Sentencia Administrativo Nº 117/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 318/2004 de 08 de Febrero de 2008

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Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

Recurso nº 318/2004

SENTENCIA Nº 117/2008

ILMOS. SRES.

MAGISTRADOS:

DON JOSE JUANOLA SOLER

DON MANUEL TABOAS BENTANACHS

DOÑA ANA RUBIRA MORENO

En la ciudad de Barcelona, a ocho de febrero de dos mil ocho.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION TERCERA), ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo número 318/2004, interpuesto por GRUP D`ESTUDI I PROTECCIÓ D`ECOSISTEMES DEL CAMP, representado por la Procuradora DOÑA NURIA SUÑE PEREMIQUEL y dirigido por el Letrado DON ALBERT CALDUCH ESTREM, contra la GENERALITAT DE CATALUNYA, representada y dirigida por el Señor LETRADO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA y contra BASF ESPAÑOLA, S.A. representada por el Procurador DON FRANCISCO JAVIER MANJARIN ALBERT y dirigida por el Letrado DON IGNACIO DAVI ARMENGOL. Es Ponente Doña ANA RUBIRA MORENO, Magistrada de esta Sala, quien expresa el parecer de la misma.

Antecedentes

PRIMERO.- La representación de la parte actora, por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, interpuso recurso contencioso administrativo contra la desestimación por acto presunto del recurso de reposición formulado contra la resolución dictada el 3 de octubre de 2003 por el Conseller de Medi Ambient, por la que se otorga autorización ambiental a Basf Española, S.A. para la actividad de producción de productos químicos a desarrollar en el establecimiento situado en el km 1.156 de la carretera N- 340, del término municipal de Tarragona.

SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto en la Ley reguladora de esta Jurisdicción. La actora dedujo demanda en la que, tras relacionar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba solicitando que se dictara sentencia por la que se desestime el acto administrativo impugnado.

TERCERO.- La Administración demandada en la contestación a la demanda solicitó la desestimación del recurso y lo mismo pidió la codemandada.

CUARTO.- Se prosiguió el trámite correspondiente y, practicadas las pruebas que propuestas fueron declaradas pertinentes, con el resultado que obra en las actuaciones, se pasó al trámite de conclusiones sucintas, señalándose para votación y fallo el 6 de febrero de 2007.

QUINTO.- En la sustanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, el presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la desestimación por acto presunto del recurso de reposición formulado contra la resolución dictada el 3 de octubre de 2003 por el Conseller de Medi Ambient, por la que se otorga autorización ambiental a Basf Española, S.A. para la actividad de producción de productos químicos a desarrollar en el establecimiento situado en el km 1.156 de la carretera N- 340, del término municipal de Tarragona.

La pretensión anulatoria del acto recurrido se sustenta en las siguientes consideraciones jurídicas: 1. La adecuación a la LIIAA tiene que tramitarse siguiendo el procedimiento de obtención de una nueva licencia de autorización; 2. El procedimiento de autorización ambiental tiene que adecuarse a las previsiones de la Ley Estatal sobre prevención y control integrados de la contaminación; 3. Conveniencia y necesidad de elaborar un estudio de impacto ambiental del conjunto de las instalaciones de Basf; 4. Falta de acreditación por parte de Basf de la calidad del suelo y de su compatibilidad para el ejercicio de la actividad; 5. Omisión de la documentación e información exigida por la normativa vigente sobre prevención de accidentes graves, en particular del informe de seguridad que contemple las consecuencias del llamado efecto dominó; 6. Exceso de permisibilidad en cuanto a los supuestos de uso de las antorchas por parte de Basf Española, S.A.; 7. Las instalaciones de Basf no respetan los niveles de emisión y inmisión de ruidos establecidos en la normativa municipal; 8. Defectos y carencias del informe en materia atmosférica.

