Sentencia Civil Nº 112/2010, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 277/2009 de 05 de Marzo de 2010

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  • Orden: Civil
  • Fecha: 05 de Marzo de 2010
  • Tribunal: AP - Lleida
  • Ponente: Sainz Pereda, Ana Cristina
  • Núm. Sentencia: 112/2010
  • Núm. Recurso: 277/2009
  • Núm. Cendoj: 25120370022010100102

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE LLEIDA

Sección Segunda

El Canyaret, s/n

Rollo nº. 277/2009

Divorcio contencioso (art.770-773 Lec núm. 599/2008

Juzgado Primera Instancia 7 Lleida

SENTENCIA nº 112/2010

Ilmos./as. Sres./as.

PRESIDENTE

D. ALBERT GUILANYA FOIX

MAGISTRADOS

D. ALBERT MONTELL GARCIA

DÑA. ANA CRISTINA SAINZ PEREDA

En Lleida, a cinco de marzo de dos mil diez

La sección segunda de esta Audiencia Provincial, constituída por los señores anotados al margen, ha visto en grado de apelación, las actuaciones de Divorcio contencioso (art.770-773 Lec número 599/2008, del Juzgado Primera Instancia 7 Lleida, rollo de Sala número 277/2009 , en virtud de del recurso interpuesto contra la Sentencia de fecha 23 de diciembre de 2008. Es apelante la parte demandada Adelina , representado/a por el/la procurador/a MªANGELS PONS PORTA y defendido/a por el/la letrado/a Ignasi Costa González. Es apelado/a la parte actora Paulino , representado/a por el/la procurador/a PATRICIA AYNETO VIDAL y defendido/a por el/la letrado/a Sergi Burgues Buixadera. Es parte el Ministerio Fiscal quién también se ha opuesto al recurso de apelación. Es ponente de esta sentencia el/la Magistrado/a Doña ANA CRISTINA SAINZ PEREDA.

VISTOS,

Antecedentes

PRIMERO.- La transcripción literal de la parte dispositiva de la Sentenciadictada en fecha 23 de diciembre de 2008, es la siguiente:

"

Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda formulada por la procuradora Doña Patricia Ayneto Vidal en nombre y representacion de Paulino contra Adelina , a los que se ha acumulado los autos de Divorcio nº 779/08, y siendo parte el Ministerio Fiscal, DEBO DECLARAR Y DECLARO

A.- La DISOLUCIÓN por divorcio del matrimonio celebrado el dia 11 de mayo de 1.988 en Lleida entre Paulino y Adelina con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración.

B.- La guarda y custodia del hijo Damian queda para la madre y la de la hija Nerea para el padre, siendo la patria potestad sobre los dos hijos compartida.

C.- Se fija un regimen de visitas consistente en que el primer fin de semana de cada mes los hijos esten juntos con el padre, y el tercer fin de semana de cada mes esten juntos con la madre. Y asimismo el segundo y cuarto fin de semana, desde las 10.00 horas del sábado hasta las 20.00 horas del domingo, la madre tendrá con ella a la hija y el padre al hijo.

En Semana Santa la primera mitad de las vacaciones escolares los hijos estaran con el padre y la segunda con la madre los años pares, alternandose dichos periodos en los años impares.

En Navidad, este año del 22 al 31 de diciembre los niños estaran con el padre, y del 1 al 7 de enero con la madre, alternandose en años sucesivos.

En verano, las dos semanas intermedias del mes de agosto los hijos estaran con el padre, y las dos semanas intermedias de julio con la madre, quedando a cargo, durante el resto de dias de los meses de julio y agosto, la guarda y custodia del hijo a favor de la madre y la de la hija a favor del padre, suspendiendose el regimen de visitas durante estos dos meses.

D.- El uso y disfrute del domicilio conyugal sito en la calle DIRECCION000 , NUM000 , NUM001 de esta localidad se atribuye a la madre y al hijo menor

E.- En cuanto a la pension de alimentos para los menores, cada conyuge se hara cago del hijo que tenga bajo su guarda y custodia.

F- No ha lugar a pension compensatoria.

G.- No ha lugar a compensacion del art 41 CF .

D.- Las hipotecas, polizas y creditos se abonaran en la forma y proporcion en que se hayan contratado, y respecto a la liquidacion de los bienes muebles deberan acudir las partes al procedimiento previsto en los arts 806 y siguientes de la LEC en caso de desacuerdo.

En materia de costas cada parte se hará cargo de las causadas a su instancia y las comunes por mitad. "

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia, Adelina interpusieron un recurso de apelación que el Juzgado admitió y, seguidos los trámites pertinentes, remitió las actuaciones a esta Audiencia, Sección Segunda.

TERCERO.- La Sala decidió formar rollo y designar magistrado ponente a quien se entregaron las actuaciones para que, una vez deliberada, propusiera a la Sala la resolución oportuna.

