Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 7, Rec 10/2004 de 09 de Julio de 2007

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 09 de Julio de 2007
  • Tribunal: Tribunal Supremo
  • Ponente: Murillo De La Cueva, Pablo Maria Lucas
  • Núm. Recurso: 10/2004
  • Núm. Cendoj: 28079130072007100853
Resumen:

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE 24 DE JULIO DE 2003. CONCURSO DE MÉRITOS. VALORACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CÁMARA. REITERACIÓN DE PRETENSIONES Y ARGUMENTOS DESESTIMADOS POR LA SENTENCIA DE 4 DE MAYO DE 2005 (RECURSO 267/03).


Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a nueve de Julio de dos mil siete.

Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Séptima por los Magistrados indicados al margen, el recurso contencioso-administrativo nº 10/2004 interpuesto por don Julián , representado por la Procuradora doña María Teresa Campos Montellano, contra la Resolución de la Secretaria General del Congreso de los Diputados de 24 de julio de 2003 por la que se adjudica en concurso de méritos la plaza de Jefe del Departamento de la Asesoría Jurídica de la Cámara.

Han sido partes demandadas, el CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, representado por la Letrada de las Cortes, y don Serafin .

Antecedentes

PRIMERO.- La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 4 de noviembre de 2003, resolvió:

"Desestimar el recurso formulado por D. Julián con fecha 31 de julio de 2003, contra la Resolución de la Secretaria General del Congreso de los Diputados de 24 de julio de 2003 recaída en el concurso convocado para la provisión de la plaza de Jefe del Departamento de la Asesoría Jurídica de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, confirmando en todos sus términos la resolución recurrida".

SEGUNDO.- Por escrito presentado el 9 de enero de 2004 en el Registro General de este Tribunal Supremo, la Procuradora doña María Teresa Campos Montellano, en representación de don Julián , interpuso recurso contencioso-administrativo contra la referida resolución y contra "cuantos otros actos de ella traen causa o son consecuencia de la misma". Por otrosí Digo interesó el recibimiento a prueba y la celebración de vista.

TERCERO.- Admitido a trámite, se requirió a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo, ordenándole que practicara los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción . Verificado, se dio traslado a la parte recurrente para que dedujera la demanda.

CUARTO.- Evacuando el traslado conferido, la Sra. Campos Montellano, en representación del recurrente, presentó escrito el 4 de noviembre de 2004, en el que, después de exponer los hechos y fundamentos que estimó oportunos, solicitó a la Sala que, previos los trámites procedentes, se sirva acordar:

"1º. La revocación del acto de nombramiento impugnado por no estar ajustado a Derecho, dada la errónea valoración de la adecuación al puesto, lo cual lleva a reconocer una puntuación igual o mayor al candidato recurrente que al nombrado y, por tanto, el mejor derecho del primero a ocupar el puesto convocado a concurso de méritos.

2º. La declaración del derecho del recurrente a

Fundamentos

PRIMERO.- Don Julián , Letrado de las Cortes Generales, ha interpuesto el presente recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Secretaria General del Congreso de los Diputados de 24 de julio de 2003, confirmada en vía administrativa por la de la Mesa de esa Cámara del 4 de noviembre siguiente.

El acto impugnado resolvió el concurso convocado para la provisión del puesto de Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica del Congreso de los Diputados adjudicándolo a don Serafin y no al recurrente, siendo ellos dos los únicos concursantes. El Sr. Julián ya impugnó esos mismos actos por el procedimiento de protección de los derechos fundamentales. Sostuvo entonces en el recurso 267/2003 que no se valoraron adecuadamente sus méritos, pues le correspondían más puntos de los que le adjudicaron mientras que al Sr. Serafin le fueron adjudicados más de los que le correspondían. Asimismo, entendía que no se habían explicado las razones que llevaron a puntuarles como se hizo por el concepto de adecuación al puesto de trabajo y, en fin, sugería que en la actuación impugnada se incurrió en arbitrariedad. Por todo ello, mantuvo que la actuación del Congreso de los Diputados vulneró el derecho que le reconoce el artículo 23.2 de la Constitución y el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ese recurso fue desestimado por nuestra Sentencia de 4 de mayo de 2005 .

