Sentencia Civil Nº 170/2015, Audiencia Provincial de Leon, Sección 2, Rec 243/2015 de 27 de Julio de 2015

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  • Orden: Civil
  • Fecha: 27 de Julio de 2015
  • Tribunal: AP - Leon
  • Ponente: Muñiz Diez, Antonio
  • Núm. Sentencia: 170/2015
  • Núm. Recurso: 243/2015
  • Núm. Cendoj: 24089370022015100166
Resumen:

MATERIAS NO ESPECIFICADAS


Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

LEON

SENTENCIA: 00170/2015

AUD. PROVINCIAL SECCION Nº. 2

LEON

N01250

C., EL CID, 20

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

Tfno.: 987/233159 Fax: 987/232657

N.I.G. 24010 41 1 2014 0001499

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000243 /2015

Juzgado de procedencia:JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.2 de LA BAÑEZA

Procedimiento de origen:PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000199 /2014

Recurrente: Casimiro

Procurador: ANGEL LORENZO BECARES FUENTES

Abogado: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Recurrido: BANCO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA SAU

Procurador: SIGFREDO AMEZ MARTINEZ

Abogado: ALEJANDRO GARCIA MORATILLA

SENTENCIA NUM. 170-15

ILMOS/A SRES/A:

D. ALBERTO FRANCISCO ALVAREZ RODRIGUEZ.- Presidente

D. ANTONIO MUÑIZ DIEZ.- Magistrado

Dª Mª DEL PILAR ROBLES GARCIA.- Magistrada

En León, a veintisiete de julio de dos mil quince.

VISTOSen grado de apelación ante esta Sección Segunda de la Audiencia Provincial de León, los Autos de Procedimiento Ordinario 199/2014, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de La Bañeza, a los que ha correspondido el Rollo Recurso de Apelación (LECN) 243/2015, en los que aparece como parte apelante D. Casimiro , representado por el Procurador D. Ángel Lorenzo Becares Fuentes y asistido por el Letrado D. Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez y como parte apelada BANCO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA SAU, representada por el Procurador D. Sigfredo Amez Martínez y asistido por el Letrado D. Alejandro García Moratilla, sobre nulidad de préstamo personal, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. ANTONIO MUÑIZ DIEZ.

Antecedentes

PRIMERO.-Por el Juzgado expresado al margen, se dictó sentencia en los referidos autos, con fecha 27 de marzo de 2015 , cuya parte dispositiva, literalmente copiada dice así: 'FALLO:Que desestimando la demanda presentada por Don Casimiro representado por el Procurador Sr. Bécares Fuentes contra la entidad BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA S.A. representada por el Procurador Sr. Ámez Martínez, le absuelvo de las pretensiones formuladas en su contra con imposición a la parte actora de la obligación al pago de las costas procesales causadas '.

SEGUNDO.-Contra la relacionada sentencia, se interpuso por la parte demandante recurso de apelación ante el Juzgado, y dado traslado a la contraparte, por ésta se presentó escrito de oposición, remitiéndose las actuaciones a esta Sala y señalándose para la deliberación, el día 20 de Julio de 2015.

TERCERO.-En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.


Fundamentos

PRIMERO.-Por D. Casimiro se formuló demanda frente a 'Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.', en la que venia a interesar: a) actúe el juez de oficio y decrete la suspensión de la ejecución hipotecaria número 68/2013 que se sustancia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero 1 de La Bañeza en base a los argumentos sobre cláusulas abusivas que expone en el hecho séptimo; b) se decrete la nulidad ex tunc del préstamo personal numero NUM000 incurso en el proceso de ejecución de títulos no judiciales 91/2013 sustanciado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero 1 de La Bañeza, procediéndose al sobreseimiento consiguiente de este proceso; c) se declare la situación recogida en el RDL 6/2012 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social y la correspondiente aplicación del Código de Buenas Practicas Bancarias, mediante el cumplimiento de lo establecido en el punto 1 del anexo procediendo a la reunificación de todas las deudas con garantía hipotecaria y que declarada la nulidad del préstamo personal, se incorpore al nominal dicha cantidad para proceder a la subrogación de este en la fecha de su aplicación, conformado todas las posiciones deudoras un único préstamo con garantía hipotecaria que bajo el termino novativo se incluyan las condiciones establecidas en el RDL 6/2012 y sus modificaciones de la Ley 1/2013 y el correspondiente Código de Buenas Practicas, no siendo preceptivo incorporar cláusulas que por abusivas, sean susceptibles de nulidad; y d) se condene, expresamente, en costas a la parte demandada.

