Sentencia Civil Nº 143/2012, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 3379/2010 de 27 de Febrero de 2012

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  • Orden: Civil
  • Fecha: 27 de Febrero de 2012
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Carrera Ibarzabal, Jaime
  • Núm. Sentencia: 143/2012
  • Núm. Recurso: 3379/2010
  • Núm. Cendoj: 36057370062012100263

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 6

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00143 /2012

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 6 de PONTEVEDRA

N18910

C/LALÍN, NÚM. 4 - PRIMERA PLANTA - VIGO

L2563262

Tfno.: 986817388-986817389 Fax: 986817387

N.I.G. 36038 37 1 2010 0600894

ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 0003379 /2010 R0

Juzgado de procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 3 de VIGO

Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001128 /2008

Apelante: Felisa

Procurador: MARIA AUXILIADORA RUIZ SANCHEZ

Abogado: MARIA JOSE RODRIGUEZ VILLAR

Apelado: VORWERK ESPAÑA S.L.

Procurador: PABLO ACOSTA PADIN

Abogado: MIGUEL CUESTA BOOTHMAN

LA SECCIÓN SEXTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, SEDE VIGO, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Jaime Carrera Ibarzabal, Presidente; Dª. Magdalena Fernández Soto y D. Miguel Melero Tejerina, han pronunciado

EN NO MBRE DEL REY

La siguiente

SENTENCIA núm. 143

En Vigo, a veintisiete de febrero de dos mil doce.

Vistos en grado de apelación ante esta Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sede Vigo, los autos de procedimiento ordinario núm. 1128/08, procedentes del Jdo. de Primera Instancia número 3 de Vigo, a los que ha correspondido el núm. de Rollo de apelación 3379/10 en los que es parte apelante - Dª. Felisa , representada por el Procurador Dª. María Auxiliadora Ruiz Sánchez y asistido del letrado Dª. María José Rodríguez Villar; y, apelada - Vorwerk España S.L. representado por el procurador D.Pablo Acosta Padin y asistido del letrado D. Miguel Cuesta Boothman.

Ha sido Ponente el Iltmo. Magistrado D. Jaime Carrera Ibarzabal, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 3 de Vigo, con fecha 11 de mayo de 2010, se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice:

" Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada por la procuradora de los tribunales Sr. Ruiz Sánchez, en nombre y representación de Felisa , frente a Vorwerk España Management SL. S.C. representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Acosta Padín y debo absolver y absuelvo a este demandado de las pretensiones deducidas contra éstos y a condenar en costas a la parte actora."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, por la representación procesal de Dª. María Auxiliadora Ruiz Sánchez se preparó y formalizó recurso de apelación que fue admitido a trámite y, conferido el oportuno traslado, se formuló oposición al mismo por la parte contraria.

Una vez cumplimentados los trámites legales, se elevaron las actuaciones a esta Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, para su resolución, dando lugar a la formación del presente rollo, señalándose para la deliberación del recurso el día 23 de febrero de 2012.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.

Fundamentos

Primero.- En relación con la exigencia de responsabilidad, expone la sentencia del Tribunal Supremo de 30 junio 2000 que: "Constituye doctrina de esta Sala que para la imputación de la responsabilidad, cualquiera que sea el criterio que se utilice (subjetivo u objetivo), es requisito indispensable la determinación del nexo causal entre la conducta del agente y la producción del daño ( sentencia de 11 febrero 1998 ), el cual ha de basarse en una certeza probatoria que no puede quedar desvirtuada por una posible aplicación de la teoría del riesgo, la objetivación de la responsabilidad o la inversión de la carga de la prueba ( sentencias de 17 diciembre 1988 y 2 abril 1998 ). Es precisa la existencia de una prueba terminante ( sentencias de 3 noviembre 1993 y 31 julio 1999 ), sin que sean suficientes meras conjeturas, deducciones o probabilidades ( sentencias de 4 julio 1998 , 6 febrero y 31 julio 1999 ). El «como y el porqué» del accidente constituyen elementos indispensables en el examen de la causa eficiente del evento dañoso ( sentencias de 17 diciembre 1988 , 27 octubre 1990 , 13 febrero y 3 noviembre 1993 ). La prueba del nexo causal, requisito al que no alcanza la presunción insita en la doctrina denominada de la inversión de la carga de la prueba, incumbe al actor, el cual debe acreditar la realidad del hecho imputable al demandado del que se hace surgir la obligación de reparar el daño causado ( sentencias de14 de febrero 1994 y 14 febrero 1985 , 11 febrero 1986 , 4 febrero y 4 junio 1987 , 17 diciembre 1988 , entre otras)".

