Encabezamiento
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Marzo de dos mil dieciséis.
Visto por la Sala Tercera (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo el recurso de casación núm.
6363/2011interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Marta Franch Martínez, en nombre y representación de
LABORATORIOS INDAS, contra la
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Séptima) de fecha 24 de octubre de 2011 , dictada en el procedimiento ordinario núm. 487/2010, sobre resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central declarándose incompetente para revisar liquidaciones derivadas de la
Disposición Adicional sexta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios; es parte recurrida la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Antecedentes
PRIMERO.Ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional se interpuso el recurso contencioso-administrativo núm. 487/2010 contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (en adelante, TEAC) de 25 de mayo de 2010, en materia de liquidación de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que el mencionado órgano económico-administrativo se declara incompetente por razón de la materia para conocer de las reclamaciones económico-administrativas deducidas frente a los acuerdos de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo de fechas 25 de septiembre y 14 de diciembre de 2009.
SEGUNDO. La citada
Sección dictó sentencia de 24 de octubre de 2011 , cuya parte dispositiva era del siguiente tenor literal: «
Que desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dª. Marta Franch Martínez, en nombre y representación de LABORATORIOS INDAS, S.A., contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de fecha 25 de mayo de 2010, a la que la demanda se contrae, la cual confirmamos como ajustada a Derecho. Sin hacer condena en costas».
TERCERO. Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la Procuradora doña Marta Franch Martínez en representación de LABORATORIOS INDAS. La Sección Séptima de la Audiencia Nacional tuvo por preparado dicho recurso y ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
CUARTO. Emplazadas las partes y comparecidas en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, la representación de LABORATORIOS INDAS presentó el escrito de interposición del recurso de casación basado, en esencia, en los siguientes motivos al amparo del
artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (en adelante, LJCA): 1º Por infracción del
artículo 2.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ; 2º Por infracción de los
artículos 14 y 31.1 de la CE ; y 3º Por infracción del artículo 9.3 de la CE , y en el que solicita, al amparo del artículo 88.3 de la LJCA , la integración de los documentos números 6 , 7 y 8 de su demanda en los hechos admitidos como probados por el Tribunal de instancia y que fueron omitidos por éste.
QUINTO. Admitido el recurso, se dio traslado al Abogado del Estado, que se opuso al mismo interesando su desestimación.
SEXTO. Por providencia de fecha 19 de junio de 2013, teniendo en cuenta la pendencia del recurso de inconstitucionalidad núm. 1955/2005, que afecta a la cuestión objeto de debate, se acuerda la suspensión del señalamiento hasta que el Tribunal Constitucional dicte sentencia.
SÉPTIMO.Mediante providencia de fecha 8 de mayo de 2015, se levanta la suspensión del procedimiento acordada en su día, a la vista de la publicación en el BOE núm. 85, de fecha 9 de abril de 2015, de la
sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 44/2015, de 5 de marzo, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad núm. 1955/2005 , dando plazo común de diez días a las partes para que aleguen lo que a su derecho convenga sobre la incidencia de dicha Sentencia en el presente recurso.
Dicho trámite fue evacuado por el Abogado del Estado y también por la parte recurrente, quien, mediante escrito de 28 de mayo siguiente, subraya que, no obstante lo resuelto por el Tribunal Constitucional, el recurso de casación contiene otros motivos impugnatorios ajenos a la calificación como tributo de la liquidación girada por la Administración.
OCTAVO.Mediante providencia de 22 de octubre de 2015, se entrega a las partes copias de las sentencias dictadas por la Sala en los recursos de casación núm. 6365/2008, 3660/2009, 5499/2008, 5785/2008, 5532/2008, 5537/2008, 4716/2008 y 5505/2008, a fin de que, si lo estiman oportuno, manifiesten en un plazo de seis días si han de continuarse o no los trámites del presente recurso de casación, trámite que sólo fue evacuado por el Abogado del Estado.
NOVENO.Por providencia de 1 de marzo de 2016 se designó ponente al Excmo. Sr. Magistrado don Segundo Menendez Perez y se señaló para la votación y fallo del presente recurso la audiencia del 8 de marzo de 2016, fecha en la que efectivamente se deliberó y votó el mismo con el resultado que ahora se expresa.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Segundo Menendez Perez, Magistrado de la Sala.
Fundamentos
PRIMERO.El acto impugnado en la instancia estaba constituido por el acuerdo del TEAC que inadmitió por falta de competencia las reclamaciones económico-administrativas dirigidas contra liquidaciones efectuadas a la recurrente por la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, al amparo de la
Disposición Adicional sexta de la Ley 29/2006 , al entender que tales liquidaciones no tienen naturaleza tributaria. Lo juzgado en la instancia ha sido, por tanto, solo esa declaración de incompetencia hecha sobre tal base de la naturaleza jurídica de la deducción, pero quedando fuera de su enjuiciamiento la legalidad de la concreta liquidación según la normativa aplicable.
De ahí que a los efectos de este recurso sean irrelevantes o indiferentes los otros motivos de casación a los que se refirió la parte recurrente en el trámite del que da cuenta el antecedente de hecho séptimo de esta sentencia.
SEGUNDO. El presente recurso no difiere en nada que sea jurídicamente relevante a los ya resueltos por
esta Sala en las sentencias dictadas el 8 de febrero de 2016 en los recursos de casación núms. 3337/2009 y
3772/2009 , pues la propia parte recurrente afirma que la regulación contenida en la
Disposición Adicional sexta de la Ley 29/2006 es prácticamente idéntica a la de la
Disposición Adicional novena de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre (introducida por la Disposición Adicional cuadragésima
octava de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre ).
Por lo tanto, en aplicación del principio de unidad de doctrina procede llegar ahora a la misma decisión alcanzada en aquellas sentencias, sin que para satisfacer el deber de motivación sea necesario transcribir sus razonamientos jurídicos, pues éstos son conocidos de la parte aquí recurrente, dado que lo era también en aquellos recursos.
Asimismo, pese a lo solicitado en el escrito del que da cuenta el citado antecedente de hecho séptimo, la decisión ha de ser también igual en lo que hace a la imposición de costas, al no existir diferencia alguna entre aquellos recursos y éste.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en el ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español nos confiere la Constitución,
Fallo
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Marta Franch Martínez, en nombre y representación de LABORATORIOS INDAS, contra la
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Séptima) de fecha 24 de octubre de 2011 , dictada en el procedimiento ordinario núm. 487/2010, sobre resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central declarándose incompetente para revisar liquidaciones derivadas de la
Disposición Adicional sexta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, imponiendo las costas a la parte recurrente en cuantía que no podrá exceder de 4.000 euros, por todos los conceptos.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Segundo Menendez Perez Dª. Maria del Pilar Teso Gamella D. Jose Luis Requero Ibañez D. Jesus Cudero Blas D. Francisco Jose Navarro Sanchis PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Segundo Menendez Perez, todo lo cual yo el Secretario, certifico.