La demandada, 'Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.' se opuso a la demanda.

La sentencia de instancia desestima íntegramente la demanda.

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de D. Casimiro por los motivos que pasamos a examinar.

SEGUNDO.-Por parte de D. Casimiro y como primer motivo de recurso se viene a denunciar la existencia de una incongruencia extra petita, que estima se ha producido al considerar la solicitud de declaración sobre la actuación de oficio por parte del juez ante posibles cláusulas abusivas, como si de una estricta acción de nulidad de esas cláusulas se tratase, manifestándose así la juzgadora de instancia sobre pretensiones no formuladas que altera la causa de pedir y los hechos que fundamentan las pretensiones, siendo así que el objeto principal de la demanda interpuesta es la aplicación de la reestructuración de la deuda en base a la aplicación del Código de Buenas Practicas Bancarias recogido en el RDL 6/2012, y vencer aquellas dificultades que han venido a impedir su aplicación, como solución idónea para ambas partes, y al entender que ha de ser el Tribunal donde se turna la ejecución el que, en todo caso, debe dirimir la cuestión relativa a la abusividad de las cláusulas.

Como dice la STS de 7 de mayo de 2015 'En relación con el presupuesto de congruencia debe señalarse, tal y como se expone en la STS de 18 mayo 2012 (núm. 294, 2012) que constituye doctrina de esta Sala que el deber de congruencia, consistente en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, se cumple cuando la relación entre el fallo y las pretensiones procesales no está sustancialmente alterada en su configuración lógico- jurídica ( STS de 14 de abril de 2011 ).

El juicio sobre congruencia de la resolución judicial precisa, por tanto, de la confrontación entre su parte dispositiva -dictum- y el objeto del proceso, delimitado, a su vez, por los elementos subjetivos del proceso, las partes, como por los elementos objetivos, la -causa de pedir-, entendida como el hecho o conjunto de hechos que producen efectos jurídicos y resultan esenciales para el logro de las pretensiones solicitadas, y el propio -petitum- o pretensión solicitada, ( STS de 13 de junio de 2005 ). De esta forma, la congruencia no se mide en relación con los razonamientos o con la argumentación, sino poniendo en relación lo pretendido en la demanda con la parte dispositiva de la sentencia ( SSTS de 30 de marzo de 1988 , y 20 de diciembre de 1989 ). En parecidos términos, cabe señalar que esta labor de contraste o comparación no requiere que se realice de un modo estricto, esto es, que se constate una exactitud literal o rígida en la relación establecida, sino que se faculta para que se realice con cierto grado de flexibilidad bastando que se dé la racionalidad y la lógica jurídica necesarias, así como una adecuación sustancial y no absoluta ante lo pedido y lo concedido; de tal modo que se decide sobre el mismo objeto, concediéndolo o denegándolo en todo o en parte ( STS de 4 de octubre de 1993 ). En esta línea, y en términos generales, también hay que señalar que las sentencias absolutorias no pueden ser tachadas de incongruencia por entenderse que resuelven todas las cuestiones suscitadas en el pleito, salvo casos especiales ( SSTS de 10 de diciembre de 2004 y 5 de febrero de 2009 ). Con lo que la incongruencia extra petita (fuera de lo pedido), en relación con el principio de iura novit curia, se produce en la medida en que la facultad que tiene el tribunal para encontrar o informar el derecho aplicable a la solución del caso comporta la alteración de los hechos fundamentales, causa de pedir, en que las partes basen sus pretensiones ( SSTS de 6 de octubre de 1988 y 1 de octubre de 2010 )'. En este mismo sentido la STS de 13 de febrero de 2008 señala que 'la congruencia es la relación entre el suplico de la demanda y el fallo de la sentencia, no dándose, en principio, incongruencia en la absolutoria. La doctrina jurisprudencial es clara en este sentido: tal como resume la sentencia de 3 de febrero de 2005 , 'siendo la congruencia la adecuada relación entre el suplico de la demanda y el fallo de la sentencia ( sentencias de esta Sala, entre otras, de 2 de marzo de 2000 , 11 de abril de 2000 , 10 de abril de 2002 , 8 de noviembre de 2002 ) sin alcanzar a los razonamientos (11 de marzo de 2003 ) y siéndolo, en principio, la sentencia desestimatoria (1 de octubre de 2001 y 19 de junio de 2003 )', en este caso se han resuelto todas las peticiones al ser desestimadas todas ellas ; y la sentencia de 30 de enero de 2008 , a su vez, insiste, con gran bagaje de sentencias: 'como la congruencia pone en relación los solicitado con lo resuelto en el 'fallo' de la sentencia y no con los fundamentos jurídicos que preceden al mismo ( sentencias de 16 febrero y 17 mayo 1984 , 20 marzo 1986 , 22 y 26 diciembre 1989 , citadas en el mismo sentido por las de 6 noviembre 2006 y 4 julio 2007 ), no cabe sostener la incongruencia de las sentencias absolutorias salvo en los supuestos en que la parte demandada hubiera aceptado alguna de las pretensiones deducidas en la demanda, pues no siendo así es claro que la sentencia absolutoria da respuesta -desestimatoria- a la totalidad de las pretensiones de la parte demandante, según reiterada doctrina de esta Sala expresada, entre las más recientes, en sentencias de 28 abril , 27 octubre y 21 noviembre 2005 , 27 octubre 2006 , 2 febrero , 26 abril y 12 junio 2007 )'.

