Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 7, Rec 10/2004 de 09 de Julio de 2007

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 09 de Julio de 2007
  • Tribunal: Tribunal Supremo
  • Ponente: Murillo De La Cueva, Pablo Maria Lucas
  • Núm. Recurso: 10/2004
  • Núm. Cendoj: 28079130072007100853
Resumen:

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE 24 DE JULIO DE 2003. CONCURSO DE MÉRITOS. VALORACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CÁMARA. REITERACIÓN DE PRETENSIONES Y ARGUMENTOS DESESTIMADOS POR LA SENTENCIA DE 4 DE MAYO DE 2005 (RECURSO 267/03).


Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a nueve de Julio de dos mil siete.

Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Séptima por los Magistrados indicados al margen, el recurso contencioso-administrativo nº 10/2004 interpuesto por don Julián , representado por la Procuradora doña María Teresa Campos Montellano, contra la Resolución de la Secretaria General del Congreso de los Diputados de 24 de julio de 2003 por la que se adjudica en concurso de méritos la plaza de Jefe del Departamento de la Asesoría Jurídica de la Cámara.

Han sido partes demandadas, el CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, representado por la Letrada de las Cortes, y don Serafin .

Antecedentes

PRIMERO.- La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 4 de noviembre de 2003, resolvió:

"Desestimar el recurso formulado por D. Julián con fecha 31 de julio de 2003, contra la Resolución de la Secretaria General del Congreso de los Diputados de 24 de julio de 2003 recaída en el concurso convocado para la provisión de la plaza de Jefe del Departamento de la Asesoría Jurídica de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, confirmando en todos sus términos la resolución recurrida".

SEGUNDO.- Por escrito presentado el 9 de enero de 2004 en el Registro General de este Tribunal Supremo, la Procuradora doña María Teresa Campos Montellano, en representación de don Julián , interpuso recurso contencioso-administrativo contra la referida resolución y contra "cuantos otros actos de ella traen causa o son consecuencia de la misma". Por otrosí Digo interesó el recibimiento a prueba y la celebración de vista.

TERCERO.- Admitido a trámite, se requirió a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo, ordenándole que practicara los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción . Verificado, se dio traslado a la parte recurrente para que dedujera la demanda.

CUARTO.- Evacuando el traslado conferido, la Sra. Campos Montellano, en representación del recurrente, presentó escrito el 4 de noviembre de 2004, en el que, después de exponer los hechos y fundamentos que estimó oportunos, solicitó a la Sala que, previos los trámites procedentes, se sirva acordar:

"1º. La revocación del acto de nombramiento impugnado por no estar ajustado a Derecho, dada la errónea valoración de la adecuación al puesto, lo cual lleva a reconocer una puntuación igual o mayor al candidato recurrente que al nombrado y, por tanto, el mejor derecho del primero a ocupar el puesto convocado a concurso de méritos.

2º. La declaración del derecho del recurrente a obtener su nombramiento, mediante un acto más ajustado a Derecho, como Jefe del Departamento de la Asesoría Jurídica del Congreso de los Diputados".

QUINTO.- La Letrada de las Cortes contestó a la demanda mediante escrito, presentado el 23 de diciembre de 2004, en el que solicitó la desestimación de lo pedido en la demanda.

Por Otrosí Digo manifestó que "para el supuesto de que no se tengan por válidos los documentos 1, 2 y 3 que se aportan con esta demanda se designa a la Secretaría de la Sala 3ª (sección 7ª) del Tribunal Supremo para que se emita testimonio de tales documentos que se encuentran en los autos del recurso contencioso-administrativo 2/267/2003, ya concluso, pendiente de señalamiento para votación y fallo".

Por su parte, don Serafin , evacuando el traslado conferido por providencia de 17 de enero de 2005, contestó a la demanda y solicitó la desestimación del recurso, por ser la resolución recurrida --dijo-- plenamente conforme a derecho.

SEXTO.- El 30 de marzo de 2005 se dictó providencia del siguiente tenor literal:

"Dada cuenta y examinadas las actuaciones queden conclusas y pendientes de señalamiento cuando por turno corresponda y téngase en cuenta en dicho acto la conexión de este recurso con el recurso 2/267/03, sin que proceda la admisión del primer otrosí del escrito de interposición".

