Sentencia Civil Nº 17/2012, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 6, Rec 683/2011 de 12 de Enero de 2012

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  • Orden: Civil
  • Fecha: 12 de Enero de 2012
  • Tribunal: AP - Alicante
  • Ponente: Caturla Juan, Encarnacion
  • Núm. Sentencia: 17/2012
  • Núm. Recurso: 683/2011
  • Núm. Cendoj: 03014370062012100054

Encabezamiento

Rollo de apelación nº 683/11

Juzgado de Primera Instancia nº 2 Alicante

Autos nº 1112/11

S E N T E N C I A Nº 17/12

En la Ciudad de Alicante, a doce de Enero de dos mil doce.

La Iltma. Sra. Doña Encarnación Catarla Juan, Magistrada de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de esta Ciudad de Alicante, ha visto, en grado de apelación, Rollo de la Sala nº 683-11 los autos de Juicio Verbal nº 1112-11 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Alicante en virtud del recurso de apelación entablado por la parte actora EUROSWIN EUROPA S.L. que ha intervenido en esta alzada en su condición de recurrente, representado por el Procurador D. José Mª Manjón Sánchez y defendido por el Letrado D. Santiago Soler Bernabeu y siendo apelada la parte demandada Comunidad de Propietarios Complejo Residencial Villa Magna representada por el Procurador D. Juan Navarrete Ruiz y defendida por el Letrado D. José Mª Esteve Sánchez.

Antecedentes

Primero .- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Alicante y en los autos de Juicio verbal nº 1112/11 en fecha 13-9- 11 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO.- QUE DESESTIMANDO íntegramente la demanda interpuesta por la entidad EUROSWIM EUROPA S.L. contra la CP COMPLEJO RESIDENCIAL VILLA MAGNA debo ABSOLVER Y ABSUELVO a la demandada de todos los pedimentos efectuados en su contra. Y todo ello con expresa imposición de las costas causadas para la parte demandante".

Segundo .- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación en tiempo y forma por la representación de la parte actora siendo tramitado conforme a lo dispuesto en los artículos 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , con traslado del mismo a la parte por término de diez días, remitiéndose las actuaciones seguidamente a esta Iltma. Audiencia Provincial, Sección Sexta, constituida con el magistrado único citado conforme al artículo 82.2.1º párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial (1/2009), y donde se formó el correspondiente rollo de apelación nº 583-11.

Tercero. - Han sido observadas en la sustanciación de esta causa todas las prescripciones legales.

VISTO, siendo Ponente la Iltma. Sra. Dª Encarnación Catarla Juan.

Fundamentos

Primero .- La sentencia de instancia procedió a desestimar la demanda planteada por la mercantil Euroswin Europa S.L., al entender en virtud de la prueba practicada que el contrato no se perfeccionó al no contar con el consentimiento de la Comunidad de Propietarios demandada, el propio Presidente de dicha Comunidad comunicó a la demandante que el contrato no tendría efecto y de hecho no hubo prestación alguna de servicios.

La parte demandante funda su recurso en el error en que incurre el juez a quo en la valoración de la prueba, pues entiende que nos encontramos ante un supuesto de resolución unilateral del contrato de arrendamiento de servicios suscrito sin causa justificada, que el contrato se perfeccionó y que concurren todos los requisitos incluido el consentimiento. Considerando que no puede tenerse en cuenta la decisión de la Junta de gobierno, por cuanto que ésta no es la Junta de Propietarios.

Frente a dicho recurso opone la Comunidad de Propietarios apelada que no concurre error alguno en la valoración de la prueba y que como entiende la Juzgadora de instancia, el contrato no se llegó a perfeccionar, de forma que no llegó a nacer ni pudo desplegar sus efectos por falta de un elemento esencial, el consentimiento válidamente prestado.