Pues bien, en el presente caso el argumento para sustentar que la sentencia recurrida incurre en vicio procesal de incongruencia consiste en que en los fundamentos jurídicos 2º y 3º se realiza un estudio de cuestiones relativas a cláusulas abusivas en la escritura de préstamo hipotecario de 7 de enero de 2003 cuando no se ha ejercitado ninguna acción de nulidad de tales cláusulas y al entender que debe ser el Tribunal donde se turna la ejecución el que, en todo caso, debía dirimir tal cuestión. El motivo debe perecer inexcusablemente, porque, como dice la STS de 11 de marzo de 2003 'o ignora o pretende ignorar, que el tema de la incongruencia ha de resultar de la comparación de lo postulado en el suplico de la demanda y los términos del fallo combatido, como recogen, entre otras muchas, las sentencias de esta Sala de 15 de febrero , 5 de octubre y 14 de diciembre de 1992 , 6 de marzo de 1995 , 5 de febrero , 30 de marzo , 23 y 31 de julio y 30 de noviembre de 1996 , 13 de mayo de 1998 , 26 de febrero de 1999 y 22 de septiembre de 2000 , y sin que tal exigencia alcance a los razonamientos utilizados por las partes - sentencias de 30 de abril y 13 de julio de 1991 y 11 de abril de 1995 - o a lo razonado por el Tribunal en su fundamentación jurídica - sentencias de 16 de marzo de 1990 y 12 de septiembre de 2000 '. Además, habiéndose desestimado la demanda en su totalidad en este litigio la sentencia no resulta, ni puede resultar incongruente conforme a la reiterada doctrina del Tribunal Supremo, anteriormente expuesta, de que no existe incongruencia en las sentencias absolutorias, porque resuelven todas las cuestiones suscitadas en el pleito.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

TERCERO.-Como segundo motivo de recurso se viene a denunciar la existencia de error en la valoración de la prueba en cuanto al examen de la posible abusividad de las cláusulas del préstamo hipotecario de 7 de enero de 2003.

Dado que, como la propia parte recurrente resalta en su escrito de recurso, en ningún momento se ha interesado la nulidad de dichas cláusulas, y que el examen sobre su posible abusividad puede ser opuesto en el proceso de ejecución hipotecaria en el marco del 695.1 4ª de la LEC, o promoviendo el incidente extraordinario de oposición previsto en la Disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013, de 14 de mayo , de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, en caso de que, a la entrada en vigor de dicha Ley hubiese ya transcurrido el periodo de oposición y que, por tanto, ningún pronunciamiento cabe hacer al respecto en el presente procedimiento, y que lo mismo puede decirse respecto al préstamo personal de 7 de octubre de 2011, se esta en el caso de desestimar el motivo.

En todo caso entiende este Tribunal que no concurre motivo legal para proceder a la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria.

