Sentencia Civil 376/2025 Audiencia Provincial Civil de Barcelona nº 12, Rec. 231/2024 de 18 de julio del 2025

PRIMERO.- Planteamiento del litigio en primera instancia.

D. Daniel presentó demanda de divorcio contra Dña. Marisa. Solicitaba la atribución de la potestad parental compartida respecto de los tres hijos menores del matrimonio, Pedro Antonio, Norberto y Gaspar, la guarda y custodia paterna y subsidiariamente, la guarda compartida, la atribución del uso de la vivienda familiar, una pensión de alimentos de 600 euros a cargo de la madre y gastos extraordinarios por mitad, que no se fijase régimen de visitas para la madre, y de forma subsidiaria, fines de semana alternos de viernes a domingo y vacaciones por mitad. Se acumuló la acción de división de la vivienda familiar, sita en DIRECCION000, de Barcelona.

La Sra. Marisa contestó a la demanda. Estando conforme con el divorcio, solicitó la potestad parental y guarda compartida respecto de los hijos, la atribución de uso de la vivienda familiar durante cinco años, el establecimiento de una pensión de alimentos de 100 euros por cada uno de los hijos, la contribución a los gastos extraordinarios en proporción 60% el padre-40% la madre, y el pago por mitad de las cuotas hipotecarias.

SEGUNDO.- Sentencia de instancia. Recursos de apelación. Hechos nuevos puestos de manifiesto en esta alzada.

1.- La sentencia de 31 de julio de 2023 acordó el divorcio de las partes. Atribuyó al padre la guarda y custodia de los tres hijos, manteniendo la potestad parental compartida. Estableció un régimen de estancias con la madre de fines de semana alternos, desde los viernes a la salida del colegio al lunes a la entrada al mismo, y en caso de no ser lectivo, desde las 16 horas del viernes a las 16 horas del lunes, y dos días intersemanales, martes con pernocta y jueves sin pernocta; las vacaciones se distribuyeron por mitad. Acordó que cada uno de los progenitores asumiese los gastos de los hijos cuando los tuviese en su compañía, la contribución a las actividades extraescolares en proporción 80% el padre-20% la madre y a los gastos extraordinarios en proporción 50%-50%. Acordó la terapia familiar entre el Sr. Pedro Antonio, en 20 sesiones a abonar por el padre. No se atribuyó el uso del domicilio a ninguna de las partes. Se acordó la división de la vivienda familiar.

2.- El Sr. Pedro Antonio presenta recurso de apelación, alegando error en la valoración de la prueba. Solicita que se prive a la Sra. Marisa de la potestad parental sobre los hijos, y de forma subsidiaria, que se le atribuya a él su ejercicio exclusivo. Apela el pronunciamiento relativo al régimen de estancias y vacaciones de los hijos con la madre, solicitando su suspensión, y de forma subsidiaria, que se establezca un régimen de visitas de dos horas semanales en un Punt de Trobada. Impugna también el pronunciamiento sobre la pensión de alimentos, solicitando que se fije una pensión de alimentos a cargo de la madre de 150 euros por hijo.

3.- La Sra. Marisa presenta recurso de apelación. Alega la infracción de garantías procesales por la inadmisión de la prueba testifical propuesta y efectúa alegaciones sobre la audiencia judicial de Pedro Antonio. Impugna los pronunciamientos sobre la atribución de la guarda y custodia, solicitando la guarda compartida, y sobre la división de la cosa común, solicitando que se le atribuya el uso del domicilio familiar durante cinco años, tras los cuales se puede proceder a su venta.

4.- Cada una de las partes se opone al recurso de contrario.

El Ministerio Fiscal se opuso al recurso de apelación del Sr. Pedro Antonio, solicitando sin embargo el establecimiento de una pensión de alimentos a cargo de la madre.

5.- Una vez elevados los autos a esta Audiencia Provincial, se han puesto de manifiesto como hechos nuevos los siguientes:

.- El Juzgado de lo Penal nº 3 de Barcelona dictó sentencia de conformidad de 13 de marzo de 2024 en el Procedimiento Abreviado nº 639/ 2.003, dimanante de Diligencias Previas nº 639/ 2023 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Barcelona, condenando a la Sra. Marisa como autora de tres delitos de maltrato de obra del artículo 153.2 y 3 del Código Penal, cometidos contra el Sr. Pedro Antonio los días 15 de abril, 10 de mayo y 14 de mayo de 2022, a las penas, por cada uno de los delitos, de 60 días en beneficio de la comunidad, 1 año y 6 meses de privación de tenencia y porte de armas y la prohibición de aproximación a una distancia inferior a 50 metros del Sr. Pedro Antonio por tiempo de un año. No consta la extinción de la responsabilidad penal.

