Sentencia Civil 31/2025 Audiencia Provincial de Segovia Civil-penal Única, Rec. 395/2024 de 31 de enero del 2025

PRIMERO.Se interpone recurso de apelación por la representación de la progenitora demandante contra la sentencia dictada en la instancia, en que se acordaban las medidas definitivas de la pareja en relación con sus hijos, con la atribución de la custodia compartida, fijación de pensión para los hijos a cargo del padre de 400 € mensuales, visitas y denegando el uso de un vehículo propiedad de la sociedad de la que el padre es socio por parte de la madre.

El recurso de apelación impugna la sentencia en relación con el pronunciamiento sobre la custodia compartida, en segundo lugar y de forma subsidiaria, sobre los alimentos fijados para este régimen de custodia; y en tercer lugar respecto del uso de vehículo Mazda X5. Como motivos para la impugnación de cada uno de estos pronunciamientos se sostiene por la parte el error en la valoración de la prueba.

SEGUNDO.En cuanto a la atribución de la custodia compartida, con carácter general debemos indicar que esta Sala ya se ha manifestado de forma reiterada, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Supremo, que el sistema de custodia compartida en principio resulta el más favorable para el desarrollo integral de los menores, si bien la consideración de dicho régimen como el más favorable a los menores no es una presunción iuris et de iureni un criterio absoluto, sino que debe aquilatarse a las circunstancias concretas del caso que se está examinando.

La propia doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya ha declarado la conveniencia de este régimen de custodia, frente al exclusivo de uno de los progenitores, y esta Sala tiene establecido de forma reiterada el criterio de que el régimen deseable de custodia tras la ruptura de la pareja debe ser la custodia compartida y que por lo tanto se deberán acreditar que concurren en el caso circunstancias por las que la misma resulte improcedente, siempre desde la óptica del bienestar integral del menor, que es el interés prevalente.

En este sentido, y con carácter general, el Tribunal Supremo ya tiene una clara doctrina establecida que, siguiendo las sentencias de 25 de abril 2014, 16 de febrero 2015 y 11 de febrero de 2016 , entre otras, ha declarado: "La interpretación del artículo 92, 5 , 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar de guarda y custodia compartida, que se acordará cuando concurran alguno de los criterios reiterados por esta Sala y recogidos como doctrina jurisprudencial en la sentencia de 29 de abril de 2013 de la siguiente forma "debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea".

Por su parte las STS 19 de julio de 2013 o la de 2 de julio de 2014, puntualizan: "se prima el interés del menor y este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor , define ni determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel. Lo que se pretende es aproximar este régimen al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece también lo más beneficioso para ellos".

En el presente caso, la juez de primera instancia ha hecho una valoración detallada de los motivos por los que considera que, en este caso, resulta conveniente para los menores la atribución de la custodia compartida que se solicitaba por el padre. En favor de este régimen de custodia expresa en su sentencia que ambos progenitores cuentan con habilidades para poder desarrollar su función; que los menores han vivido toda su vida en DIRECCION000, dónde se encuentran escolarizados sí que haya razones para cambiar la vida de los menores, al haber sido la madre la que voluntariamente ha decidido venir a vivir a Segovia; que la distancia entre ambas localidades no es elevada y existe buena comunicación; y que la actividad laboral del padre no es impedimento para la custodia compartida por la flexibilidad horaria que tendría para poder compatibilizarla con el cuidado de sus hijos.