CUARTO.-En el recurso, y como tercer motivo del mismo, se viene a alegar la incongruencia en que se dice incurre la sentencia impugnada por cuanto que la misma ha omitido pronunciarse sobre algunos de los pedimentos contenidos en la demanda, concretamente sobre la petición de nulidad del préstamo personal de fecha 7 de octubre de 2011, por aplicación de la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios.

En el presente caso en el suplico de la demanda, aparte otros pedimentos, se interesa 'se decrete la nulidad ex tunc del préstamo personal numero NUM000 [..]', y en el hecho octavo se invoca también para fundar aquella la Ley de 23 de julio de 1908, y aunque es cierto que en la fundamentación jurídica ninguna alusión se contiene a si el préstamo resulta usurario o no, pues únicamente se examina la abusividad de sus cláusulas, cuestión que debe remitirse al procedimiento de ejecución, no lo es menos que en el fallo de la sentencia se desestima tal pedimiento, y que como ya antes se expuso, al tratarse de una sentencia absolutoria no puede hablarse de incongruencia, sin perjuicio de que al reiterarse en esta alzada tal petición de declaración de nulidad de pleno derecho del contrato de préstamo personal de fecha 7 de octubre de 2011 por ser contrario a la Ley de Represión de la Usura, de 23 de julio de 1908, debe entrarse ahora a examinar tal cuestión.

Queda acreditado que el hoy recurrente D. Casimiro suscribió con la entidad 'Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad', el 7 de octubre de 2011, una póliza de préstamo con garantía personal (doc. nº 5 de la demanda, folios 22 ss) por la que el prestatario confesó recibir la cantidad de 6.301,72 euros de la citada entidad financiera. El plazo de duración del préstamo quedó establecido hasta el día 7 de octubre de 2016, fecha en la que debía quedar totalmente pagado. Los intereses ordinarios se pactaron a un interés nominal anual del 9,0000 %, referencia fija durante toda la vigencia del préstamo, y el interés de demora, al tipo del 26,0000 % anual.

Como dice la STS de 22 de febrero de 2013 'Tal como recuerda la reciente sentencia de 18 de junio de 2012 , la ley de represión de la usura se encuadra dentro del esquema liberal de nuestro Código Civil que sienta la base del sistema económico sobre el libre intercambio de bienes y servicios y la determinación de su respectivo precio o remuneración en orden a la autonomía privada de las partes contratantes, 'pacta sunt servanda'. De esta forma, artículo 1293 , el Código subraya la derogación de la legislación Antigua sobre la materia, caso de Partidas que admitía, al compás de nuestro Derecho histórico, la rescisión por lesión en la compraventa, proscribiéndose toda suerte de rescisión por lesión que afectase al tráfico patrimonial. De ahí, entre otros extremos, su referencia expresa al 'contrato', no considerando como tal la partición de la herencia cuya rescisión por lesión quedó permitida en el seno del artículo 1074 del Código. La libertad de precios, según lo acordado por las partes, se impone como una pieza maestra de la doctrina liberal en materia de contratos ( SSTS 9 de abril 1947 , 26 de octubre de 1965 29 de diciembre 1971 , y 20 de julio 1993 ). De este modo, el control que se establece a través de la ley de represión de la usura no viene a alterar ni el principio de libertad de precios, ni tampoco la configuración tradicional de los contratos, pues dicho control, como expresión o plasmación de los controles generales o límites del artículo 1255, se particulariza como sanción a un abuso inmoral, especialmente grave o reprochable, que explota una determinada situación subjetiva de la contratación, los denominados préstamos usurarios o leoninos'.

El articulo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 , de represión de la usura, dispone que 'Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales'.

Como dice la STS de 2 de octubre de 2001 'la comparación no debe tener lugar con el denominado interés legal, sino con el interés normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad contractual existente en esta materia para supuestos como el presente [..]', y teniendo en cuenta que los únicos intereses a valorar son exclusivamente los remuneratorios o retributivos del préstamo, no así los moratorios o de demora, pues estos, como recuerda la STS de 4 de junio de 2009 , con remisión a la anterior de 2 de octubre de 2001, 'no tienen la naturaleza jurídica de intereses reales, sino que se califican como de sanción o pena con el objeto de indemnizar los perjuicios causados por el retraso del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que hace que no se considere si exceden o no del interés normal del dinero, ni cabe configurarlos como leoninos, ni encuadrarlos en la ley de 23 de julio de 1908 '.