Y ya en sede de determinación del nexo causal en relación con la responsabilidad civil de productos defectuosos, la sentencia del Tribunal Supremo de 28 septiembre 2006 proclama: "Además, hay que decir que la Ley 22/94, de 6 de julio, de Responsabilidad Civil por Productos Defectuosos, por la que se incorpora al ordenamiento nacional la Directiva 85/374/CEE, de 25 de julio de 1985, establece un sistema de responsabilidad objetiva que, no obstante, y como se explica en su Exposición de Motivos, no es absoluto, pues se permite al fabricante exonerarse de la responsabilidad en los supuestos que enumera. El artículo tercero define el concepto de producto defectuoso, entendiéndose por tal aquel que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias y, especialmente, su presentación, el uso razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en circulación; y el artículo quinto, de especial relevancia en el caso de autos, dispone que el perjudicado que pretenda obtener la reparación de los daños causados tendrá que probar el defecto, el daño y la relación de causalidad entre ambos. La determinación del nexo causal entre la conducta del agente y la producción del daño constituye un requisito ineludible para la imputación de la responsabilidad, sea cual fuere el título, subjetivo u objetivo, en que se funde. Tal y como se indica en la sentencia de 21 de marzo de 2006 , y antes de ella en la de fecha 21 de abril de 2005 , recogiendo ambas la doctrina establecida en otras anteriores, para que pueda ser imputada la responsabilidad el demandante debe probar la existencia de una relación de causalidad entre la conducta de los demandados y el daño producido , prueba que incumbe al actor sea cual fuere el criterio que se utilice para la imputación de la responsabilidad, el cual ha de basarse en una certeza probatoria que no puede quedar desvirtuada por una posible aplicación de la teoría del riesgo, la objetivización de la responsabilidad o la inversión de la carga de la prueba; añadiendo otras decisiones de esta Sala que a la prueba del nexo causal no le alcanza la presunción insita en la doctrina de la carga de la prueba, por lo que incumbe al actor probar por qué se imputa al demandado la responsabilidad por los daños - sentencia de 21 de marzo de 2006 , que cita la de 14 de febrero de 1994 - o, en otros términos, el cómo y el porqué se produjo el accidente, que constituyen elementos indispensables en el examen de la causalidad eficiente del evento dañoso. Todo ello sin olvidar que, como destaca la sentencia de 26 de noviembre de 2003 - con cita de las de 29 de mayo de 1995 y 2 de abril de 1996 - «la objetivización de la responsabilidad no reviste caracteres absolutos, y en modo alguno permite la exclusión sin más, aun con todo el rigor interpretativo que en beneficio del perjudicado impone la realidad social y técnica, del básico principio de responsabilidad por culpa a que responde el ordenamiento positivo»".

Asimismo, la sentencia del mismo Tribunal de 30 abril 2008 , señala que: "El artículo 5 de la Ley 22/94 ha de ser analizado junto con el artículo 3 del mismo texto normativo, por ser el que establece lo que ha de entenderse por defecto, pues sólo tras una interpretación integradora de ambos artículos es posible conocer con exactitud el esfuerzo probatorio que el legislador ha hecho recaer en el actor que reclama al amparo de esta normativa especial, debiéndose concluir que la determinación de sí el producto es o no defectuoso en atención a los parámetros establecidos en el propio artículo 3 (todas las circunstancias, especialmente, su presentación, el uso razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en circulación) no es estrictamente una cuestión de hecho sino una "quaestio iuris", fruto de la valoración jurídica del órgano judicial, y que esa valoración ha de partir del factum cuya prueba sí incumbe a la parte actora, dependiente el éxito de su pretensión únicamente de que demuestre que con motivo del uso de un producto fabricado por la entidad demandada se produjo un accidente inesperado , soportando tan sólo la carga de probar la realidad del accidente , la existencia del daño, y la del nexo causal entre este y aquel y entre el accidente y el funcionamiento del producto en cuestión, pues como ha señalado esta Sala en relación con el esfuerzo que debe exigirse al actor "no es necesaria la prueba del concreto defecto que haya producido el daño, siendo suficiente acreditar su existencia, aunque no se pueda determinar la clase del mismo", bastando que la parte demandante haya logrado "convencer al Juzgador de que el producto era inseguro" (sentencia de 19 de febrero de 2007 ), "correspondiendo al fabricante acreditar la idoneidad del producto, la concurrencia de otras causas que pudieran exonerarle de responsabilidades, bastando al perjudicado acreditar el daño sufrido y el enlace causal" ( Sentencia de 21 de febrero de 2003 )".