SEGUNDO.- Se propugna la nulidad del acto recurrido por defecto en el procedimiento seguido en el que se ha otorgado la autorización, tramitado de conformidad con lo establecido en la Disposición transitoria primera de la Ley 3/1998, de 27 de febrero de Intervención Integral de la Administración Ambiental (LIIAA ), referida a las actividades autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley y que se hallen comprendidas en el anexo I, en relación con la Disposición transitoria primera del Decreto 136/1999, de 18 de mayo , por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 3/1998, de 27 de febrero (RIIAA ), relativa a la adecuación de las actividades existentes debidamente legalizadas, que se inicia mediante solicitud del titular de la actividad acompañada de una evaluación ambiental verificada por una entidad debidamente acreditada que se somete a los trámites fijados para la revisión periódica de la autorización de los artículos 69 y siguientes. Ello se hace en atención a la información obtenida del informe de Evaluación Ambiental aportado sobre las actividades desarrolladas por Basf, obrante en el expediente administrativo, del que se deduce que alguna de ellas no han superado la correspondiente visita de comprobación, prevista en el artículo 34 del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMIN). Se defiende la aplicación de la Disposición transitoria segunda de la LIIAA y de su Reglamento, relativa a las actividades existentes comprendidas en los anexos I y II que no dispongan de las preceptivas autorizaciones y licencias exigibles de conformidad con la legislación ambiental aplicable.

El artículo 34 del RAMIN dispone: "Obtenida la licencia de instalación de una actividad calificada como molesta, insalubre, nociva o peligrosa, no podrá comenzar a ejercerse sin que antes se gire la oportuna visita de comprobación por el funcionario técnico competente...".

La licencia de apertura de una actividad calificada es condición necesaria pero no suficiente para la entrada en funcionamiento de la actividad. La visita de comprobación presupone el anterior otorgamiento de la citada licencia y se gira con el fin de verificar el cumplimiento de las prescripciones recogidas en la misma, a la que se debe atender, de forma que, disponiendo todas las actividades de Basf Española S.A. de la correspondiente licencia de apertura, el procedimiento a seguir era el recogido en la Disposición transitoria primera de la LIIAA y del RIIAA, como así se hizo, por lo que no cabe apreciar el defecto de procedimiento denunciado.

TERCERO.- Defiende la parte actora que el expediente de autorización debió adecuarse a las previsiones de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, como legislación básica, cuya Disposición transitoria segunda establece: En los procedimientos de autorización ya iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la legislación aplicable, en los términos establecidos en el artículo 3 .d). El artículo 3 .d) define como instalación existente, como "cualquier instalación en funcionamiento con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, o que haya solicitado las correspondientes autorizaciones exigibles por la normativa aplicable, siempre que se ponga en funcionamiento o más tardar doce meses después de dicha fecha". En atención a que la autorización se otorgó transcurridos más de doce meses desde la solicitud, se propugna la aplicación del régimen dispuesto en la citada Ley.

Pero, mientras que esta Ley 16/2001, de 1 de julio , que transpone la Directiva 96/61 /CE y tiene la consideración de legislación básica sobre protección del medio ambiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.23ª de la Constitución, según se recoge en la Disposición final sexta, no entró en vigor hasta el 3 de julio de 2002 , es de ver que las solicitudes de autorización se presentaron el 24 de diciembre de 2001 por los apoderados de Basf Española, S.A. y en representación del resto de empresas que componen el site Basf Española, y el 8 de mayo de 2002 pidiendo autorización independiente para cada una de las seis empresas que integran el site, después de la entrada en vigor de la Ley 3/1998, de 27 de febrero , que transpone la misma Directiva comunitaria.

Mientras que el artículo 149.1.23ª de la Constitución atribuye al Estado competencia exclusiva sobre la materia Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección», el artículo 10.6 de la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre de, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Catalunya, atribuye a la Generalitat, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de la Generalidad para establecer normas adicionales de protección.

Según doctrina constitucional consolidada, las Comunidades Autónomas pueden dictar sus normas de desarrollo aun antes de que el Estado dicte la norma básica, por lo que no se presentaba obstáculo en la regulación autonómica sobre la materia, a la que se debe atender habida cuenta que cuando se incoa el procedimiento administrativo no había entrado en vigor la normativa estatal, a la que remite.

CUARTO.- Defiende la parte actora la conveniencia y necesidad de elaborar una evaluación de impacto ambiental del conjunto de las instalaciones de Basf, en atención a lo establecido en la Ley 6/2001, de 8 de mayo , que modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio , sobre Evaluación de Impacto Ambiental, que somete a este trámite las instalaciones químicas integradas (Anexo I, Grupo 5, apartado a) y también prohíbe el fraccionamiento de proyectos de la misma naturaleza y realizados en el mismo espacio físico, a efectos del sometimiento al trámite de evaluación ambiental.