SÉPTIMO.- Mediante providencia de 15 de febrero de 2007 se señaló para votación y fallo del presente recurso el día 4 de julio de este año, en que han tenido lugar.

En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Magistrado de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- Don Julián , Letrado de las Cortes Generales, ha interpuesto el presente recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Secretaria General del Congreso de los Diputados de 24 de julio de 2003, confirmada en vía administrativa por la de la Mesa de esa Cámara del 4 de noviembre siguiente.

El acto impugnado resolvió el concurso convocado para la provisión del puesto de Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica del Congreso de los Diputados adjudicándolo a don Serafin y no al recurrente, siendo ellos dos los únicos concursantes. El Sr. Julián ya impugnó esos mismos actos por el procedimiento de protección de los derechos fundamentales. Sostuvo entonces en el recurso 267/2003 que no se valoraron adecuadamente sus méritos, pues le correspondían más puntos de los que le adjudicaron mientras que al Sr. Serafin le fueron adjudicados más de los que le correspondían. Asimismo, entendía que no se habían explicado las razones que llevaron a puntuarles como se hizo por el concepto de adecuación al puesto de trabajo y, en fin, sugería que en la actuación impugnada se incurrió en arbitrariedad. Por todo ello, mantuvo que la actuación del Congreso de los Diputados vulneró el derecho que le reconoce el artículo 23.2 de la Constitución y el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ese recurso fue desestimado por nuestra Sentencia de 4 de mayo de 2005 .

SEGUNDO.- Ahora, el Sr. Julián , por el procedimiento ordinario, quiere combatir únicamente la adjudicación de la puntuación prevista en las bases de la convocatoria por el concepto de adecuación al puesto de trabajo. Se trata de 18 puntos, de los que el Sr. Serafin recibió 18, es decir, todos los posibles, mientras que al recurrente solamente le adjudicaron 12. En la argumentación que desarrolla, a partir de las funciones que corresponden al puesto de trabajo objeto del concurso, se defiende que son tres los cometidos propios del mismo, por lo que, siendo de igual importancia, concluye que debe asignarse a cada uno la misma puntuación. O sea, deben distribuirse los 18 puntos de manera que seis se atribuyan en atención a la dirección de personas y a la coordinación de unidad (a), otros seis en virtud del asesoramiento consultivo realizado (b), y, por fin, los seis restantes, por el asesoramiento contencioso (c).

Seguidamente, explica por qué, a su juicio, se ha sobrevalorado la adecuación al puesto del Sr. Serafin , insistiendo en que no tiene la condición de Abogado, mientras que él sí la ha acreditado, subraya que él tiene mayor antigüedad como Letrado de las Cortes y mayor conocimiento del Congreso de los Diputados, así como mayor experiencia en el funcionamiento del Gobierno. Finalmente, indica que si, además de examinar la solicitud y la documentación que presentó, "la persona llamada a decidir" le hubiera escuchado, bien pudiera a consecuencia de ese diálogo haber retirado su candidatura "de existir razones fundadas que de otra le escapan o, inclusive, de haber cedido en su pretensión el candidato nombrado ¿quién sabe?".

En todo caso, insiste en que, valorado correctamente este concepto, al Sr. Serafin sólo le habrían correspondido 12 puntos, mientras que al Sr. Julián se le debería haber calificado con 18.

Así, sumadas estas puntuaciones a las derivadas de los restantes apartados, el resultado final sería el contrario al producido, con lo que el concurso se debería haber resuelto a favor del recurrente.