.- El 20 de noviembre de 2023, la Sra. Marisa presentó denuncia contra el Sr. Pedro Antonio por hechos ocurridos entre abril de 2022 y febrero de 2023. Se incoaron Diligencias Previas nº 852/ 2023 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 5 contra el Sr. Pedro Antonio, por delito de malos tratos en el ámbito de violencia de género. Se aportó auto de 10 de septiembre de 2024, decretando el sobreseimiento provisional. La Sra. Marisa presentó escrito de 8 de julio de 2025, aportando copia del auto de 30 de mayo de 2025 de la Sección 20ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, por el que se acuerda la revocación del auto de sobreseimiento provisional.

.-De la documental por la representación procesal de la Sra. Marisa el 18 de septiembre de 2024, aparece la existencia de Diligencias Previas nº 601/ 2022, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 5 de Barcelona, en que la Sra. Marisa sería perjudicada/investigada. La representación procesal del Sr. Pedro Antonio ha informado que en estas actuaciones se dictó auto de sobreseimiento provisional en fecha 16 de abril de 2025, respecto de los hechos denunciados por la Sra. Marisa, estando pendiente el testimonio remitido al Juzgado Decano de Barcelona respecto de los hechos denunciados por el Sr. Pedro Antonio.

TERCERO.- Exposición de hechos relevantes.

Para la mejor decisión de la controversia, es preciso realizar una sintética exposición de los hechos más relevantes, admitidos y/o acreditados.

a) D. Daniel y Dña. Marisa contrajeron matrimonio el 13 de septiembre de 2003, y tienen tres hijos en común, Pedro Antonio, nacido el NUM000 de 2007, y los mellizos Norberto y Gaspar, nacidos el NUM001 de 2016. El régimen económico matrimonial es de separación de bienes.

b) El domicilio familiar se estableció en DIRECCION000, de Barcelona, del que son copropietarios ambos cónyuges. Está gravado con una hipoteca cuya cuota mensual ascendía a 738,96 euros.

c) La ruptura del matrimonio se produjo en junio de 2021, siendo el Sr. Pedro Antonio quien se trasladó a vivir a un piso del que es propietario en DIRECCION001, de Barcelona.

d) Desde la ruptura, la relación entre las partes ha estado marcada por una alta conflictividad, que ha dado lugar a la incoación de varios procedimientos penales: Diligencias Previas nº 437/2022, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 5 de Barcelona, por denuncias cruzadas entre las partes, en las que se dictó auto de sobreseimiento provisional de 30 de diciembre de 2022, y los tres procedimientos referidos en el Fundamento de Derecho anterior.

e) El Sr. Pedro Antonio está contratado con categoría de técnico especialista por la Generalitat de Catalunya, si bien en el momento de celebración de la vista se encontraba de baja laboral. Aportó nóminas de abril y mayo de 2023 por importe de 1.655,40 euros. En la consulta del Punto Neutro Judicial, correspondiente al ejercicio 2022, aparecen unos ingresos de unos 1.941 euros mensuales, ya que también desarrollaba una actividad como autónomo de la que manifiesta que se ha dado de baja.

f) La Sra. Marisa trabaja en Caprabo, con jornada reducida, con un salario mensual de 720 euros. Manifiesta que, pese a haber solicitado la jornada completa, no ha podido conseguirla. Presentó un cuadro ansioso depresivo que fue tratado entre marzo y septiembre de 2022.

g) Pedro Antonio padece ureterosidomefrosis, cuyo tratamiento precisó cinco intervenciones quirúrgicas. Actualmente, está sometido a revisión anual. Gaspar padece cardiopatía congénita severa intervenida quirúrgicamente.

h) Pedro Antonio acudía al Instituto Escola Sopeña de Barcelona, con un coste mensual de 68 euros en 10 mensualidades. Gaspar y Norberto van al Institut Escola Arts, cuyo coste anual es de 150 euros.

CUARTO.- Recurso de apelación de la Sra. Marisa. Indefensión.