Pues bien, no se ha demostrado que el interés remuneratorio pactado en este caso (9,00 %), por mas que sea superior al legal del dinero en ese momento (4,00%), excediera del que, en esas fechas, se venia exigiendo por otras entidades de crédito para préstamos personales, ni tampoco puede considerarse desproporcionado, siendo importante este respecto resaltar que no nos encontramos ante un préstamo garantizado con hipoteca, sino ante un préstamo personal en los que el tipo de interés pactado siempre es mas elevado, precisamente por la ausencia de garantía real que tienen los prestamos hipotecarios y cuando, además, el nivel de deuda del prestatario que tenia concertados otros prestamos hipotecarios anteriores, aumentaba el riesgo crediticio de la operación, cuya finalidad precisamente era la de destinar el capital obtenido al pago de la ultima cuota de amortización del préstamo hipotecario suscrito por el Sr. Casimiro , junto con la que entonces era su esposa, con fecha 2 de julio de 1996, y las deudas derivadas de atrasos de los prestamos hipotecarios, suscritos también por el mismo junto con su esposa, con fechas 7 de enero de 2003, 17 de mayo de 2006, y 5 de diciembre de 2008.

Tampoco se ha acreditado que el interés fuera impuesta por la entidad prestamista y aceptado por el prestatario a causa de la situación angustiosa en que se encontraba, pues aun siendo cierto la existencia de dificultades económicas al tiempo de celebración del contrato controvertido, que no podían ser desconocidas para 'Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad', ello no puede servir de base para apreciar que la operación se realizó con aprovechamiento de la situación angustiosa en orden a calificarla como usuraria, pues si, por un lado, la tasa del interés del 9% no era excesivamente elevada, por otro lado, nos hallamos ante una operación de refinanciación que daba al deudor la oportunidad de tratar de superar las dificultades económicas de liquidez y evitar las repercusiones negativas para su patrimonio que habrían de derivar del impago de los prestamos hipotecarios anteriormente contraídos y, cuando, además, el Sr. Casimiro , al menos en fechas inmediatamente anteriores contaba con ingresos procedentes de su trabajo, los que, fuera de un periodo en que estuvo percibiendo una prestación por desempleo (folio 50), ha continuado percibiendo, según resulta de las nominas aportadas correspondientes a los años 2013 y 2014 (folios 51 a 59), y de la consulta de situaciones laborales de la TGSS (folio 215), de la que resulta estar dado de alta desde el 09-11-2014, en la empresa 'Transportes de León y Cataluña, S.L.'. En definitiva, de lo anterior, deriva que el Sr. Casimiro contrató libremente con 'Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad', y sin que su voluntad estuviera condicionada por una situación económica angustiosa.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

QUINTO.-Solicita el actor, y ello constituye el siguiente motivo de recurso, que se aprecie su situación de exclusión social de conformidad con lo establecido en el art. 3 del Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo y solicita por la misma razón la correspondiente aplicación del Código de Buenas Practicas Bancarias, mediante el cumplimiento de lo establecido en el punto 1 del anexo procediendo a la reunificación de todas las deudas con garantía hipotecaria y que declarada la nulidad del préstamo personal, se incorpore al nominal dicha cantidad para proceder a la subrogación de este en la fecha de su aplicación, conformado todas las posiciones deudoras un único préstamo con garantía hipotecaria que bajo el termino novativo se incluyan las condiciones establecidas en el RDL 6/2012 y sus modificaciones de la Ley 1/2013 y el correspondiente Código de Buenas Practicas, no siendo preceptivo incorporar cláusulas que por abusivas, sean susceptibles de nulidad por la misma razón que se exhorte a la parte ejecutante para promover la mediación.

Para mejor comprensión de la cuestión debatida deben tenerse en cuenta los hechos siguientes:

a) En fecha 7 de enero de 2.003 D. Casimiro y su esposa Dª Maribel y la entidad 'Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad' suscribieron una escritura de préstamo y constitución de hipoteca, ante el notario de La Bañeza D. Maximino Álvarez Solís, con número de protocolo 45 (folios 87 ss), por un importe de 30.000,00 euros, con una duración de veinticinco años, a reintegrar mediante trescientas cuotas mensuales consecutivas, compresivas de la amortización de capital y pago de intereses, pagaderas por meses vencidos, un interés ordinario de 6,25% de interés nominal anual durante el primer año de duración del préstamo, y a continuación con un interés variable especificado en la escritura, que en ningún caso podría ser superior al 12,00%, ni inferior al 3,00%, pactándose igualmente que las cantidades vencidas en concepto de amortización y no satisfechas en sus respectivos vencimientos, devengarían un interés de demora equivalente al tipo de interés nominal anual que en ese momento devengue el préstamo, incrementado en seis enteros, liquidable día a día, utilizando el año comercial de 360 días, y sin que en ningún caso el tipo de interés de demora pudiera ser superior al 18,00% ni inferior al 9,00%. La garantía hipotecaria se constituye sobre la vivienda letra DIRECCION000 , Portal NUM001 , de un edificio en término de La Bañeza, c/ DIRECCION001 nº NUM002 , propiedad de los prestatarios.

b) Con fecha 17 de mayo de 2.006, las mismas partes suscribieron otra escritura de préstamo hipotecario, ante el notario de La Bañeza D. Maximino Álvarez Solís, con número de protocolo 762 (folios 109 ss), por un importe de 23.000,00 euros, con una duración de quince años, a reintegrar en ciento ochenta cuotas mensuales consecutivas, compresivas de la amortización de capital y pago de intereses, pagaderas por meses vencidos, con un interés ordinario de 4,15% de interés nominal anual durante el primer año de la vida del préstamo, y a continuación con un interés variable especificado en la escritura que en ningún podía ser superior al 12,50% ni inferior al 3,50%; pactándose igualmente que las cantidades vencidas en concepto de amortización y no satisfechas en sus respectivos vencimientos, devengarían un interés de demora equivalente al tipo de interés nominal anual que en ese momento devengue el préstamo, incrementado en seis enteros, liquidable día a día, utilizando el año comercial de 360 días, y sin que en ningún caso el tipo de interés de demora pudiera ser superior al 18,50% ni inferior al 9,50%. La garantía hipotecaria se constituye sobre la vivienda letra DIRECCION000 , Portal NUM001 , de un edificio en término de La Bañeza, c/ DIRECCION001 nº NUM002 , propiedad de los prestatarios.

c) Con 5 de diciembre de 2.008, las partes suscriben otra escritura de préstamo hipotecario, ante el notario de La Bañeza D. Alfonso García Melón, con número de protocolo 1484 (folios 142 ss), por un importe de 24.000,00 euros, con una duración de veinticinco años, a reintegrar en trescientas cuotas mensuales consecutivas, comprensivas de la amortización de capital y pago de intereses, con un interés ordinario de 6,25% de interés nominal anual durante el primer año de la vida del préstamo, y a continuación con un interés variable especificado en escritura que en ningún podría ser superior al 12,50% ni inferior al 3,50%; pactándose igualmente que las cantidades vencidas en concepto de amortización y no satisfechas en sus respectivos vencimientos, devengarían un interés de demora equivalente al tipo de interés nominal anual que en ese momento devengue el préstamo, incrementado en seis enteros, liquidable día a día, utilizando el año comercial de 360 días, y sin que en ningún caso el tipo de interés de demora pudiera ser superior al 18,50% ni inferior al 9,50%. La garantía hipotecaria se constituye sobre la vivienda letra DIRECCION000 , Portal NUM001 , de un edificio en término de La Bañeza, c/ DIRECCION001 nº NUM002 , propiedad de los prestatarios.

d) En fecha 7 de octubre de 2.011, se formaliza entre D. Casimiro y 'Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad' una póliza de préstamo con garantía personal (folios 22 ss), por un importe de 6.301,72 euros, con una duración hasta el 7 de octubre de 2016, obligándose el prestatario a la amortización periódica de su importe conforme a la Tabla de Pagos que se incorpora al final de la póliza y de la que forma parte, con un interés ordinario de 9,0000 por ciento de interés nominal anual durante toda su vigencia, pactándose igualmente que la mora en el pago de las cantidades vencidas en concepto de amortización e intereses y no satisfechos en sus respectivos vencimientos, devengaría un interés moratorio del 25,0000 por ciento, calculado día a día y utilizando como base el año de 360 días.