SEGUNDO.- Ahora, el Sr. Julián , por el procedimiento ordinario, quiere combatir únicamente la adjudicación de la puntuación prevista en las bases de la convocatoria por el concepto de adecuación al puesto de trabajo. Se trata de 18 puntos, de los que el Sr. Serafin recibió 18, es decir, todos los posibles, mientras que al recurrente solamente le adjudicaron 12. En la argumentación que desarrolla, a partir de las funciones que corresponden al puesto de trabajo objeto del concurso, se defiende que son tres los cometidos propios del mismo, por lo que, siendo de igual importancia, concluye que debe asignarse a cada uno la misma puntuación. O sea, deben distribuirse los 18 puntos de manera que seis se atribuyan en atención a la dirección de personas y a la coordinación de unidad (a), otros seis en virtud del asesoramiento consultivo realizado (b), y, por fin, los seis restantes, por el asesoramiento contencioso (c).

Seguidamente, explica por qué, a su juicio, se ha sobrevalorado la adecuación al puesto del Sr. Serafin , insistiendo en que no tiene la condición de Abogado, mientras que él sí la ha acreditado, subraya que él tiene mayor antigüedad como Letrado de las Cortes y mayor conocimiento del Congreso de los Diputados, así como mayor experiencia en el funcionamiento del Gobierno. Finalmente, indica que si, además de examinar la solicitud y la documentación que presentó, "la persona llamada a decidir" le hubiera escuchado, bien pudiera a consecuencia de ese diálogo haber retirado su candidatura "de existir razones fundadas que de otra le escapan o, inclusive, de haber cedido en su pretensión el candidato nombrado ¿quién sabe?".

En todo caso, insiste en que, valorado correctamente este concepto, al Sr. Serafin sólo le habrían correspondido 12 puntos, mientras que al Sr. Julián se le debería haber calificado con 18.

Así, sumadas estas puntuaciones a las derivadas de los restantes apartados, el resultado final sería el contrario al producido, con lo que el concurso se debería haber resuelto a favor del recurrente.

Como no fue así y tampoco se modificaron las normas para que la provisión de este puesto se produjera por libre designación, nos dice que esta circunstancia se suma a la ilegalidad que se ha cometido por lo que se deben hacer prevalecer los imperativos del Estado de Derecho. Explica que esto es particularmente indicado en un caso en el que se disputa el nombramiento con objetividad de personas para desempeñar cargos públicos "cuya conducta contemplan, sufren y disfrutan trescientos cincuenta diputados, los otros cuatrocientos funcionarios y qué duda cabe un sinnúmero de personas vinculadas a la actividad parlamentaria y administrativa de la Cámara, desde los periodistas que la ponen en comunicación con la opinión pública hasta los demás órganos constitucionales e instituciones públicas a personas privadas. El cuidado y el rigor en la selección de las personas con responsabilidades colectivas para servir efectivamente a los ciudadanos, ya sean autoridades o funcionarios, y trabajadores, hombres y mujeres, acaso no están adecuadamente atendidos, de modo que A causa de aquél realista más que romántico luz más luz, mi alma se ahoga en las tinieblas, se ha alcanzado una convivencia sobre las bases más firmes precisamente, si ello se ha logrado, cuando se ha puesto el mayor tacto en el nombramiento de personas con responsabilidad. Convivir es compartir y, en un Estado de cultura, los bienes, la belleza, las ideas y las pasiones sirven para liberar a los hombres de ataduras".

A lo que añade la demanda: "Para terminar me atrevo por ello a correr el riesgo de caer en la grandilocuencia, si es que sirve para crear la conciencia adecuada de los intereses generales y el conocimiento del sentido de dedicación al servicio público que ha venido teniendo mi poderdante, hijo y nieto de funcionarios como lo es él mismo, proyecto principal de su vida. Buena muestra de lo que quiero decir, conociéndole, se encuentra en un texto del maestro de maestros [se refiere a Ramón Menéndez Pidal, España en su historia, tomo II. Minotauro, Madrid, 1957, página 23], entre nuestros humanistas del siglo XX,

Fallo

1º Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo nº 10/2004, interpuesto por don Julián contra la Resolución de la Secretaria General del Congreso de los Diputados de 24 de julio de 2003 que resuelve el concurso de méritos convocado para la provisión del puesto de Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica del Congreso de los Diputados.

2º Que no hacemos imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, estando constituida la Sala en audiencia pública en el día de su fecha, lo que, como Secretario de la misma, certifico.

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