Por razones de sistemática, se resolverá en primer lugar sobre la alegación de indefensión realizada en el recurso de apelación de la Sra. Marisa, en relación con la denegación de la prueba testifical propuesta por la parte y el traslado de la audiencia de Pedro Antonio.

1.- En cuanto a la inadmisión de la testifical de la Sra. Piedad, tutora de Pedro Antonio, que fue propuesta por la representación procesal de la Sra. Marisa, como señala la sentencia de esta Sección de 7 de junio de 2023, "El derecho a la proposición y práctica de prueba está íntimamente vinculado al de la tutela judicial efectiva, art. 24.1 y 2 de la Constitución . Sin embargo, según reiterada doctrina emanada del Tribunal Constitucional, no es un derecho absoluto, es de configuración legal y por tanto su ejercicio debe siempre ajustarse a las normas de procedimiento que lo regulan sin que exista un derecho indiscriminado a la práctica de prueba ( SsTC 131/95 , 187/96 , 42/07 y 136/07 )."

El derecho a la tutela judicial efectiva no comporta la admisión de toda la prueba que las partes propongan, correspondiendo al órgano judicial la valoración de su utilidad y pertinencia, de manera que no genera indefensión cuando se inadmite, no de forma ilógica o irracional, sino fundadamente, como ocurrió en la vista celebrada. De hecho, se reprodujo la petición de esta prueba en el recurso de apelación, y este Tribunal acordó igualmente la inadmisión, por no ser relevante para la resolución del mismo.

2.- En cuanto al traslado de la audiencia de Pedro Antonio, al final de la vista, celebrada el 17 de julio de 2023, la Magistrada acordó que las Letradas de las partes podían acceder a su visionado en la oficina judicial. El 19 de julio acudió la Letrada de la Sra. Marisa, que pudo visionar la declaración, y el día 20 acudió la Letrada del Sr. Pedro Antonio, a la que sin embargo se le restringió la visualización, advirtiéndose a ambas Letradas de que no debería usarse el contenido de lo visionado con efectos procesales. A ambas partes se les dio traslado de un acta sucinta de la audiencia.

Sobre la publicidad de las audiencias de los hijos menores, se ha pronunciado esta Sección en sentencia de 19 de junio de 2020, reiterado en la de 9 de febrero de 2024, en este sentido: "Sobre la infracción de los artículos 187 y 358 de la LEC y 24 de la CE al no habérsele dado traslado de la exploración de las menores. No existe la infracción que se alega por el recurrente de los preceptos citados de la Ley de Procedimiento Civil, por cuanto la exploración del menor no se practica en vista pública (...).

La diligencia de audiencia de los menores que viene establecida como un derecho fundamental de los niños cuando se ha de adoptar una medida que les afecta, no es un medio probatorio común sino que, mas propiamente es una exigencia impuesta a la autoridad que ha de decidir sobre el tema, para que tenga en cuenta la opinión de los hijos. (...)

Como hemos venido exponiendo de forma reiterada, el objetivo de la diligencia de audiencia del menor es la comprobación por el juez o el tribunal de todo un conjunto de circunstancias, generalmente subjetivas, y la percepción directa de la situación en la que se encuentra el menor, para alcanzar la conclusión de lo que puede ser de mayor beneficio para el mismo. No siempre coincide el interés objetivo del menor con lo que éste verbaliza.

Por otra parte, la constatación de lo que se expresa y verbaliza en la diligencia recogida en acta no puede equipararse a una declaración testifical, pues obedece a otros parámetros y condicionantes legales. (...) En el modus operandi de la práctica de esta prueba, que no está sujeta a requisitos de forma legales, lo esencial es la percepción directa por quien ha de enjuiciar del estado del menor, pero no es un elemento en el que pueda ser fundado un recurso por error en la apreciación de la prueba, tanto si el acta se conserva en sobre cerrado a disposición del tribunal de apelación, como si se refleja en diligencia abierta a disposición de las partes".

En este caso, aparece que la Magistrada quiso enmendar el ofrecimiento de visualización de la grabación de la audiencia de Pedro Antonio que, incorrectamente, se realizó al final de la vista. Sin embargo, lo hizo de forma verbal, sin recogerlo en una resolución, y tras haber permitido que una Letrada la viera, y que la otra la comenzara a ver. Se trata, evidentemente, de una situación en que no se actuó de la forma procesalmente adecuada. Pero lo cierto es que ninguna de las partes, ni siquiera la Letrada del Sr. Pedro Antonio, recurrió la decisión adoptada. En todo caso, habiendo sido entrega a ambas partes el acta de la audiencia, que no precisa que recoja la totalidad de la declaración de Pedro Antonio, no cabe apreciar indefensión.

