Sentencia Civil Nº 198/2012, Audiencia Provincial de Baleares, Sección 4, Rec 344/2011 de 08 de Mayo de 2012

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  • Orden: Civil
  • Fecha: 08 de Mayo de 2012
  • Tribunal: AP - Baleares
  • Ponente: Aguilo Monjo, Miguel Angel
  • Núm. Sentencia: 198/2012
  • Núm. Recurso: 344/2011
  • Núm. Cendoj: 07040370042012100192

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00198/2012

AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALMA

APELACIÓN CIVIL; SECCION 4ª

Rollo nº 344/11

Autos nº 1923/09

SENTENCIA NUM. 198/12

ILMOS SRS.

PRESIDENTE:

D. Miguel Angel Aguiló Monjo.

MAGISTRADOS:

Dña. María del Pilar Fernández Alonso.

Dña. Juana María Gelabert Ferragut.

Palma de Mallorca a ocho de Mayo de dos mil doce.

VISTOS por la Sección 4ª de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos, juicio ordinario, seguidos por el Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Palma, bajo el nº 1.923/09, Rollo de Sala nº 344/11, entre partes, de una como demandada - apelante don Iván , representada por el procurador don Luis Enriquez de Navarra Muriedas, y de otra, como actora - apelada doña Nuria , representada por la procuradora doña Luisa Adrover Thomás, asistidas ambas de sus respectivos letrados don Juan Enriquez de Navarra Rosselló y doña Francisca Pol Cabrer.

ES PONENTE el Ilmo. Sr. Magistrado D. Miguel Angel Aguiló Monjo.

Antecedentes

PRIMERO.- Por la Ilma. Sra. Magistrada Jueza del Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Palma, en fecha 23 de marzo de 2010, se dictó sentencia , cuyo fallo dice: "QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales Dª Luisa Adrover Thomás, en nombre y representación de Dª Nuria , y en consecuencia condeno a la parte demandada al pago de la suma de 20.000 Euros, más intereses, sin que haya un especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales."

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de la parte demandada, que fue admitido, y seguido el procedimiento por sus trámites, se señaló para deliberación, votación y fallo 21 de marzo del presente año, quedando el presente recurso concluso para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada en lo que no se opongan a los que siguen

PRIMERO.- Se ejercitó en la demanda inicial del presente procedimiento, seguido por los trámites del juicio ordinario, acción de devolución de la cantidad objeto de un préstamo concertado por las partes litigantes en forma verbal.

La sentencia de instancia decidió estimar íntegramente la demanda al considerar acreditado por la prueba testifical la realidad del préstamo y entrega del dinero objeto de reclamación, y contra la misma, por disentida, se interpuso recurso de apelación por la representación de la parte demandada, todo lo cual motiva la presente alzada y resolución.

SEGUNDO.- Conviene iniciar el discurso decisorio por el motivo de naturaleza procesal alegado, cual es la falta de motivación de la sentencia de primera instancia.

No se comparte la tesis del recurrente de que la sentencia de primera instancia falte al requisito de la motivación que el artículo 120.3º de la Constitución Española y el artículo 218 de la vigente de la Ley de Enjuiciamiento Civil exigen, puesto que dicho requisito no supone, como tiene dicho el Tribunal Constitucional en sentencias de 13 de mayo de 1987 y 19 de febrero de 1990 , y el Tribunal Supremo en las de 10 de abril de 1984 , 11 de diciembre de 1989 , 8 de junio de 1990 y 18 de marzo de 1994 , entre otras muchas, una exhaustiva descripción del proceso intelectual seguido para llegar a resolver en determinado sentido, ni es opuesta a la parquedad del razonamiento, con tal de que el mismo ponga de manifiesto que la decisión adoptada responde a una correcta interpretación y aplicación del derecho y suministre al interesado las indicaciones suficientes para valorar la corrección del fallo y la constatación, sobre todo, de que éste no constituye una pura arbitrariedad, exigencias que se dan cumplidamente en la sentencia recurrida.

TERCERO.- Si se analiza la estrategia defensiva desplegada por el demandado en la instancia y en esta alzada, se observará que básicamente se funda en que no existió el contrato verbal de préstamo aducido por la actora, ni la transferencia del dinero y el consiguiente incremento patrimonial del prestamista, siendo, a su entender, las declaraciones de los testigos insuficientes para acreditarlo al incurrir en contradicciones, faltar a la verdad y carecer de imparcialidad, insistiendo en la extensa motivación del recurso en acusar a la juzgadora de instancia de haber incurrido en error en la valoración de la prueba al considerar probados los hechos constitutivos de la pretensión actuada en base a dicha prueba.

