Sentencia Administrativo Nº 317/2006, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 253/2002 de 28 de Marzo de 2006

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  • Fecha: 28 de Marzo de 2006
  • Tribunal: TSJ Cataluña
  • Ponente: Aparicio Mateo, Ana Maria
  • Núm. Sentencia: 317/2006
  • Núm. Recurso: 253/2002
  • Núm. Cendoj: 08019330012006100457

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Recurso núm. 253/02

Partes: Dª. Esther C/ TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

REGIONAL DE CATALUÑA

S E N T E N C I A Nº. 317

Ilmos. Sres.

PRESIDENTE

D. EMILIO ARAGONÉS BELTRÁN

MAGISTRADOS

Dª. ANA MARIA APARICIO MATEO

D. JOSÉ LUIS GÓMEZ RUIZ

En la ciudad de Barcelona, a veintiocho de marzo de dos mil seis.

VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado, en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo núm. 253/02, interpuesto por Dª. Esther , representada por el Procurador D. Josep Castells Valls, contra el TRIBUNAL ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CATALUÑA, representado por el Abogado del Estado.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. ANA MARIA APARICIO MATEO, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO: La representación actora interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña de 8 de noviembre de 2001, desestimatoria de la reclamación económico administrativa núms. 08/11239/00.

SEGUNDO: Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación; en cuyos escritos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron la anulación de los actos objeto de recurso y la desestimación de éste, respectivamente, en los términos que aparecen en los mismos.

TERCERO: Seguidos los preceptivos trámites, se acordó el señalamiento para votación y fallo del recurso, que tuvo lugar el día fijado al efecto.

CUARTO: En la sustanciación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO: Se formula el presente recurso contra la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Cataluña de 8 de noviembre de 2001, desestimatoria de la reclamación económico administrativa núms. 08/11239/00, deducida frente al acuerdo dictado por Gestión Tributaria en fecha 30 de marzo de 2000, por el que se denegaba la deducción por invalidez en las liquidaciones del IRPF de 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998 solicitada por la Sra. Esther .

La resolución impugnada fundamenta el pronunciamiento desestimatorio en que, para tener derecho a la deducción por invalidez, además de la condición legal de persona minusválida, extremo probado en el caso objeto de discusión, el grado de minusvalía debe ser igual o superior al 33 por 100, lo que no cabe entender probado a través de un informe médico que no es suficiente para acreditar aquel grado de discapacidad por cuanto no tiene el carácter de certificado médico oficial.

Por la representación actora se opone, como fundamental motivo de impugnación, la procedencia de las deducciones en las cuotas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que prevé el art. 78, Uno, d) de la Ley 18/1991, de 6 de junio , del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sosteniendo que concurren los presupuestos exigidos por la citada norma para ello durante los períodos impositivos de 1994 a 1998, dado que la Sra. Esther ha acreditado una disminución física superior al 33 por 100 mediante certificado emitido por profesional de la medicina con capacidad profesional para ello, con independencia de que no se trate de un certificado médico oficial.

SEGUNDO: EI artículo 78.Uno, d) de la Ley 18/1991 , aplicable al caso, al establecer las deducciones familiares procedentes en la cuota íntegra para obtener la cuota líquida, prevé lo siguiente: "Por cada sujeto pasivo y, en su caso, por cada descendiente soltero o cada ascendiente, cualquiera que sea su edad, que dependa del mismo, siempre que estos últimos no tengan rentas anuales superiores al salario mínimo interprofesional garantizado para mayores de dieciocho años en el período impositivo de que se trate, que sean invidentes, mutilados o inválidos, físicos o psíquicos, congénitos o sobrevenidos, en el grado reglamentariamente establecido, además de las deducciones que procedan de acuerdo con lo dispuesto en los números anteriores, 50.000 Ptas".

Por su parte, el artículo 95 de la misma Ley , añade: "La determinación de los miembros de la unidad familiar y de las circunstancias personales y familiares que deban tenerse en cuenta a efectos de lo establecido en el art. 78 , se realizará atendiendo a la situación existente en la fecha del devengo del Impuesto".

