Sentencia Civil Nº 177/2012, Audiencia Provincial de Malaga, Sección 5, Rec 41/2011 de 02 de Mayo de 2012

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  • Núm. Cendoj: 29067370052012100127

Encabezamiento

S E N T E N C I A Nº 177

AUDIENCIA PROVINCIAL MÁLAGA

SECCION QUINTA

UNIPERSONAL

MAGISTRADA, ILTMA. SRA.

Dª. Mª TERESA SAEZ MARTINEZ

REFERENCIA:

JUZGADO DE PROCEDENCIA: 1ª INSTANCIA Nº 8 DE MALAGA

ROLLO DE APELACIÓN Nº 41/11

JUICIO Nº 35/10

En la Ciudad de Málaga a 02 de mayo de 2012.

Visto, por la SECCION QUINTA de esta Audiencia, integrada por los Magistrados indicados al margen, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en juicio verbal nº 35/10 seguido en el Juzgado de referencia. Interpone el recurso D. Felix , representado por el Procurador Sr. Barrionuevo Gener, que en la primera instancia fuera parte demandada. Es parte recurrida AMERICAN EXPRESS DE ESPAÑA, S.A., representado por el Procurador Sr. Sánchez Díaz, que en la primera instancia ha litigado como parte demandante.

Antecedentes

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el día 29/06/10, en el juicio antes dicho, cuyo fallo es como sigue: "Que ESTIMANDO la demanda formulada por el Procurador DoN Ignacio Sánchez Diaz en nombre y representación de AMERICAN EXTRESS DE ESPAÑA S A contra DON Felix debo condenar y condeno al demandado a que abone al actor la cantidad de 501,51 euros. Mas los intereses legales devengados desde la reclamacion judicial ( demanda de procedimiento monitorio) incrementados en dos puntos desde la fecha de la presente resolución.

Imponiendo las costas a la parte demandada".

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado realizó los preceptivos traslados y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a este Sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha turnado de ponencia. La votación y fallo ha tenido lugar el día 30 de marzo de 2.012, quedando visto para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.

Visto, siendo ponente la Iltma. Sra. Magistrado Dña. Mª TERESA SAEZ MARTINEZ quien expresa el parecer del Tribunal.

Fundamentos

PRIMERO.- Por la entidad American Express de España, S.A. se formuló demanda de juicio verbal civil, dimanante de monitorio, en reclamación de cantidad contra D. Felix , recayendo en la instancia sentencia estimatoria de sus pretensiones. Por la representación procesal de D. Felix se interpone el presente recurso de apelación contra la mencionada resolución alegando, en esencia, error en la valoración de la prueba practicada.

SEGUNDO.- La lectura del desarrollo argumental de los motivos que se están examinando, pone de relieve que lo que realmente se pretende por el recurrente es realizar una valoración de la prueba practicada, especialmente de la documental, de manera distinta a la efectuada en la sentencia recaída en primera instancia, con el propósito de contraponer su personal criterio al del Tribunal "a quo", lo cual, resulta inadmisible y ello sólo, bastaría para desestimar los motivos en cuestión. Por otro lado, no es posible atribuir a la sentencia recurrida infracción alguna respecto a los preceptos legales que examina, toda vez que en dicha sentencia se realiza suficiente argumentación jurídica respecto de los mismos. Toda la controversia litigiosa sustantiva a la que se contrae éste recurso, en sus distintas variantes, constituye una problemática que afecta única y exclusivamente a la valoración de la prueba y a la aplicación de las normas sobre la carga de la prueba, extremo este último donde - con carácter general- opera el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . La jurisprudencia ha venido interpretando el vigente art. 217 de la L.E.C . de 2.000 , señalando que se trata de una norma distributiva de la carga de la prueba que no responde a unos principios inflexibles, sino que se debe adaptar a cada caso, según la naturaleza de los hechos afirmados o negados y la disponibilidad o facilidad para probar, es decir, teniendo en cuenta los criterios de normalidad, proximidad y facilidad probatoria, derivados de la posición de cada parte en relación con el efecto jurídico pretendido. Conforme a este precepto, corresponde en principio al actor la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión, mientras que al demandado le es atribuida la justificación de los impeditivos o extintivos del derecho invocado por aquél. De la misma manera que el demandante se encuentra obligado a acreditar los hechos normalmente constitutivos o fundamentadores de su derecho, el demandado que introduce un hecho distinto contradictorio con el del actor le corresponde la prueba del mismo, sin que pueda únicamente limitarse a negar lo alegado por la parte contraria sin soporte probatorio alguno, de manera que la simple negativa de un hecho no desvirtúa por si sola la prueba que de contrario se haya aportado sobre tal extremo ( SS.T.S. 28 noviembre 1953 , 7 mayo 1980 y 26 febrero 1983 ), y si al demandado le incumbe demostrar los hechos obstativos o extintivos, ello es solo a partir de los probados por el actor ( S.T.S. 17 junio 1989 ), sin que tampoco quepa admitir como norma absoluta que los hechos negativos no pueden ser probados, pues pueden serlo por los hechos positivos contrarios ( S.T.S. 8 marzo 1991 , 9 febrero 1994 y 16 octubre 1995 ). También tiene declarado la jurisprudencia que el derogado art. 1214 del Código Civil , al igual que el vigente art. 217 de la L.E.C ., no contiene norma alguna sobre valoración de la prueba, sino que simplemente regula la distribución de la carga de la misma entre las partes, por lo que su infracción solo puede ser invocada cuando, ante la ausencia de prueba de un hecho concreto, el Juzgador no haya tenido en cuenta dicha regla distributiva o la haya aplicado erróneamente, al determinar la parte que debe soportar las consecuencias de esa falta de prueba, haciendo recaer sobre una la carga que incumbía a la otra ( SS.T.S. 30 julio 1994 , 27 enero 1996 , 17 noviembre 1998 , 19 febrero 2000 y 14 mayo 2001 , entre otras muchas), ya que cuando la prueba existe no importa quien la haya llevado a los autos ( SS.T.S. 30 julio 1991 y 9 febrero 1994 ).