Tiene dicho el Tribunal Supremo en repetidas sentencias, de las que son muestras las de 1 Mar. 1994 y 3 Jul. 1995 , que prevalece la valoración que de las pruebas realicen los órganos judiciales por ser más objetiva que la de las partes, dada la subjetividad de éstas por razón de defender sus particulares intereses, a las que está vedada toda pretensión tendente a sustituir el criterio objetivo de los jueces por el suyo propio, salvo que aquél resulte absurdo o ilógico. Pues bien, en el caso la valoración de la prueba testifical efectuada por la juzgadora de instancia se ajusta a la sana crítica. En efecto, la relación de amistad entre las partes litigantes que justificaría la forma verbal del préstamo que da plenamente probada no sólo por reconocerlo el demandado al contestar la demanda (hecho sexto) sino también al prestar declaración ante la policía nacional y guardia civil, origen de los procesos penales habidos entre las partes litigantes, y declararlo probado la sentencia penal recaída en el juicio de faltas número 755/08 del juzgado de instrucción número 10 de los de Palma, y de ahí que fuera el demando el que faltó a la verdad al absolver las preguntas del interrogatorio, como pone de manifiesto la sentencia de instancia.

Por otra parte, las dos empleadas de la oficina bancaria La Caixa coinciden en su testimonio que el demandado necesitaba dinero para invertir en un negocio de restauración y que solicitó información para obtener un crédito que no se le podía conceder por carecer de garantía, siendo la actora la que por razones de amistas se avino a prestarle la cantidad de 20.000 euros, que retiró en la oficina en billetes de 500 euros en compañía del demandado, afirmando ambos que eran para " Quico ", aunque la empleada que hizo entrega del dinero a la actora, la testigo Sra. Apolonia , no viera el acto de entrega del mismo al demandado, por lo que no se advierten las contradicciones denunciadas en el recurso. Finalmente, la falta de imparcialidad de las testigos no fue denunciada en la instancia mediante la correspondiente tacha, por todo lo cual este tribunal comparte la valoración de la prueba efectuada por la magistrada a quo, lo que conlleva la desestimación del recurso.

CUARTO.- Que con respecto a las costas y de acuerdo con lo previsto en el artículo 398 de la L.E.C . procede imponer las de esta alzada a la parte apelante, al ser desestimado íntegramente el recuso.

Fallo

1) QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el RECURSO DE APELACION interpuesto por el procurador don Luis Enriquez de Navarra Muriedas, en nombre y representación de don Iván , contra la sentencia de fecha 23 de marzo de 2010, dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Jueza del Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Palma , en los autos Juicio ordinario, de los que trae causa el presente Rollo, y, en consecuencia, DEBEMOS CONFIRMARLA y la CONFIRMAMOS en todos sus extremos.

2) Se imponen las costas de esta alzada a la parte apelante.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevar certificación al Rollo de la Sala, definitivamente Juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Sr. Miguel Angel Aguiló Monjo Sra. María del Pilar Fernández Alonso Sra. Juana María Gelabert Ferragut

Recursos.- Conforme el art. 466.1 de la L.E.C . 1/2000, contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas optar por interponer el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación, por los motivos respectivamente establecidos en los arts. 469 y 477 de aquella. Ambos recursos deberán interponerse mediante escrito en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a la notificación de la sentencia, en virtud de la reforma introducido por la Ley 37/2011 de 10 de Octubre . No obstante lo anterior, podrán utilizar cualquier otro recurso que estimen oportuno. Debiéndose acreditar, en virtud de la disposición adicional 15ª de la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre , el justificante de la consignación de depósito para recurrir en la cuenta de esta Sección cuarta de la Audiencia Provincial, nº 0494, debiéndose especificar la clave del tipo de recurso.

PUBLICACION.- Leída y publicada que ha sido en audiencia pública la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado D. Miguel Angel Aguiló Monjo; Ponente que ha sido en este trámite, en el mismo día de su fecha, de lo que certifico.

Prueba de testigos
Motivación de las sentencias
Contrato verbal
Incremento del patrimonio
Prestamista
Error en la valoración de la prueba
Valoración de la prueba