Sentencia Civil 356/2025 Audiencia Provincial Civil de Zaragoza nº 5, Rec. 616/2024 de 30 de abril del 2025

PRIMERO.- Antecedentes.

D. Gabino, transportista de mercancías por carretera, formuló demanda contra COMPAÑÍA ARAGONESA DE PORTACOCHES, SA (CAPSA) reclamando el pago de las siguientes facturas:

- Factura nº NUM000 de fecha 30.11.2022 y por importe de 21.061,26 €.

- Factura nº NUM001 de fecha 30.12.2022 y por importe de 5.101,45 €.

- Factura nº NUM002 de fecha 27.12.2022 por importe 6.426,31 € (revisión de los portes realizados en los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2.022).

- Factura nº NUM003 de fecha 28.02.2023 por importe 3.803,90 € (revisión de los portes realizados en los meses de julio y agosto del 2.022).

La demandada se allanó parcialmente al pago de la primera y de la segunda factura (20.755,96 € y 5.082,53 €, respectivamente), y se opuso al pago de la tercera y la cuarta.

Además, formuló reconvención alegando compensación por:

- Factura de gasoil emitida por STARRESSA a Don Gabino, en fecha 30.11.22, por un importe total de 4.186,97 euros.

- Factura de gasoil emitida por STARRESSA a Don Gabino, en fecha 31.12.2022 por un importe total de 1.250,03 euros.

- Factura de seguro NUM013, de fecha 13/01/2023, de los meses de noviembre y diciembre de 2022, por un total de 532,40 euros.

- Factura NUM006 de CAPSA, de fecha 27/01/2023, por daños en un vehículo, por importe de 1.765,26 euros.

- Factura NUM007 de CAPSA, de fecha 22/02/2023, por daños en un vehículo transportado en noviembre de 2022, por importe de 1.231,30 euros.

- Factura rectificativa número NUM005, de 31 de octubre de 2022, por importe de 30 euros emitida por D. Gabino.

El demandado en reconvención se allanó al pago de las facturas de gasoil y rectificativa 30 euros, y se opuso en parte a la factura de seguro y a las de daños. También manifestó su conformidad con las liquidaciones practicadas de contrario respecto de las facturas n.º NUM000 y NUM001, 20.755,96 € y 5.082,53 €, respectivamente.

La sentencia de instancia, aclarada por autos de 11 y 23 de julio de 2024, estimó en parte tanto la demanda como la reconvención en los términos que constan en el antecedente de hecho primero de esta resolución.

D. Gabino formuló recurso de apelación al que CAPSA se opuso.

SEGUNDO.- Revisión del precio del transporte por variación del precio del gasóleo.

El Real Decreto Ley 3/2022 de medidas para la mejora en la sostenibilidad del transporte por carretera y del funcionamiento de la cadena logística ha convertido en obligatoria la cláusula de revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del gasóleo establecida en el art. 38 Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías. Como justifica la EM «se establece como obligatoria la revisión del precio del transporte como consecuencia de la variación del precio del combustible entre el momento de la contratación y el de la efectiva realización del transporte, para evitar que la variación coyuntural de una partida esencial en la estructura de costes de las empresas transportistas pueda ser objeto de negociaciones no siempre compensadas. Se trata de una medida especialmente necesaria es el escenario actual de incrementos sostenidos del precio del gasóleo.»

Según el art. 38, la revisión obligatoria está condicionada a que la variación sea igual o superior al 5 por ciento (o un porcentaje inferior si este se pacta). Además, señala que "En los contratos de transporte continuado se aplicarán de forma automática los incrementos o reducciones determinados por la aplicación de los anteriores criterios o fórmulas con carácter trimestral en relación con el precio inicialmente pactado, salvo que se pacte otra periodicidad menor."