QUINTO.- Guarda y custodia. Consecuencias de la existencia de los procedimientos penales.

1.- Establece el artículo 233-11 del Código Civil de Cataluña lo siguiente:

"(...) 3. En interés de los hijos e hijas, no se puede atribuir la guarda al progenitor, ni se puede establecer ningún régimen de estancias, comunicación o relación, o si existen se tienen que suspender, cuando haya indicios fundamentados de que ha cometido actos de violencia familiar o machista. Tampoco se puede atribuir la guarda al progenitor, ni se puede establecer ningún régimen de estancias, comunicación o relación, o si existen se tienen que suspender, mientras se encuentre incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad y la indemnidad sexual del otro progenitor o sus hijos o hijas, o esté en situación de prisión por estos delitos y mientras no se extinga la responsabilidad penal.

4. Excepcionalmente, la autoridad judicial puede establecer, de forma motivada, un régimen de estancias, relación o comunicaciones en interés de la persona menor, una vez escuchada, si tiene capacidad natural suficiente".

2.- En este caso, cuando se dictó la sentencia de instancia, existía un solo procedimiento penal abierto, las Diligencias Previas nº 459/ 2022 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Barcelona, en el que estaba siendo investigada la Sra. Marisa. Sólo esta circunstancia justificaba la atribución al padre de la guarda de los hijos. No comparte esta Sala la valoración realizada en la sentencia sobre la conducta de la Sra. Marisa en relación con Pedro Antonio, ya que afirmaciones de tal gravedad como la no preservación del conflicto, la atribución de una educación sobreprotectora y el aislamiento de Pedro Antonio no pueden extraerse exclusivamente de lo manifestado por éste en la audiencia y del interrogatorio de la madre, sin venir apoyadas en un informe psicológico que valore la totalidad de las circunstancias que concurren en la dinámica familiar y en la situación del hijo.

3.- En el momento actual, sin embargo, las circunstancias han cambiado. La Sra. Marisa ha sido condenada en la sentencia de 13 de marzo de 2024, pero existe otro procedimiento penal abierto por hechos incluidos en el artículo 233-11.3, en los cuales figura el Sr. Pedro Antonio como investigado, habiéndose revocado el sobreseimiento provisional acordado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 5 de Barcelona en las Diligencias Previas nº 852/2023.

4.- Nos encontramos ante un supuesto que no está previsto ni por el legislador autonómico ni por el estatal. Y es que en ambos progenitores concurre un óbice legal para ostentar la guarda, que no puede orillarse ignorando la disposición legal.

Ha de acudirse al artículo 233-10. 4 del mismo Código, que establece que "4. La autoridad judicial, excepcionalmente, puede encomendar la guarda a los abuelos, a otros parientes, a personas próximas o, en su defecto, a una institución idónea, a las que pueden conferirse funciones tutelares con suspensión de la potestad parental".También ha de tenerse en cuenta que el artículo 102.2 f) de la Ley catalana 14/2010 de 27 de mayo de los Derechos y Oportunidades de la Infancia y la Adolescencia prevé como situación de riesgo "El conflicto abierto y crónico entre los progenitores, separados o no, cuando anteponen sus necesidades a las del niño o el adolescente".Y el artículo 236-3 del Código Civil de Cataluña permite a la autoridad judicial adoptar las medidas que estime necesarias en protección del menor.

Teniendo en cuenta estos preceptos, así como el imperativo legal, procede acordar la suspensión de la potestad parental de ambos progenitores atribuyendo la guarda a la Administración, y en concreto, a la entidad pública competente en la protección de los menores en Cataluña, esto es, la DGAIA, solución que aplicó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nº 35/ 2023, de 9 de junio 2023, en un caso en que también concurría la circunstancia de que ambos progenitores estaban incursos en procedimientos penales, y que es el criterio consolidado de esta Sección.

Ahora bien, en tanto la DGAIA no establezca medidas de protección, valorando si es preciso el entorno familiar de ambos progenitores, ha de regularse la organización familiar, teniendo en cuenta siempre el interés de los hijos.