TERCERO.Frente a esta argumentación y en forma resumida la parte apelante alega que los progenitores viven en poblaciones separadas unos 30 km y que la demandada carece de vehículo propio; en segundo lugar que la hija Maribel habría preferido vivir con su madre, criticando que el padre no cuide de la menor sino que delegue en sus familiares; en tercer lugar se alega la nula comunicación entre los progenitores; en cuarto se manifiesta la dificultad de los tratamientos médicos en el centro de salud puesto que el pediatra de los niños se encuentra en DIRECCION000, lo que obligaría a la madre a desplazarse a DIRECCION000 para llevar los niños al médico; en quinto lugar se alega la dificultad para realizar las actividades extraescolares por no poder tener continuidad en las mismas, añadido a los desplazamientos que obligaría a los niños para acudir a las actividades extraescolares de DIRECCION000; en sexto lugar se alega las serias dificultades de que los menores tengan arraigo y generen lazos de amistad al estar en semanas alternas en diferentes lugares; en séptimo se manifiesta que en las actividades diarias la madre tiene que desplazarse de Segovia a DIRECCION000 para llevar sus hijos al colegio o a realizar las actividades extraescolares, mientras que el padre no tiene que realizar esos desplazamientos; finalmente considera que la actividad laboral del padre impide que pueda cuidar de sus hijos de forma responsable, al dudar de que vaya a flexibilizar su horario laboral.

Como contestación a estos motivos de recurso debe partirse de una premisa básica, como es que en el régimen de custodia el interés preferente es siempre y en todo caso el bienestar de los menores y no los intereses personales de los progenitores. Se hace expresa mención de este principio porque parece que en el recurso de apelación se olvida ese interés y las alegaciones a lo único que tienden es a poner de relieve la comodidad que supondrá a la madre el tener la custodia monoparental, al evitarle desplazamientos a DIRECCION000.

Es evidente, como dice la juez de instancia que los menores han vivido toda su vida en DIRECCION000, allí tienen su centro de vida, allí se encuentran escolarizados y allí tienen los servicios médicos y su pediatra. Parece que a la madre recurrente estas circunstancias le parecen irrelevantes, extremo que ya de por sí permite poner en duda su intención de poner, por encima de todo, el bienestar de sus hijos. Y es que esta duda se ve acrecentada cuando comprobamos que se ha solicitado como prueba en esta alzada, inadmitida por auto al que nos remitimos, la exploración de los menores, de 10 y 9 años de edad, menores que ya habían sido explorados en el juzgado de primera instancia, sin ninguna necesidad dada su corta edad, y que supone la pretensión de introducir a dichos menores en un litigio entre los padres de los cuales deberían permanecer ajenos en todo lo posible, sin darse cuenta de que nuevas diligencias judiciales sobre ellos, de carácter innecesario, no suponen sino un perjuicio para su bienestar emocional. De la misma forma, se ha pretendido aportar prueba también denegada, consistente en supuestas grabaciones que habría realizado la madre al hijo menor en relación con hechos sucedidos cuando estaba con el padre, en un intento de manipulación del menor que igualmente pone en duda su asunción de la trascendencia del interés superior del mes.

Y en este sentido, algunos de los argumentos que expone, como cuando se refiere a la discontinuidad que llevará las actividades extraescolares, a las dificultades de generar arraigo y lazos de amistad de los menores o a la dificultad de sus tratamientos médicos por tener el pediatra en DIRECCION000; son argumentos que en realidad avalarían una custodia exclusiva por parte del padre, que es el que ha mantenido su vida en DIRECCION000, siendo la madre la que ha decidido venir a Segovia. En realidad, si atribuyésemos la custodia exclusiva paterna, no habría ninguna dificultad en la continuidad de las actividades extraescolares, se generarían un mayor arraigo y lazos de amistad de los menores y no existiría ningún problema para sus tratamientos médicos, puesto que continuarían de forma permanente con el régimen de vida que han seguido desde su nacimiento.

Lo cierto es que en ningún momento el progenitor ha solicitado una custodia monoparental a su favor, por lo que no procede adoptar la misma, considerando, además, como esta Sala ya manifestado que la custodia compartida es el régimen más beneficioso para los menores.

CUARTO.En cuanto al resto de los argumentos que expone la madre contra la custodia compartida, en primer lugar la distancia entre DIRECCION000 y Segovia (25 km por autovía), no se estima que sea lo suficientemente alejada como para impedir este régimen de custodia. El tiempo que se emplea en desplazarse de Segovia a DIRECCION000 no es distinto del que se puede emplear en una gran ciudad, como por ejemplo Madrid, para desplazarse entre barrios alejados o entre localidades de la periferia, sin que ello impida un régimen de custodia compartida. En realidad, con este motivo lo que la parte parece estar alegando es el perjuicio que le causa el tener que desplazarse a llevar a los niños ha dicho pueblo las semanas que ella tiene atribuida la custodia. Pero esta circunstancia no afecta el interés superior del menor, sino como decimos al interés particular de la parte, que insistimos es la que ha decidido ir a vivir fuera de DIRECCION000.

