Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 2678/2014 de 27 de Enero de 2016

Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Enero de dos mil dieciséis.

Vistopor esta Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 2678/2014,interpuesto por D. Carlos y Dª. Cecilia , D. Jorge y Dª. Martina , representados por la Procuradora de los Tribunales Dª. María del Carmen Navarro Ballester, contra la sentencia de 8 de abril de 2014, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo núm. 1344/2011 , interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los recurrentes y en cuya virtud resultó pretendida la cuantía de 259.047,19 euros, ante los menoscabos que entendieron vinculados por la defectuosa asistencia sanitaria prestada a Dª Aurelia , respectivamente esposa y progenitora de los recurrentes.

Es parte recurrida, la GENERALIDAD VALENCIANArepresentada y defendida por la Abogada de su Servicio Jurídico y QBE INSURANCE (EUROPE) LTDrepresentada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Begoña Camps Sáez.

Antecedentes

PRIMERO.-La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictó sentencia de 8 de abril de 2014 , que contiene el siguiente fallo: '1º) DESESTIMAR el Recurso Contencioso- Administrativo nº 1344/2011, promovido por Dª. Cecilia , D. Jorge y Dª. Martina y D. Carlos frente a la impugnación de la desestimación, entendida por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los hoy recurrentes, registrada en fecha 11 de marzo de 2011 (Exp. NUM000 ). 2º) Sin costas'.

SEGUNDO.-La representación procesal de la parte recurrente presentó escrito en fecha 28 de mayo de 2014 interponiendo recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia anteriormente citada, en el que formuló sus consideraciones fácticas y jurídicas y terminó suplicando a la Sala se dicte sentencia en la que casando la de instancia y estimando el recurso interpuesto, se condene a las partes codemandadas a las pretensiones del quantum de la demanda interpuesta.

TERCERO.-Admitido el recurso a trámite por diligencia de ordenación de fecha 29 de mayo de 2014 se concedió a las partes recurridas el plazo de treinta días a fin de que formalizasen su oposición.

CUARTO.-La representación de la Generalidad Valenciana presentó escrito de oposición en fecha 26 de junio de 2014, en el que tras exponer los motivos de oposición que consideró oportunos, suplica a la Sala que se dicte sentencia por la cual se desestime el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto y se declare conforme a derecho la sentencia recurrida.

QUINTO.-La representación de Qbe Insurance (Europe) LTD presentó escrito de oposición en fecha 26 de julio de 2014, en el que tras exponer los motivos de oposición que consideró oportunos, suplica a la Sala se sirva dictar resolución por la que se inadmita el recurso de casación interpuesto por el recurrente o subsidiriamente se desestime el mismo en base a lo expuesto en el cuerpo del presente escrito, condenando a la parte recurrente a las costas devengadas.

SEXTO.-De acuerdo al artículo 97.6 de la LJCA , se acordó mediante diligencia de ordenación de fecha 16 de julio de 2014 elevar los autos al Tribunal Supremo, emplazándose a las partes para su comparecencia en el plazo de treinta días, trámite que evacuaron tanto la parte recurrente como las partes recurridas.

SÉPTIMO.-Recibidas las actuaciones, por providencia de 30 de noviembre de 2015, se señaló para votación y fallo el 19 de enero de 2016, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Angel Ramon Arozamena Laso,

Fundamentos

PRIMERO.-La sentencia de 8 de abril de 2014, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana , desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Carlos , Dª. Cecilia , D. Jorge y Dª. Martina , contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los recurrentes por un importe de 259.047,19 euros, ante los menoscabos que entendieron vinculados a la defectuosa atención sanitaria prestada, en el 'Hospital Universitario La Fe' de Valencia, a Dª Aurelia , respectivamente esposa y madre de los recurrentes.

La desestimación del recurso contencioso-administrativo se fundamenta en que 'TERCERO.- (...) resulta relevante en criterio de la Sala y atención al acervo probatorio existente en el presente proceso, Aurelia nacida el NUM001 de 1946 y con diversos antecedentes médicos entre otros, el propio de obesidad mórbida, fue sometida en fecha 7 de mayo de 2010 a una intervención de histerectomía y doble anexectomía por laparotomía, ante la presencia de adenocarcinoma endometrial.