Segundo.- Respecto del error en la valoración de la prueba, resulta jurisprudencia reiterada que si la prueba practicada en el Procedimiento se pondera por el Juez a quo de forma racional y asépticamente, sin que pugne con normas que impongan un concreto efecto para un determinado medio de prueba, llegando a una conclusión razonable y correcta, tal valoración debe mantenerse y no sustituirse por la subjetiva de quien impugna la expresada valoración. Tras la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, la misma inmediación ostenta el Tribunal de Primera Instancia que el Tribunal de Apelación por cuanto que, a través del soporte audiovisual donde se recogen y documentan todas las actuaciones practicadas en el acto del Juicio (incluida la fase probatoria), el órgano Jurisdiccional de Segunda Instancia puede apreciar por si mismo, no sólo el contenido de las distintas pruebas que se practiquen, sino también la actitud de quienes intervienen y la razón de ciencia o de conocer que expresan (partes, testigos o peritos) al efecto de examinar si esas pruebas se han valorado o no correctamente. De tal forma que la Sala no tiene que aceptar la valoración de la prueba del Juzgado de 1ª instancia, sino que directamente asume la instancia y es ella la que valora de nuevo la prueba practicada, en cuyo resultado coincidirá o no con el Juzgado; pues el recurso de apelación confiere plenas facultades al órgano judicial "ad quem" para resolver cuantas cuestiones se le planteen de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un "novum iudicium" ( STC 152/1998, de 13 de julio ). La STS de 6 de mayo de 2009 dice que " La apelación coloca al juzgador de segunda instancia en la misma posición del de la primera, con plenitud jurisdiccional para la valoración de la prueba, pero la "revisio prioris instantiae" en que consiste el recurso no le autoriza para prescindir de las apreciaciones del juzgador "a quo" sin dar otras razones distintas, o decir por qué se rechazan. "

Como hemos dicho este tribunal en apelación puede valorar de modo completo y de forma distinta las pruebas obrantes en la causa, llegando a conclusiones contrarias a las de instancia; pero si el criterio del tribunal a quo es razonable y sus conclusiones vienen suficientemente respaldadas por la prueba practicada y convencen suficientemente al tribunal de alzada, no debe acogerse el punto de vista del apelante, solucionando el conflicto de modo diferente al de instancia con otra argumentación, aunque pueda ser igualmente razonable. La segunda instancia ha de limitarse, cuando de valoraciones probatorias se trata, a revisar la actividad del Juzgador a quo, en el sentido de comprobar que ésta aparezca suficientemente expresada en la resolución recurrida y no resulte arbitraria, injustificada o injustificable ( STS de 16 de junio de 1970 , 14 de mayo de 1981 , 22 de enero de 1986 , 18 de noviembre de 1987 , 30 de marzo de 1988 , 1 de marzo y 28 de octubre de 1994 , 3 y 20 de julio de 1995 , 23 de noviembre de 1996 , 29 de julio de 1998 , 24 de julio de 2001 , 20 de noviembre de 2002 y 3 de abril de 2003 ).

Tercero.- En el presente caso, ha quedado constatado que el contrato no se firmó como dice la parte demandante el día 30 de abril, sino la semana anterior a la celebración de la Junta de Gobierno de la Comunidad (29 de mayo de 2010), en la que se iba a decidir que empresa prestaría dicha anualidad los servicios de socorrismo en las piscinas de la Comunidad; siendo firmado el contrato exclusivamente por el presidente, y no en unidad de acto con la mercantil demandante, en la creencia de que probablemente se confirmase por la Junta la contratación con la demandante y ante su ausencia durante esos días. Igualmente ha quedado acreditado, por cuanto que así resulta de las declaraciones testifícales y del contenido de la documental aportada por la parte demandada, respecto de los actos acaecidos con posterioridad a la reunión de la Junta de gobierno de la Comunidad; que por error fue entregado el sobre con el contrato firmado por el Presidente, a la mercantil demandante el día 26 de mayo, con anterioridad a la celebración de la Junta, cuando de hecho no debía entregarse sino con posterioridad a la misma para el supuesto de que se acordase contratar con la mercantil demandante, como se había hecho el año anterior; pues se habían solicitado otros presupuestos por la realización de tales servicios. Y este error fue inmediatamente puesto en conocimiento de la mercantil demandante, quien no atendió las pretensiones de la Comunidad de ajustar los precios a los de la mercantil, respecto de la que se había decido contratar los servicios, no llegando en ningún momento la demandante a prestar tales servicios.

