, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén en nombre y representación de PESQUERÍAS MARINENSES, S.A., contra la sentencia de 28 de octubre de 2004, dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Segunda) de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso administrativo 622/2002, sobre liquidación tributaria en concepto del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1993.

Interviene como parte recurrida el Abogado del Estado en la representación que le es propia.

Antecedentes

PRIMERO.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) de la Audiencia Nacional, dictó sentencia de 28 de octubre de 2004 , que contiene el siguiente fallo: "Que DESESTIMANDO el recurso contencioso administrativo formulado por Procurador, D. Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación PESQUERIAS MARINENSES, S.A., contra la resolución de fecha 23.3.2002, dictada por el Tribunal Económico Administrativo Central, debemos DECLARAR Y DECLARAMOS que dicha resolución es conforme a Derecho sin hacer mención especial en cuanto a las costas."

SEGUNDO.- Notificada la sentencia, se presentó escrito en 13 de diciembre de 2004 por la representación procesal de PESQUERIAS MARINENSES, S.A. interponiendo recurso de casación para la unificación de doctrina, interesando se tuviera por interpuesto y, previos los trámites preceptivos, se eleve los autos a la Sala 3ª del Tribunal Supremo, a fin de que dicte sentencia por la que, estimando el recurso, case y anule la sentencia recurrida y resuelva, de conformidad con la doctrina jurisprudencial infringida, que la liquidación originariamente recurrida debe ser anulada.

TERCERO .- El Abogado del Estado, por escrito de 18 de febrero de 2005, solicitó que se tuviera por formulada su oposición a dicho recurso, interesando la desestimación del recurso, confirmando la doctrina y criterio de la sentencia recurrida.

CUARTO .- Recibidas las actuaciones, por providencia de 14 de diciembre de 2009 se señaló para votación y fallo el 20 de enero de 2010, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernandez Montalvo, Presidente de la Sección

Fundamentos

PRIMERO.- Se impugna, mediante este recurso de casación en unificación de doctrina, la sentencia de fecha 28 de octubre de 2004, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso administrativo 622/02 , interpuesto contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 22 de marzo de 2002, desestimatoria del recurso de alzada deducido por la entidad ahora frente al Acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia de 30 de junio de 1998, confirmatorio del Acuerdo liquidatorio dictado por el Inspector Regional en fecha de 10 de junio de 1996, de conformidad con la propuestas de liquidación derivada del acta de disconformidad nº 60306672 extendida en concepto de Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1993 e importe de 148.066,79 euros.

SEGUNDO. - El recurso de casación para la unificación de doctrina, regulado en la Sección Cuarta, Capítulo III, Título IV (arts. 96 a 99 ) de la Ley procesal de esta Jurisdicción, se configura como un recurso excepcional y subsidiario respecto del de casación propiamente dicho, que tiene por finalidad corregir interpretaciones jurídicas contrarias al ordenamiento jurídico, pero sólo en cuanto constituyan pronunciamientos contradictorios con los efectuados previamente en otras sentencias específicamente invocadas como de contraste, respecto de los mismos litigantes u otros en idéntica situación y, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales. "Se trata, con este medio de impugnación, de potenciar la seguridad jurídica a través de la unificación de los criterios interpretativos y aplicativos del ordenamiento, pero no en cualquier circunstancia, conforme ocurre con la modalidad general de la casación -siempre que se den, desde luego, los requisitos de su procedencia-, sino "sólo" cuando la inseguridad derive de las propias contradicciones en que, en presencia de litigantes en la misma situación procesal y en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, hubieran incurrido las resoluciones judiciales específicamente enfrentadas... No es, pues, esta modalidad casacional una forma de eludir la inimpugnabilidad de sentencias que, aun pudiéndose estimar contrarias a Derecho, no alcancen los límites legalmente establecidos para el acceso al recurso de casación general u ordinario, ni, por ende, una última oportunidad de revisar jurisdiccionalmente sentencias eventualmente no ajustadas al ordenamiento para hacer posible una nueva consideración del caso por ellas decidido. Es, simplemente, un remedio extraordinario arbitrado por el legislador para anular, sí, sentencias ilegales, pero sólo si estuvieran en contradicción con otras de Tribunales homólogos o con otras del Tribunal Supremo específicamente traídas al proceso como opuestas a la que se trate de recurrir" (S.15-7-2003 ).