Deteniéndonos en este punto sostienen los actores la incorrecta realización de tal intervención quirúrgica merced a la producción de la perforación intestinal a la postre evidenciada, mas tal alegación no puede verse ratificada. No sólo es que en el consentimiento informado suscrito por la paciente se evidencie tal contingencia como complicación específicamente descrita y que la misma fuese expresamente enfatizada a tenor de la situación y antecedentes que la paciente presentaba (vid. Fs.101/102 Exp.), cuanto el ser tal consideración, no sólo taxativamente negada en las periciales desplegadas a instancia de la Aseguradora codemandada, cuanto a tenor de la pericial desplegada a instancia de los propios actores, en la persona del Dr. Balbino , el cual tras describir a la paciente como 'de alto riesgo quirúrgico' (Pg.11 dictamen) reconociendo como la obesidad es un factor de riesgo que ensombrece el pronóstico de los actos quirúrgicos', adjetiva la perforación intestinal como una complicación descrita en la cirugía laparoscópica abdominal (vid conclusiones 1ª y 2ª del dictamen).

Ciertamente la perspectiva de la parte actora, revela la imputación además de una serie de deficiencias de índole diagnóstico y asistencial referidas a la evolución posterior de la paciente, mas las mismas tampoco han de ponerse en relación por la Sala con eventuales conculcaciones de la 'lex artis ad hoc' a relacionar causalmente con el lamentable resultado. Así por lo que se refiere al retraso diagnóstico en la detección de la perforación de referencia, el propio perito deponente a instancia de la misma (Don. Balbino ) informa como la paciente 'en fecha 8 de mayo de 2010 es dada de alta con evolución favorable' tras haber ingresado en el servicio de reanimación en el postoperatorio inmediato 'debido al tiempo quirúrgico prolongado y a la situación clínica en la que es fundamental la obesidad y sus comorbilidades' (Pg.12 Dictamen) siendo que la perito deponente a instancias de la Aseguradora codemandada (Dra. Sofía ) enfatiza como 'tras este tipo de cirugía es típico que se produzca dolor epigástrico, de hombros y abdominal. Se justifica básicamente por el neumoperitoneo provocado por la insuflación de la cirugía laparoscópica así como las heridas de entrada provocadas por el instrumental' (..)' siendo 'cuando estos síntomas se hicieron sospechosos (no ruidos intestunales, dolor abdominal difícil de valorar...) fue solicitada RX de tórax y simple de abdomen en bipedestación y analítica' y aun pendiente de informe de Rx se solicitó el TAC' (Pg.6 de su dictamen). Cotejando tales afirmaciones con las proporcionadas por Dr. Balbino , al adjetivar como 'indiscutible que la presencia de neumoperitoneo a no ser que sea masivo no tiene relevancia ante una laparotomía o laparoscopia reciente' (Pgs.7/8 de su dictamen) fácil será advertir descartar el éxito de tal imputación.

Tampoco cabe extraer mayores consideraciones de las afirmaciones que subjetivamente se realizan en orden al incorrecto o tardío tratamiento ulterior de la paciente (anticipado traslado a planta desde UCI, tras la realización de la sutura de la perforación, tardanza por el servicio de enfermería en llamar al médico de guardia en propio día del fallecimiento...) y ello por cuanto deriva del expediente, pericialmente evaluado, como en fecha 9 de mayo de 2010 fue realizada laparotomía urgente que objetivo la perforación intestinal (yeyuno) la cual resultó suturada, con lavado abundante de la cavidad al evidenciarse peritonitis fecaloidea y tratándose el shock séptico evidenciado durante el ingreso en reanimación hasta que en fecha 17 de mayo de 2010, fue finalmente controlado, pasando a planta tal paciente polimedicada, sin presentar fiebre, con constantes normales, buena diuresis y saturación adecuada (vid informe Doña. Sofía ), lo cual, debe destacarse, es asimismo destacado por el Dr. Balbino , en cuanto como la profesional anterior, parte de relatar como 'la evolución hemodinámica en el servicio de reanimación es la de un shock séptico (tensión arterial inestable -aun con tratamiento con noradrenalina por lo que se asocia a dopamina- y oligoanuria a pesar del tratamiento específico lo que significa que la situación clínica es grave (..)' (Pg.15 dictamen) limitándose a describir como 'la estancia en este servicio es hasta el 24/5/2010 en que se alta de la Unidad, una vez resuelta la insuficiencia renal, admitir tratamiento con oxígeno de pared, dieta líquida y nutrición parenteral' (Pgs. 15/16 dictamen) destacando como 'durante la estancia en esta planta - ginecología- existe correcta diuresis y tensiones arteriales dentro de la normalidad' hasta que la paciente fallece el día 27/5/2010.