SEXTO.- Decisión del Tribunal sobre la organización familiar.

1.- La prueba practicada en la instancia consistió en documental e interrogatorio de las partes. Se realizó también la audiencia de Pedro Antonio, que ha sido revisada por el tribunal. En esta instancia se acordó como diligencia final la elaboración de informe por el EATAF.

2.- De la revisión de la prueba practicada en la instancia resulta que, durante la convivencia matrimonial, ambos progenitores se ocuparon el cuidado de los hijos, si bien la Sra. Marisa fue quien solicitó una reducción de jornada cuando Pedro Antonio comenzó a tener problemas de salud, siendo su referente principal. Las dos partes en sus interrogatorios han descrito que se organizaban para atender a los niños en el horario laboral del otro, y ello se ha seguido produciendo incluso tras la separación matrimonial. Es un hecho reconocido también por ambos que la relación de los mellizos Norberto y Gaspar con su padre es buena, y no consta que tengan problemas con su madre. La conflictividad entre los progenitores es muy alta, tal como se ha descrito, pero pese a ello han logrado llegar a acuerdos como los referentes al cambio de colegio de los niños y la baja de las mutuas médicas.

Resulta también de la prueba y de la audiencia de Pedro Antonio que la relación de éste con el Sr. Pedro Antonio se ha deteriorado gravemente tras la separación, hasta el punto de que el hijo se niega a ver a su padre, y mucho menos a convivir con él. De hecho, no consta que se haya cumplido en este punto la sentencia de instancia. Se reitera que no se comparten las conclusiones de ésta, que achacan exclusivamente a la Sra. Marisa la negativa de Pedro Antonio a relacionarse con su padre, ni tampoco se puede considerar probado que Pedro Antonio padezca problemas de falta de autonomía y aislamiento social.

3.- En el informe del EATAF, de fecha 30 de abril de 2025, se concluye que:

"Tant el pare, com la mare presenten habilitats suficients per gestionar els aspectes bàsics dels fills. No obstant això, els aspectes anteriorment esmentats, suposen aspectes susceptibles de millora en tots dos progenitors:

- En el cas de la Sra. Marisa: dificultats per acompanyar l'esfera emocional dels fills.

- En el cas del Sr. Pedro Antonio: dificultats per acompanyar l'esfera emocional dels fills, limitacions en l'acompanyament d'algunes necessitats evolutives dels infants, baixa supervisió i estimulació d'espais socials amb les amistats.

En abordar els projectes parentals, es valora que el projecte del pare prioritza les pròpies necessitats per damunt de les dels infants atenent els diversos canvis que suposaria en els fills proposar el canvi d'escola, mentre que la proposta materna esdevé poc reflexionada.

Tenint en compte els indicadors avantdits, es valora que les necessitats dels infants queden cobertes en major mesura per la figura materna. Si bé, aquesta proposta comportaria com a pèrdua el fet de restar en menor mesura amb les figures de l'entorn patern. Altrament, quant a la relació pare- Pedro Antonio, es considera que atès el posicionament filial, la seva edat cronològica i les dificultats paternes per acompanyar i reparar l'esfera emocional del fill, en aquests moments, no es recomana establir un règim de trobades entre aquests. En aquest sentit, es recomana que ambdós puguin iniciar uns espais psicoterapèutics individuals, per tal d'abordar les circumstàncies familiars i reflexionar sobre els rols efectuats, de forma prèvia a reestablir la relació".

4.- Con estos elementos, la decisión que se adopta es la siguiente:

.- Pedro Antonio continuará viviendo con su madre. El NUM000 cumplirá 17 años. Cuando se trata de adolescentes que ya se encuentran próximos a la mayoría de edad, y que tienen un criterio propio, ha de atenderse especialmente a su voluntad, sin que se le pueda imponer la convivencia con uno de los progenitores. La decisión adoptada por la sentencia de instancia no tiene en cuenta el interés del hijo, y más cuando se tienen indicios de que la relación con el padre afecta de forma grave a su estabilidad emocional. Es habitual que, en rupturas familiares altamente conflictivas como la presente, los hijos terminen tomando partido por uno de los progenitores, como aquí ha ocurrido, pero ello no puede llevar a ignorar absolutamente su deseo. El informe del EATAF recomienda que no se establezca un régimen de encuentros.