De otro lado, el artículo 31 del Reglamento del Impuesto, aprobado por RD. 1841/1991 de 30 de diciembre , al que este artículo remite, preceptúa:

"Uno. El grado de disminución física o psíquica a que se refiere la letra d) del apartado uno del art. 78 de la Ley del Impuesto , es el correspondiente a quienes tengan la condición legal de persona con minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con el baremo a que se refiere la Disposición Adicional segunda de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre.

Dos. Para disfrutar de esta deducción el sujeto pasivo deberá acreditar que las circunstancias determinantes de la minusvalía concurren en la fecha de devengo del Impuesto.

Tres. La condición de minusválido a que se refiere el apartado uno de este artículo podrá acreditarse ante la Administración tributaria por cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho".

Por último, el artículo 114.1 de la Ley General Tributaria entonces vigente, señala: "Tanto en el procedimiento de gestión como en el de resolución de reclamaciones, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo".

TERCERO: En el supuesto enjuiciado, mediante resolución del Institut Català d'Assistència i Serveis Socials de 7 de septiembre de 1999, se reconoció a Dª. Esther la condición legal de persona con diminución física con efectos desde el día 27 de abril de 1999 y un grado de minusvalía del 78 por 100, conforme al dictamen elaborado en la misma fecha por el equipo de valoración de adultos dependiente del primero, en el que se evaluaba la deficiencia presentada por la citada en los siguientes términos: "pèrdua d'agudesa visual binocular greu", "miopia congènita", "grau de disminució total 78%".

La interesada presenta en justificación de su pretensión informe emitido por el Oftalmólogo D. Jose Luis en fecha 16 de noviembre de 1998, en el que se hace constar que:

"La paciente Esther , padece Miopia Maligna en ambos ojos siendo su refracción actual en ojo derecho de 5º-3-13, diop. y su agudeza visual de 3/10 y en el izquierdo 0º-2,50-14 diop. y su agudeza visual de 1,5/10.

En el año 1970 inició en el ojo derecho un proceso degenerativo macular de origen miopico que originó disminución de la agudeza visual. En el año 1992 aparece un proceso semejante en el ojo izquierdo.

Actualmente estas lesiones permaneces estables, pero debido a la afectación macular en ambos ojos le dificulta la lectura, escritura y aquellas ocupaciones que precisan fijación visual.

Estas lesiones son de carácter irreversible y evolutivo".

Con independencia de no se trate de un certificado médico oficial, como razona la resolución impugnada, es lo cierto que de su contenido se infiere únicamente que el proceso degenerativo macular origen de la minusvalía que presenta la Sra. Esther se inició en el año 1970 en su ojo derecho y en el año 1992 en el izquierdo, sin que se especifique en modo alguno que dicho proceso hubiera derivado en un grado de minusvalía del 33 por 100 ya en el año 1994, como sería preciso para que la citada tuviera derecho a la deducción por invalidez que postula a partir de la indicada fecha, así como en las anualidades sucesivas; razón por la que se hace obligado concluir que la recurrente no ha acreditado que se cumplan en este caso los presupuestos legalmente establecidos para el éxito de la acción ejercitada, cual le incumbía en virtud del principio distributivo de la carga de la prueba, a cuyo tenor cada parte ha de probar el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor (STS de 14 de octubre de 1996 , entre otras).

CUARTO: Procede, en su consecuencia desestimar íntegramente el recurso entablado. Sin que se aprecie la concurrencia de méritos suficientes para hacer expresa imposición de las costas procesales causadas, a tenor de la regulación contenida en el art. 139 de la LJCA.

Fallo

Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª. Esther contra la resolución impugnada, que se mantiene por ser conforme a Derecho. Sin expresa imposición de las costas causadas en el presente procedimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Período impositivo
Gestión tributaria
Devengo del Impuesto
Cuota íntegra
Cuota líquida
Unidad familiar
Fecha de devengo
Medios de prueba
Carga de la prueba