Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 7, Rec 573/2010 de 05 de Diciembre de 2011

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 05 de Diciembre de 2011
  • Tribunal: Tribunal Supremo
  • Ponente: Murillo De La Cueva, Pablo Maria Lucas
  • Núm. Recurso: 573/2010
  • Núm. Cendoj: 28079130072011100895
Resumen:
Acuerdo de la Junta Electoral Central de 21 de octubre de 2010, recaído en el expediente 270/242.Designación de Representante General del CDS en las elecciones al Parlamento de Cataluña 2010.

Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cinco de Diciembre de dos mil once.

Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Séptima por los magistrados indicados al margen, el recurso contencioso administrativo nº 573/2010, interpuesto por el PARTIDO POPULAR, representado por el procurador don Manuel Sánchez-Puelles y González-Carvajal, contra el acuerdo de la Junta Electoral Central, de 21 de octubre de 2010, recaído en el expediente 270/242, por el que se acuerda tener por válidamente realizada la designación de don Inocencio como representante general del Centro Democrático y Social ante la Junta Electoral Central a efectos de las elecciones al Parlamento de Cataluña a celebrar el 28 de noviembre de 2010.

Han sido parte demandada, la JUNTA ELECTORAL CENTRAL, representada por el Letrado de las Cortes Generales y de dicha Junta, don Marcelino , representado por el procurador don Roberto de Hoyos Mencía, y don Inocencio , representado por el procurador don Ramón Blanco Blanco.

Antecedentes

PRIMERO.- Por escrito presentado el 22 de diciembre de 2010 en el Registro General de este Tribunal Supremo, el procurador don Manuel Sánchez-Puelles y González-Carvajal, en representación del Partido Popular, interpuso recurso contencioso- administrativo contra el acuerdo de la Junta Electoral Central de 21 de octubre de 2010, recaído en el expediente 270/242, que resolvió:

"tener por válidamente realizada la designación de D. Inocencio como Representante General del Centro Democrático y Social ante la Junta Electoral Central a efectos de las elecciones al Parlamento de Cataluña a celebrar el 28 de noviembre de 2010".

SEGUNDO.- Reuniendo los requisitos a que se refiere el artículo 45.2 de la vigente Ley 29/1998 , se tuvo por interpuesto el recurso y se requirió a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo y que practicara los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la citada Ley de la Jurisdicción . Recibido, se dio traslado al procurador Sr. Sánchez-Puelles González-Carvajal, en representación del partido recurrente, a fin de que formulara la demanda. Trámite evacuado por escrito presentado el 21 de marzo de 2011 en el que, después de exponer los hechos y fundamentos que estimó oportunos, solicitó a la Sala que "(...) previa la legal tramitación, dicte en su día Sentencia por la que se declare nula y sin efecto la Resolución impugnada".

TERCERO.- El Letrado de las Cortes Generales y de la Junta Electoral Central , en representación de dicha Junta, contestó a la demanda por escrito presentado el 19 de abril de 2011 en el que interesó la desestimación del recurso.

Por su parte, el procurador don Roberto de Hoyos Mencía, en representación de don Marcelino , en su escrito de contestación a la demanda, presentado el 20 de mayo de 2011, suplicó a la Sala que por los razonamientos expuestos en el cuerpo de dicho escrito se tenga por conforme a esa parte en que don Inocencio , ni es, dijo, ni puede ser representante general del Centro Democrático y Social a ningún efecto "puesto que en este momento lo consideramos persona ni tan siquiera afiliada al partido".

Y el representante procesal de don Inocencio , don Ramón Blanco Blanco, por escrito de 22 de junio del corriente ha pedido que se tenga desistido a su mandante como recurrido, "toda vez que no desea continuar como parte interesada en el procedimiento de referencia".

CUARTO.- Mediante providencia de 3 de octubre de 2011 se señaló para la votación y fallo el día 30 de noviembre de este año, en que han tenido lugar.

En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva , Magistrado de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- El Partido Popular (PP) pretende que anulemos el acuerdo del presidente de la Junta Electoral Central de 21 de octubre de 2010, ratificado por la propia Junta el 4 de noviembre siguiente, por el que se tuvo por válidamente efectuada la designación de don Inocencio como representante general del Centro Democrático y Social (CDS) ante la Junta Electoral Central con motivo de las elecciones al Parlamento de Cataluña del 28 de noviembre de 2010.