Ahora bien, dado que no se ha impugnado el pronunciamiento sobre el sometimiento de padre e hijo a una terapia familiar, que se estima necesaria para intentar restablecer el vínculo entre ellos, deberán las partes hacer lo preciso para que se lleve a cabo, a salvo de lo que pueda resolver la DGAIA. Mientras no se siga esta terapia, se considera que no cabe establecer un régimen de estancias de fines de semana ni de vacaciones, permitiendo en todo caso que el progenitor e Pedro Antonio puedan relacionarse libremente.

.- En cuanto a Norberto y Gaspar, la sentencia atribuyó la guarda al padre para no separar a los hermanos y "evitar que la progenitora pueda transmitirles la necesidad de sobre protección".De nuevo ha de rechazarse este último argumento, en cuanto no puede hacerse una apreciación de esta trascendencia con la prueba practicada. Los niños tienen 8 años, y desde su nacimiento han sido cuidados por ambos progenitores, aunque con mayor presencia de la madre.

Dada la situación actual, atendidas las conclusiones del informe del EATAF y que la madre no ha solicitado la guarda para ella, se acuerda que convivan cada semana con uno de los progenitores, sin perjuicio de lo que pueda decidir la DGAIA. No se vulnera con ello el criterio del artículo 233-11.2 del Código Civil de Cataluña que prevé que no se puede separar a los hermanos, ya que seguirán conviviendo con Pedro Antonio la semana que estén con su madre, a lo que se une que la diferencia de edad entre ellos atenúa la importancia de este criterio.

De esta manera, y en tanto no intervenga la DGAIA, los menores Norberto y Gaspar convivirán con cada uno de los progenitores en semanas alternas, de lunes a lunes, realizándose las entregas y recogidas en el centro escolar.

.- En cuanto a los periodos vacacionales de Norberto y Gaspar, se mantiene el contenido de la sentencia de instancia.

SÉPTIMO.- Recurso de apelación del Sr. Pedro Antonio. Privación de la potestad parental a la madre. Régimen de visitas.

Lo anteriormente expuesto determina la desestimación del recurso de apelación del Sr. Pedro Antonio, en cuanto solicitaba la privación de la potestad parental de la madre, dado que ambos progenitores tienen suspendida la potestad parental, y la suspensión del régimen de relación entre la madre y los hijos, y subsidiariamente, la intervención del Punt de Trobada.

OCTAVO.- Recurso de apelación del Sr. Pedro Antonio. Contribución a los alimentos.

1.- La decisión adoptada no impide que ambos progenitores estén obligados a prestar alimentos a los hijos, en tanto la Administración no acuerde otras medidas. La sentencia de instancia no fijó pensión de alimentos a cargo de la madre, decisión que fundamentaba en la precaria situación económica de ésta.

2.- Para fijar la contribución de los progenitores al sostenimiento de los hijos, debe atenderse a sus ingresos y a las necesidades del alimentista. Así, el art. 237-9.1 del Código Civil catalán dispone que "la cuantía de los alimentos se determina en proporción a las necesidades del alimentado y a los medios económicos y a las posibilidades de la persona o personas obligadas a prestarlos"y el artículo 237-7.1, párrafo primero del mismo texto legal señala que "si las personas obligadas a prestar alimentos son más de una, la obligación debe distribuirse entre ellas en proporción a sus recursos económicos y a sus posibilidades".Por otro lado, el artículo 233-10.3 del Código Civil de Cataluña recuerda que la manera de ejercer la guarda no altera el contenido de la obligación de alimentos hacia los hijos comunes, si bien habrá que ponderar el tiempo de permanencia de los menores con cada uno de los progenitores y los gastos que cada uno de ellos haya asumido pagar directamente. En los supuestos de guarda compartida, con reparto igualitario del tiempo de estancia de cada progenitor con su hijo, tanto el padre como la madre deben proveer lo cotidiano y por ello tenerlo bajo su techo, procurarle la alimentación correspondiente, la asistencia médica, así como cubrirle los gastos ordinarios de higiene, farmacia, vestido y calzado, etc., por lo que el gasto que deberán asumir cada uno será equivalente aunque sus ingresos no lo sean, lo que puede dar lugar a que el de mayores ingresos compense al que tiene menos para equilibrar el nivel de vida del hijo cuando esté con éste.

3.- La situación económica de los progenitores y las necesidades de los hijos han sido expuestas en el Fundamento de Derecho Tercero.

