Sentencia Administrativo Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 544/2006 de 12 de Diciembre de 2006

Encabezamiento

DON MANUEL MORENO ONORATO. Secretario de la Sección Segunda de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

CERTIFICO: Que en el recurso de que se hará expresión se ha dictado por la Sala la siguiente:

SENTENCIA EN PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN DE ENTRADA EN DOMICILIO.

Ilmos. Sres.

D. Antonio Moreno Andrade.

D. Eduardo Herrero Casanova.

D. José Antonio Montero Fernández.

En Sevilla, a 12 de diciembre de 2006

Visto por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, en apelación el procedimiento especial de entrada en domicilio 544/2006, seguida en primera instancia ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ceuta, en el que ha sido parte apelante D. Cristobal , representado y asistido por el Letrado Sr. Mohamed Ali, y apelada la Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de Ceuta, contra auto de dicho Juzgado de fecha 7 de febrero de 2006, y turnándose la ponencia al Iltmo. Sr. D. José Antonio Montero Fernández, se ha dictado esta en base a los siguientes

Antecedentes

PRIMERO: La Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de Ceuta, solicitó autorización de entrada, entre otros, del domicilio del apelante sito en la CALLE000 , nº NUM000 , para proceder a la ejecución forzosa de resolución de desalojo y lanzamiento y demolición de la finca, al haberse declarado la ruina del inmueble.

SEGUNDO: En fecha 7 de febrero de 2006, se dictó auto, en el que se autoriza la entrada en el inmueble. Contra dicho auto se interpone el presente recurso de apelación, del que se dio traslado a la parte contraria con el resultado que consta.

Fundamentos

PRIMERO: Fundamentalmente la causa de oposición en las numerosas irregularidades que se han dado en el expediente de ruina.

En el auto objeto de este, se delimita acabadamente cuál es el ámbito competencial que la Ley otorga al Juez y cuya competencia le viene atribuida conforme al art- 8.5 de la LJ . La Sala hace íntegramente suyos la totalidad de los razonamientos vertidos en el expresado auto por su conformidad jurídica.

La Administración está legalmente autorizada para la ejecución por sus propios medios, autotutela administrativa, de sus actos, artículo 95 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre , que dispone que "las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos", sin otra excepción al principio general de "los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de los Tribunales"; y, como se ha indicado, la Ley 29/98 de 13 de Julio, en cumplimiento de tal previsión, ha atribuido, artículo 8.5 , a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la competencia para "autorizar la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración Pública". Haciendo recaer bajo el control jurisdiccional actos que afectan a un derecho fundamental como es el de la entrada domiciliaria.

Antes de esta atribución, la facultad vista le venía legalmente otorgada a los Juzgados de Instrucción y antes a los de Distrito, y en alguna ocasión ha tenido oportunidad de pronunciarse el Tribunal Constitucional fijando los límites y alcance de esta facultad de control que la ley atribuye expresamente a los Tribunales, sentando la doctrina de que la resolución del órgano jurisdiccional no es más que un eslabón en la cadena o sucesión de actuaciones integrantes del expediente en el que resulta necesaria esa actuación jurisdiccional, cuya finalidad no es otra que la constatación de que el obligado haya conocido el acto que se pretende ejecutar mediante su formal notificación y que, asimismo, ha dispuesto del tiempo necesario para su cumplimiento voluntario; sin que ello implique un mero automatismo, pues la intervención del Juez Autorizante ha de extenderse al control de apariencia sobre la competencia del órgano autor del acto y a la proporcionalidad de la medida adoptada, quedando excluido de dicho control, el análisis de los motivos de forma o de fondo que pudieran aducirse para sostener la nulidad o anulabilidad del acto originario, cuya ejecución se pretende materializar por la Administración, pues, en caso contrario, se estaría convirtiendo el procedimiento de autorización en un verdadero proceso revisor de la legalidad de aquél acto originario, con el riesgo de sustraer la legitima competencia del órgano jurisdiccional que debería conocer del recurso contencioso-administrativo eventualmente interpuesto contra el mismo.

SEGUNDO: El Juzgador en el auto recurrido, comprueba la corrección -desde el punto de vista formal, porque como ya se ha indicado no cabe al pairo de esta autorización entrar a dilucidar la conformidad jurídica de una actuación administrativa, cuyo control y fiscalización ha de hacerse por los cauces al efecto- de la medida impuesta ante la culminación de una declaración de ruina.

En definitiva, el Juez ha comprobado, y la competencia a los efectos que en este interesa no se extiende más allá, que las garantías procedimentales fueron respetadas en la vía administrativa.

Resultando la cuestión planteada por la parte apelante ajena a lo que constituye el objeto del trámite que nos ocupa, que la autorización se haya solicitado conjuntamente, afectando también a su vecina colindante, en absoluto obsta la conformidad jurídica de lo actuado, puesto que ninguna incidencia tiene a efectos de hacer la valoración que corresponde al Juzgador al tiempo de examinar la procedencia o no de la autorización de entrada.

Insistimos, no se puede entrar a dilucidar la legalidad de la actuación material de la que trae causa la solicitud y la autorización, sólo si se han cumplido las garantías vistas, desde el aspecto formal, la puesta en conocimiento, lo que no se discute, y desde el aspecto material la proporcionalidad de la medida, lo que nuestro entender resulta igualmente adecuada, puesto que para llevar a efecto el acto, para culminar la ruina y demolición, no cabe otra posibilidad que el desalojo de los inmuebles afectados.

TERCERO: Conforme al artº 139.2 al desestimarse el recurso de apelación procede la imposición de costas.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación deducido contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Ceuta, de fecha 7 de febrero de 2006 . Con imposición de costas a la parte apelante. Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno.

Definitivamente juzgando, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. mencionados ut supra.

Lo inserto concuerda a la letra con su original a que me remito, quedando la sentencia depositada en Secretaría de la Sección Segunda.

Y para que conste extiendo la presente a 12 de diciembre de 2006