Esa configuración legal del recurso de casación para la unificación de doctrina determina la exigencia de que en su escrito de formalización se razone y relacione de manera precisa y circunstanciada las identidades que determinan la contradicción alegada y la infracción legal que se imputa a la sentencia (art. 97 ).

Por ello, como señala la sentencia de 20 de abril de 2004 , "la contradicción entre las sentencias aportadas para el contraste y la impugnada debe establecerse sobre la existencia de una triple identidad de sujetos, fundamentos y pretensiones. No cabe, en consecuencia, apreciar dicha identidad sobre la base de la doctrina sentada en las mismas sobre supuestos de hecho distintos, entre sujetos diferentes o en aplicación de normas distintas del ordenamiento jurídico.

Si se admitiera la contradicción con esta amplitud, el recurso de casación para la unificación de doctrina no se distinguiría del recurso de casación ordinario por infracción de la jurisprudencia cuando se invocara la contradicción con sentencias del Tribunal Supremo. No se trata de denunciar el quebrantamiento de la doctrina, siquiera reiterada, sentada por el Tribunal de casación, sino de demostrar la contradicción entre dos soluciones jurídicas recaídas en un supuesto idéntico no sólo en los aspectos doctrinales o en la materia considerada, sino también en los sujetos que promovieron la pretensión y en los elementos de hecho y de Derecho que integran el presupuesto y el fundamento de ésta."

Sobre el alcance de la exigencia o carga procesal impuesta al recurrente de reflejar en el escrito de interposición la relación precisa y circunstanciada de las referidas identidades, se pronuncia la sentencia de 3 de marzo de 2005 , señalando que "Como decían muy expresivamente las sentencias de 29 de septiembre de 2003 (recurso núm. 312/2002) y 10 de febrero de 2004 (recurso núm. 25/2003 ), no es la primera vez que nuestra Sala ha tenido ocasión de comprobar que quienes hacen uso de este recurso de casación excepcional centran su discurso casi exclusivamente en la demostración de que la doctrina de la sentencia impugnada está en contradicción con las sentencias de contraste y prestan, en cambio, muy escasa e incluso ninguna atención a los requisitos de identidad sustancial entre hechos, fundamentos y pretensiones de una y otra sentencia (art. 96.1 de la L.J.C.A .).

Y el art. 97.1 dispone imperativamente que el recurso de casación para la unificación de doctrina se interpondrá mediante escrito razonado que deberá contener relación precisa y circunstanciada de las identidades determinantes de la contradicción alegada y la infracción legal que se imputa a la sentencia recurrida. Y es que, precisamente porque ésta modalidad de recurso de casación es un recurso contra sentencias no susceptibles de recurso de casación ordinario y cuya cuantía sea superior a tres millones de pesetas (art. 96.3), ha de ponerse particular cuidado en razonar que esos presupuestos efectivamente se dan en el caso que se somete al Tribunal de casación.

Queremos decir con esto que, al conocer de este tipo de recursos, nuestra Sala tiene que empezar por determinar si existe igualdad sustancial entre los hechos, fundamentos y pretensiones (art. 96.1 ), para lo cual el Letrado de la parte recurrente ha de poner un exquisito cuidado en razonar, de forma "precisa y circunstanciada", que se dan las tres clases de identidades sustanciales que exige ese precepto: en los hechos, en los fundamentos y en las pretensiones. Y esa argumentación demostrativa ha de someterla el Letrado a la Sala en su escrito de interposición del recurso (art. 97.1 ), sin que basten meras afirmaciones genéricas de que esos presupuestos concurren en el caso. Y es éste Tribunal el que luego, y a la vista de esos razonamientos y de las sentencias de contraste que, testimoniadas con expresión de su firmeza, se acompañen, decidirá si, tal como dice la parte recurrente, se dan esas identidades en cuyo caso pasará a analizar si hay o no contradicción en la doctrina.

En resumen, en el recurso de casación para la unificación de doctrina es tan importante razonar con precisión las identidades cuya concurrencia exigen los arts. 96.1 y 97.1 (presupuestos de admisión) como la identidad de doctrina (cuestión de fondo). Sin la concurrencia de esas identidades sustanciales en los hechos, en los fundamentos y en las pretensiones no hay lugar a entrar a analizar el problema de fondo, o sea, la contradicción de doctrina. Y ésta doble exigencia vincula en primer lugar al Letrado de la parte recurrente, sin que éste Tribunal pueda suplir lo no hecho por aquél, y ello porque el principio de la tutela judicial efectiva protege tanto a la parte que recurre como a la que se opone".