e) Con fecha 25 de septiembre de 2009, se dictó Sentencia (folios 34 a 36) por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de La Bañeza , en los autos de Divorcio de mutuo acuerdo registrados con el número 486/2009, que acordó, además del divorcio de los esposos, D. Casimiro y Dª Maribel , la aprobación del convenio regulador que los cónyuges pactaron en 16 de julio de 2009 (folios 30 a 33), en el cual se acuerda, en liquidación de la sociedad de gananciales, adjudicar al Sr. Casimiro la vivienda sita en el nº NUM002 - NUM001 DIRECCION000 de la DIRECCION001 de La Bañeza, asumiendo este la totalidad de los prestamos hipotecarios suscritos con la entidad mercantil Caja España.

f) Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de La Bañeza y bajo el núm. 91/2013 se siguen autos de Ejecución de Titulo no Judicial a instancias de Caja España contra D. Casimiro , con soporte en la póliza de préstamo personal suscrita con fecha 7 de octubre de 2011.

g) Ante el mismo Juzgado y bajo el num. 68/2013, se siguen autos de Ejecución Hipotecaria, en base a la escritura de constitución de préstamo hipotecario celebrado el día 7 de enero de 2003.

h) Con fecha 18 de diciembre de 2013 D. Casimiro presentó ante 'Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad', solicitud de reestructuración de la deuda hipotecaria (folios 40 a 42), que fue rechazada por aquella, por no cumplir los requisitos exigidos en el art. 3.1 y 3.2 RD-ley 6/2012, modificado por el capitulo IV de la Ley 1/2013, de 14 de mayo , de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (folios 442 a 44); solicitada por el Sr. Casimiro , con fecha 17 de enero de 2014, la revocación de la anterior decisión (folios 46-47), por parte de 'Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.', se reitero el rechazo en comunicación de fecha 17 de marzo de 2014 (folio 48), 'por cuanto hemos podido constatar que usted no está incluido en el umbral de exclusión, al no cumplir las circunstancias establecidas en la letra d) del numero 1 del articulo 3 del Real-Decreto 6/2012, de 9 de marzo a que alude en su escrito, que requiere que el préstamo garantizado con hipoteca recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y que este hubiere sido concedido para la adquisición de la vivienda, lo cual no sucede en este caso'. A mayores, el Sr. Teofilo , director de la sucursal en La Bañeza de 'Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.', que compareció como testigo en el acto del juicio, manifestó que no había posibilidad de reestructurar la deuda ya que la finca hipotecada tenia una anotación de embargo del BBVA, y que de proceder a aquella, se limitaba el rango de las hipotecas, además de también tenia que firmar la otra prestataria, la Sra. Maribel , que no iba a comparecer, ya que sino se perdían las garantías de la misma.

El Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, establece diversos mecanismos conducentes a permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago, así como la flexibilización de la ejecución de la garantía real. El modelo de protección diseñado gira en torno a la elaboración de un código de buenas prácticas al que, voluntariamente, pueden adherirse las entidades de crédito y demás entidades que, de manera profesional, realizan la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios, y se realiza a través de la aplicación de las medidas contenidas en el citado Código, que figura como Anexo al citado real decreto-ley, mediante las que se facilita y promueve la implicación del sector financiero español en el esfuerzo requerido para aliviar la difícil situación económica y social de muchas familias.

Conforme dispone el articulo 2 del expresado las medidas previstas en el mismo se aplicarán a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre situado en el umbral de exclusión y que estén vigentes a la fecha de su entrada en vigor, considerándose situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando concurran en ellos todas las circunstancias que se expresan en el art. 3 del mismo real-decreto .