La Disposición transitoria primera establece las reglas para los contratos de transporte continuado en vigor a la entrada en vigor de la norma (2 de marzo de 2022), distinguiendo entre contratos que incluyan o no criterios o fórmulas de revisión del precio del transporte por variación del precio del gasóleo:

« 1. Los contratos de transporte continuado vigentes a la entrada en vigor del real decreto-ley que incluyan criterios o fórmulas de revisión del precio del transporte por variación del precio del gasóleo distintos de los establecidos por la Administración en las condiciones generales de contratación del transporte de mercancías por carretera, o una periodicidad superior a trimestral en la revisión del precio, deberán incorporar los criterios o fórmulas fijados por la Administración y sujetarse a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre , en su redacción dada por el presente real decreto-ley, en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del real decreto-ley.

2. En los contratos de transporte continuado vigentes a la entrada en vigor del real decreto-ley que no tuvieran prevista una cláusula de revisión del precio por variación del precio del gasóleo, será obligatoria la revisión del precio del transporte por la variación del precio del gasóleo en los transportes realizados con posterioridad a la entrada en vigor del real decreto ley, de conformidad con las reglas previstas en el artículo 38 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre , en su redacción dada por el presente real decreto-ley.

En la actualización del precio del transporte que proceda llevar a cabo, la variable G de la fórmula de revisión de precios fijada por la Administración en las condiciones generales de contratación, se computará desde los doce meses anteriores a la entrada en vigor de este real decreto-ley cuando el inicio del contrato fuera anterior a dicha fecha.»

Lo anterior debe completarse con Orden FOM/1882/2012, de 1 de agosto, por la que se aprueban las condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera que, entre otra cosas, establece la fórmula para el aumento o reducción del precio según la categoría del vehículo. Así, para vehículos con una masa máxima autorizada igual o superior a 20.000 kilogramos, con excepción de los de obras, la fórmula es la siguiente : ?P = G × P × 0,3 ; 100. Donde ?P = cantidad en que el porteador podrá incrementar el precio contratado en su factura; G = índice de variación del precio medio del gasóleo hecho público por la Administración entre el momento en que se contrató el transporte y aquél en que se realizó efectivamente; P = precio del transporte establecido al contratar.

El índice 0,3 fue actualizado por el Real Decreto-Ley 11/2022 de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica y para la recuperación económica y social de la isla de la Palma, cuyo artículo 13 lo fija en 0,4 para vehículos MMA igual o superior a 20.000 Kg. aplicable desde la entrada en vigor de la referida norma, esto es, el 27 de junio de 2022.

TERCERO.- Revisión de los precio de los transportes.

Denuncia el recurrente infracción de la Disposición transitoria primera punto 2 del Real Decreto-Ley 3/2022 de 1 de marzo. Defiende la corrección de la factura nº NUM002 de fecha 27.12.2022 por importe 6.426,31 € (documento núm. 5), donde se aplica la revisión a los portes realizados en los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2.022, y de la factura nº NUM003 de fecha 28.02.2023 por importe 3.803,90 €, donde se aplica la revisión a los portes realizados en los meses de julio y agosto del 2.022.

A su juicio, dado que nos encontramos ante un contrato continuado que se inició en el año 2018, esto es, antes de la entrada en vigor de dicha norma, y no existiendo una cláusula pactada para la revisión de precios, la fecha de inicio del contrato debe computarse obligatoriamente desde los doce meses anteriores al RDL, esto es, desde marzo de 2021, según resulta de dicha Disposición transitoria, apartado 2. 2ª.

La sentencia de instancia entiende que «... no es posible tomar como punto de partida el precio inicialmente pactado en el contrato de transporte continuado sino el que esté vigente en el momento de apreciar la medida, que sería el fijado para febrero de 2022 hasta marzo y luego el de abril y así sucesivamente, por lo que el cálculo de la parte demandante no puede aceptarse, debiendo procederse a su reclculo conforme a las tarifas vigentes en cada momento como precio de salida.»

La controversia viene suscitada por el hecho de que el contrato inicial, celebrado de forma verbal, no fijó un precio para el transporte. Según resulta de las actuaciones, el precio del transporte lo fijaba CAPSA y, antes de que se realizara el transporte se lo notificaba al transportista, quien era libre de aceptar o no la realización de los portes, de tal manera que, si los efectuaba, después trasladaba ese precio a la factura.

El art. 38 Ley 15/2009 toma como punto de partida para la revisión del precio del transporte el precio del combustible «el día de celebración del contrato».La misma regla aplica la Disposición transitoria primera para los contratos anteriores a la norma, como es el caso, con la particularidad de que entonces «el día de celebración del contrato»se retrotrae a «los doce meses anteriores a la entrada en vigor»de la norma.

Pero como dijimos, dicha regulación está pensada para un contrato que fija un precio inicial sin cláusula de revisión, lo que hace que, con el transcurso del tiempo, el precio del transporte se vea gravemente afectado por la variación del precio del combustible.

No es este el caso, pues el contrato inicial, que según dijimos data de 2018, no fija el precio del transporte. Dado que el contrato de transporte continuado no es un contrato "Marco" ( art.8 LCTTM), no es necesario que tenga reguladas todas las circunstancias, por lo que estas (duración, precio, etc.) pueden modificarse. Y esto es lo que sucedió, pues CAPSA remitió correos electrónicos estableciendo las tarifas para los transportes a realizar a partir de febrero, abril, julio y noviembre de 2022. Así, el correo de 28 de enero de 2022 fijó los precios del transporte para febrero hasta la siguiente revisión, que tuvo lugar en abril de 2022 (correo de 8 de abril), que fijó los precios hasta julio de 2022 (correo de 7 de julio), vigentes hasta noviembre de 2022 (correo de 4 de noviembre), en que se volvieron a revisar.

Por tanto, estima la Sala que lo razonable es aplicar la referida Disposición transitoria sólo para el incremento del precio del gasoil para el transporte verificado en marzo de 2022, cuyo precio fue comunicado en el correo de 28 de enero de 2022 para los precios a partir de febrero, esto es, antes de la entrada en vigor de la referida norma, rigiendo en el resto de los casos el art. 38 LTMC pues las diferentes novaciones tuvieron lugar en fechas posteriores a su entrada vigor. No obstante, debe precisarse que la retroacción para el transporte verificado en marzo de 2022 no puede ser la de la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2022 (marzo de 2021) sino febrero de 2022 dado que en dicha fecha tuvo lugar la revisión de precios.

En nuestra sentencia N.º 409 de 31 de mayo del 2024 lo explicamos con las siguientes palabras: "Por tanto, bien se entienda que se producen sucesivos contratos de transporte de duración trimestral, bien un solo contrato de transporte continuado con sucesivas novaciones contractuales del precio, resulta, a juicio de la Sala, que la aplicación de la Disposición transitoria 1ªdel RDL solo alcanzara a los precios señalados en enero/febrero de 2022 y desde tal fecha y para el resto de los mismos no será de aplicación la normativa transitoria sino tan solo el art. 38 LTMC y ello porque el precio contractual no se retrotrae al año 2018 y, por aplicación de la Disposición transitoria al de un año anterior a la entrada en vigor del RDL -2 de marzo de 2021 -, sino al pactado en cada una de las novaciones o nuevos contratos, llámesele como quiera llamársele. No es una cuestión terminológica la que pueda resolver el conflicto jurídico. El actor a la fecha de cada porte en 2022 conocía cual iba a ser el precio de mismo y solo quedaba a la aleatoriedad el posible incremento del precio del combustible que se solventaba con la aplicación del art. 38 LTMC."