En el mismo sentido las sentencias de 21 y 28 de febrero y 23 de mayo de 2005 .

Pues bien, a la luz de la doctrina que acabamos de sintetizar es claro que no se dan los requisitos que establece el art. 96.1 LJCA , en la medida en que no existe la contradicción alegada por la actora entre la Sentencia impugnada y la que se ofrece como contraste

TERCERO .- En efecto, el análisis de la Sentencia de 28 de octubre de 2004 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional , objeto de recurso, y de la sentencia de 24 de junio de 2004 de la Sala Tercera de este Tribunal -pues la otra sentencia aportada de fecha 29 de mayo de 2000 no puede entrar a ser valorada por ser una mera copia-, que se cita como contraste, pone claramente de manifiesto que tanto los hechos como los razonamientos jurídicos que fundamentan el fallo en las citadas Sentencias son diferentes y, por tanto, no es posible apreciar la contradicción de doctrinas denunciada.

Así, como hemos señalado, la Sentencia de 28 de octubre de 2004 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional , asumiendo íntegramente la tesis mantenida por Inspección de los Tributos, fundamenta el fallo básicamente sobre dos consideraciones generales: en primer lugar, en el entendimiento de que el Estado Argentino, a través de la Prefectura Naval Argentina, autoridad que impuso la multa a la entidad recurrente, tiene la consideración de Ente Público encardinable en el supuesto previsto por el artículo 14.e) de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y, en segundo término, derivada de la exégesis del artículo 13 de la referida Ley 61/1978 , en el sentido de considerar como partida deducible aquellos gastos necesarios para el desarrollo de la actividad económica realizada por la recurrente, entre los que no se encuentran las multas impuestas como consecuencia de la comisión de una infracción tipificada, pues esa conducta antijurídica debe ser catalogada como coste ajeno ligado a un comportamiento ni previsto, ni contabilizado en el desarrollo de su actividad, computable en la determinación de la ecuación rendimientos-gastos.

Sin embargo, en la sentencia de contraste que se aporta por la entidad recurrente, la cuestión planteada difiere notablemente de la que ahora se sustancia, pues en aquel supuesto, además de aplicar preceptos diferentes -artículo 82.3.a) del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre de 1982, 13.i y 26 de la Ley 61/1978- a los que fueron invocados en la sentencia recurrida -artículo 14 .e) de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre -, acarreando consecuentemente una disimilitud en los fundamentos jurídicos de una y otra resolución, el sustrato fáctico tampoco se compadece en ambas sentencias, pues la partida que en el presente recurso se pretende deducir del gravamen del Impuesto por la parte recurrente procede de la imposición de una sanción como consecuencia de un comportamiento tipificado en el ordenamiento jurídico naval argentino, mientras que en la Sentencia de contraste, el debate sobre la deducibilidad o no se concentra sobre una provisión para insolvencias perfectamente previsto y contabilizado en el desarrollo de su objeto social y, por ende, computable en la determinación de la ecuación rendimientos-gastos.

CUARTO .- En atención a los razonamientos expuestos, procede declarar la desestimación del recurso de casación para la unificación de doctrina, lo que determina la imposición de las costas a la entidad recurrente en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 93.5 , en relación con el art. 139, ambos de la LJCA .

La Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el artículo 139.3 de la LJCA, señala 1.500 euros como cuantía máxima de los honorarios del Letrado, a los efectos de las referidas costas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del Pueblo español, nos confiere la Constitución.

Fallo

Que debemos declarar y declaramos la desestimación del recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por la representación procesal de PESQUERÍAS MARINENSES, S.A., contra la sentencia de 28 de octubre de 2004, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso administrativo 622/2002 , sentencia que queda firme; con expresa imposición de costas a la parte recurrente con el límite cuantitativo expresado en el último de los Fundamentos Jurídicos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Rafael Fernandez Montalvo Juan Gonzalo Martinez Mico Emilio Frias Ponce Angel Aguallo Aviles Jose Antonio Montero Fernandez PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Rafael Fernandez Montalvo, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.