Atendidos estos datos, cada uno de los progenitores asumirá los gastos ordinarios de los hijos cuando los tenga en su compañía. Además, el Sr. Pedro Antonio abonará a la Sra. Marisa la cantidad de 300 euros mensuales en concepto de pensión de alimentos de Pedro Antonio, y 75 euros por cada uno de los menores Norberto y Gaspar, en total, 450 euros. Esta cantidad se fija teniendo en cuenta que Pedro Antonio reside de forma continuada con la madre, y que es preciso que pueda mantener un mínimo de ingresos para atender correctamente a Norberto y Gaspar en las semanas en que los tenga con ella. Esta suma se ingresará en la cuenta bancaria que designe la Sra. Marisa, entre los días 1 y 5 de cada mes, y se actualizará el 1 de enero de cada año conforme al IPC de Cataluña o índice que lo sustituya.

Esta decisión, que supone la desestimación de recurso de apelación del Sr. Pedro Antonio en este punto, y la imposición a éste del pago de una pensión de alimentos no solicitada de adverso, se adopta de oficio por el Tribunal, en cuanto que es preciso regular, en interés de los hijos, la forma en que los progenitores han de atender a su sustento, tras modificarse el régimen de convivencia con los progenitores establecido en la sentencia recurrida.

En cuanto al pago de los gastos extraordinarios y actividades extraescolares, se mantiene lo establecido en la sentencia de instancia.

NOVENO.- Recurso de apelación de la Sra. Marisa. Atribución del uso del domicilio familiar.

1.- Finalmente, ha de resolverse la petición de la Sra. Marisa solicitando que se le atribuya el uso del domicilio familiar durante 5 años, por ser su interés el más necesitado de protección, así como que se pueda poner la vivienda a la venta transcurrido dicho plazo.

La sentencia de instancia acordó no atribuir el uso a ninguno de ellos, en base al artículo 233-21 del Código Civil de Cataluña, decisión que únicamente recurre la Sra. Marisa. La decisión basada en este precepto no puede mantenerse, desde el momento en que se han revocado las disposiciones de la sentencia de instancia en relación con la guarda de los menores.

2.- Al haberse acordado la suspensión de la potestad parental de ambos progenitores, y la atribución de la guarda a la DGAIA, nos encontramos ante un supuesto no previsto específicamente en el artículo 233-20 del Código Civil de Cataluña, pero que se entiende equiparable al del apartado 3 de dicho artículo, que prevé la atribución del uso al cónyuge más necesitado de protección en los casos de guarda compartida o distribuida entre los progenitores, o cuando los cónyuges no tienen hijos o éstos son mayores de edad.

En este caso, y vista la situación económica de los progenitores, es evidente que la Sr. Marisa es la más necesitada: su sueldo es sustancialmente inferior al del Sr. Pedro Antonio, y éste es propietario, además de otra vivienda en Barcelona donde reside. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que la Sra. Marisa lleva en el uso de la vivienda desde la separación de la pareja en junio de 2021.

En atención a ello, se acuerda estimar parcialmente el recurso de apelación, atribuyendo el uso del domicilio familiar a la Sra. Marisa, por un periodo de un año, que se considera suficiente para que pueda buscar una alternativa habitacional.

Conforme a lo previsto en el artículo 233-23.2 del Código Civil de Cataluña, las obligaciones contraídas por razón de la adquisición o mejora de la vivienda, incluidos los seguros vinculados a esta finalidad, deben satisfacerse de acuerdo con lo dispuesto por el título de constitución. La Sra. Marisa asumirá los gastos ordinarios de conservación, mantenimiento y reparación de la misma, incluidos los de comunidad y suministros, y los tributos y las tasas de devengo anual.

La atribución del uso del domicilio no impide que pueda ponerse fin a la indivisión de la vivienda, si bien deberá respetarse el derecho de uso atribuido a la Sra. Marisa, desestimándose en este punto el recurso de apelación.

DÉCIMO.- Costas.

Siendo íntegra la desestimación del recurso de apelación del Sr. Pedro Antonio, procede imponerle las costas ocasionadas por el mismo, conforme al artículo 398 de la Ley de Enjuciamiento Civil.

Siendo parcialmente estimado el recurso de apelación de la Sra. Marisa, no procede realizar imposición de las costas causadas por él.

Vistos los preceptos legales aplicados y demás de general y pertinente aplicación