Como no fue así y tampoco se modificaron las normas para que la provisión de este puesto se produjera por libre designación, nos dice que esta circunstancia se suma a la ilegalidad que se ha cometido por lo que se deben hacer prevalecer los imperativos del Estado de Derecho. Explica que esto es particularmente indicado en un caso en el que se disputa el nombramiento con objetividad de personas para desempeñar cargos públicos "cuya conducta contemplan, sufren y disfrutan trescientos cincuenta diputados, los otros cuatrocientos funcionarios y qué duda cabe un sinnúmero de personas vinculadas a la actividad parlamentaria y administrativa de la Cámara, desde los periodistas que la ponen en comunicación con la opinión pública hasta los demás órganos constitucionales e instituciones públicas a personas privadas. El cuidado y el rigor en la selección de las personas con responsabilidades colectivas para servir efectivamente a los ciudadanos, ya sean autoridades o funcionarios, y trabajadores, hombres y mujeres, acaso no están adecuadamente atendidos, de modo que A causa de aquél realista más que romántico luz más luz, mi alma se ahoga en las tinieblas, se ha alcanzado una convivencia sobre las bases más firmes precisamente, si ello se ha logrado, cuando se ha puesto el mayor tacto en el nombramiento de personas con responsabilidad. Convivir es compartir y, en un Estado de cultura, los bienes, la belleza, las ideas y las pasiones sirven para liberar a los hombres de ataduras".

A lo que añade la demanda: "Para terminar me atrevo por ello a correr el riesgo de caer en la grandilocuencia, si es que sirve para crear la conciencia adecuada de los intereses generales y el conocimiento del sentido de dedicación al servicio público que ha venido teniendo mi poderdante, hijo y nieto de funcionarios como lo es él mismo, proyecto principal de su vida. Buena muestra de lo que quiero decir, conociéndole, se encuentra en un texto del maestro de maestros [se refiere a Ramón Menéndez Pidal, España en su historia, tomo II. Minotauro, Madrid, 1957, página 23], entre nuestros humanistas del siglo XX, cuando observa:

"No nos cansemos de buscar en otras causas para explicar el resurgir de la nación formada, por los mismos súbditos, por la misma masa nacional que antes no servía para nada. Una decadencia no se diferencia de un florecimiento sino en la práctica de esa voluntad selectiva, que apoya al hombre de signo positivo y elimina al de signo contrario".

En conclusión, reconoce mi parte que resolver con acierto el conflicto es una cuestión de medida y de sentido de la medida, pues el mérito y el demérito, como el bien y el mal, tienden a no existir en estado puro y siempre llevan dentro alguna porción de su contrario. Sin embargo, dentro del carácter relativo de toda existencia, no parece que puedan haber dudas acerca de la resolución del conflicto con arreglo a Derecho".

TERCERO.- Pese a la delimitación que, como hemos visto, se hace del objeto del pleito, lo cierto es que las cuestiones que se debaten ya fueron planteadas en iguales términos en el recurso 267/2003 con la única diferencia de que entonces se alegaban otras infracciones sobre las que ahora no vuelve el recurrente.

Ante la señalada identidad de las posiciones de las partes, que esgrimen idénticas pretensiones y las sustentan con los mismos argumentos, entiende la Sala que basta con reproducir lo que entonces dijo, por otra parte, ya conocido por el recurrente y los recurridos para resolver también este litigio, advirtiendo que recogeremos todos los motivos entonces aducidos por el actor para así situar en su completo contexto, los que ha traido en esta ocasión.

La Sentencia de 4 de mayo de 2005 dice lo siguiente:

"SEGUNDO.- En su demanda el Sr. Julián explica que en la convocatoria del concurso se precisaba que sería resuelto aplicando el baremo aprobado por el Letrado Mayor de las Cortes Generales el 4 de febrero de 1991. Con arreglo a él, para puestos de trabajo como el de Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica de la Cámara, el total de puntos que se podían obtener era de 83, distribuidos de la siguiente forma: de 0 a 15 por antigüedad (a); de 0 a 15 por titulaciones (b); de 0 a 15 por experiencia profesional (c); de 0 a 5 por perfeccionamiento (d); de 0 a 15 por otros méritos (e); y de 0 a 18 por adecuación al puesto de trabajo (f). Pues bien, el Sr. Julián obtuvo 66 puntos en total y el Sr. Serafin 69,50, por lo que le fue adjudicado el puesto en concurso, dándose la circunstancia de que por los cinco primeros conceptos, es decir, por los méritos, el recurrente obtuvo 54 puntos, mientras que el Sr. Serafin mereció 51,50 puntos. En cambio, por el de adecuación, este último recibió 18, es decir, el máximo, mientras que al actor le adjudicaron solamente 12.