CUARTO.- En la tramitación de esta segunda instancia se han observado las prescripciones legales esenciales del procedimiento.

Fundamentos

PRIMERO.- El único pronunciamiento de la sentencia de divorcio que es objeto del presente recurso es el relativo a la pensión compensatoria solicitada por la esposa, Sra. Adelina , que no se reconoce en la sentencia de instancia al considerar que no se ha acreditado la concurrencia de los requisitos necesarios al efecto.

La representación de la esposa interpone recurso alegando que las pruebas practicadas acreditan la procedencia del derecho a percibir pensión compensatoria según lo dispuesto en el Art. 84 CF. porque comparando los medios económicos de uno y otro cónyuge se aprecia que la situación económica en que se encuentra esta parte tras el divorcio es de claro desequilibrio económico frente a la que ostenta el esposo, cuya capacidad económica permanece inalterable tras la ruptura matrimonial, pudiendo hacer frente al pago de una pensión compensatoria.

La representación del esposo, Sr. Paulino , se opone al recurso alegando que la contraparte extrae sus propias y erróneas conclusiones de las pruebas practicadas, y que persiste en la confusión de conceptos alegando hechos que, si fueran ciertos, estarían relacionados con el derecho a la compensación económica por razón de trabajo que establece el Art. 41 CF .

SEGUNDO.- Con razón aduce la parte apelada que la representación de la esposa confunde la pensión compensatoria (Art. 84 CF .) con la compensación económica por razón del trabajo prevista en el Art. 41 CF, y no sólo confunde estos dos conceptos sino que cita indebidamente los preceptos legales relativos a una y otra. Buena prueba de ello es que en el escrito de demanda (y en el de contestación a la demanda planteada por el esposo) relataba las respectivas trayectorias profesionales de los cónyuges, las cargas económicas a que ambos deben hacer frente y el trabajo desempeñando por la esposa tanto en su propio negocio de peluquería como en la sociedad en la que participa con el esposo, compaginándolo desde la celebración del matrimonio con el cuidado del esposo y los hijos y las labores de la casa, para acabar solicitando, al amparo del Art. 84 C.F y Art. 97 C.C . que se fije una pensión compensatoria por desequilibrio a cargo del esposo y a favor de la esposa, consistente en la entrega de una cantidad en efectivo metálico de 80.000 euros, y ex art. 1.438 C.C. la cantidad de 1.000 euros mensuales en compensación por dedicación a la casa, por el plazo de 60 meses, adecuándose con arreglo al IPC de Cataluña.

Ante tan equívoca petición la sentencia de primera instancia analiza la concurrencia de los requisitos necesarios tanto para poder reconocer el derecho a la pensión compensatoria prevista en el Art. 84 CF . como para surja el derecho a percibir la compensación económica por razón de trabajo que regula el Art. 41 C.F , rechazando la procedencia de una y otra.

En el escrito de preparación del recurso se anunciaba que "el único pronunciamiento que se impugna es la desestimación de la pensión compensatoria solicitada por mi representada en virtud del Art. 41 del Codi de Familia", para después, en el escrito de interposición del recurso de apelación, prescindir por completo de este precepto y centrar su petición en el Art. 84 CF ., interesando se fije pensión compensatoria a su favor, sin concretar la recurrente el importe de la misma ni referirse en modo alguno a las cantidades señaladas en su demanda.

Para centrar debidamente el recurso habrá que recordar que, como reiteradamente ha señalado esta Sala, los arts. 84 y 41 CF se refieren a derechos económicos de naturaleza distinta, que no pueden ni deben ser confundidos. Estos preceptos dan respuesta a situaciones bien distintas en casos de ruptura conyugal, siendo también diferentes los presupuestos para la aplicación de uno y otro, lo que a su vez comporta la compatibilidad entre los derechos a que se refieren cada uno de ellos. Como su propia denominación indica, el art. 41 C.F . contempla el derecho a la compensación económica por razón del trabajo prestado por uno de los cónyuges sin remuneración o siendo ésta insuficiente, cuando por tal circunstancia, comparando las masas de ambos cónyuges, se haya generado un desequilibrio patrimonial que implique un enriquecimiento injusto, mientras que el art. 84 C.F . se refiere a la pensión compensatoria para aquél cónyuge que, como consecuencia del divorcio, vea más perjudicada su situación económica en relación a la que mantenía durante el matrimonio. Precisamente por ello el art. 41-3 C.F . dispone que el derecho a la compensación económica por razón del trabajo es compatible con los otros derechos de carácter económico que corresponden al cónyuge beneficiado, y ha de ser tenido en cuenta para la fijación de estos otros derechos, mientras que el art. 84 C.F contempla, como uno de los parámetros para la fijación de la pensión compensatoria, la compensación económica del art. 41 , en caso de que se haya reconocido.