En cuanto a las preferencias de la hija de 10 años, no puede tomarse en consideración sus manifestaciones en la exploración llevada a cabo, puesto que no consta que se le haya dicho que en el caso de que se fuese a vivir con la madre tendría que dejar de vivir en DIRECCION000 y abandonar por tanto su ámbito social, como tampoco consta que se le haya puesto de relieve el hecho de que el padre pueda modificar su horario laboral para estar más tiempo con ella. En cualquier caso, de dicha audiencia no cabe colegir que la menor tenga capacidad de juicio suficiente para decidir sobre sus propios intereses, como lógicamente corresponde a menores de tan corta edad.

Respecto de la falta de comunicación, o inexistencia de la misma, entre los progenitores, es una cuestión que deberá ser superada por ellos a la hora de mantener este régimen de custodia, y habrá que entender que aquel que impida la comunicación será el que esté incurriendo en una grave responsabilidad en la atención a sus hijos y que deberá llevar, contra él o ella, la adopción de las medidas cautelares o definitivas que puedan corresponder. Esta Sala no duda que tanto el padre como la madre quieren a sus hijos y desean lo mejor para ellos, por lo que entendemos que, con seguridad, ambos mantendrán las comunicaciones que sean necesarias para que el régimen de custodia compartida se desarrolle con normalidad. Es evidente que en una relación de ruptura de pareja no se va a solicitar que entre ellos exista una buena relación de amistad, como idealmente sería deseable; pero basta con que exista un interés en los hijos que lleve a esa comunicación de lo que a ellos les afecte.

En todo caso y a este respecto debe decirse que desde el 12 de marzo de 2024 se adoptaron medidas provisionales en la presente causa en la que se adoptó la custodia compartida, custodia compartida que al parecer se ha venido desarrollando con normalidad, puesto que no consta en autos que se haya planteado ningún incidente al respecto, ni en el recurso de apelación se hace constar que haya existido algún obstáculo grave que haya impedido que este régimen se desarrolle con normalidad.

En cuanto al séptimo argumento relativo a los kilómetros que debe realizar la madre para llevar a los niños a DIRECCION000, nos remitimos a lo expuesto al principio de este fundamento, no siendo una cuestión que afecte al interés superior del menor, sino en su caso a la relación económica entre los progenitores.

Por último y en cuanto a la actividad laboral del padre, que impediría el cuidado de sus hijos, como ya se hizo constar en la sentencia y la propia parte admite, el padre, dado su trabajo tiene la posibilidad de flexibilizar su jornada laboral, por lo que no existe inconveniente en que pueda dedicarse al cuidado de sus hijos, sin que sea argumento de peso para proceder a la revocación del régimen de custodia el hecho de que la parte recurrente dude que el padre vaya a flexibilizar dicha jornada laboral.

En todo caso y a este respecto ya hemos expuesto reiteradamente por parte de esta sala que los horarios o las obligaciones laborales de un progenitor no pueden ser causa para impedir que se le pueda atribuir la custodia, puesto que ello supondría penalizar en la relación con sus hijos a aquel progenitor que para aportar ingresos a la familia se ve obligado a trabajar, de forma tal que aquel que no realiza actividad laboral o que trabaje menos se verá beneficiado de tener a sus hijos consigo. Por otra parte, el hecho de que una actividad laboral pueda dificultar un cuidado permanente de los hijos es una situación que se produce en tantas familias monoparentales en las que el padre o madre trabajan, sin que por ello se considere que los hijos se encuentren en una situación de desamparo. Constando en este caso que el padre cuenta además con el apoyo de su familia para cuidar a los menores cuando por razones laborales no puede estar con ellos, no hay razón para considerar esta causa como motivo válido de apelación.