Segundo.- Efectivamente el art. 5 de la Ley 22/1994 de 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos (vigente hasta el 1 de diciembre de 2007 y, por ello, aplicable al supuesto de litis), y en base a la que formula su reclamación la parte demandante, previene que el perjudicado que pretenda obtener la reparación de los daños causados tendrá que probar el defecto, el daño y la relación de causalidad entre ambos.

La sentencia de instancia inicia su análisis del fundamento de la pretensión de la demanda, acaso por seguir el orden del citado precepto, con la prueba sobre la existencia de defecto en la "Thermomix TM 21" relacionándolo con el concepto legal de producto defectuoso que ofrece el art. 3 de la misma Ley, alcanzando la conclusión de que el informe pericial aportado por la demandante "no determina si la máquina adolece de algún defecto de fábrica que no ofrezca la seguridad que puede esperarse de dicho producto".

En un orden lógico, sin embargo, habría de examinarse en primer término, la secuencia causal desde el plano estrictamente factual o fenoménico, en cuanto, como señala reiterada doctrina jurisprudencial, debe distinguirse: "la causalidad material o física, primera secuencia causal para cuya estimación es suficiente la aplicación de la doctrina de la equivalencia de condiciones, para la que causa es el conjunto de condiciones empíricas antecedentes que proporcionan la explicación, conforme con las leyes de la experiencia científica, de que el resultado haya sucedido ", de " la causalidad jurídica, en cuya virtud cabe atribuir jurídicamente - imputar - a una persona un resultado dañoso como consecuencia de la conducta observada por la misma, sin perjuicio, en su caso, de la valoración de la culpabilidad - juicio de reproche subjetivo - para poder apreciar la responsabilidad civil, que en el caso pertenece al campo extracontractual " ( sentencias del Tribunal Supremo de 17 mayo 2007 , 14 octubre 2008 ó 15 diciembre 2010 ). Es decir, se trata, en un primer estadio valorativo de determinar el conjunto de circunstancias fácticas que integran el supuesto fáctico y responder al "como" se produjo el accidente.

Expone literalmente la demanda que: "El pasado 1 de octubre de 2007, mi representada estaba utilizando la batidora térmica, marca Thermomix, fabricada por la empresa demandada, para elaborar una receta de membrillo del libro de recetas que trae la propia batidora y que había elaborado en contadas ocasiones. Fue de repente cuando la tapa de dicha batidora se abrió violentamente saliendo el contenido despedido por el aire. Dicho puré, que estaba a elevada temperatura, alcanzó a D.ª Felisa , ocasionándole graves quemaduras en la cara, cuello y manos".

Pues bien, a pesar de que la parte demandada, en su contestación a la demanda, comienza por rechazar y negar categóricamente que los hechos hubieran ocurrido según tal versión de la demanda, la actora no ha hecho el menor aporte probatorio en apoyo de la misma. Es decir, no se acredita (ni siquiera se ha intentado) el dato fáctico más básico y elemental: que las lesiones provocadas por las quemaduras se vinculen con la utilización del robot de cocina, sin que en consecuencia sea descartable en absoluto que aquellas hubieren tenido un origen causal diverso e independiente del uso de la máquina. Y, naturalmente, nada aporta en tal sentido el informe pericial del ingeniero técnico industrial Sr. Edmundo , acompañado con el escrito de demanda; el perito, como tal, no pudo conocer los hechos por apreciación directa y personal (obviamente no se encontraba presente en el momento de producirse la actora las lesiones) y su condición de testigo solamente se proyecta sobre datos apreciados a posteriori (restos de un producto dulzón en las paredes y techos de la cocina; evidencias físicas de las quemaduras, etc.). Y, desde luego, no se olvida la eventual dificultad probatoria en que pudo encontrarse el actor, pero la dificultad no actúa como factor eximente de la obligación de probar, sino únicamente en el caso de que la disponibilidad y facilidad probatoria ( art. 217. 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) operen en favor de la parte contraria, lo que, obviamente no ocurre en el caso presente.