Como dice el art. 1258 del CC , los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Y en el presente caso no hubo consentimiento, al hacerse entrega por error del contrato firmado, con anterioridad a que por parte de la Junta de gobierno de la Comunidad de propietarios, determinase que oferta era la más adecuada para la prestación de servicio; por lo que el contrato no llegó nunca a perfeccionarse, siendo ello puesto inmediatamente en conocimiento de la mercantil demandante, quien no llegó nunca a prestar ese servicio. Sin que el hecho de que el acuerdo de la Junta de Gobierno no se pueda equiparar a la decisión de la Junta de Propietarios, ni constituya un acuerdo comunitario, excluya las conclusiones anteriores, pues como resulta del art. 13.1 de la LPH , pueden existir en las Comunidades de propietarios otros órganos de gobierno, con facultades de decisión sobre cuestiones que afectan a la Comunidad, mas cuando no se trata de establecer o suprimir servicios comunes, sino de decidir que oferta es la mas adecuada para prestar un servicio común; servicio (socorrismo) ya establecido y aprobado por la Junta de propietarios.

Por lo que en el caso que nos ocupa, tras valorar todas las pruebas aportadas al procedimiento, entiende esta Sala, que no se aprecia error alguno en la hermenéutica apreciativa desarrollada por el Juez de instancia en la Sentencia recurrida por cuanto que descansa en una valoración lógica y racional de las pruebas practicadas en el Procedimiento, siendo valoradas conforme a las reglas de la sana crítica ( art. 376 LEC ), que no ha quedado desvirtuada por las alegaciones de la apelante, frente al criterio objetivo e imparcial del Juez a quo, por lo que esta Sala no puede alcanzar una conclusión distinta a la recogida por la Juzgadora de instancia, cuyas razonadas y razonables conclusiones hacemos nuestras, puesto que la resolución recurrida no resulta arbitraria, injustificada o injustificable, la Juzgadora a quo razona suficientemente el resultado de las pruebas con argumentos que no pueden si no ser respetados por este Tribunal y a los que nos remitimos. Remisión admitida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 5 de octubre de l998, STS de 30 de abril de 2002 , STS de 5 de octubre de 2006 , STS de 2.10.09 , STS de 20 de abril de 2010 y ATS de 15 de junio de 2010 ).

Cuarto .- Las costas procesales de esta alzada debe soportarlas la parte apelante por disposición del artículo 398, en relación con el artículo 394, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

FALLO: Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alicante, de fecha 13 de septiembre de 2011 , DEBO CONFIRMAR Y CONFIRMO dicha resolución, imponiendo expresamente las costas procesales de esta alzada a la parte apelante.

Notifíquese esta sentencia conforme a la Ley y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otro al rollo de apelación.

Contra la presente resolución, cabe, en su caso, recurso en los supuestos y términos previstos en los Capítulos IV y V del Título IV del Libro II y Disposición Final 16ª de la LEC 1/2000 .

De conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 6/1985, según redacción dada por la LO 1/2009, para interponer contra la presente resolución recurso extraordinario por infracción procesal (concepto 04) y/o de casación (concepto 06), artículos 471 y 481 de la LEC , deberá consignarse en la "Cuenta de Depósitos y consignaciones" de este Tribunal nº 0264, al tiempo de su preparación, la cantidad de 50 euros por cada recurso, bajo apercibimiento de inadmisión a trámite; y ello sin perjuicio del pago de la tasa por actos procesales, cuando proceda.

Así, por esta mi sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- La anterior resolución ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Iltmo Sr. Ponente, estando la Sala reunida en Audiencia Pública, doy fe.

Práctica de la prueba
Valoración de la prueba
Comunidad de propietarios
Junta de propietarios
Sociedad de responsabilidad limitada
Contrato de arrendamiento de servicios
Resolución unilateral
Error en la valoración de la prueba
Medios de prueba
Resolución recurrida
Piscina
Buena fe
Pruebas aportadas