Las razones dadas por el PP para fundamentar su pretensión descansaban en los siguientes hechos: el XI Congreso del CDS, cuya mesa presidió el Sr. Inocencio , resolvió el 26 de noviembre de 2005 integrarse en el PP; esa decisión no fue impugnada, se elevó a escritura pública el acta congresual la cual, con la certificación de los acuerdos adoptados, se incorporó al Registro de Partidos Políticos el 31 de enero de 2006. Antes, el 16 de enero de ese mismo año, sigue la demanda, la Junta Directiva Nacional del PP acordó por unanimidad aceptar la integración del CDS. Da cuenta luego de que posteriormente fueron impugnados los resultados de aquél congreso y de la celebración de otro, el XII, en el que se revocaría la decisión de integración tomada en el anterior, con designación de presidente, secretario y una comisión gestora. Añade que en torno a esas actuaciones apoderados designados por el XI Congreso del CDS para cumplir sus acuerdos de integración, entre ellos el Sr. Inocencio , que se adhirió a la demanda, promovieron un proceso judicial en el que dictó sentencia el 10 de noviembre de 2008 el Juzgado de Primera Instancia nº 77 de los de Madrid , cuyo fallo declaró que el CDS se hallaba sujeto a los acuerdos del XI Congreso. Asimismo, indica que en el Registro constaba, respecto de los representantes del CDS, una nota según la cual estaba pendiente de resolución judicial o de acuerdo entre las partes y que fue el Sr. Inocencio quien promovió la inscripción de esa sentencia en el Registro.

Como quiera que es doctrina reiterada de la Junta Electoral Central la de que si constan en el Registro de Partidos Políticos acuerdos contradictorios sobre las personas que ostentan su representación, no le corresponde a ella resolver sobre la validez de las inscripciones correspondientes, procediendo en tal supuesto no admitir la designación efectuada por cualquiera de ellas, la demanda reprocha a la Junta haberse apartado de ese proceder pese a que pendían dos procesos judiciales sobre la representación del CDS.

Para la demanda la resolución de la Junta Electoral Central violenta la decisión democrática de un partido político de poner en marcha el procedimiento para su extinción e integración en otro, causa confusión en el electorado con el consiguiente falseamiento de los resultados electorales en perjuicio del PP. En la medida en que la Junta Electoral Central no ha actuado como debía, es decir, no admitiendo la designación de representante general del CDS, mantiene el recurrente que le ha producido daños, ha permitido el falseamiento de la representatividad política y alterado el destino de las ayudas públicas en los procesos electorales y, en definitiva, se ha atribuido una función que no le corresponde, la jurisdiccional que la Constitución reserva al Poder Judicial. Estas afirmaciones las apoya el actor señalando que la actuación impugnada infringe los artículos 6 y 23 de la Constitución, los artículos 44.3, 44.1 a) y 45 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General , así como el principio de reserva de jurisdicción reconocido por el artículo 117 de la Constitución.

SEGUNDO.- El Letrado de las Cortes Generales y de la Junta Electoral Central pide la desestimación del recurso.

La contestación a la demanda reconoce que el criterio o doctrina sentada por la Junta Electoral Central respecto de la cuestión controvertida es la invocada por el PP. No obstante, señala que concurrían en esta ocasión unas circunstancias singulares que justifican la decisión adoptada. Explica, en particular, que se dieron dos factores importantes.

El primero consistía en que mediaban dos resoluciones judiciales al respecto: una de ellas, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 77 de Madrid, la otra la nº 102/2009, de 15 de mayo , dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 29 de los de Madrid. Esta última rechazó el recurso del PP contra la proclamación de la candidatura del CDS al Parlamento Europeo en las elecciones de ese año 2009. La sentencia fue objeto de recurso de amparo, inadmitido por el Tribunal Constitucional. Esa candidatura fue presentada por quien figuraba en el Registro de Partidos Políticos como presidente del CDS, nombrado tras la celebración de su Congreso Nacional Extraordinario, razón por la que la Junta Electoral Central admitió su representación. Llama la atención la contestación a la demanda sobre los fundamentos de esta sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que constatan la pervivencia de la inscripción del CDS en el Registro de Partidos Políticos y afirman que, constando inscrito, no cabía rechazar la candidatura presentada por quien figura en él como su presidente nacional. En estas circunstancias, sigue diciendo la contestación a la demanda, la Junta Electoral Central pudo presumir la validez de la designación que impugna el PP.

El segundo factor que coadyuvó al acuerdo recurrido estriba en que, en este pleito, a diferencia de lo que sucede en aquellos otros en que varias personas se disputan la representación de un partido, supuesto a partir del cual se ha establecido la doctrina que el recurrente considera inobservada, se buscaba solamente que no se admitiera la representación de quien se presentaba como representante del CDS. Esa circunstancia, explica la contestación a la demanda, llevó a la Junta Electoral Central a estimar que la decisión tomada era la más favorable desde el punto de vista del derecho fundamental a la participación política.