A ello se opone la Administración demandada alegando que las Disposiciones transitorias primeras y segunda de la LIIAA y del RIIAA no exigen la evaluación de impacto ambiental para las actividades autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de le LIIAA y para las existentes que no dispongan de las preceptivas autorizaciones o licencias. Defiende que un centro puede incluir diferentes instalaciones químicas integradas, el producto final del cual se puede comercializar o integrarse en un nuevo proceso de producción, pero esta integración en otro proceso de producción no provoca jurídicamente el efecto de haber de tratar unitariamente las diferentes empresas que lo ejecuten, de forma que el centro integral de producción de Basf no es jurídicamente una instalación química integrada sino un establecimiento, según la terminología del RIIAA, que incluye diferentes instalaciones susceptibles de ser calificadas como instalaciones químicas integradas, las cuales sólo podrán se jurídicamente consideradas como una unidad cuando pertenezcan a un mismo titular. En todo caso Basf Española, S.A. ha realizado una evaluación ambiental del conjunto del site Basf.

Como ponen de relieve la Administración demandada y la codemandada, el ordenamiento jurídico comunitario, estatal y de la Comunidad autónoma exigen el otorgamiento de una autorización para cada titular de una instalación. Para llegar a esta conclusión basta cotejar el contenido de la Directiva 1996/61, de 24 de septiembre, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, artículos 2.3, 9 y 12, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, artículo 3 .a), c) y g), de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Intervención Integral de la Administración Ambiental (LIIAA), artículo 4 .b) y del Decreto 136/1999, de 18 de mayo , que aprueba el Reglamento de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la Intervención integral de la Administración ambiental (RIIAA) artículo 5 .b), d) y e). Pero, ello no obsta que en el trámite de la autorización ambiental de una instalación se deba atender a la situación en conjunto del centro o establecimiento al que pertenece, como es el Centro integrado de producción Basf en el que se incluye la codemandada.

La Directiva 1997/11 CE, de 3 de marzo , por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE , relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su anexo I, sobre proyectos contemplados en el apartado 1 del artículo 4 , que se someten a una evaluación incluye las instalaciones químicas integradas, es decir instalaciones para la fabricación a escala industrial de sustancias mediante transformación química, en las que se encuentran yuxtapuestas varias unidades vinculadas funcionalmente entre sí, y que se utilizan: i) para la producción de productos químicos orgánicos básicos, ii) para la producción de productos químicos inorgánicos básicos, iii) para la producción de fertilizantes a base de fósforo, nitrógeno o potasio (fertilizantes simples o compuestos), iv) para la producción de productos fitosanitarios básicos y de biocidas, v) para la producción de productos farmacéuticos básicos mediante un proceso químico o biológico, vi) para la producción de explosivos.

El artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio , de Evaluación de Impacto Ambiental, según redacción dada por la Ley 6/2001, de 8 de mayo , dispone que los proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo I del presente Real Decreto Legislativo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta disposición. El apartado a) del Grupo 5 del anexo I comprende las instalaciones químicas integradas, es decir, instalaciones para la fabricación a escala industrial de sustancias mediante transformación química, en las que se encuentran yuxtapuestas varias unidades vinculadas funcionalmente entre sí, y que se utilizan para: 1ª La producción de productos químicos orgánicos básicos. 2ª La producción de productos químicos inorgánicos básicos. 3ª La producción de fertilizantes a base de fósforo, nitrógeno o potasio (fertilizantes simples o compuestos). 4ª La producción de productos fitosanitarios básicos y de biocidas. 5ª La producción de productos farmacéuticos básicos mediante un proceso químico o biológico. 6ª La producción de explosivos.

El Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre , por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, en su Anexo 2 , sobre

especificaciones relativas a las obras, instalaciones o actividades comprendidas en el anexo del citado Real Decreto Legislativo, dispone que a los efectos del presente Reglamento, por instalaciones químicas integradas se entenderá la integración, como la de aquellas Empresas que comienzan en la materia prima bruta o en productos químicos intermedios y su producto final es cualquier producto químico susceptible de utilización posterior comercial o de integración en un nuevo proceso de elaboración. Cuando la instalación química-integrada pretenda ubicarse en una localización determinada en la que no hubiera un conjunto de plantas químicas preexistentes, quedará sujeta al presente Real Decreto, sea cual fuere el producto químico objeto de su fabricación. Cuando la instalación química-integrada pretenda ubicarse en una localización determinada en la que ya exista un conjunto de plantas químicas, quedará sujeta al presente Real Decreto si el o los productos químicos que pretenda fabricar están clasificados como tóxicos o peligrosos, según la regulación que a tal efecto recoge el Reglamento sobre declaración de sustancias nuevas, clasificación, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas.