En el presente caso, y aunque se aceptara que el Sr. Casimiro , como admite la propia demandada, personal e individualmente, se encontrara en el umbral de exclusión establecido en el precitado real-decreto, al no superar los ingresos de los miembros de la unidad familiar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas, y haber sufrido en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar una alteración significativa de sus circunstancias económicas, es lo cierto, de una parte, que las medidas de reestructuración de la deuda hipotecaria, quita o incluso dación en pago como medio liberatorio previstas en el Real Decreto Ley 6/2012, modificado por la Ley 1/2013 de 14 de mayo, y tal como se expresa en el Código de Buenas Prácticas que figura como Anexo al mismo, deben ser solicitadas por los deudores a la entidad financiera acompañando, junto con la solicitud de reestructuración, la documentación prevista en el artículo 3.3 del citado Real Decreto -ley, cosa que no consta que se haya hecho por la Sra. Maribel que, con independencia de los acuerdos suscritos en el convenio regulador de divorcio, que no resultan oponibles frente a terceros, sigue teniendo la condición de deudora frente a la entidad demandada en su condición de prestataria en los prestamos con garantía hipotecaria suscritos por ambos cónyuges, y de otra, que se desconocen la circunstancias que concurren en la misma y, por consiguiente, si se encuentre situada en el umbral de exclusión. Por lo demás, y para la aplicación de las medidas complementarias y sustitutivas de la ejecución hipotecaria a que se refieren los apartados 2 y 3 del Anexo, es además preciso, conforme al art. 3. 2 b) del Real Decreto Ley 6/2012 que se cumpla el requisito de 'que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor o deudores y concedido para la adquisición de la misma', situación que no se da en el presente caso en que el único préstamo concedido para la adquisición de la vivienda lo fue en escritura autorizada en la Bañeza, el día 2 de julio de 1996, por el notario D. Vicente Soriano García, con el número 347 de su protocolo, y que ha sido ya amortizado en su totalidad con fecha 7 de octubre de 2011. Finalmente señalar que se solicita la reestructuración incluyendo un préstamo personal cuando con arreglo al art. 2 del Real Decreto Ley 6/2012 las medidas previstas en el mismo solo son aplicables a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.

Por lo expuesto, también este motivo de recurso debe ser desestimado.

SEXTO.-El ultimo motivo de recurso interpuesto, con carácter subsidiario, por D. Casimiro dirige a impugnar el pronunciamiento sobre costas que se contiene en la sentencia recurrida alegando la existencia, en el presente caso, de serias dudas de hecho y derecho que justifican excepcionar el principio del vencimiento objetivo en costas de acuerdo con lo estatuido en el artículo 394 1 LEC .

El sistema general de imposición de costas recogido en el articulo 394 LEC se basa fundamentalmente en el principio del vencimiento objetivo, si bien se establece como pauta limitativa que afecta al principio del vencimiento, la posibilidad de excluir la condena cuando concurran circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición, lo que en régimen del citado precepto tiene lugar cuando el caso presente serias dudas de hecho o de derecho. Dudas fácticas o jurídicas que además han de ser «serias», a lo que puede añadirse que además han de ser objetivas, de tal forma que esas dudas fácticas o jurídicas puedan ser apreciadas por cualquier operador jurídico. Su acogimiento transforma el sistema del vencimiento puro en vencimiento atenuado. La existencia de tales dudas han de ser expuestas en la sentencia, y quedan sometidas a revisión en el recurso de apelación ( artículo 397 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

En el presente caso pese a la completa desestimación de la demanda, la constatada complejidad fáctica y jurídica del caso, unido al hecho de que el rechazo por la demandada a la inicial solicitud de reestructuración que le dirigió el actor lo fue únicamente por el motivo de no cumplir el requisito de que el préstamo garantizado con hipoteca recayera sobre la única vivienda en propiedad del deudor y que este hubiera sido concedido para la adquisición de la vivienda, sin alusión a la necesidad de la presentación de tal solicitud también por la prestataria Sra. Maribel , y exclusión de la misma del préstamo personal, motivos que junto con aquel le sirven ahora para fundar su oposición, hace aconsejable el no hacer pronunciamiento en costas de la primera instancia, según el art. 394.1 LEC .

Es por ello que el motivo ha de ser estimado.

SEPTIMO.-No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas de esta alzada al estimarse en parte el recurso, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 398.2 de la LEC .

VISTOSlos preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que, estimando en parteel recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Casimiro contra la sentencia de fecha 27 de marzo de 2015, dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Dos de La Bañeza , en autos de Juicio Ordinario núm. 199/14, de los que este rollo dimana, revocamos parcialmente la sentencia apelada en el sentido de dejar sin efecto la condena de aquel al pago de las costas de la primera instancia, de las que no se hace especial imposición, confirmando el resto de los pronunciamientos no afectados por esta revocación.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas de esta alzada.

Se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y llévese el original al libro correspondiente y testimonio al presente rollo de apelación y remítase todo ello al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento para su ulterior sustanciación.

La presente resolución, de concurrir los requisitos establecidos en los artículos 477 y 469, en relación con la disposición final 16ª de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil , es susceptible de recurso de casación y de recurso extraordinario por infracción procesal ante la Sala Primera del Tribunal Supremo debiendo interponerse ante este Tribunal dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquella.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


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