TERCERO.- La resolución recurrida analiza pormenorizadamente ambos derechos y atendiendo al resultado que ofrecen las pruebas practicadas descarta la concurrencia en este caso de los requisitos determinantes para poder reconocer el derecho a percibir pensión compensatoria, rechazando también la procedencia de la compensación económica del art. 41 CF . En el recurso ya no se menciona esta última (art. 41 C.F .) por lo que habremos de centrarnos en la pensión compensatoria prevista en el art. 84 C.F . que es la que en definitiva se solicita en el recurso.

Lo primero que cabe destacar es que la recurrente realiza su particular análisis de las pruebas practicadas dando por probados ciertos hechos que no se corresponden con los que en la sentencia de instancia se estiman probados sino precisamente lo contrario, sin que en el recurso se exponga cuales son los medios probatorios que han sido valorados o que lo han sido incorrectamente. En la resolución recurrida se indica que "la esposa tiene un trabajo por el que percibe 750 euros mensuales mientras que el esposo es administrador de su empresa y dice percibir 1.000 euros al mes, afirmación que se considera poco creíble ya que si sus trabajadores ganan 1.200 euros al mes, es lógico pensar que él ganará como mínimo lo mismo", añadiendo a continuación que "no se han probado otros ingresos por ninguna de las partes. No se ha probado que constante matrimonio la situación económica fuera mejor que la que tienen en la actualidad...", y más adelante se señala que "no se ha probado que la Sra. Adelina haya trabajado en exclusiva para el hogar y para el esposo y no haya obtenido retribución, enriqueciéndose el Sr. Paulino por ello.."., "no se ha probado que el Sr. Paulino tenga más patrimonio que la Sra. Adelina sino que ambos tienen el piso y una nave industrial, con hipoteca al 50% entre los dos, siendo la participación en la empresa del 90% del esposo y el 10% de la esposa, teniendo en cuenta que la empresa tiene múltiples deudas según han dicho las partes".

Para rebatir estas conclusiones la recurrente se centra, básicamente, en el trabajo prestado para la empresa del marido al tiempo que regentaba su propio negocio y cuidaba de la casa y los hijos, así como en su retribución actual y en las múltiples deudas a las que ha de hacer frente, que ponen de relieve su precariedad económica, que según dice dista mucho de la situación que gozaba durante el matrimonio porque todos los gastos eran sufragados por la empresa del esposo, para después afirmar que comparando los medios económicos de uno y otro se aprecia el claro desequilibrio económico que sólo afecta a la esposa, que sufre una caída en picado respecto del nivel de vida constante matrimonio. .

Según dispone el art.84-1 C.F . el cónyuge que, como consecuencia del divorcio o la separación judicial, vea más perjudicada su situación económica, tiene derecho a recibir del otro una pensión compensatoria que no exceda del nivel de vida del que disfrutaba durante el matrimonio, ni del que pueda mantener el cónyuge obligado al pago. Como ya se adelantaba, el fundamento de la pensión compensatoria es el de equilibrar en la forma más equitativa posible la situación económica en que queda el cónyuge más perjudicado por la nulidad, separación o divorcio, frente a la que mantenía constante la relación matrimonial, siempre teniendo en cuenta que lo que se pretende no es la igualación de los recursos económicos entre los cónyuges tras la ruptura matrimonial, sino paliar los efectos de la misma, tratando de reequilibrar la situación alterada por la ruptura. Como dice la sentencia del Tribunal Superior de Justica de Cataluña de 26 de septiembre de 2006 surge "en favor del cónyuge que, a raíz de la separación o del divorcio, sufra un desequilibrio que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio», entendiendo que dicha pensión tiende a eliminar desequilibrios futuros y a atenuar el descenso económico que puede sufrir uno de los esposos comparando su situación constante matrimonio y aquélla en que quedará después de la separación o el divorcio".

El derecho a percibir esta pensión está condicionado por dos factores, por un lado, el nivel de vida que disfrutaba el cónyuge constante matrimonio, antes de la ruptura, y por otro, el nivel que pueda mantener el que ha de pagar la pensión después de la ruptura, porque según resulta del propio art. 84-1 C.F . la concesión de la pensión no puede provocar el empeoramiento de la situación económica del cónyuge que resulte deudor. En la mayoría de los casos la crisis matrimonial comporta una pérdida de disponibilidad económica para ambos cónyuges, por el aumento de los gastos familiares (han de mantenerse dos viviendas en lugar de una, pueden incrementarse los gastos por desplazamientos, asistenciales, o de otro tipo) mientras que los ingresos económicos continúan siendo los mismos. Y por ello el art. 84-1 del C.F. establece que uno de los criterios a tener en cuenta será el nivel de vida que le quedará al que ha de pagarla, de modo que si ambos cónyuges pierden un mismo nivel de vida no surge el derecho a percibir pensión, que sólo surgirá si uno de ellos se ve afectado más negativamente.