Afirma el Sr. Julián que la diferencia existente a su favor en la puntuación previa a la valoración de la adecuación al puesto de trabajo se explica en parte por su mayor edad pero también observa que algunos de sus méritos no han sido tenidos en cuenta de la forma debida (ser profesor universitario durante más de treinta años) y que el baremo no permite considerar otros de los que en él concurren (contribuir a la creación de la actual Administración Parlamentaria). Ahora bien, su recurso se centra en la asignación de la puntuación correspondiente al concepto de adecuación. Así, recuerda que, conforme a la Plantilla Orgánica de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, aprobada por resolución de la Mesa de la Cámara el 5 de septiembre de 1995, el puesto de trabajo de Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica comporta tres funciones principales: dirigir el propio Departamento, emitir informe sobre las consultas que se le sometan y representar y defender al Congreso de los Diputados cuando proceda y de acuerdo con las instrucciones del Secretario General. Pues bien, a falta de previsión normativa en contrario, entiende que deben considerarse de igual importancia las tres y, por tanto, ha de atribuírsele a cada una de ellas hasta 6 puntos.

De ese modo, continúa, como el Sr. Serafin no ha ejercido la abogacía, ya que está colegiado como no ejerciente, no puede recibir los 6 puntos correspondientes a la tercera de las funciones propias del puesto, con lo que, en vez de 69,50 puntos debería haber obtenido 63,50. Por otro lado, al recurrente, por adecuación le corresponden otros 6 puntos además de los 12 puntos que se le asignaron. Justifica esta conclusión manifestando que su currículo se ajusta de manera más completa al puesto de trabajo ya que cubre las tres funciones o cometidos que le corresponden, a lo que añadirá, después, que no sólo es más antiguo en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales que el Sr. Serafin , sino que es Abogado y ha ejercido la profesión, tiene un mayor conocimiento del Congreso de los Diputados y mayor experiencia en el funcionamiento del Gobierno, pues fue Secretario General Técnico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con dos Ministros entre 1996 y 2000 y ha participado en diversos procedimientos de actuación gubernamental.

A partir de estos fundamentos y tras subrayar que no se ha motivado la asignación de la puntuación por adecuación e insistir en que es a la Administración Parlamentaria a la que corresponde demostrar la legalidad de su actuación cuando, como aquí sucede, "el estado judicial del asunto pone fin a la presunción de legalidad del acto recurrido", reprocha a la Secretaria General del Congreso de los Diputados haberse guiado por un criterio subjetivo de preferencia, gustarle más un candidato que el otro, en lugar de atender a lo que la objetiva apreciación de los méritos de los concursantes requería.

Por último, aporta un elenco de Sentencias --en realidad, se trata de fragmentos o fichas-- de los más variados Tribunales (Constitucional, Supremo, Audiencia Nacional, Superiores de Justicia) sobre concursos de méritos.

TERCERO.- Tanto la representación del Congreso de los Diputados como don Serafin , que interviene como demandado, sostienen la conformidad a Derecho de la Resolución impugnada.

La primera articula su contestación a la demanda sobre los siguientes ejes. No hay lesión del derecho fundamental invocado, sino a lo sumo cuestiones de legalidad ordinaria relacionadas con la aplicación del baremo no susceptibles de enjuiciarse en este proceso especial (1). Ese baremo incluye válidamente el concepto "adecuación al puesto de trabajo" y su valoración se hace a partir de los informes emitidos por los Directores de los Centros Directivos en los que están destinados los concursantes, estando previsto que sea más elevado el número de puntos a asignar por este concepto cuanto mayor sea la dificultad de las funciones que implica. Desde estas premisas, la apreciación de la adecuación de los concursantes se ha hecho correctamente (2). En efecto, la asignación de la puntuación correspondiente la ha efectuado la Secretaria General del Congreso de los Diputados dentro del margen de apreciación responsable que le corresponde sin que haya "ningún elemento para demostrar que lo ha ejercido de forma arbitraria" (3). Frente a lo que sostiene el recurrente, respecto de la forma de atribuir los puntos por adecuación, dice que se trata de una puntuación global no susceptible de descomponerse en subconceptos (4). Por lo demás, no acepta que sea superior la experiencia profesional del Sr. Julián respecto a la del Sr. Serafin porque el primero no ha ejercido la abogacía de forma permanente, sino ocasional y en asuntos particulares, y el segundo sí lo ha hecho, pues representó al Senado en diversos procesos, además de controlar la actuación de la representación de esa Cámara ante los Tribunales mientras fue Letrado Mayor de la misma (5).