TERCERO.- Por la apelante se constriñe la discusión en esta alzada a la reclamación formulada por la actora en torno a los intereses reclamados y al abono de la prima del seguro. En relación con los intereses debemos señalar que tal y como se establece en las condiciones generales de utilización de la tarjeta de crédito concertada, se establece que el tipo de interés nominal aplicable a cada cantidad en cada momento será del 1,5275% mensual, TAE del 19,95%, en el caso de pago de compras o la utilización de servicios en establecimientos afiliados, si bien, en el caso de impago, se estipula también que se podrá cargar, además, un 1,5% del importe de los recibos devueltos, como es el caso que nos ocupa, pudiendo, incluso, cargarse 15,03 euros en concepto de devolución por cada orden de pago no atendida. Por lo que, el tipo de interés aplicado por la actora en los recibos devueltos y no atendidos se corresponde con lo pactado por las partes. Por otro lado, tal y como consta en la solicitud de tarjeta suscrita por el demandado ahora apelante, éste se adhirió al Plan de Protección de Pagos concertado por American Express con Cigna Insurances, S.A., autorizando a que se cargara mensualmente en su cuenta, en concepto de prima, un 0,49% mensual del saldo dispuesto en la tarjeta, por lo que los cargos efectuados con tal fin se ajustaban igualmente a lo pactado por las partes. Como antes expusimos, de la misma forma que el actor viene obligado a probar los hechos y fundamentos en los que basa su reclamación, el demandado no puede únicamente limitarse a negar lo alegado por la parte contraria sin soporte probatorio alguno, pues la simple negativa de un hecho no desvirtúa por si sola la prueba que, de contrario, se haya aportado sobre tal extremo. Es por ello, que constando que los cargos efectuados por la actora se corresponden con lo pactado por las partes, por el demandado no se articula prueba alguna que desvirtúe lo anterior. Desde luego, claro es que estaba a cargo del demandado, ahora recurrente, el acreditar efectivamente que la deuda que se le reclama no subsistía, aportando las prueba oportunas para determinar que estaba exento del pago que se le reclama, por ser un hecho esencial y constitutivo de su pretensión, conforme dispone el artículo 217 de la LEC , lo que no se ha logrado, al compartir este tribunal la conclusión extraída por la juzgadora de instancia de los hechos demostrados para negar la probanza sobre éste extremo. En atención a lo anterior y conforme al art. 217 de la LEC , corresponde a la parte que opone al pago reclamado una serie de hechos obstativos o impeditivos del mismo, la prueba cumplida de todos y cada uno de ellos, sin que sean de recibo simples suposiciones, cálculos o conjeturas, no apoyadas en hechos ciertos o concluyentes que, al menos de forma indiciaria, nos permitan considerar probado, por vía de presunción, los hechos base en que funda su oposición. Razones todas ellas que llevan a la desestimación del recurso y a la confirmación de la sentencia apelada.

CUARTO.- Desestimándose el recurso de apelación entablado, las costas de esta alzada deberán ser abonadas por el apelante cuyas pretensiones han sido desestimadas, a tenor del artículo 398 de la LEC .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que desestimándose el recurso de apelación formulado por D. Felix , representado en esta alzada por el procurador Sr. Barrionuevo Gener, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Málaga, debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución. Todo ello, con imposición al apelante del pago de las costas causadas por su recurso.

Devuélvanse los autos originales con certificación de esta sentencia, contra la que no cabe recurso ordinario alguno, al Juzgado del que dimanan para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior resolución por la Iltma. Sra. Magistrado Ponente, celebrándose audiencia pública en el día de la fecha. Doy fe.

Valoración de la prueba
Práctica de la prueba
Carga de la prueba
Reclamación de cantidad
Representación procesal
Error en la valoración de la prueba
Tipo de interés
Primas de seguro
Tarjetas de crédito
Orden de pago