En el informe de evaluación ambiental obrante en el expediente administrativo se indica que las empresas que ejercen actualmente sus actividades dentro del Centro Integrado de Producción de Tarragona, son las siguientes: Basf Española, S.A., Basf It Services, S.A., Basell Poliolefinas Ibérica, S.A. Engelhard Catalyst Center Tarragona, S.L. y de los nuevos proyectos la planta de deshidrogenización de Propano pertenece a Basf Sonatrach Propanchem, planta en fase de montaje y la planta de ciclo combinado pertenece a Tarragona Power, S.L., planta en base de montaje. Basell Poliolefinas Ibérica, S.A., dedicada a la fabricación y almacenamiento de polipropileno y ubicada en los edificios C-32, C-34 y con planta o edificios en fase de montaje en C-26 y C-27 para Novolen III y parcela M100 para el Centro Logístico, con una superficie ocupada de aproximadamente 3,83 Ha. Engelhard Catalyst Center Tarragona, S.L., dedicada a la fabricación de catalizador PTK y ubicada en los edificios C-35, C- 38, con una superficie ocupada de aproximadamente 0,88 Ha. Basf Sonatrach Propanchem, S.A. dedicada a la fabricación de propileno, y con plantas o edificios en fase de montaje en parcela M200/M300, con una superficie ocupada de aproximadamente 4,02 Ha. Tarragona Power, S.L., dedicada a la valorización energética de residuos y con plantas o edificios en fase de montaje en parcela J200, con una superficie ocupada aproximada de 2,31 Ha. Basf IT Services, S.A. dedicada a la prestación de servicios informáticos y ubicada físicamente en el Edificio Augusta. Basf Española, S.A. dedicada al resto de actividades especificadas en cuadro del apartado 2.2 y con plantas de producción ubicada según plano GS-999, con una superficie ocupada de aproximadamente 85,11 Ha. (páginas 8 y 9)

Todas las empresas están estrechamente interrelacionadas, siendo en algunos casos el producto final de algunas materia prima de otras, dependiendo tanto para los suministros de materias como de energía, de saneamiento o de emergencia y compartiendo tanto su sistema de gestión medioambiental como su sistema de seguridad, y de gestión de prevención de riesgos laborales, entre otros (página 9).

En la planta de PTK de Engelhard Catalyst Center Tarragona, S.L. se prepara el catalizador PTK 4WT que se utiliza en la planta Novolen (página 33). La planta de PDH de Basf Sonatrach Propanchem, S.A. fabrica propileno, producto básico para la fabricación de polipropileno, materia prima de la planta Novolen de Basell (página 35) Existe un cercado perimétrico de las instalaciones (página 87). La antorcha A-530 presta servicio a OXO+Novolen (Basell)+ PTK (ECCT) (página 109).

En el informe de la Agencia Catalana de l`Aigua obrante en el folio 27 y siguientes del expediente administrativo, tras referir que en el site de Basf Española, S.A. existen diferentes empresas y que son 4 empresas que ejercen su actividad y 2 que están en avanzada fase de construcción, refiere que todas estas empresas están vinculadas y comparten el sistema de gestión medioambiental, el sistema de seguridad y de prevención de riesgos laborales, energías y materiales por lo que se ha de realizar una evaluación ambiental de forma globalizada.

En el informe de la Junta de Residuos se atiende a los contratos suscritos entre Basf Española, S.A. y Basell y BSP, que acreditan la prestación del servicio de gestión de residuos producidos por Basell y BSP en el centro de gestión de residuos de Basf (folio 478).