QUINTO.En segundo lugar, se impugna la pensión de alimentos fijada a favor de los hijos de 400 € mensuales, por considerar que la desproporción de ingresos entre el padre y la madre debe dar lugar a una pensión más elevada. En este sentido calcula que según la diferencia salarial existente y las necesidades que estima para los menores y el gasto añadido que supone para la madre los desplazamientos hasta DIRECCION000, entiende que la pensión debería ser de 450 € para cada menor, esto es de 900 € en total.

El apelado discrepa de las cuentas que hace la parte apelante, tanto en lo referido a los ingresos netos del padre una vez atendidos los impuestos, así como el gasto de alimentación y cuidados que suponen los menores.

La juez de instancia ha valorado los ingresos y patrimonio de la madre y del padre para concluir que existe una diferente situación económica que debe dar lugar a que se fije una pensión para que los menores puedan mantener un nivel de vida similar en ambos hogares.

Examinada la prueba documental que determina el patrimonio de uno y otra, se comparte con la juez de instancia y con la parte apelante que el patrimonio e ingresos del padre son muy superiores a los de la madre, lo que éste no niega. Pero no se comparten ni las valoraciones que hace la madre ni las valoraciones que hace el padre sobre la cuantía que conlleva el cuidado de los menores.

En cualquier caso, la pretensión de la parte resultaría incongruente con las propias alegaciones que hacen el recurso de apelación. En el mismo manifiesta que las necesidades ordinarias de ambos menores serían de unos 1000 € mensuales. Por tanto, dado que la custodia compartida reduce a la mitad la carga de las necesidades ordinarias a cargo de la madre, quedaría reducido a unos 500 € mensuales para ambos menores. Pero es evidente que esos 500 € no podrían fijarse como pensión a cargo del padre, porque supondría que la madre no abonaría nada por el cuidado ordinario de sus hijos durante las semanas que los tenga a su cargo. Si atendemos a la proporción establecida en la sentencia para los gastos extraordinarios de 75-25% (sobre la que nada se alega en el recurso para impugnar dicha proporción), la aportación del padre sería de 375 € mensuales. Si a ello se añade los 150 € que la madre calcula que le supone al mes los desplazamientos a DIRECCION000 para llevar a sus hijos, el total de la pensión serían de 525 € mensuales y no los 900 € que solicita en su recurso.

Este motivo ya haría que su pretensión no pudiera ser estimada, puesto que lo antes expuesto se hace sobre la hipótesis de dar por acreditado el gasto ordinario de los menores que la madre alega. No obstante, esta Sala considera que a la vista de la evidente desproporción, no solo de ingresos, sino también de patrimonio entre el padre y la madre, y el hecho de que sea la madre la que deba desplazarse a DIRECCION000 las semanas que ostenta la custodia, creemos que permite incrementar la pensión mensual de alimentos fijada por la juez de instancia a 500 €, en el exclusivo interés de los menores. En este punto tampoco aceptamos la pretensión del padre en el sentido de que los gastos de alimentación, aseo y limpieza de los menores se puedan solventar con 25 € semanales, como expone en su contestación al recurso.

SEXTO.Como último motivo del recurso se impugna la decisión de la juez de instancia de no atribuir a la madre el uso del vehículo Mazda x 5, cuyo titular es la sociedad de la que forma parte el padre, pues considera que el vehículo fue adquirido para el uso familiar concretamente para el uso de la madre para sus desplazamientos, sola o en compañía de sus hijos, entendiendo que debe llevar aplicarse por analogía el artículo 103.5 en relación con el artículo 96.3 del Código Civil.

La juez desestimaba esta pretensión por entender que dichos preceptos no eran de aplicación al no existir matrimonio y por tanto no proceder una aplicación analógica del régimen matrimonial a las relaciones de hecho, entendiendo asimismo que el vehículo es propiedad de la empresa familiar en la que trabaja el demandado y que por lo tanto rota la convivencia entre ellos igualmente queda sin efecto el acuerdo que existiese respecto del uso del vehículo reclamado.