En el supuesto que nos ocupa, de acuerdo con la fórmula de la Orden FOM/1882/2012, la cantidad en que el porteador podrá incrementar el precio será G × P × 0,3: 100, donde G es el índice de variación del precio medio del gasóleo entre la fecha de entrada en vigor de los nuevos precios del transporte para el periodo correspondiente y el momento en que se realizaron efectivamente los transportes, y P el precio del transporte en dichas fechas. Parámetros estos que se tendrán en cuenta a efectos de cuantificar el incremento en ejecución de sentencia, bien entendido que el mismo estará condicionado a que, una vez determinada la variación del precio del combustible en el periodo correspondiente, esta sea igual o superior al 5 por ciento, según previene el art. 38 antes citado.

Esta solución coincide sustancialmente con la reflejada en la sentencia recurrida, bien que aclarando que las bases para llevar a cabo la revisión de precios es la plasmada en este fundamento.

CUARTO.- Intereses de demora.

Muestra el recurrente su discrepancia con la sentencia de instancia respecto a la aplicación de los intereses de demora, tanto porque no se le han reconocido en la factura de los portes realizados en noviembre de 2022, factura nº NUM000 de 30.11.2022 por importe reconocido en sentencia de 20.755,96 € y factura n.º NUM001 de 30.12.2022 por importe reconocido en sentencia de 5.082,53 € (frente a 21.061,26 € y 5.101,45 € reclamados), como porque se han impuesto respecto al impago de las facturas de combustible reclamadas por la demandada reconviniente.

Estima la Sala que debe aplicarse la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. A partir del acuerdo adoptado por los Magistrados del TS en Junta General celebrada el día 20 de diciembre 2005, se estableció una nueva doctrina que atiende al canon de la razonabilidad o criterio de la racionalidad en la oposición para decidir la procedencia de condenar o no al pago de intereses y concreción del "dies a quo" del devengo, introduciendo importantes matizaciones al principio "in illiquidis non fit mora." La STS, a 25 de febrero de 2021 ( ROJ: STS 632/2021) dice: 2.- El carácter líquido de los intereses de demora. Doctrina jurisprudencial aplicable.

En relación con la interpretación de los arts. 1100 , 1101 y 1108 CC , en cuya infracción se basa el primero de los motivos del recurso, hay que comenzar señalando que la doctrina que aplica la sentencia impugnada sobre el tradicional principio de in illiquidis non fit mora ha sido superada por la jurisprudencia más moderna.

En efecto, la jurisprudencia más reciente de esta Sala, contenida, entre otras en la sentencia de 5 de mayo de 2010 , declara:

"La STS de 16 de noviembre de 2007, RC n.º 4267/2000 , declara que, a través de la exigencia de la liquidez de la deuda y con apoyo en el principio in illiquidis non fit mora [tratándose de sumas ilíquidas, no se produce mora] (sin base histórica, ni de derecho positivo), la doctrina jurisprudencial vino manteniendo durante mucho tiempo un criterio muy riguroso que se traducía en requerir, prácticamente y de modo general, la coincidencia de la suma concedida con la suplicada para que pudiera condenarse al pago de los intereses legales desde la interpelación judicial (...), exigencia atenuada a partir de la STS de 5 de marzo de 1992 , seguida por las de 17 de febrero de 1994 , 18 de febrero de 1994 , 21 de marzo de 1994 , 19 de junio de 1995 , 20 de julio de 1995 , 9 de diciembre de 1995 y 30 de diciembre de 1995 , y otras muchas posteriores, en el sentido de sustituir la coincidencia matemática por la "sustancial", con la consecuencia de que una diferencia no desproporcionada de lo concedido con lo pedido no resulta obstáculo al otorgamiento de intereses".

La orientación doctrinal reflejada en estas sentencias se consolida a partir del Acuerdo de 20 de diciembre de 2005, y se plasma, entre otras, en las sentencias de 4 de junio de 2006 , 9 de febrero , 14 de junio y 2 de julio de 2007 , 12 de mayo 2015 , y más recientemente en la sentencia 61/2018, de 5 de febrero . En ellas se explica que, prescindiendo del alcance dado a la regla in illiquidis non fit mora, se atiende al canon de la razonabilidad en la oposición y a la concreción del dies a quo del devengo para decidir la procedencia para condenar o no al pago de intereses."