De todo ello se deduce la estrecha vinculación de todas las instalaciones del centro integrado de producción Basf, en los términos recogidos en el anexo 2 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre , en la medida en que existen instalaciones que comenzando su actividad con materia prima bruta o en productos químicos intermedios, su producto final es un producto químico utilizado en el proceso productivo de otra empresa del site Basf. Las repercusiones sobre el medio ambiente de instalaciones íntimamente relacionadas entre si y emplazadas en un mismo lugar superan las producidas por la autorización de una instalación aislada, motivo por el cual se hace exigible una evaluación de impacto ambiental que comprenda la totalidad.

Pero, en el caso de autos, consta en el expediente administrativo un documento con el título informe de evaluación ambiental del site Basf de Tarragona, cuyo contenido nadie cuestiona.

QUINTO.- Se opone por la parte actora que durante la tramitación del expediente no se aportó documentación acreditativa de la calidad del suelo y su compatibilidad para el ejercicio de la actividad, vulnerando la LIIAA y el RIIAA, máxime si se tiene en cuenta que en la propia evaluación ambiental presentada se reconoce un episodio de contaminación del suelo acontecido en el año 2000, que había dado lugar a retirada de tierras.

A ello se opone la Administración demandada alegando que conforme a lo establecido en el artículo 14.1.e de la LIIAA , la acreditación de la calidad del suelo se refiere exclusivamente al suelo que ha de ocupar la instalación. Distingue entre normas que regulan la documentación acreditativa de la calidad del suelo en el marco del procedimiento de autorización ambiental y las medidas de prevención y control a adoptar en la resolución que se adopte, y la normativa sobre declaración y gestión de suelos contaminados, bloques normativos que tienen su ámbito de actuación propio, de manera que la existencia de suelo declarado contaminado no comporta, "per se", la denegación de la autorización. Tras referir el contenido del artículo 14.1.e) de la LIIAA y 55 del RIIAA se afirma que de la documentación obrante en el expediente resulta la suficiencia del suelo para el emplazamiento de la actividad.

El artículo 14.1.e) de la LIIAA exige que la solicitud de autorización ambiental vaya acompañada de la acreditación de la calidad del suelo a ocupar por las instalaciones y la compatibilidad de éste para el ejercicio de la actividad. Entre las disposiciones comunes del RIIAA se encuentra el artículo 55 en el que se dispone que el suelo que ocupan las instalaciones debe ser compatible con el ejercicio de la actividad. Esta compatibilidad se debe acreditar mediante la presentación de un estudio geológico que muestre la caracterización del estado inicial del terreno y las medidas de adecuación, en su caso, a aplicar para la implantación de la actividad. 55.2. El estudio debe contener: a) Una descripción de la metodología empleada para el reconocimiento del terreno. b) La caracterización litológica y estructural de los materiales. c) La identificación de los niveles de agua. 55.3. La presentación del estudio geológico no será necesaria cuando los datos referenciados en el punto anterior estén contenidas en el proyecto técnico que acompaña a la solicitud o bien se trate de la primera ocupación del suelo en un polígono industrial que cuente con una evaluación geológica suficiente.

Tratándose de actividades ya autorizadas con anterioridad, cabe estimar cumplían las prescripciones impuestas por la normativa ambiental vigente, estando sujetas a los controles y verificaciones dispuestas normativamente, lo cual no obsta que con la solicitud se deba aportar información actualizada sobre la calidad del suelo, que no puede descansar en anteriores proyectos parciales, como los recogidos en los volúmenes 4, 7, 8 y 9 del expediente administrativo, que no comprenden todo el centro integrado de producción Basf, ni resultan adaptados a las circunstancias existentes en el momento de la solicitud.

Ese control no puede quedar diferido a momento posterior, como se hace en el apartado 4.3.4 del anexo de la autorización recurrida, en cuanto dispone que en el primer control integral de carácter medioambiental se comprobará que se haya presentado, individualmente o conjuntamente con el resto de empresas del centro integral de producción en el que se encuentra el establecimiento, a la Agencia Catalana de l`Aigua y a la Junta de Residuos, un estudio que acredite la calidad del suelo de la totalidad del emplazamiento, estudio que tendrá en cuenta un análisis histórico de la actividad así como el foco y las actividades potencialmente contaminantes que se llevan a término y que permitirá evaluar y delimitar la posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas en el emplazamiento. De igual forma en el apartado 4.9.f) del citado anexo se dispone que en el primer control periódico de carácter integral, se comprobará que Basf Española, S.A. haya presentado a la Junta de Residuos la información correspondiente a la procedencia de las tierras contaminadas que fueron gestionadas durante el año 2000, así como documentación de las actuaciones que se llevaron a término.