Desde estas premisas el Letrado de las Cortes Generales y de la Junta Electoral rechaza que haya habido infracción de los artículos 6 y 23 de la Constitución. Por lo que se refiere a los preceptos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que la demanda entiende vulnerados, dice que no se incumplió su artículo 44.3 porque no se ha dado el supuesto de que un mismo partido haya presentado dos candidaturas, pues en el Registro constan como formaciones distintas el PP y el CDS. Y tampoco se ha vulnerado el principio de reserva de jurisdicción porque la Junta Electoral Central no ha entrado a dirimir el conflicto creado en el CDS. Lo habría infringido si hubiera hecho lo que el PP le demanda. Y, aún admitiendo que situaciones como ésta pueden crear confusión en la opinión pública, ese efecto, afirma, no puede ser imputado a la Administración Electoral, pues se ha limitado a aplicar la legislación vigente, en particular la relativa al Registro de Partidos Políticos.

TERCERO.- También ha contestado a la demanda don Marcelino quien sostiene que don Inocencio "ni es ni puede ser representante general del Centro Democrático y Social a ningún efecto, puesto que en este momento lo consideramos persona ni tan siquiera afiliada al partido". El Sr. Marcelino , que ha comparecido como recurrido, defiende que solamente a él corresponde el cargo de Presidente del CDS y que no llegó a producirse la integración de este partido político en el PP.

CUARTO.- El recurso debe ser desestimado ya que no cabe apreciar la infracción de los artículos de la Constitución y de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que afirma la demanda ni tampoco que la Junta Electoral Central haya incurrido en arbitrariedad por separarse de la doctrina que viene manteniendo en los supuestos en los que se discute la validez de las inscripciones que obran en el Registro de Partidos Políticos.

En efecto, es razonable la explicación que ofrece de su proceder. Explicación que no aparece por vez primera en la contestación a la demanda sino que ya se encuentra en el acuerdo del presidente de la Junta Electoral Central. Así, constaban en el momento de adoptar la resolución controvertida dos sentencias dictadas en distintos órdenes jurisdiccionales y la ulterior, firme, tuvo por válida la candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo presentada por quien constaba en el Registro como presidente del CDS. Y en el caso de las elecciones al Parlamento de Cataluña la designación del Sr. Inocencio también se ve sustentada por la inscripción del Registro de Partidos Políticos que responde a acuerdos tomados en el Congreso Nacional Extraordinario celebrado el 14 de abril de 2009, en el que fue elegido presidente del CDS. De otro lado, además de en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en la del Juzgado de Primera Instancia, ahora confirmada por la de la Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 11 de abril de 2011, se hace referencia a que no llegó a producirse la integración del CDS en el PP, extremo que también se pone de manifiesto en esta última.

Pues bien, dadas las circunstancias concurrentes, no es arbitrario que la Junta Electoral Central, desde una interpretación atenta a favorecer el derecho fundamental a la participación política, admitiese dicha representación ya que, como bien explica el Letrado de las Cortes Generales y de la Junta Electoral Central, a diferencia de lo sucedido en supuestos anteriores en los que varias personas se disputaban la representación de un partido político, en este litigio no se da tal controversia sino, simplemente, la pretensión del PP de que no se admitiera la representación en cuestión. Se trata de un matiz significativo que introduce la diferencia suficiente respecto de esos precedentes a los que se refiere el recurrente y cuya existencia acepta la Junta Electoral Central para justificar la solución seguida en este caso.

Ese propósito de favorecer el derecho a la participación política en el contexto descrito impide apreciar la vulneración de los artículos 6 y 23 de la Constitución ya que los partidos políticos no son sino un instrumento, aunque sea fundamental, para articularla y no se ha demostrado que, en este supuesto, se produjeran la confusión de la opinión pública, el falseamiento del proceso electoral y los daños de los que se queja el PP. Cuanto se ha dicho lleva a excluir también que se hayan infringido los artículos 44.1 a) y 45 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y, también, se ha de rechazar la existencia de infracción del artículo 44.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General pues, ciertamente, no se ha presentado más de una candidatura por el mismo partido político.

Por último, hemos de confirmar que no se ha desconocido ese principio de reserva de jurisdicción invocado por el recurrente, ya que la Junta Electoral Central no se ha inmiscuido en las funciones propias de los tribunales de justicia. Se ha limitado, por el contrario, a ejercer sus competencias de forma motivada teniendo en cuenta, precisamente, las consecuencias derivadas de un pronunciamiento judicial firme en el que se afrontaba el mismo problema de fondo que en este caso.

QUINTO.- Conforme a lo establecido por el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción , no se hace imposición de costas.

En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,

Fallo

1º Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo nº 573/2010, interpuesto por el Partido Popular contra el acuerdo del presidente de la Junta Electoral Central de 21 de octubre de 2010, ratificado por la Junta Electoral Central el 4 de noviembre siguiente sobre la designación del representante general del Centro Democrático y Social ante ella a los efectos de las elecciones al Parlamento de Cataluña del 28 de noviembre de 2010

2º Que no hacemos imposición de costas

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, estando constituida la Sala en audiencia pública en el día de su fecha, lo que, como Secretario de la misma, certifico

Partido político
Régimen electoral general
Escritura pública
Voluntad de las partes