Por su parte, el Sr. Serafin solicita la inadmisión del recurso por defectuosa formulación de la demanda, ya que no distingue como debiera los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones (1). Afirma que no hay el menor atisbo de lesión del artículo 23.2 de la Constitución, ni de la existencia de ilegalidad en la resolución del concurso, sino únicamente discrepancia con su resolución (2). Subraya que la actuación del Congreso de los Diputados se ajusta a las normas aplicables y está motivada de forma más que suficiente. Está razonada y es razonable (3). Además, observa que solamente el propio Sr. Serafin ejerció anteriormente funciones como las del puesto en concurso ya que fue Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica del Senado (4).

Y el Ministerio Fiscal pide la desestimación del recurso porque considera que no se ha puesto de manifiesto en este proceso que se hayan establecido requisitos ni efectuado valoraciones discriminatorios para el Sr. Julián , lo que excluye la vulneración del artículo 23.2 de la Constitución.

CUARTO.- La primera de las cuestiones planteadas por las partes que debemos resolver es la relativa a la defectuosa formulación de la demanda. Para el Sr. Serafin la inobservancia de los requisitos formales que el artículo 56.1 de la Ley de la Jurisdicción exige al escrito de demanda debe llevar a la inadmisión del recurso. No compartimos la apreciación del codemandado pues la demanda presentada por el Sr. Julián distingue entre los hechos y los fundamentos jurídicos en los que sustenta sus pretensiones y, por tanto, cumple las exigencias formales mínimas que le impone el precepto indicado. Es verdad que al exponer los primeros hace consideraciones que implican valoraciones jurídicas y que sus pretensiones afloran desde el primer momento pero eso no impide a las partes recurridas --ni a la Sala-- percibir cuál es el relato fáctico que propone ni, desde luego, los argumentos de Derecho en los que sustenta su posición. Por tanto, no concurre la causa de inadmisión invocada, lo que nos lleva a entrar en el fondo del pleito.

QUINTO.- Nos encontramos en el proceso que para la protección de los derechos fundamentales regulan los artículos 114 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción . Eso significa que la revisión que debemos hacer de la actuación de la Administración Parlamentaria se ha de centrar en la comprobación de si en el curso de la misma se ha producido la infracción del derecho fundamental a acceder a cargos públicos no electivos en las condiciones de igualdad con los requisitos que establecen las leyes alegado por el Sr. Julián . Derecho fundamental cuya invocación en el escrito de interposición franqueó el acceso a este procedimiento, sin que las partes recurridas plantearan su inadecuación.

Pues bien, para llevar a cabo esa tarea es preciso recordar algunos aspectos esenciales de la actuación administrativa impugnada y de la conducta seguida por el recurrente. En este sentido, lo primero que hay que tener presente es que el Sr. Julián no impugnó la convocatoria del concurso, lo que significa su aceptación de las normas y criterios por los que había de regirse que, más allá de los de carácter general que resultan de la propia Constitución y del Estatuto de Personal de las Cortes Generales, no son otros que los establecidos en el baremo para la provisión de puestos de trabajo de las Plantillas Orgánicas por el sistema de concurso, aprobado por la Resolución del Letrado Mayor de las Cortes Generales de 4 de febrero de 1991. Baremo al que se remite expresamente la Resolución de convocatoria y sobre cuya aplicación en lo relativo al concepto de adecuación al puesto de trabajo gira el núcleo del recurso.