Más, aún haciendo abstracción de lo anterior y aceptando que el resultado dañoso personal aconteció con ocasión de la utilización de la "Thermomix TM 21", a idéntica conclusión de absoluta orfandad probatoria se llega, respecto a la concreta versión de la espontánea e inexplicada "apertura violenta" de la tapa o "explosión" de la máquina, según la terminología iteradamente utilizada en el dictamen pericial del ingeniero técnico industrial Sr. Edmundo , que viene a acompañarse con la demanda. Y aquí, no se trata solamente de la total ausencia de actividad probatoria, que por si misma y comportando el incumplimiento de la carga procesal impuesta normativamente al actor ( art.217. 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y art. 5 de la Ley 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad Civil por Productos Defectuosos ), determinaría, al igual que respecto de la ausencia probatoria que se denuncia en el anterior inciso, la desestimación de la pretensión, sino es que, además, concurren determinados datos e indicios que desvirtúan o ponen en entredicho aquella versión de la demanda.

Así, de haberse producido efectivamente la explosión de la "Thermomix TM 21" (cual - se insiste - la define el perito de la actora), es decir una liberación brusca de energía acompañada de estruendo y rotura violenta del recipiente que la contiene (según definición de la R.A.E.), resulta lógico pensar que la misma habría de dejar necesariamente algún tipo de signos o vestigios y, sin embargo, en el informe pericial del ingeniero técnico industrial Don. Edmundo , aportado por la parte actora, que pudo examinar el robot de cocina unos días después de la fecha que se asigna al siniestro (concretamente el día 26 de octubre de 2007) se consigna, respecto al aparato, que "no presenta golpes, la junta de la tapa [está]correcta, los contactos de la sonda de temperatura [son] correctos, la seguridad del cierre [es] correcta", para concluir que "no apreciamos signos externos que pudiesen hacer pensar que la máquina no está en correctas condiciones de uso".

Además, la versión de la actora, aparece desvirtuada por las consideraciones técnicas que introduce el informe pericial de la entidad "Centro de Valoraciones Técnicas S. L." suscrito por el ingeniero técnico industrial Sr. Fructuoso , en cuanto expone que el vaso del "Thermomix TM 21" no opera bajo un sistema hermético sometido a presión (cual ocurre, por ejemplo, con una olla a presión o una cafetera), sino como un sistema abierto en el que la presión interior es aproximadamente igual a la del ambiente, de suerte que resulta imposible (a no ser mediante una operación de bloqueo voluntaria y consciente, que se produzca una explosión. Conclusión que, no fue objetada por el perito de la parte actora en forma alguna.

Finalmente, el tiempo de duración de la preparación de la receta de "dulce de membrillo", según el libro de instrucciones, es de treinta minutos, de modo que una vez programado el aparato, no resulta necesaria la presencia permanente de la usuaria cerca de la máquina y siendo así que las lesiones por quemaduras se localizan justamente en zonas de la cara, cuello y brazos, lo que comporta que la salida del producto ha de producirse forzosamente cuando aquella se encontraba muy próxima a la misma, se ofrece como más verosímil la posibilidad de que tal evento fuere consecuencia de la incorrecta manipulación de la "Thermomix TM 21" por la propia usuaria.

En suma, no se ha acreditado la versión de la reclamante, en cuanto a que se hubiere producido la explosión del aparato o, cuando menos, restan dudas muy razonables acerca del hecho de que el siniestro se hubiere producido como consecuencia de un funcionamiento anómalo o defectuoso de la máquina y no por una actividad o utilización incorrecta de la máquina por parte de la usuaria y, en tal tesitura, debe operar la doctrina normativa del art. 217. 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , a cuyo tenor, cuando al tiempo de dictarse sentencia o resolución semejante, el tribunal considere dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.

Tercero.- De conformidad con lo prevenido en los arts. 394 y 398. 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación se impondrán las costas a la parte recurrente, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

Fallo

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D.ª María Auxiliadora Ruiz Sánchez, en nombre y representación de D. ª Felisa , contra la sentencia de fecha once de mayo de dos mil diez, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Vigo , confirmamos la misma, con imposición, a la parte apelante, de las costas procesales del recurso.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de casación, por interés casacional, ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, que se interpondrá ante esta Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de la misma.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Responsabilidad
Accidente
Inversión de la carga de la prueba
Productos defectuosos
Informes periciales
Responsabilidad civil por productos defectuosos
Responsabilidad civil de productos
Responsabilidad objetiva
Responsabilidad civil
Carga de la prueba
Culpa
Principio de responsabilidad
Daños causados por productos defectuosos
Orfandad
Signos exteriores