Ciertamente discrepan los peritos deponentes en sede judicial, a falta de autopsia, en orden a la causa fundamental del fallecimiento, relacionando el mismo el Dr. Balbino con el proceso séptico Doña. Sofía con 'el cúmulo de antecedentes personales, complicaciones que acontecieron y agotamiento orgánico de la paciente' (..) sin sintomatología alarmante que permitieran presagiar la parada cardiorrespiratoria que aconteció', mas tales discrepancias no alcanzan a desvirtuar lo hasta aquí razonado, una vez verificadas, ante lo hasta aquí razonado, agotadas las posibilidades tratamentales de la paciente, a la postre fallecida. Baste, en fin, destacar como la gravedad de las patologías implicadas en el proceso, los antecedentes de la paciente, y la propia evolución narrada en el curso de los hechos, permiten desatender la mera invocación que los actores hacen, al traer a colación la denominada 'doctrina del daño desproporcionado' reservada para supuestos ciertamente distantes del aquí analizado.'

Se trata, pues, de una paciente sometida a histerectomía y doble anexectomía por laparotomía por adecarcinoma endometrial y que falleció. La sentencia valora las dos pruebas periciales practicadas a instancia de los actores y de la compañía de seguros y concluye que no existió responsabilidad patrimonial sanitaria y tampoco pérdida de oportunidad.

SEGUNDO.- La parte recurrente sostiene, en su escrito de interposición, que la sentencia impugnada debió estimar el recurso interpuesto contra la denegación de la reclamación por responsabilidad patrimonial, en síntesis por resultar contraria a lo resuelto en las sentencias invocadas de contraste.

Las sentencias de contraste, en una breve síntesis, son:

1) Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 23 de septiembre de 2011 -recurso núm. 1355/2009 - sobre intervención ginecológica que ocasiona dos perforaciones intestinales que llevaron al fallecimiento de la paciente; y aunque la intervención estaba indicada y se realizó correctamente, las perforaciones debieron ser detectadas con un tratamiento adecuado en el tiempo y al no haberlo hecho así, existió infracción de la lex artis y responsabilidad patrimonial.

2) Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2 de febrero de 2007 - recurso núm. 182/1999 -, sobre ablación endometrial que produce perforación intestinal; valoración de la prueba pericial; existencia de mala praxis; valoración de las secuelas.

3) Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de septiembre de 2010 -recurso núm. 490/2006 -, sobre retraso en el diagnóstico de la perforación del yeyuno; infracción de la lex artis y demora en el tratamiento adecuado.

4) Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 21 de octubre de 2008 -recurso núm. 1035/2004 -, sobre existencia de relación de causalidad entre la realización de la colangiopancreatografía retrógrada (ERCP o CPRE), la perforación duodenal, la peritonitis biliar subsiguiente y el fallecimiento de la paciente; la Administración no puso todos los medios al alcance de la paciente, pues aunque fue intervenida se hizo con posterioridad a la existencia de mala praxis.

5) Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de febrero de 2013 - recurso núm. 803/2010 -, sobre hernia umbilical: fallecimiento; no existió infracción de la lex artis en la intervención realizada el 17-10-2008; sin embargo, esta operación debió adelantarse varias horas según el informe de la inspección sanitaria, pero se desconoce si el adelanto de la operación hubiera podido variar el resultado; sin embargo, en la reintervención del día 27-10-2008, existió una dilación determinante del nacimiento de la responsabilidad patrimonial a titulo de pérdida de oportunidad; y estima parcialmente el recurso contencioso administrativo, al haberse acreditado la infracción de la lex artis por falta de consentimiento informado en la operación del 17-10-2008 y el retraso injustificado en la operación del 27-10-2008.

6) Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 6 de febrero de 2012 -recurso núm. 406/2010 -, sobre el consentimiento informado para la realización de la colonoscopia que fue insuficiente lo que constituye una infracción de la lex artis; estima parcialmente el recurso de apelación, pues se trata de indemnizar el daño moral por la privación de la capacidad de decidir, no siendo adecuado el cálculo efectuado por la sentencia de instancia que indemniza el fallecimiento de la paciente y no la capacidad de decidir de la misma.

Debe entenderse, aunque el escrito en modo alguno es claro, que considera que se ha vulnerado la 'lex artis' y que concurren los presupuestos legalmente exigidos para apreciar la responsabilidad patrimonial. Citando al efecto seis sentencias de Tribunales Superiores de Justicia, en concreto de la Sala de nuestro orden jurisdiccional de Asturias, Cataluña (2), Madrid (2) y Castilla -La Mancha, como se acaba de exponer.

Por su parte, la Administración Pública recurrida -Generalitat Valenciana-, además de remitirse a lo razonado por la sentencia, considera que no concurre ninguna relación entre el caso examinado por la sentencia recurrida y los de las sentencias que se citan por la recurrente. Falta de identidad de las sentencias alegadas de contrario y la recurrida. Además el escrito de interposición del recurso no razona las identidades requeridas de hechos, sujetos y fundamentos sino que trata de revisar los hechos declarados probados. Asimismo, a tenor del artículo 97.1 LJCA , es necesario que en el escrito de interposición del recurso se razone y fundamente la infracción legal que se imputa a la sentencia, lo cual es obviado por el escrito de interposición que no razona ni siquiera menciona el precepto legal infringido por la sentencia que se recurre. Por su parte el escrito de oposición de QBE INSURANCE (EUROPE) LTD señala, en síntesis, que no concurren los requisitos de la triple identidad, por tanto, el recurso es improcedente en base al artículo 96.1 LJCA .

TERCERO.-Atendidos los términos en los que se plantea el debate procesal, resulta oportuno hacer una consideración preliminar sobre las exigencias procesales específicas de este recurso, que establece el artículo 97.1 de nuestra Ley Jurisdiccional . Se dispone que el mismo deberá interponerse mediante escrito razonado que deberá contener relación precisa y circunstanciada de las identidades determinantes de la contradicción alegada y la infracción legal que se imputa la sentencia recurrida.

Como se ha recordado reiteradamente (por todas, sentencia de 10 de abril de 2015 -recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 3530/2013 -), esta previsión legal significa que el recurso ha de cimentarse sobre la concurrencia de una doble exigencia, de un lado, que se produzca una contradicción entre la Sentencia que se recurre y las sentencias que se aportan de contraste con la triple identidad que recoge el artículo 96.1; y, de otro, que la Sentencia impugnada debe haber incurrido en una infracción del ordenamiento jurídico. De manera que no basta con evidenciar una infracción legal, sino que para llegar a la misma ha de evidenciarse la contradicción merecedora de unificación. En el bien entendido que entre la contradicción invocada y la infracción legal que se aduce, ha de mediar una conexión o dependencia esencial. En definitiva, debe haberse producido una infracción legal precisamente en aquello que se ha resuelto de modo contradictorio.

La procedencia del recurso se condiciona, por tanto, "en primer lugar, a que respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación y, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos ( art. 96.1 LJCA ), por lo que debe producirse la contradicción entre sentencias determinadas en las que concurra la llamada triple identidad (...) En segundo lugar, es necesario que exista la infracción legal que se imputa a la sentencia recurrida y que tal infracción constituya el objeto de la contradicción entre sentencias. En virtud de ello, es preciso establecer cuál de los criterios opuestos que han mantenido los tribunales es el correcto, porque en función de esta decisión se habrá de estimar o desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina, ya que no basta con apreciar la contradicción para llegar a dar lugar al recurso ( STS 24 de octubre de 1996 ). Sólo cuando se concluya que el criterio acertado es el de la sentencia antecedente se dará lugar al recurso, no en cambio si la tesis correcta es la contenida en la sentencia que se impugna"> ( Sentencia de esta Sala de 19 de enero de 2004 ).

CUARTO.- Acorde con la doctrina que acabamos de exponer, no se acredita la concurrencia de las tres identidades entre las sentencias de contraste y la que ahora se recurre, al no haberse dictado respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación y en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales.

La lectura de las sentencias de contraste revela, no sólo que no existe la identidad legalmente exigida, sino que existen diferencias palmarias, pues se refieren a hechos diferentes, en los que se han producido evoluciones y asistencias sanitarias muy diferentes entre esos seis casos y el supuesto de la sentencia recurrida, sin perjuicio de que todas traten de intervenciones quirúrgicas terapéuticas sobre patologías de órganos abdómino-pélvicos, pero, sin duda, con situaciones de los pacientes que no son equiparables y patologías diferentes. Es inevitable reseñar, como destaca la sentencia recurrida, que resulta relevante en criterio de la Sala y atención al acervo probatorio existente en el presente proceso, que Dª Aurelia nacida el NUM001 de 1946, tenía diversos antecedentes médicos entre otros, el propio de obesidad mórbida y al recoger los informes valorados en aquella sentencia, Don. Balbino , tras describir a la paciente como 'de alto riesgo quirúrgico' reconociendo como la obesidad es un factor de riesgo que ensombrece el pronóstico de los actos quirúrgicos, adjetiva la perforación intestinal como una complicación descrita en la cirugía laparoscópica abdominal.

Además, esos recursos se refieren a pruebas periciales que, como es natural, no guardan relación con las tenidas en cuenta por la sentencia recurrida.

En definitiva, no concurren las identidades necesarias para admitir el recurso de casación para la unificación de doctrina, dada la disparidad de los supuestos contemplados, a la vista de los hechos concurrentes en cada caso y de la valoración de las pruebas practicadas.

Por otra parte, en la hipótesis de estimarse la contradicción, el recurso lo que pretende es una nueva valoración de la prueba -cosa vedada en la casación- sin acreditar que la del juzgador 'a quo' sea arbitraria, ilógica o irracional. Resulta obligado destacar que en esta específica modalidad de recurso de casación no cabe una revisión de la valoración de la prueba efectuada por la Sala de instancia. En este recurso se parte de los hechos que, como justificados, ha fijado la sentencia impugnada. La prueba constituye, por tanto, una cuestión ajena a este recurso extraordinario ( STS de 29 de junio de 2005, recurso de casación para la unificación de doctrina 246/2004 con cita de otras muchas).

De modo que el único denominador común entre las sentencias que se traen a colación y la aquí recurrida es que todas ellas se refieren a casos de responsabilidad patrimonial sanitaria en relación con las reseñadas intervenciones sobre patologías de órganos abdómino-pélvicos lo que obviamente no satisface las exigencias del artículo 96.1 de la LJCA , pues resulta imprescindible, para apreciar la identidad que exigen los artículos 96 y 97 de la LJCA que concurra una identidad también sustancial en la situación y patologías de los implicados, lo que evidentemente no es aquí el caso. Además, como ya se dijo, lo que subyace en el recurso es una discrepancia de la parte recurrente con la valoración de las pruebas periciales que lleva a cabo la sentencia recurrida (informes Don. Balbino y de Doña. Sofía ), que no es combatible en casación, a salvo de que la misma resulte absurda o irracional, lo que, a juicio de la Sala, no se aprecia en este caso, apareciendo razonada la valoración de aquellos informes.

Finalmente en alguna de las sentencias de contraste (vid núm. 5 y 6) se toma en consideración la falta o insuficiencia de consentimiento informado, mientras que en nuestro caso '(...) No sólo es que en el consentimiento informado suscrito por la paciente se evidencie tal contingencia como complicación específicamente descrita y que la misma fuese expresamente enfatizada a tenor de la situación y antecedentes que la paciente presentaba (vid. Fs.101/102 Exp.)...'.

En consecuencia, procede declarar que no ha lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina.

QUINTO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la LJCA , al declararse no haber lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina, procede condenar a la parte recurrente en las costas del mismo.

Al amparo del artículo 139.3 de la LJCA el importe de las costas procesales no podrá superar, por todos los conceptos, la cantidad de 2.000 euros -1.000 euros por cada una de las partes recurridas-.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del Pueblo español, nos confiere la Constitución,

Fallo

No ha lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 2678/2014,interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª. María del Carmen Navarro Ballester, en representación de D. Carlos y Dª. Cecilia , D. Jorge y Dª. Martina , contra la sentencia de 8 de abril de 2014, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo núm. 1344/2011 , interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los recurrentes, por la defectuosa conducta sanitaria prestada a Dª Aurelia , respectivamente esposa y progenitora de los recurrentes. Con imposición de las costas a la parte recurrente, con el límite que fijamos en el último fundamento de derecho de esta sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Segundo Menendez Perez Maria del Pilar Teso Gamella Jose Luis Requero Ibañez Jesus Cudero Blas Angel Ramon Arozamena Laso PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. D. Angel Ramon Arozamena Laso, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.