La falta de información suficiente sobre la calidad del suelo del centro integrado de producción Basf, a presentar con la solicitud, obstaba su valoración en el momento del otorgamiento de la autorización ambiental, sin que en ningún caso quepa estar a la información aportada con posterioridad a la misma, obrante en el documento 154 del expediente administrativo, cuando el artículo 22.1.d) de la LIIAA exige que la autorización ambiental contenga las prescripciones que garanticen la protección del suelo.

Procede, pues, estimar este motivo de impugnación.

SEXTO.- De igual forma, también se opone la omisión de la documentación e información exigida sobre prevención de accidentes graves, en particular del informe se seguridad que contemple las consecuencias del llamado efecto dominó, exigiendo que con la solicitud de autorización ambiental se hubiera aportado la documentación establecida en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio , y en el Decreto 174/2001, de 26 de junio .

Conforme a lo establecido en el artículo 22.2 de la LIIAA , la autorización debe determinar también las condiciones y las medidas preventivas y de control necesarias sobre accidentes graves.

La normativa sobre accidentes graves se encuentra contenida en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio , y en el Decreto 174/2001, de 26 de junio , distinguiendo entre los establecimientos o instalaciones de riesgo bajo, regulados en el artículo 6 del Real Decreto y en el Capítulo 3, Sección 1 del Decreto, y los de riesgo alto previstos en el artículo 9 del citado Real Decreto y en el Capítulo 3, Sección 2 del Decreto.

Obra en el folio 260 y 261 del expediente administrativo un informe del Delegado Territorial en Tarragona del Departament de Industria, Comerç i Turisme, de fecha 6 de septiembre de 2002, en el que se hace constar que Basf Española, S.A. ha presentado diversos documentos exigidos por la normativa sobre accidentes graves. En el folio 456 un informe de fecha 17 de febrero de 2003 del Subdirector General del Departament de Treball, Industria, Comerç i Turisme en el que se afirma la presentación por la recurrente de toda la documentación preceptiva en materia de accidentes graves. En el folio 690 un informe elaborado el 17 de julio de 2003 por el Subdirector General d'Industria, Comerç i Turisme de Tarragona, en el que informa a la Oficina de Gestió Ambiental Unificada que el criterio para informar favorablemente en una adecuación ambiental, es que la empresa esté el 100% al día delante de esa Subdirección General, en cuanto al cumplimiento reglamentario que le pueda afectar (informes de seguridad, evaluaciones, dictámenes de seguridad de accidentes, etc), indicando que la empresa Basf no tiene ningún incumplimiento reglamentario. Las evaluaciones de los informes de seguridad, requeridos por la normativa SEVESO II las hacen las empresas evaluadoras autorizadas por el Departament de Treball, Industria, Comerç i Turisme y la evaluación del informe de seguridad de Basf lo ha hecho el Institut Químic de Sarria en fecha junio de 2002, con la indicación de que en esta evaluación se ha estudiado y tratado los requerimientos y consecuencias correspondientes al efecto dominó.

Además de que estos informe emitidos por la Administración competente en la materia no comprenden la totalidad de las instalaciones del centro de producción integrado de Basf, se hacía necesario el cumplimiento de lo establecido en el artículo 52.2 del RIIAA , en cuanto dispone que a la solicitud de autorización ambiental para el ejercicio de una de las actividades de riesgo de accidentes graves, se debe adjuntar la documentación que sea legalmente preceptiva, viéndose con ello obstaculizada la valoración que se debía efectuar con conocimiento de causa al otorgar la autorización ambiental.

Procede, pues, estimar este motivo de impugnación.

SEPTIMO.- También se denuncia la excesiva permisividad en cuanto a los supuestos de usos de las antorchas por parte de Basf Española, S.A., cuando en la autorización de otra empresa del site, el uso de antorchas se autoriza únicamente en situaciones de emergencia.

Obra en el folio 326 y siguientes del expediente administrativo el informe elaborado el 14 de octubre de 2002 por la OGAU, en relación a las alegaciones presentadas sobre emisiones atmosféricas, en el que se indica que el Departament de Medi Ambient dispone de una base de datos actualizada para conocer los resultados de las inspecciones reglamentarias de los focos existentes, incluidas las medidas realizada en los últimos seis meses. En el apartado control continuo se recoge que el establecimiento está integrado a la red de emisiones atmosféricas de Catalunya y los focos conectados a la red son los considerados potencialmente más contaminantes, en función del tipo de contaminante, caudal de emisión, tiempo de emisión y condicionantes técnicos requeridos por la instalación de analizadores de continuo. Se establecerán como mínimo las condiciones ya impuestas en la licencia municipal. En caso de que se otorgue la autorización ambiental se evaluará la necesidad o no de disponer de un número mayor de analizadores en continuo conectados a la red de emisiones atmosféricas de Catalunya.

En el apartado 4 del anexo de la resolución recurrida, referido a niveles de emisión y prescripciones técnicas, en el punto 1.6 se dispone que no se autoriza el envío a las antorchas A-126 y A-530 de corrientes gaseosas residuales de manera sistemática. Las antorchas funcionarán como elementos de seguridad para aligerar la sobrepresión de las instalaciones, tanto en condiciones normales como en condiciones de emergencia de las instalaciones. En el 1.7 se señala que las antorchas dispondrán en un plazo máximo de 6 meses de cabalímetros de rango variable y registro en continuo que permite conocer en todo momento los caudales de las diferentes corrientes que se envíen a cada una de la antorchas.

Siendo ello así, se incumple con lo establecido en el artículo 22.1 de la LIIAA , en cuanto dispone que la autorización ambiental tiene el siguiente contenido mínimo: a) Valores límite de emisión de sustancias contaminantes, que pueden ser sustituidos, según la naturaleza y las características de la actividad, por otros parámetros o medidas equivalentes.

Procede, pues, estimar este motivo de impugnación.

OCTAVO.- Según la parte actora, las instalaciones de Basf no respetan los niveles de emisión e inmisión de ruidos establecidos en la normativa municipal y que la evaluación ambiental no ha tomado en consideración los niveles de emisión e inmisión de ruidos y vibraciones de Reus.

En el informe de evaluación de impacto ambiental se recoge que se ha efectuado un estudio de los niveles acústicos de la empresa y su entorno y se recogen las conclusiones alcanzadas en el informe efectuado por ICICT, S.A., en el sentido de que los resultados son inferiores a los valores máximos permitidos, que se dice aportar como anexo 6, sin que conste como tal.

Resuelta la autorización ambiental sin la información necesaria para ello, procede estimar este motivo de impugnación.

NOVENO.- Se denuncian defectos y carencias del informe de evaluación de impacto ambiental en materia atmosférica como son: la falta de aportación de los libros registro de cada foco emisor considerado, así como de otros no considerados, como la antorcha de seguridad; la incorrecta determinación de los límites de emisión aplicables a los focos de combustión; la falta de consideración de las emisiones de tipo fugitivo; la falta de aportación de datos sobre el nivel de inmisión de contaminantes a la atmósfera.

Siendo que el informe de evaluación de impacto ambiental contiene un apartado, el 9, relativo a la gestión de las emisiones a la atmósfera, ninguna prueba se ha practicado para desvirtuar su contenido y en acreditación de los defectos que se le imputan, por lo que este motivo de impugnación no puede ser atendido.

Resueltos todos los motivos de impugnación procede estimar el recurso para declarar la disconformidad a derecho del acto recurrido.

DECIMO. - No ha lugar a efectuar expreso pronunciamiento sobre las costas causadas, al no apreciarse temeridad ni mala fe en las partes, conforme dispone el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Tercera, ha decidido:

Primero. Estimar el recurso interpuesto por Grup d`Estudi i Protecció d`Ecosistemes del Camp contra la desestimación por acto presunto del recurso de reposición formulado contra la resolución dictada el 3 de octubre de 2003 por el Conseller de Medi Ambient, que se anula.

Segundo. No efectuar pronunciamiento impositivo de las costas procesales devengadas en la substanciación del presente recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que será notificada a las partes con expresión de los recursos que, en su caso, procedan contra ella, llevándose testimonio de la misma a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION. - Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Magistrado Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.

Evaluación ambiental
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Contaminación
Protección medioambiental
Residuos
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Estudio de impacto ambiental
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