Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 263/2010 de 01 de Febrero de 2011

Se estima el recurso contencioso administrativo deducido contra los apartados 1.4 y último inciso del apartado 3.4 del artículo tercero del Real Decreto 1766/2007, que modifica los articulos 25 y 27 del Real Decreto 1716/2004, por el que se regula la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos. La Sala declara que la determinación de la jurisdicción civil como la única competente para el ejercicio de las acciones, que se indica en los nuevos artículos 25 y 27 en la redacción dada por el Real Decreto impugnado, no resulta ajustada a derecho. Las normas que delimitan la competencia jurisdiccional son de orden público, sin que puedan modificarse las disposiciones reglamentarias. Y siendo las cuotas ingresos de Derecho Publico, corresponde, de forma coherente, derivada de la anterior configuración, que dichos ingresos públicos puedan ser reclamados por vía de apremio, en cuanto constituye la vía adecuada en el procedimiento de ejecución de las prestaciones públicas. Por tal razón, la declaración contenida en los preceptos del reglamento impugnados que, tras definir las cuotas como ingresos privados, atribuye en exclusiva la competencia para su reclamación a la jurisdicción civil carece de fundamento suficiente atendidas las especificas circunstancias expuestas, lo que conlleva la declaración de nulidad.