Es verdad que el Sr. Julián dice que algunos de sus méritos no han sido tenidos en cuenta debidamente y que otros no encuentran acomodo en el baremo. Obviamente, respecto de estos últimos nada cabe decir desde el momento en que decidió no cuestionar la convocatoria. Sobre los otros, la Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados de 4 de noviembre de 2003 --que desestimó su recurso administrativo-- explicó detalladamente por qué no debían valorarse de otro modo a como se hizo al resolverse el concurso cada uno de los méritos que el actor considera insuficientemente puntuados. Pero la demanda solamente observa al respecto que el rechazo de la Mesa a sus pretensiones "carece en sí mismo de fundamento" sin explicarnos por qué no lo tienen las consideraciones que aquella resolución ofrece. Consideraciones que ponen de manifiesto que esos méritos controvertidos no fueron computados como el recurrente pretende por no estar contemplados en el baremo, por corresponderse con el ejercicio de funciones ya valoradas, por haberse alcanzado antes de computarlos el máximo de puntuación por el apartado correspondiente del baremo, por no guardar relación ninguna con el puesto convocado o por referirse a actividades carentes de la continuidad en su ejercicio imprescindible para su valoración, circunstancia esta última que la Mesa del Congreso de los Diputados aprecia respecto del ejercicio de la Abogacía por el recurrente, pues de sus propias manifestaciones deduce que se trata solamente de una actuación no habitual en defensa de sus intereses privados.

El hecho de que la demanda renuncie a rebatir los argumentos de la Resolución desestimatoria del recurso administrativo, el cual, por otra parte, se limitaba a decir que algunos de los méritos del actor no habían recibido puntuación, nos exime de entrar en este asunto pues no puede sustentarse la alegación de que ha sido vulnerado el derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución en la mera afirmación, ayuna de cualquier razonamiento ulterior, de la insuficiente valoración de los méritos aducidos, máxime cuando el propio recurrente reconoce que algunos de ellos no encuentran acomodo en el baremo aplicable que él no ha cuestionado.

SEXTO.- Así, nos quedan por examinar las alegaciones de la demanda sobre la atribución de los 18 puntos por adecuación al puesto de trabajo que contempla el baremo para los del tipo del que era objeto de concurso. Sobre este particular hemos de señalar que carece de sustento la premisa de la que parte el recurrente. Es decir, la división de esa puntuación total en tres calificaciones de hasta seis puntos cada una aplicables en relación con cada uno de los cometidos que la plantilla orgánica de la Secretaría General del Congreso de los Diputados asigna a la Jefatura del Departamento de Asesoría Jurídica. Ningún apoyo normativo tiene esa interpretación que parte, además, de un presupuesto que no se ha demostrado: el igual valor de las tres tareas principales que se enuncian como propias del puesto de trabajo. Por otro lado, el Sr. Julián no niega cuanto dice la Administración Parlamentaria sobre el carácter no habitual y particular de su ejercicio profesional de la Abogacía, ni desvirtúa las alegaciones del Sr. Serafin --apoyadas en documentos obrantes en el expediente-- sobre su intervención efectiva, en representación del Senado en procedimientos contenciosos. Así, pues, no sólo no es procedente el sistema de puntuación que defiende el actor, sino que tampoco es evidente la mayor adecuación que ve en su trayectoria profesional a causa de su pertenencia como Abogado ejerciente al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Hechas estas precisiones, hemos de decir que la Secretaria General del Congreso de los Diputados, que es la llamada por el baremo para puntuar a los concursantes por su adecuación al puesto de trabajo, no es libre para hacerlo de cualquier modo ni, desde luego, en función de sus preferencias personales. Por el contrario, el baremo del que venimos hablando prevé que lo haga tomando en consideración el contenido de los informes que sobre ese particular aspecto han de emitir los Directores de los Centros Directivos en los que se hallen los puestos de procedencia de los concursantes (no siendo necesario en este caso estar también a los del Director del Centro Directivo en el que se encuentre el puesto al que se aspira ya que la Jefatura del Departamento de Asesoría Jurídica del Congreso de los Diputados depende de la Secretaría General de la Cámara). Y, precisamente, a partir de esos informes la Secretaria General adjudicó estos puntos por adecuación: 18 al Sr. Serafin y 12 al Sr. Julián . Lo hizo razonando el por qué de su decisión. Razonamiento que se apoya en los informes mencionados. En efecto, el escrito de calificación emitido el 24 de julio de 2003 dice así:

"Con relación a don Julián , el informe del Director de Comisiones del Congreso de los Diputados de 2 de julio de 2003 destaca su larga experiencia, tanto dentro como fuera de las Cortes Generales, así como su cualificación profesional y su excelente disposición personal "que lleva a considerar, sin duda, que pueda resultar adecuado para el puesto al que concursa".

Por lo que se refiere al candidato don Serafin , el Director de Comisiones del Senado, en su informe de 27 de junio de 2003 destaca la altísima profesionalidad del señor Serafin , manifestada en el gran rigor jurídico de sus informes, en la extremada atención al oportuno cumplimiento de los trámites parlamentarios y en la ponderación y buen criterio de sus asesoramientos, concluyendo que "tiene la máxima adecuación al puesto que se saca a concurso".

Por todo ello, a la vista de los informes emitidos por los Directores de los Centros de procedencia y de la trayectoria profesional de ambos candidatos puesta de manifiesto en la relación de méritos que los mismos han alegado, así como en la documentación incorporada al expediente, sin perjuicio de estimar adecuado al puesto a D. Julián , las consideraciones antes expuestas hacen acreedor a D. Serafin de la puntuación máxima en este apartado de adecuación (...)".

Del texto reproducido se desprende que la asignación de estos puntos por adecuación está motivada y que esa motivación descansa en los informes emitidos por los Directores de los Centros Directivos en los que prestaban servicios los concursantes. De los términos en que se expresan y de su curriculum profesional deduce la Secretaria General del Congreso de los Diputados la mayor adecuación del Sr. Serafin , al puesto de Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica de la Cámara. Y esa conclusión no parece irrazonable desde el momento en que sobre esto último el superior inmediato de éste se pronuncia de modo enfático y afirma su máxima adecuación mientras que el del Sr. Julián se expresa de forma manifiestamente más comedida: se limita a señalar que puede ser adecuado al puesto de trabajo. La puntuación efectuada no es inconsecuente con esa distinta evaluación, ya que al Sr. Serafin le adjudica el máximo de 18 y al Sr. Julián 12. Por lo demás, tampoco carece de sentido que esa diferencia incline el concurso a favor del Sr. Serafin pues de cuanto consta en el expediente y de lo que se ha reflejado en el proceso resulta una gran igualdad en los méritos de ambos. Así lo refleja la proximidad de las puntuaciones logradas por uno y otro por los demás conceptos (54 puntos frente a 51,50 sobre un total 65).

No resulta acreditada, por tanto, infracción alguna de las normas por las que se regía el concurso, ni considera la Sala que haya base para sostener la existencia de arbitrariedad en la adjudicación de la puntuación por adecuación que es la que, sumada a las otras, decide el resultado de este procedimiento de provisión de un puesto de trabajo. Ciertamente, la apreciación de la capacidad profesional de funcionarios con larga experiencia en las tareas propias de su Cuerpo (el Sr. Julián ingresó en él en 1977 y el Sr. Serafin lo hizo en 1981) en relación con sus aspiraciones a obtener el puesto de trabajo en concurso es una labor difícil. También es verdad que resulta inevitable un componente subjetivo en quien emite ese juicio y en quien es llamado a extraer de él las conclusiones que llevan a la decisión del concurso. Pero esas dificultad y subjetividad relativas se concentran solamente en una parte de esa evaluación y se ven compensadas y limitadas, como aquí ha sucedido, por la exigencia que las normas imponen de expresar las razones que conducen al juicio y a la decisión y son comunes a todos los casos en los que, junto a la cuantificación u objetivación numérica de los méritos que alegan los concursantes, se requiere una calificación de conjunto, a partir de informes previos, sobre su idoneidad o adecuación al puesto en disputa. Por lo demás, conviene subrayar que no se ha traido al proceso nada que ponga en cuestión la razonabilidad de la decisión que dirime el concurso ni revele la existencia de indicios de arbitrariedad.

SÉPTIMO.- Si no se divisan infracciones a las normas por las que se había de regir el concurso, ni tampoco cabe hablar de falta de motivación ni de arbitrariedad en su resolución, mucho menos es posible hacerlo de infracción al derecho fundamental que reconoce el artículo 23.2 de la Constitución. Especialmente, a la vista de la insistencia con que una constante jurisprudencia constitucional y de este Tribunal Supremo insiste en que el mero incumplimiento de las normas reguladoras del concurso no implica por sí misma la infracción del derecho fundamental a acceder a la función pública y a promocionarse dentro de ella a través de los procedimientos de provisión de los puestos de trabajo. Y en que es un derecho de configuración legal la apreciación de cuya vulneración exige que el actor ponga de manifiesto en el proceso que ha sido discriminado, es decir que no se han observado en su caso las condiciones de igualdad a las que se refiere el precepto constitucional que lo reconoce [la Sentencia del Tribunal Constitucional 107/2003, de 2 de junio , resume la doctrina general establecida al respecto y la 365/1993, de 13 de diciembre, especifica algunos aspectos a propósito de la provisión de puestos de trabajo; por su parte, la Sentencia de esta Sala y Sección de 22 de febrero de 2002 (casación 1152/2000 ) recapitula la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto]. Pero, aquí ni hay infracción de las reglas legales, ni se ha acreditado discriminación en perjuicio del Sr. Julián . A la postre lo único que se ha manifestado es su discrepancia con la decisión de la Secretaria General del Congreso de los Diputados pero, naturalmente, eso no equivale a infracción de la legalidad, ni mucho menos a lesión del derecho fundamental invocado".

CUARTO.- Tal como se aprecia, en la Sentencia cuyos fundamentos acabamos de reproducir están resueltos los cuatro motivos planteados en la demanda, ya que, directa o indirectamente, les da respuesta.

En cualquier caso, por lo que hace al tercero y al cuarto, está claro que tanto el mayor conocimiento del Congreso de los Diputados que alega el Sr. Julián , como la superior experiencia que dice ha adquirido del funcionamiento del Gobierno debido a que fue Secretario General Técnico del Ministerio de Agricultura entre 1996 y 2000 con dos ministros, son circunstancias que, más allá del reflejo que puedan tener en el baremo por el que debía regirse el concurso, no tienen el carácter concluyente que les atribuye la demanda ya que, por sí mismos, no suponen una mayor adecuación al puesto de trabajo. En el primer caso, porque la permanencia continuada en el Congreso de los Diputados del Sr. Julián lo ha sido en el ejercicio de tareas diferentes a las de la Asesoría Jurídica. En el segundo, porque el desempeño de ese cargo gubernamental, además de apartarle de la labor de Letrado de las Cortes Generales mientras lo ejerció, tampoco coincide con los cometidos de Jefe de la Asesoría Jurídica de la Cámara.

Por lo demás, descartada la fórmula de división de la puntuación correspondiente a este concepto y las alegaciones sobre el ejercicio de la Abogacía, la mayor antigüedad en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, fuera de la consideración que merece en el baremo, no es razón que justifique la asignación de más puntos por adecuación al puesto ni para cuestionar la que, fundadamente, se ha atribuido.

En definitiva, como hemos avanzado, deben rechazarse todos los motivos aducidos y desestimar el recurso contencioso-administrativo.

QUINTO.- Conforme a lo establecido por el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción , no se hace imposición de costas.

En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,

Fallo

1º Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo nº 10/2004, interpuesto por don Julián contra la Resolución de la Secretaria General del Congreso de los Diputados de 24 de julio de 2003 que resuelve el concurso de méritos convocado para la provisión del puesto de Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica del Congreso de los Diputados.

2º Que no hacemos imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, estando constituida la Sala en audiencia pública en el día de su fecha, lo que, como Secretario de la misma, certifico.

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