Específicamente para los intereses de la Ley 3/2004 se pronuncia a favor de la aplicación de esta doctrina, entre otras, la STS, a 05 de diciembre de 2011 ( ROJ: STS 8305/2011) que señala que el artículo 6 Ley 3/2004 de 29 de diciembre, de forma similar a como dispone el artículo 1100 del CC, "subordina el derecho a obtener un interés especial de demora a que el acreedor haya cumplido sus obligaciones contractuales y a que no haya recibido a tiempo la cantidad debida a menos que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso.

En lo que aquí interesa supone ese cumplimiento de sus obligaciones por parte del acreedor, al que se condiciona el pago de los intereses, enlaza con los criterios que esta sala ha establecido en la aplicación del brocardo " in illiquidis non fit mora ", conforme al cual su abono no está condicionado a una predeterminación absoluta de total coincidencia entre la cantidad reclamada y la concedida, sino a un criterio distinto de racionalidad en la oposición cuando hay una contradicción respecto de la totalidad de la suma reclamada; por lo que, como señala la sentencia de 26 de octubre 2010 , "si no ofrecen duda los supuestos de cantidades indiscutibles o reconocidas, igualmente deben admitirse aquellos en que, tratándose de deudas de cantidad, la reducción de la reclamada resulte de compensaciones, exclusión de partidas o contingencias más o menos inicialmente inciertas pero que no justifican o explican la oposición total, pues de otro modo no se evitarían los grandes abusos por parte de los deudores morosos, a los que bastaría discutir, aún infundadamente, sobre la existencia o cuantía de la deuda, para exonerarse del pago de intereses moratorios."

Así pues, la regla general es que, también la facturas nº NUM000 de 30.11.2022 y la factura n.º NUM001 de 30.12.2022 han de devengar los intereses moratorios de la Ley 3/2004 aunque su importe haya sido levemente reducido.

Sin embargo, dado que el mecanismo por el que operaban las partes y que era llevado a cabo por CAPSA consistía en compensar las facturas de transporte a favor de la parte actora con las facturas de gasoil y de seguro, abonadas por CAPSA, y en su caso, con el importe de los daños sufridos por los coches durante el transporte, lo procedente es aplicar los intereses moratorios a la cantidad resultante de la diferencia entre dichos conceptos, con lo que en definitiva sólo el recurrente tendrá derecho al cobro de dichos intereses dado que la liquidación arrojaba un saldo siempre a favor del demandante por ser su factura de importe superior a la suma de las de contrario.

De este modo:

- La factura nº NUM000 de fecha 30.11.2022 y por importe reconocido de 20.755,96 € debe compensarse con con la de gasoil emitida por STARRESSA en la misma fecha por un importe total de 4.186,97 euros, mas 30 euros de la factura rectificativa número NUM005, de 31 de octubre de 2022, mas las facturas NUM006 de CAPSA, de fecha 27/01/2023, por daños en un vehículo, por importe de 1.765,26 euros y NUM007 de CAPSA, de fecha 22/02/2023, por daños en un vehículo transportado en noviembre de 2022, por importe de 1.231,30 euros.

- Y la factura nº NUM001 de fecha 30.12.2022 y por importe reconocido de 5.082,53 € debe compensarse con con la de gasoil emitida por STARRESSA en la misma fecha por un importe de 1.250,03 euros, así como con el importe del seguro (363 euros) .

Las fechas a tomar en consideración para el devengo de intereses es la correspondiente al de vencimiento de las factura de daños de fecha 22/02/2023 en el primera caso y la factura de gasoil de fecha 30.12.2022 en el segundo.

SÉPTIMO.- Costas y depósito.

Sin costas del recurso y con devolución del depósito para recurrir.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de pertinente aplicación,