Por tanto, para determinar si concurren los presupuestos necesarios para que surja el derecho a percibir esta pensión habrá que realizar en primer término una comparación entre una y otra situación -la existente durante el matrimonio y la que se dará después de la separación o el divorcio- analizando la situación económica en que quedará la parte más desfavorecida, y después examinar cuales serán sus necesidades para mantener un estatus de vida semejante y, finalmente, si el deudor tiene capacidad económica suficiente para hacerle frente. Y esto es precisamente lo que se hace en la resolución recurrida, analizando las pruebas practicadas y ponderando todas las circunstancias concurrentes, considerando la Sala que la conclusión obtenida por la juzgadora de instancia es correcta, habida cuenta que los gastos y deudas a los que han de hacer frente uno y otro cónyuge son los mismos que los existentes constante matrimonio, incrementados ahora para el esposo que ha de satisfacer la necesidad de vivienda, mientras que la esposa tiene atribuido el uso y disfrute de la que fuera vivienda familiar. No cabe compartir el argumento de que los gastos fijos del esposo continuarán sufragándose por la mercantil Félix Brando S.L. pues según se considera probado en la resolución recurrida (y no ha sido combatido en el recurso) dicha empresa tiene múltiples deudas, y difícilmente podrá apreciarse que ha empeorado el nivel de vida de la esposa (y no el del esposo) cuando resulta que tanto la Sra. Adelina como su madre manifestaron en el acto de juicio que antes de la crisis conyugal los ingresos que percibía la unidad familiar no eran suficientes para atender todos los gastos, motivo éste por el que según señaló la Sra. Adelina , ella y su esposo les ayudaban económicamente (situación ésta que refiere "desde siempre", aunque se habría ido acentuando con el tiempo).

La prueba documental obrante en autos acredita las múltiples deudas contraídas frente a las entidades bancarias (préstamos hipotecarios de la casa y la nave industrial, créditos personales con distintas entidades) que unidos a los gastos fijos mensuales (colegio y actividades de los hijos, suministros y gastos de vivienda, entre otros) evidencian la difícil situación económica ya no de la esposa, sino de uno y otro cónyuge. También ha de tenerse en cuenta que el cierre de la peluquería que regentaba la esposa se produce en las mismas fechas en que los litigantes interponen las respectivas demandas de divorcio, y según dice la esposa tuvo que cerrar dicho negocio porque generaba pérdidas al no poder atenderlo debidamente (se trataba de un local propiedad de sus padres cedido gratuitamente a la hija, asumiendo los padres todos los gastos mensuales de dicho local, es decir, los suministros) por lo que, cuando menos, habrá de entenderse que puesto que ahora percibe un salario mensual de 750 euros como asalariada sus ingresos mensuales por trabajo personal no han disminuido. Cierto es que tiene que asumir cuantiosos pagos mensuales, pero lo mismo cabe decir de su esposo, sin que se haya acreditado que perciba ingresos superiores a los 1.200 euros a que se alude en la sentencia, antes al contrario, la propia recurrente se refiere a esta misma retribución mensual del esposo en su recurso. La situación económica de los cónyuges era deficitaria constante matrimonio y lo sigue siendo en la actualidad sin que quepa apreciar el desequilibrio económico al que alude la esposa pues como bien se razona en la sentencia de instancia no estamos ante una situación nueva, ni generada por la crisis conyugal.

Por los mismos motivos tampoco cabe apreciar que el esposo tenga capacidad económica suficiente para hacer frente al pago de una pensión compensatoria pues es evidente que sus ingresos son inferiores a sus gastos, incrementados como consecuencia del divorcio al tener que subvenir a la necesidad de vivienda para él y la hija común cuya guarda y custodia se le atribuye. Y por último, no está de más recordar que lo que interesaba la esposa en su demanda en concepto de pensión compensatoria del art. 84 C.F . era la entrega, en pago único y en efectivo metálico, de 80.000 euros, y tal pretensión resulta frontalmente con la naturaleza y finalidad de esta pensión.

Procede, en consecuencia, desestimar el recurso y confirmar íntegramente la resolución recurrida.

CUARTO.-.De conformidad con lo dispuesto en los arts. 398-1 y 394-1 de la LEC la desestimación del recurso comporta la imposición de las costas de esta alzada a la parte recurrente.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de DÑA. Adelina contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº7 de los de LLeida en los autos de Divorcio nº 599/08, que CONFIRMAMOS, imponiendo las costas de esta alzada a la parte apelante.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con certificación de esta sentencia, a los oportunos efectos.

Así por nuestra sentencia, la pronunciamos mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo./a Sr./a. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. DOY FE.

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