Sentencia Civil Audiencia Provincial de A Coruña, Rec 360 de 11 de Abril de 2000

El motivo invocado en el acto de la vista por la parte recurrente no puede ser estimado; dicho motivo se ampara en la errónea estimación por el juzgador de instancia de que la cobertura de riesgos asegurada se limitaba a la incluida en la póliza individual marítima, no considerando, por tanto, que el demandante tuviese la condición de tercero, lo que le integraría en la cobertura de la responsabilidad civil, con un techo máximo de 25.000.000 de pesetas. La compañía aseguradora demandada acompañó a la contestación a la demanda las Condiciones particulares de la póliza, como documento n° 1, y, como n° 2, las Condiciones generales de póliza para seguro de Buques con Propulsión a Motor o a Vapor y las Institute Yacht Clauses, éstas en inglés y sin traducir, pero no aportó las Condiciones generales del Seguro M..de Embarcaciones de Recreo, que debieron ser las concertadas por el asegurado Ramón T, En el caso, al no determinarse en la demanda quién era la persona que llevaba la caña del barco, a quien se atribuye la culpa o negligencia provocadora del daño, ni tampoco ser identificada en periodo probatorio (absolución de la posición primera de la prueba de confesión judicial del demandante), no podría imputarse al asegurado el resarcimiento económico del daño corporal sufrido por la parte actora, inimputabilidad que excluye la responsabilidad civil de la compañía aseguradora, con lo que decae el antedicho motivo del recurso.La sentencia de instancia deduce, con acierto, que el actor está amparado por la denominada  póliza individual marítima (así se desprende de las  plazas cubiertas por el seguro, en número de seis, que no aparecen nominadas, y del último párrafo del apartado correspondiente a la cobertura por invalidez permanente) que comprende con carácter objetivo los supuestos  de muerte, invalidez permanente y asistencia médico-farmacéutica hasta determinados límites, pero razona que, al no justificar la parte actora los gastos de asistencia sanitaria y que, afortunadamente, no  hubo fallecimiento ni lesiones determinantes de una invalidez permanente, no es procedente la indemnización solicitada.