El motivo de apelación debe ser desestimado. Previamente a las alegaciones que se hacen debe tenerse en cuenta cuál es el objeto de este procedimiento. Al tratarse de una relación de hecho en la que los progenitores no se encuentran casados, el objeto de esta causa es única y simplemente resolver sobre la patria potestad y la guarda y custodia de los menores así como sus alimentos. Cualquier cuestión patrimonial entre la pareja queda fuera del objeto de este procedimiento salvo que tenga relación directa con los cuidados vivienda o alimentación de los menores.

El uso de un vehículo no tiene tal consideración por lo que ya solo por este hecho ni siquiera debió ser admitida a trámite la reclamación de la parte de que se le cediese el uso del vehículo. Y esa improcedencia de tratar esta cuestión en este procedimiento hace que en este momento sea causa suficiente para inadmitir su pretensión.

En todo caso y en cuanto a sus alegaciones, no se entiende la mención que en este momento se hace el artículo 103.5 CC, que se refiere a las medidas provisionales, momento procesal en el que no nos hallamos. En cuanto a la remisión al artículo 96.3 CC, este dispone, para el supuesto de ruptura de relación matrimonial, lo que no es el caso, que "Para disponer de todo o parte de la vivienda y bienes indicados cuyo uso haya sido atribuido conforme a los párrafos anteriores, se requerirá el consentimiento de ambos cónyuges o, en su defecto, autorización judicial. Esta restricción en la facultad dispositiva sobre la vivienda familiar se hará constar en el Registro de la Propiedad. La manifestación errónea o falsa del disponente sobre el uso de la vivienda no perjudicará al adquirente de buena fe".Como vemos este precepto no tiene absolutamente ninguna relación con el supuesto que nos ocupa.

Quizá la parte con la mención al artículo 96.3 a lo que se refiere es a lo expuesto en el artículo 93.1 que establece que "En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por la autoridad judicial, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad".

Pero este precepto que es el único que menciona a objetos de uso ordinario se refiere al uso de la vivienda y los objetos de uso ordinario de ella, y es difícil entender que un vehículo constituya un objeto de uso ordinario de la vivienda.

Finalmente, compartir con la juez de instancia que el vehículo no era propiedad del padre, sino de una sociedad en la que él es uno de los socios, por lo que, rota la relación de la pareja, no se puede pretender que pueda seguir utilizando un vehículo propiedad de una sociedad sin que esa sociedad lo autorice previamente.

Por tanto, en ningún caso su pretensión podría haber sido admitida y debe dar lugar a la desestimación de este motivo de apelación.

SÉPTIMO.Finalmente, en su pedimento subsidiario y sin menciona alguna en la fundamentación del recurso se solicita que de mantenerse el régimen de custodia compartida la entrega se haga los domingos a las 20:00 h en lugar de los lunes, como establece la sentencia, manifestando que se trata de un deseo de los progenitores comunicado al juzgado. Lo cierto es que el apelado, en su oposición al recurso nada menciona al respecto, por lo que no podemos dar por hecho que exista ese acuerdo entre los progenitores, máxime si como dice a lo largo del cuerpo del recurso no existe comunicación entre ellos.

Es cierto que el padre reconveniente solicitaba el cambio de custodia los domingos en su demanda, pero también lo es que habiéndose fijado el lunes por parte de la juez de instancia, se ha aquietado con ese pronunciamiento.

Por tanto, no dándose razón alguna por la que se considere que es mejor para los menores el cambio de custodia el domingo en lugar del lunes, no procede la modificación de la sentencia dictada; sin perjuicio de que los progenitores, en el desarrollo del régimen de custodia, consideren de mutuo acuerdo que es mejor para sus hijos realizar ese cambio al domingo, lo que podrán llevar a cabo en tanto dicho acuerdo persista.

OCTAVO.Dada la materia sobre la que versa el recurso, no procede imponer las cotas de esta alzada a ninguna de las partes.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación